Press Statement

GINEBRA, 10 de mayo de 2012—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) expresa su preocupación por las recientes acciones de las autoridades griegas en torno a la detención, el encarcelamiento, la obligación de realizar las pruebas del VIH, la publicación de fotografías y datos personales y la presentación de cargos criminales contra por lo menos doce profesionales del sexo. No existen evidencias de que el tratamiento represivo para regular el trabajo sexual sea efectivo para reducir la transmisión del VIH entre los profesionales del sexo y sus clientes.

La apertura de diligencias penales contra profesionales del sexo que viven con el VIH por daños corporales graves e intencionados suscita preocupación por una aplicación inadecuada del derecho penal, especialmente en un contexto en que los clientes tienen el poder económico y social para insistir en la utilización del preservativo. Además, la publicación de nombres, fotografías y del estado serológico positivo respecto del VIH hace que los profesionales del sexo tiendan a ocultarse y disminuyan su confianza en los servicios de salud.

A ONUSIDA le preocupa igualmente una reciente modificación de la legislación sobre inmigración, adoptada en abril de 2012, que al parecer contempla la detención automática de migrantes y solicitantes de asilo que tengan una enfermedad infecciosa o pertenezcan a un grupo de riesgo elevado de infección, sin tener en cuenta si plantean un riesgo real. Eso incluye a los profesionales del sexo, a las personas que se inyectan drogas y podría aplicarse a las personas que viven con el VIH.

En la medida en que esa ley supone que las personas que viven con VIH, los profesionales del sexo y las personas que usan drogas representan una amenaza para la salud pública basándose únicamente en su estado de salud y social, es una ley generalizadora y discriminatoria y representa una restricción a la entrada, estancia y residencia relacionada con el VIH.

ONUSIDA insta a las autoridades griegas a revisar esas leyes y prácticas con miras a adoptar programas basados en pruebas y un entorno jurídico que apoye a todas las personas —incluyendo a los profesionales del sexo y a sus clientes, a quienes usan drogas, a los migrantes y solicitantes de asilo— y que sea propicio para el acceso voluntario y confidencial a los servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH, para que puedan evitar la infección por el VIH o tener una vida más saludable si son seropositivos.