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El informe de política que explora los vínculos entre el VIH y la discapacidad, y ofrece recomendaciones para cambiar algunas políticas.
Fotografía: OMS/Asis Senyal

Se estima que 650 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 10% de la población mundial, tiene algún tipo de discapacidad. Aunque algunas de estas personas forman parte de los grupos de población más expuestos al riesgo de infección por el VIH, hasta ahora no se ha prestado mucha atención a la relación entre el virus y la discapacidad.

Por ello, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han elaborado conjuntamente un informe de política que explora los vínculos entre el VIH y la discapacidad, y ofrece recomendaciones para cambiar algunas políticas.

Este informe evalúa qué acciones se necesitan para ampliar la participación de las personas discapacitadas en la respuesta al VIH y garantizar su acceso a los servicios del VIH que estén tanto adaptados a sus necesidades específicas como a las del resto de la comunidad.

Se ha demostrado que las personas con discapacidad corren un riesgo igual o mayor de infectarse por el VIH que el resto de la población. Debido a la falta de acceso a servicios apropiados de prevención del VIH y apoyo, las personas discapacitadas pueden adoptar comportamientos que les expongan a un mayor riesgo de infección, como relaciones heterosexuales u homosexuales sin protección (incluido el trabajo sexual) y el consumo de drogas inyectables.

El informe de política afirma que un alto porcentaje de personas discapacitadas son víctimas de agresiones o abusos sexuales. Las mujeres, las niñas, las personas con discapacidades intelectuales y aquellos que acuden instituciones especializadas, escuelas u hospitales corren un riesgo mayor. Incluso hay algunas culturas en las que las personas con discapacidad son violadas porque existe la creencia de que, si son seropositivas, así se “curarán".

En muchas ocasiones las personas seropositivas no se benefician completamente de los servicios del VIH o de otros servicios de salud sexual y reproductiva porque las clínicas, hospitales y otras instalaciones no son accesibles físicamente, no cuentan con idioma de signos o no ofrecen información en formatos alternativos como el Braille, el audio o un lenguaje sencillo. En otras ocasiones, los proveedores de servicios desconocen aspectos de las discapacidades, adoptan actitudes equivocadas o muestran rechazo hacia estas personas.

Tal y como quedó reflejado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, las personas discapacitadas tienen derecho a participar en las decisiones que afectan a sus vidas, y deben participar completamente en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas y programas sobre el VIH. Es la mejor manera de garantizar que estas políticas y programas respondan a sus necesidades.

El informe de política sobre discapacidad y VIH hace un llamamiento para que los servicios del VIH incluyan a las personas con discapacidades. Asimismo, ofrece recomendaciones a los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales para que acaben con los obstáculos físicos, informativos, comunicativos, económicos y de actitud, no solo con el fin de ampliar el acceso a los programas del VIH, sino también para ayudar a las personas a acceder a servicios sociales y de salud más amplios.