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Las políticas y prácticas en materia de reducción del daño ayudan a las personas que consumen drogas a mantenerse vivas y protegidas frente al VIH y la hepatitis C

Publicado con anterioridad al Día Internacional de la Reducción del Daño - 7 de mayo de 2023

GINEBRA, 5 de mayo de 2023 - Muchos sistemas penitenciarios se ven con dificultades para lidiar con la sobrecarga, los recursos inadecuados, el acceso limitado a la atención sanitaria y otros servicios de apoyo, la violencia y el consumo de drogas en sus centros. Solo en 2021, el número estimado de personas en prisión aumentó un 24 % en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los aproximadamente 10,8 millones de personas, algo que incrementó la presión sobre unos sistemas carcelarios ya de por sí sobrecargados.   

Es innegable que en las cárceles el consumo de drogas es una realidad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que en algunos países hasta el 50 % de las personas en prisión consumen o se inyectan drogas. Las prácticas no seguras de inyección de drogas suponen un factor de riesgo importante para la transmisión del VIH y la hepatitis C debido al acceso limitado a los servicios de reducción del daño, entre los que se incluyen preservativos, agujas y jeringuillas limpias, y a la falta de programas integrales de tratamiento farmacológico, en concreto la terapia de sustitución de opiáceos.

Las personas en prisión tienen 7,2 veces más probabilidades de vivir con el VIH que los adultos de la población general. ONUSIDA informa de que la prevalencia del VIH entre las personas en prisión aumentó un 13 % desde 2017, hasta llegar a alcanzar el 4,3 % en 2021. Aunque los datos son limitados, se cree que alrededor de una de cada cuatro personas de la población total de los centros de reclusión tiene hepatitis C.

«El acceso a la atención sanitaria, incluidos los servicios de reducción del daño, es un derecho humano fundamental, y no se debe negar a nadie ese derecho por estar encarcelado», afirmó Eamonn Murphy, director regional de ONUSIDA para Asia Pacífico, Europa Oriental y Asia Central. «Las cárceles suelen pasar inadvertidas entre los esfuerzos nacionales por responder al VIH. Precisamente por eso, urge un enfoque multisectorial y multifacético para salvar vidas, que incluya el acceso a agujas y jeringuillas limpias, así como un tratamiento eficaz para reducir la dependencia a los medicamentos opiáceos y para minimizar el estigma y la discriminación».

Entre los países que informaron a ONUSIDA en 2019 sobre la situación de sus centros de reclusión, solo 6 de 104 países contaban con programas de agujas y jeringuillas en al menos una cárcel; solo 20 de 102 países tenían en marcha programas de terapia de sustitución de opiáceos en al menos una cárcel, y 37 de 99 países ofrecían preservativos y lubricantes en algunas cárceles.

ONUSIDA, UNODC y OMS llevan mucho tiempo apoyando la ampliación de los servicios de reducción del daño a todas las cárceles. Sin embargo, según Harm Redution International, solo 59 países de todo el mundo proporcionan tratamiento con agonistas opioides en los centros de reclusión.

Algunos países ya han realizado grandes progresos al respecto en los últimos años. A pesar de los desafíos a los que se enfrentan los refugiados y de las repercusiones de la guerra en Ucrania, Moldova, que tiene una prevalencia del VIH del 3,2 % en sus cárceles, en comparación con el 0,4 % de la población general, ha destinado muchos más recursos a sus centros penitenciarios.

A principios de los 2000, en pocas de sus cárceles se ofrecían servicios de reducción del daño. Hoy en día, los 17 centros penitenciarios del país prestan servicios relacionados con la reducción del daño, entre los que se incluyen el suministro de metadona (un tratamiento agonista opioide), el acceso a psiquiatras, médicos y programas de tratamiento, el intercambio de agujas y jeringuillas, y la prevención del VIH, con sus respectivas pruebas, tratamiento y atención.

Svetlana Plamadeala, directora nacional de ONUSIDA en Moldova, afirmó: «Se trata de anteponer a las personas, tratarlas como iguales y adoptar un enfoque sólido y de salud pública, basado en los derechos humanos y las pruebas».

ONUSIDA, UNODC, UNFPA, OMS, OIT y PNUD recomiendan 15 intervenciones completas y fundamentales para salvar vidas y garantizar un programa eficaz contra el VIH en los centros de reclusión. Entre ellas destacan la prevención del VIH, las pruebas y el tratamiento, los preservativos, el lubricante, el tratamiento con agonistas opiáceos y la profilaxis posterior a la exposición. Sin embargo, esto no es más que solo una parte de la solución. ONUSIDA también recomienda que los países modifiquen sus leyes con el fin de despenalizar la posesión de drogas para uso personal.

ONUSIDA ha establecido unos ambiciosos objetivos para 2025, entre los que se incluyen: El 95 % de las personas en cárceles y otros centros de internamiento conocen su estado serológico, el 95 % que conocen su estado serológico están en tratamiento y el 95 % en tratamiento están suprimidos viralmente; el 90 % de los reclusos utilizaron preservativos en su última relación sexual con una pareja no estable; el 90 % de los reclusos que se inyectan drogas usaron agujas y jeringuillas estériles en su última inyección; y el 100 % de los reclusos tienen acceso regular a un sistema de salud adecuado o a los servicios liderados por la comunidad.

ONUSIDA no se cansa de defender el papel activo de las comunidades a la hora de planificar, proporcionar y supervisar los servicios para el VIH. Sin embargo, esto no siempre resulta sencillo en los entornos carcelarios. Sin el compromiso de la comunidad no será posible alcanzar las metas globales contra el sida. 

Para obtener más información sobre el trabajo de Moldova en relación con el VIH en las cárceles, se recomienda leer Moldova lleva los servicios de reducción del daño a todas las cárceles y ver https://youtu.be/JQYtnsiJKs0

El VIH y las personas recluidas en centros penitenciarios y otros lugares de reclusión

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

“El sida llegó a mi puerta de manera sorpresiva. Todo comenzó el año 1988 cuando mi pareja, Rafael, empezó a enfermar. En ese momento, ambos teníamos 28 años”, cuenta Georgina Gutiérrez, activista por los derechos humanos de las personas que viven con el VIH en México desde hace más de treinta años.

Hoy es la representante del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, cuyo objetivo es impulsar el empoderamiento de las personas que viven con el VIH privadas de libertad. Además, ella es parte del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas.

“En esos años el estigma y la discriminación eran preocupantes. Yo sabía del VIH solo a través de la televisión y muchas mujeres que tenían parejas con VIH asumían que eran positivas sin haberse hecho nunca la prueba”, rememora la activista.

Su pareja fue privada de libertad en la Penitenciaría Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde pasó ocho años. Este periodo fue para Georgina una oportunidad de conocer la realidad dentro de las cárceles y fue finalmente esta experiencia la que encaminaría el rumbo de su vida hacia el trabajo con personas que viven con el VIH privadas de libertad.

“Las personas que viven con el VIH en la cárcel son invisibles ante la sociedad. Recuerdo que hace muchos años, en modo de protesta, quemaban sus colchones solo para pedir un trato digno”, rememora Georgina.

Ella se dio cuenta de que la protección de la salud física y mental de las personas que viven con el VIH privadas de libertad requería medidas inmediatas y urgentes. Fue así como crearon un proyecto contra el VIH y la COVID‑19 en la Penitenciaría Varonil Santa Martha Acatitla.

El proyecto es una de las 30 iniciativas que han recibido financiación, seleccionada de entre más de 190 postulantes a la convocatoria de 2020 de ONUSIDA de propuestas para las organizaciones comunitarias que trabajan con el VIH en América Latina y el Caribe.  Ha recibido un premio de 5000 dólares americanos para ayudar a la labor.

La Penitenciaría Santa Martha Acatitla alberga alrededor de 2000 internos, incluidas 180 personas que viven con el VIH, algunas de ellas en estadio avanzado de enfermedades relacionadas con el sida. Las personas que viven con el VIH están concentradas en el Dormitorio 10 de la prisión.

“El Dormitorio 10 está abarrotado y mantener el distanciamiento físico es difícil. Su acceso a condiciones de higiene y limpieza es muy reducido.  Además, la mayoría no había recibido materiales de protección individual para la COVID-19, y los pocos que han podido acceder a ellos lo consiguieron gracias a sus familias”, afirma la Sra. Gutiérrez.

A parte de las 180 personas que viven con el VIH en la prisión, cada una de las cuales recibió cubrebocas personalizados y otros materiales de protección individual y asistió a una serie de formaciones, aproximadamente otras 1000 personas de entre el personal y los internos se beneficiaron del proyecto.

“He podido ver una transformación en ellos. Me han contado varias veces que se sienten más seguros con las herramientas y el conocimiento que han adquirido”, declara la Sra. Gutiérrez. “Se sienten bien al saber que hay gente que se preocupa por ellos durante esta crisis sanitaria”.

“Ahora, con nuestras formaciones y donaciones los reclusos pueden mantener limpias sus habitaciones y lavar con frecuencia sus manos, su ropa y sus pertenencias”. 

Trabajar en la prevención del VIH es “un compromiso que llevo hasta en la última gota de mi sangre”, admite. “Con estas acciones estamos devolviendo la vida a personas olvidadas. Agradezco a ONUSIDA que haya financiado este proyecto; con él estamos apoyando a población carente en todos los ámbitos”.

Un día cualquiera, se encarcela aproximadamente a 11 millones de personas en todo el mundo.  El riesgo de violencia sexual entre reclusos, junto con el acceso inadecuado a preservativos, lubricantes, profilaxis profilaxis previa a la exposición y servicios de reducción del daño, aumenta sus posibilidades de contraer el VIH, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual.

En un día cualquiera, se encuentran recluidas aproximadamente 11 millones de personas. La inyección de drogas y las relaciones sexuales tienen lugar en las prisiones de todo el mundo.  El riesgo de violencia sexual entre los reclusos (y su insuficiente acceso a preservativos, lubricantes, profilaxis pre-exposición y servicios de reducción de daños) incrementa sus posibilidades de contraer el VIH, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.

Entre las personas que se inyectan drogas, el encarcelamiento reciente está asociado con un aumento del 81% y del 62% de la probabilidad de infección por el VIH e infección por hepatitis C, respectivamente.

Los entornos cerrados deberían, en teoría, favorecer la administración de pruebas y servicios de tratamiento efectivos, aunque las interrupciones en el tratamiento y las cuestiones de confidencialidad y discriminación plantean problemas.  En 2019, 78 países informaron a ONUSIDA de que las pruebas del VIH estarían disponibles en cualquier momento durante la detención o el encarcelamiento, y 104 países informaron de que todos los reclusos que viven con el VIH tenían terapia antirretroviral a su disposición. La cobertura de la terapia antirretroviral es buena, pero sigue habiendo carencias.

Carencias en la cobertura de la terapia antirretroviral para los reclusos que viven con VIH, países con datos disponibles, 2016-2019

Con más de 11 millones de personas detenidas en todo el mundo y 30 millones de personas entrando y saliendo de la detención cada año, la amenaza de COVID-19 para las personas en las cárceles es muy real. En la gran mayoría de las prisiones y centros de detención superpoblados y con fondos insuficientes del mundo, el distanciamiento físico simplemente no es una opción. En situaciones donde el confinamiento cercano, las instalaciones y espacios compartidos y la falta de higiene son comunes, los reclusos y el personal de la prisión viven con el miedo constante de la bomba de tiempo COVID-19.

“Una respuesta de salud a COVID-19 en las cárceles no es suficiente. Esta emergencia mundial sin precedentes exige una respuesta basada en los derechos humanos", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. "Los países deben garantizar no solo la seguridad, sino también la salud y la dignidad humana de las personas privadas de libertad en todo momento, independientemente de cualquier estado de emergencia".

ONUSIDA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito están pidiendo a los líderes que hagan de la detención un último recurso, que cierren los centros de detención de rehabilitación de drogas y que despenalicen el trabajo sexual, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y el consumo de drogas. Instan a los países a liberar a las personas que pueden ser liberadas y a considerar a las personas en riesgo de COVID-19, como las personas mayores y las personas con condiciones de salud preexistentes. Otras personas, incluidas las personas condenadas por delitos menores no violentos, las mujeres embarazadas, las mujeres que están amamantando y los niños, también deben ser considerados para la liberación.

A medida que continúan surgiendo informes de presos aterrorizados que cosen máscaras improvisadas, los países comienzan a tomar medidas. El Gobierno de Etiopía, por ejemplo, ha liberado a más de 30 000 prisioneros y ha aumentado las medidas de saneamiento. Indonesia está liberando a más de 50 000 personas, incluidas 15 000 personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas. La República Islámica de Irán está liberando el 40% de su población carcelaria total, 100 000 personas, mientras que Chile liberará a unas 50 000 personas.

ONUSIDA ha vuelto a publicar su Atlas de los Grupos de Población Clave. Esta herramienta en línea ofrece una amplia gama de información sobre los miembros de los grupos de población clave de todo el mundo: trabajadores sexuales, homosexuales y  hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, usuarios de drogas inyectables, personas transgénero y reclusos. Ya contiene información nueva y actualizada de un gran número de zonas. Asimismo, aparte de los datos recabados de los cinco grupos de población clave, ahora también hay información sobre personas que viven con el VIH.

Lo más relevante de entre toda la información son los datos relativos a leyes punitivas, como la de la denegación del registro de organizaciones no gubernamentales, y a leyes que reconocen los derechos de las personas transgénero. El estudio de los diferentes emplazamientos se llevó a cabo tras una consulta a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, se incluía la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, que proporcionó nuevos datos con respecto a las leyes punitivas.

La información respectiva al número de usuarios en diferentes países de Hornet, una red social para homosexuales, la pusieron a disposición del Atlas los propios desarrolladores de la aplicación. Por su parte, la Asociación Internacional de Reducción de Daños proporcionó información sobre la existencia de programas de paliación de daños en las cárceles.

Según Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA: “Disponer de información sobre la población que se ve más afectada por el VIH es crucial para proporcionar de forma adecuada los servicios para el VIH disponibles en puntos concretos”. Además, añadió lo siguiente: “el Atlas de los Grupos de Población Clave permite que ONUSIDA pueda compartir la información que posee para tener una mayor repercusión”.

El Atlas de los Grupos de Población Clave es una herramienta visual que posibilita que los usuarios encuentren información sobre la población más vulnerable al VIH a nivel subnacional dentro de un país específico. Los datos que se presentan pueden ser, por ejemplo, sobre la prevalencia del VIH entre los usuarios de drogas inyectables en 11 lugares dentro de Myanmar; sobre tamaño de los grupos de población clave; sobre la cobertura de los tratamientos antirretrovíricos en homosexuales y hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres en 13 emplazamientos en la India; o sobre servicios y comportamientos de prevención específicos. Toda la información actualizada sobre los indicadores que se obtuvieron gracias al Seguimiento Mundial del Sida que se realizó en 2017 ya está disponible en nuestra página web.

En las próximas semanas, se ampliará la información relativa a las personas que viven con el VIH con la inclusión de nuevos indicadores. Además, los datos del Seguimiento Mundial del Sida relativos al 2018 se añadirán cuando estén disponibles más adelante este año.