En una decisión histórica, el Congreso peruano ha aprobado una ley que amplía la cobertura temporal del seguro de salud a las personas migrantes diagnosticadas con VIH y TB. Esta ley, permite a las personas extranjeras no residentes acceder a servicios de salud a través del Seguro Integral de Salud (SIS) mientras completan sus procesos migratorios.

Esta ley, que incorpora propuestas de los Proyectos de Ley 5253, 5554 y 7260, representa un paso significativo en la reducción de barreras para la población migrante, asegurando atención médica oportuna sin necesidad de contar con documentación oficial de residencia. Así, los migrantes afectados por el VIH o TB pueden recibir servicios de salud esenciales, incluyendo consultas médicas y exámenes de diagnóstico, independientemente de su estatus migratorio.

El avance legislativo se produce tras más de dos años de labor de movilización liderada por el "Grupo Impulsor", una coalición que incluye a ONUSIDA, junto con socios como la iniciativa emblemática de USAID, el Proyecto de Sostenibilidad del Sistema de Salud Local (LHSS), la OIM, ACNUR, el Observatorio Peruano de Migración y Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (OPEMS-UPCH), el Colectivo GIVAR, VENEACTIVA, el Observatorio Social Peruano de la TB y Partners in Health.

Así mismo, proporcionar tratamiento oportuno a los migrantes con VIH o TB no sólo mejora su calidad de vida, sino que también reduce el riesgo de transmisión, lo que la convierte en una medida de salud pública crucial que beneficia a todas las personas. También ahorra dinero: la atención oportuna es mucho más rentable, ya que evita casos avanzados que sobrecargan el sistema sanitario.

Un análisis coste-beneficio revela que Perú podría ahorrar alrededor de 5 millones de soles (1,33 millones de dólares) anuales al prevenir nuevas infecciones y otros 54 millones de soles (14,58 millones de dólares) al evitar pérdidas de productividad relacionadas con el sida y las muertes por TB.

Las personas migrantes que viven con el VIH en Perú siguen siendo uno de los grupos más discriminados del país, con un 70,7% de estigmatización, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se enfrentan a una mayor vulnerabilidad debido a la xenofobia, la violencia y la explotación: casi la mitad de ellos han sufrido violencia física o explotación sexual. El acceso a la atención médica es un reto importante, ya que sólo el 2% de los migrantes con VIH están cubiertos por el seguro público de salud (SIS), lo que deja al resto pagando gastos de su propio bolsillo que muchos no pueden costearse.

“Al ampliar el acceso al seguro de salud a las personas migrantes, Perú no solo afronta estas barreras, sino que también se suma a los compromisos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dirigidos a erradicar epidemias como el sida y la TB para 2030”, dice Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. “Esta victoria legislativa no solo marca un punto decisivo en la política de salud, sino que también sienta un precedente para futuras reformas, garantizando un sistema de salud más inclusivo y equitativo para todos”

Proteger los derechos de todas las personas es proteger la salud pública.