Press Statement

GINEBRA/ISLAMABAD, 11 de mayo de 2018—ONUSIDA felicita al Parlamento de la la República Islámica del Pakistán por la promulgación del proyecto de ley sobre (protección de los derechos de las) personas transgénero de 2018. El proyecto de ley es transformador para las personas transgénero que, en el pasado, tuvieron que vivir con documentos de identificación formales que no reflejaban de manera precisa su género o bien vivir sin documentos de identidad. Este cambio en la legislación permitirá a las personas transgénero solicitar un permiso de conducir y un pasaporte. Asimismo, podrán requerir que se modifique la información que consta en la Dirección Nacional de Bases de Datos y Registros para que refleje su género.

Las personas transgénero suelen ser víctimas de discriminación cuando se les pide que utilicen los documentos de identidad tales como el permiso de conducir y el pasaporte, pues no coinciden con su identidad o expresión de género. A estas personas se les ha denegado el acceso a servicios o apoyo, por ejemplo, en el contexto de la atención sanitaria, porque no tienen documentos de identidad oficiales en los que se reconozca su identidad o expresión de género.

El nuevo proyecto de ley reviste una gran importancia para las personas transgénero, pues les concede protección jurídica. Estos innovadores cambios proporcionan acceso a los derechos que antes se les denegaban a las personas transgénero. Desde ahora, tendrán derecho a heredar propiedades, a votar en todas las elecciones de los gobiernos nacional, provincial y local, así como a presentarse como candidatos a cargos públicos. Todo ello sin miedo a sufrir discriminación. El proyecto de ley también prevé medidas concebidas para responder a las necesidades específicas de las personas transgénero. Por ejemplo, la creación de centros de protección y hogares seguros, así como programas especiales de formación profesional.  

"El proyecto de ley contempla un entorno facilitador para que las personas transgénero puedan acceder a la atención sanitaria, la justicia social, la igualdad y la dignidad en la sociedad, al tiempo que disfrutan de vidas productivas", dijo Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA. "Constituye un paso muy positivo que ayudará al Pakistán a poner fin al sida como una amenaza para la salud pública hasta 2030." 

Las personas transgénero presentan una tasa de prevalencia del VIH del 7,1% en el Pakistán.  El 52% de las personas transgénero denuncian ser víctimas de estigma y discriminación. La cifra aumenta hasta un 55,8% en el caso de los trabajadores sexuales transgénero.

El proyecto de ley prohíbe el acoso contra las personas transgénero, tanto en sus hogares como en el ámbito público. Desde ahora, la ley prohíbe la discriminación de cualquier tipo contra las personas transgénero por parte de empleadores, instituciones educativas, servicios sanitarios, comerciantes, transporte público, propietarios o vendedores inmobiliarios.

"La promulgación de este proyecto de ley es un sueño hecho realidad para muchas personas transgénero", afirmó Bubbly Malik, Director Ejecutivo de la Wajood Society. "Hemos recorrido un largo camino y hemos luchado mucho para llegar aquí. No nos detendremos ahora. Este es el primer paso hacia el empoderamiento.  Estaremos ahí para comprobar que se aplica de manera efectiva. El proyecto de ley aborda la salud, el empleo y los servicios educativos, lo cual me hace muy feliz."

En junio de 2016, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron mediante la Declaración Política sobre el VIH y el sida "a promover leyes y políticas que aseguren que losniños, adolescentes y jóvenes, en particular los que viven con el VIH, en riesgo de contraerlo o afectados por él, puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, a fin de eliminar el estigma y la discriminación que sufren."

ONUSIDA insta a todos los gobiernos a realizar todos los derechos humanos de las personas que viven con el VIH o estén en riesgo decontraerlo, también mediante la facilitación de una protección jurídica firme y la ejecución de programas destinados a poner fin a la discriminación y promover el acceso a la justicia.