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Chuck Cloniger (dcha.), director clínico, visita a su paciente, Tanesh Watson, para ofrecerle asesoramiento médico en el Hospital St. James de San Francisco, una organización médica y de servicios sociales para profesionales del sexo en activo y antiguos de todos los sexos, el 14 de junio de 2012 en California.
Fotografía: ONUSIDA/K.Hoshino

El 20 de junio de 2013 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos derogó la sección 7631 (f) de la Ley de Liderazgo de los Estados Unidos contra el VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria de 2003 (La Ley de Liderazgo). Esta disposición, que el tribunal denominó "requisito político" ordena que ninguno de los fondos disponibles bajo la Ley de Liderazgo puede "proporcionar ayuda a ningún grupo u organización que no tenga una política que se oponga explícitamente a la prostitución y la trata de personas con fines sexuales".

El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió su fallo en respuesta a una recusación presentada el 23 de septiembre de 2005 por cinco organizaciones civiles contra esta disposición y el impacto negativo que tiene sobre los esfuerzos para enfrentarse al VIH. Estas organizaciones son: Alliance for Open Society International; el Open Society Institute; Pathfinder International; el Global Health Council e InterAction.

El Tribunal Supremo de EE. UU. sostuvo que dicho requisito político viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual protege la libertad de expresión.  En particular, el Tribunal sostuvo que este "requisito político obliga como condición para la financiación federal a afirmar una creencia que, por su naturaleza, no puede confinarse al ámbito del programa gubernamental". La Corte indicó que "la Primera Enmienda prohibe que el gobierno diga a las personas qué deben decir".

Al comentar la decisión del Tribunal, Purnima Mane, de Pathfinder International, afirmó: "Ha sido una batalla larga y ardua, pero estamos muy contentos de que el tribunal se haya pronunciado en defensa de nuestra capacidad de comprometernos con los profesionales del sexo a fin de que podamos poner en práctica con mayor facilidad programas que los protejan a ellos y a sus clientes del VIH".

Los demandados han declarado, entre otras cosas, que adoptar una política que se oponga explícitamente a la prostitución puede reducir la eficacia de algunos de sus programas contra el VIH, al dificultar el trabajo con los profesionales del sexo, una población que presenta un mayor riesgo de infección por el VIH.

En su informe de 2012, la Comisión Mundial sobre el VIH y la Ley ya indicó que : "El compromiso coloca a los beneficiarios entre la espada y la pared. Si no firman, se les niegan los fondos que necesitan para controlar y combatir el VIH. Si firman, las organizaciones receptoras tienen prohibido ayudar a los profesionales del sexo a tomar el control de sus propias vidas".

Las profesionales del sexo tienen una probabilidad 13,5 veces superior de vivir con el VIH que otras mujeres en edad reproductiva en los países de ingresos medios y bajos. En el África Subsahariana, la región con la mayor prevalencia del VIH, la prevalencia agregada del VIH entre los profesionales del sexo es del 36,9 %.

La implicación y la capacitación de los profesionales del sexo en relación a la prevención, el tratamiento y los servicios de asistencia frente al VIH han demostrado tener una gran repercusión en la reducción de las infecciones por el VIH entre las profesionales del sexo y en la población adulta en general. "El fin de este requisito es una victoria significativa para los profesionales del sexo y sus defensores en todo el mundo. Se han reconocido nuestras contribuciones a las respuestas eficaces contra el VIH", afirmó Ruth Morgan-Thomas del Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual.

Dada la importancia del caso para la respuesta global al sida, el Secretariado de ONUSIDA participó como un amicus curiae (amigo del tribunal). En dicho papel, ONUSIDA proporcionó datos sobre salud pública y argumentos sobre derechos humanos para respaldar un mayor acceso a la financiación y a los recursos para las organizaciones implicadas en los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo frente al VIH con y para los profesionales del sexo. Los puntos principales que ONUSIDA aportó al Tribunal Supremo son: 1) Los profesionales del sexo están entre las poblaciones más afectadas por el VIH; 2) el compromiso con los profesionales del sexo es esencial para una respuesta eficaz al VIH; y 3) cualquier respuesta eficaz requiere una financiación adecuada de los programas diseñados para garantizar la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo frente al VIH para los profesionales del sexo.

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, elogió a los grupos que fueron lo bastante valientes como para desafiar esta disposición. "Esto muestra lo mejor de la sociedad civil, la defensa de la salud global para todos. No debe olvidarse a ningún grupo, incluidos los profesionales del sexo, en nuestros esfuerzos por acabar con la epidemia del sida".

La financiación de EE. UU. es fundamental para la respuesta al VIH

El liderazgo y la generosidad de los EE. UU. ha sido esencial en el progreso realizado en la respuesta mundial al sida durante la última década. Desde la adopción de la Ley de Liderazgo, se han destino unos 45.700 millones de dólares para enfrentarse al VIH en todo el mundo. El Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR), autorizado por la Ley de Liderazgo, ha sido la mayor iniciativa sobre salud jamás adoptada por un país para afrontar la epidemia sanitaria mundial. Gracias a la financiación de Estados Unidos, se ha ampliado el acceso al tratamiento contra el VIH en los países de ingresos medios y bajos, y se han salvado millones de vidas. La decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. de derogar este requisito político contribuirá enormemente a ampliar y mejorar aún más la respuesta mundial al sida.