Press Release

 
Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA y Helen Clark, Administradora del PNUD lanzan la Comisión Global sobre VIH y Derecho.
Fotografía: ONUSIDA

Ginebra, 24 de junio de 2010 – En el día de hoy, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Secretaría de ONUSIDA, ha lanzado la Comisión Global sobre VIH y Derecho. El objetivo de esta Comisión consiste en comprender mejor los efectos que el contexto jurídico tiene en las respuestas nacionales al VIH. Su finalidad es concentrarse en la manera en la que el derecho y su aplicación pueden apoyar, en lugar de bloquear, las respuestas eficaces al VIH. 

La Comisión Global sobre VIH y Derecho reúne a líderes públicos de prestigio mundial de numerosos ámbitos y regiones.  La Comisión contará con la ayuda de expertos del ámbito jurídico, la salud pública, los derechos humanos y el VIH para realizar su labor. Los comisionados se reunirán e intercambiarán datos sobre el alcance de los efectos del derecho y la aplicación del derecho en la vida de las personas que viven con el VIH y que son más vulnerables al VIH.  Formularán recomendaciones sobre la manera en la que el derecho puede apoyar el acceso universal a la prevención y el tratamiento del VIH y la atención y el apoyo a los afectados.  Las audiencias regionales, que constituyen una innovación primordial, ofrecerán un espacio para que los más directamente afectados por las leyes relacionadas con el VIH puedan compartir sus experiencias con los encargados de formular políticas. Esta interacción directa es crucial. Es sobradamente conocido que el derecho es un aspecto crucial de cualquier respuesta al VIH, ya sea el derecho formal o tradicional, la aplicación del derecho o el acceso a la justicia. Todos estos elementos pueden ayudar a determinar si las personas que viven con el VIH o afectadas por él gozan de acceso a los servicios, pueden protegerse del VIH y vivir vidas plenas basadas en la dignidad humana.

Sin embargo, tras 30 años de epidemia, son muchos los países donde los contextos jurídicos socavan las respuestas al VIH y castigan a las personas necesitadas en lugar de protegerlas. Las leyes que erróneamente criminalizan la transmisión del VIH o la exposición al mismo pueden desalentar a las personas a someterse a la prueba del VIH o a revelar que son seropositivas. Las leyes que criminalizan a los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, los transexuales, los consumidores de drogas y los trabajadores del sexo pueden dificultar la prestación de servicios básicos de prevención o tratamiento del VIH a personas que presentan un alto riesgo de infección por VIH. En algunos países, las leyes y la aplicación de las mismas no protegen a las mujeres de la violación dentro y fuera del matrimonio, lo que contribuye a aumentar la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH.

Al mismo tiempo, también hay muchos ejemplos que muestran que el derecho ha tenido efectos positivos en la vida de personas que viven con el VIH o son vulnerables al VIH.  El derecho ha protegido los derechos a recibir tratamiento, a no ser objeto de discriminación relacionada con el VIH en el lugar de trabajo, la escuela o el servicio militar y también ha protegido los derechos de los presos a acceder a servicios de prevención del VIH.  Cuando el derecho ha garantizado a las mujeres la igualdad en materia de derechos sucesorios y de propiedad, ha reducido los efectos del VIH en las mujeres, niños, familias y comunidades.

Ahora que más de cuatro millones de personas reciben un tratamiento imprescindible para la vida y que las nuevas infecciones disminuyeron en un 17% entre 2001 y 2008, existe la esperanza de que la
epidemia del VIH esté en un momento decisivo.  Para alcanzar las metas de acceso universal establecidas por país y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), será necesario superar barreras persistentes como las leyes punitivas y las violaciones de derechos humanos.

Según Helen Clark, Administradora del PNUD, la próxima generación de respuesta al SIDA debe centrarse en la mejora de los contextos jurídicos, normativos y sociales que promuevan los objetivos de igualdad de género y los derechos humanos. “Todavía hay aproximadamente 106 países que denuncian tener leyes y políticas que constituyen obstáculos significativos para responder eficazmente al VIH.  Necesitamos contextos jurídicos y sociales que protejan y promuevan los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de aquellos que son más vulnerables a la infección por VIH y a los efectos del VIH”, señaló Helen Clark.

Para Michel Sidibé, Director Ejecutivo ONUSIDA, la supresión de las leyes punitivas se ha convertido en un área prioritaria para ONUSIDA. “Ha llegado el momento de que la respuesta al VIH responda a las voces de los que no tienen voz” declaró. “Debemos mantenernos hombro con hombro con las personas que viven con el VIH y las más expuestas al riesgo. Transformando los contextos jurídicos negativos podemos ayudar a los líderes de mañana a alcanzar una generación libre de SIDA.”

La Comisión Global sobre VIH y Derecho cuenta con el apoyo de una amplia variedad de asociados e interesados, incluyendo donantes como la Ford Foundation y AusAID.  D. Murray Proctor, Embajador de Australia en materia de VIH, expresó todo su apoyo a la Comisión y al trabajo que se le ha asignado. “Felicitamos al PNUD y al programa ONUSIDA por hacerse cargo de este trabajo y esperamos la oportunidad de aportar nuestra contribución y apoyo”. 

El trabajo de la Comisión se desarrollará durante un periodo de 18 meses, movilizando a las comunidades del mundo y fomentando el diálogo público sobre cómo hacer que el derecho actúe en favor de una respuesta eficaz al VIH. En diciembre de 2011 se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones de la Comisión.