Press Statement

10 de diciembre de 2019

Los derechos humanos son claves para poner fin al sida y son el alma de cada una de las batallas y de cada uno de los éxitos desde el comienzo de la epidemia.

Si no exigiéramos incansablemente el respeto de los derechos humanos y no nos esforzáramos por asegurar que los derechos humanos continúan en el centro de la respuesta al sida, no tendríamos hoy en día a más de 24 millones de personas en tratamiento y cuatro de cada cinco personas que viven con el VIH desconocerían su estado serológico. Las poblaciones más vulnerables y marginadas, y las personas que viven con el VIH no tendrían acceso a una atención sanitaria sin estigma ni lograrían que los Gobiernos asumieran su responsabilidad.

Sin embargo, la respuesta al sida aún no ha concluido y todavía quedan barreras a los derechos humanos. El VIH sigue siendo una epidemia de desigualdad, estigma, discriminación y violencia. En aquellos lugares en que se violan los derechos humanos, las personas corren mayor riesgo de infección y tienen menos posibilidades de hacerse una prueba del VIH o iniciar un tratamiento.

Los grupos de población clave concentran el 54 % de las nuevas infecciones en todo el mundo, un 75 % de las nuevas infecciones fuera del África subsahariana. Mundialmente, en 2018, 6000 chicas adolescentes y mujeres jóvenes se infectaron por el VIH cada semana. Permítanme ser clara, estas comunidades no son dejadas atrás; estas comunidades son obligadas a quedarse atrás por las leyes, las políticas y las prácticas que se crean, se ejecutan y se instauran.

Formas cruzadas de discriminación y desigualdad llevan a las mujeres de los grupos de población clave a experimentar vulnerabilidades y barreras únicas. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres que consumen drogas son encarceladas de manera desproporcionada y que corren mayor riesgo de contraer el VIH que los hombres.

Los trabajadores sexuales, los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero y los consumidores de drogas se enfrentan a barreras crudas e imperdonables que adoptan la forma de leyes penales. Estas leyes incrementan el estigma y la discriminación, y evitan que las personas puedan acceder a la reducción del daño y a los servicios de pruebas, tratamiento y prevención del VIH.

Impiden a las comunidades coordinarse y trabajar juntas, aíslan y llevan a las comunidades a volverse invisibles, y, al tiempo, aumentan los niveles de violencia.

Todas estas leyes afectan a las vidas y los derechos de las personas y de las comunidades, a la igualdad, la salud, la privacidad, la familia e incluso a la propia vida.

Sin embargo, de un plumazo podríamos darle la vuelta a la situación. La descriminalización del trabajo sexual en diez años podría evitar entre el 33 y el 46 % de las nuevas infecciones por VIH entre trabajadores sexuales y clientes. Los nuevos datos hallados en el África subsahariana sugieren que el conocimiento del estado serológico entre los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que estaban viviendo con el VIH era tres veces más elevada en los países que tienen más leyes que apoyan a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, y en aquellos otros que descriminalizan el consumo de drogas y ponen en marcha medidas para la reducción del daño con las que ver desplomarse los números referentes a las nuevas infecciones por el VIH entre las personas que consumen drogas.

No se trata ya de la necesidad de pruebas. Es momento de liderazgo, de valor político, de acción.

La primera obligación que tiene un país para con sus derechos humanos es el respeto, la obligación de respetar, y no violar, los derechos humanos. Al mantener vigentes dichas leyes penales, no estamos sino cayendo en el primer obstáculo.

La ley debería proteger, y no perseguir, a los más vulnerables. Ha de apoyar, y no sabotear, los esfuerzos por preservar la salud pública y los derechos humanos.

En este Día de los Derechos Humanos, insto a todo el mundo a revisar sus leyes, con el fin de crear un sistema judicial que proteja, y no infrinja, los derechos humanos de las personas dejadas atrás.

Winnie Byanyima

Directora Ejecutiva de ONUSIDA

Secretaria general adjunta de las Naciones Unidas

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.