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Este documento establece los hechos científicos y médicos clave —así como los principios jurídicos— que deberían tener en cuenta los países con relación a cualquier aplicación del derecho penal relacionada con la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión. Traducir estas consideraciones en cambios jurídicos, políticos y programáticos a nivel nacional exige acciones específicas por parte de los gobiernos, la sociedad civil (incluyendo a las personas que viven con el VIH y sus defensores), y otros grupos de interés implicados en la respuesta al VIH.