Los miembros del parlamento han reafirmado su postura de combatir todas las formas de estigma y discriminación relacionados con el VIH en Jamaica, del mismo modo que se comprometen a aumentar los esfuerzos para crear en un entorno propicio para las personas que viven y están afectadas por el virus.

En un evento organizado por ONUSIDA y por Juliet Cuthbert-Flynn, la ministra de Estado de Salud y Bienestar y la presidenta de la Asociación Jamaicana para la Acción para Eliminar Todas las Formas de Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH, los miembros del parlamento, tanto del partido en el poder como del grupo opositor, se reunieron para analizar los datos recogidos sobre el estigma y la discriminación en el país y su impacto en los resultados de la salud y para elaborar un plan de futuro en el que su papel como legisladores pueda contribuir a eliminar el estigma, la discriminación y la violencia.

El marco jurídico de Jamaica plantea considerables obstáculos para que las personas seropositivas o afectadas por el VIH accedan a los servicios de salud. Por ejemplo, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito en este país. De esta manera, para las comunidades marginales sigue siendo un factor disuasorio considerable. Asimismo, el país carece de una legislación general contra la discriminación, de un instituto nacional de derechos humanos y de una ley de reconocimiento de género que podría proporcionar más protección a las personas transgénero y no conformes con el género en Jamaica.

Las leyes y políticas lesivas y el estigma y la discriminación contra las personas que viven y están afectadas por el VIH perjudican sus resultados de salud y sus perspectivas de vida. La última Encuesta de Conocimientos, Actitudes, Prácticas y Comportamientos y el Índice de Estigma de las Personas que Viven con el VIH mostraron que sólo aproximadamente el 12 % de la población general tiene actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH, mientras que cerca del 60 % de estas se autoestigman. Un estudio de 2019 sobre la supervivencia económica de las comunidades transgénero y no conformes con su género en Jamaica reveló que las experiencias de estigma y discriminación en el lugar de trabajo eran muy comunes, con alrededor del 60 % de los encuestados habiendo sufrido este tipo de incidentes.  Además, según el 71 % de los partícipes en la encuesta, las personas transgéneros y las no conformes con su género tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo que las personas cisgénero. Otro estudio expone que aproximadamente el 20 % de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Jamaica han estado en la indigencia en algún momento de sus vidas.

En virtud de estos retos pendientes en la respuesta del país al VIH y a los derechos humanos, los miembros parlamentarios contemplaron la creación de un grupo de trabajo encargado de realizar análisis periódicos de datos relevantes, apoyar la promulgación de legislación protectora, hacer frente a leyes y políticas lascivas y organizar diálogos permanentes con las comunidades de personas seropositivas y afectadas por el VIH.

“Tenemos mucho trabajo por delante para asegurar que toda la población jamaicana disfrute del pleno respeto, protección y protección de sus derechos. Aunque esta reunión y sus resultados sean un pequeño paso para alcanzar el objetivo, nos pone en la dirección correcta del papel que los miembros parlamentarios tienen que desempeñar para poner a fin a la discriminación”, declaró Juliet Cuthbert-Flynn.

Estos esfuerzos, que pretenden hacer frente a ideas erróneas muy arraigadas en la sociedad, requieren una sólida asociación. En palabras de Morais Guy, el portavoz de Salud del grupo opositor, quién presidió la reunión, “La mejora de los derechos de las personas y los esfuerzos colectivos para garantizar que cada jamaicano pueda disfrutar de una vida libre de estigmas, discriminación y violencia no es un asunto de una sola persona, entidad o partido político. Nos afecta a todos, debemos trabajar juntos por la dignidad de todos los jamaicanos”. 

Asimismo, los miembros parlamentarios también abordaron algunos de los retos a los que se enfrentan como legisladores al cumplir con sus obligaciones, y de las contribuciones que ONUSIDA puede realizar para facilitar un proceso de creación legislativa más eficiente, efectivo y transparente en el parlamento. Por otro lado, también se debatieron opciones para movilizar y comprometer a los ciudadanos a nivel comunitario para desafiar al estigma, en respuesta a la necesidad crítica de aumentar la concienciación, la tolerancia y el respeto hacia las personas que viven y están afectadas por el VIH.

“Estamos orgullosos de asociarnos con los miembros del parlamento para hacer frente al estigma y discriminación en Jamaica y para proporcionar toda la información, instrumentos y apoyo disponibles para potenciar su papel como aliados e influyentes críticos en el futuro del país”, manifestó Manoela Manova, directora nacional de ONUSIDA de Jamaica. 

Costa Rica se ha unido a la Alianza Mundial para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionados con el VIH. En un evento paralelo a la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de las Naciones Unidas celebrado el día 7 de junio, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, enfatizó el férreo compromiso del país con los derechos humanos y destacó que una respuesta integral y eficaz al VIH debe incluir los derechos humanos de las personas que viven con el VIH.

Costa Rica es el tercer país que ha firmado para unirse, junto a Jamaica y Argentina, a la alianza mundial en América Latina y el Caribe.

El acto paralelo, América Latina y el Caribe rumbo a acabar con el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, contó con el gran apoyo de ONUSIDA y fue coorganizado por el coordinador regional de la asociación mundial RedTraSex (la red de trabajadores sexuales para América Latina y el Caribe), la Red mundial de personas que viven con el VIH y los Gobiernos de Jamaica y Costa Rica.

Ya hace cinco años, en la Declaración política de las Naciones Unidas para poner fin al sida de 2016, la epidemia del VIH se reconoció como un desafío para los derechos humanos. Los Estados miembros expresaron su preocupación por el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en todo el mundo, así como por los marcos normativos y legales que no hacen sino desalentar e impedir que las personas accedan a los servicios relacionados con el VIH.

La Alianza Mundial para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionados con el VIH se creó en el año 2017. El objetivo de la iniciativa es catalizar y acelerar la implementación de los compromisos suscritos por los Estados miembros de las Naciones Unidas, los organismos de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades para poner fin al estigma y la discriminación relacionados con el VIH.

Los países ya se han comprometido a acabar con la discriminación en varias convenciones internacionales y han sido más las promesas a nivel regional y nacional. La alianza mundial brinda apoyo a los países para hacer esas promesas realidad a través de políticas, programas y prácticas que fortalecen la salud y los derechos relacionados con el VIH.

Mediante la coordinación regional de RedTraSex, la alianza mundial apoya un diálogo abierto y continuo en las redes regionales de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer las plataformas nacionales de coordinación y la representación, siempre centrados en las personas que viven con el VIH, corren el riesgo de contraerlo o están afectadas por el virus. 

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Para asegurar una respuesta al VIH eficaz se requieren entornos jurídicos, políticos y sociales que permitan a las personas que viven con el VIH, a las que corren un mayor riesgo de infección por el VIH y a otras afectadas por la epidemia reivindicar sus derechos y recibir una indemnización cuando estos se contravengan.

Los responsables de facilitar dichos entornos jurídicos, políticos y sociales deben recibir una formación adecuada. Sin embargo, los informes de los países a ONUSIDA en 2020 muestran que los programas de formación en materia de derechos humanos y marcos jurídicos relativos a la no discriminación aplicables al VIH están operando a escala nacional para la policía y otro tipo de personal encargado de hacer cumplir la ley en solo 40 de los 102 países informantes; para los miembros de la judicatura, en 36 de los 100 países informantes y, para los legisladores y parlamentarios, en 30 de los 97 países informantes.

Países con programas de formación en materia de derechos humanos y marcos jurídicos relativos a la no discriminación aplicables al VIH, 2019

Imaginemos un sistema de atención sanitaria que no nos tuviera en cuenta como personas y que pasara por alto todas nuestras necesidades particulares. Las enfermeras no nos plantearían preguntas que son importantes. Los médicos subestimarían e ignorarían las soluciones que verdaderamente necesitamos. Nos sentiríamos mal recibidos, indeseados.

Pues justo esa ha sido siempre la realidad de las personas transgénero en Jamaica. Sin embargo, una nueva estrategia parece introducir un gran cambio.

Con el apoyo de ONUSIDA y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Transwave Jamaica ha lanzado la Estrategia de salud nacional no convencional para la transexualidad y el ge´nero, la primera de este tipo en las regiones caribeñas angloparlantes. Este plan de cinco años es una hoja de ruta basada en los derechos humanos que nos indica de qué manera se puede mejorar la salud y el bienestar de las personas transgénero. Lejos de reducirse únicamente a las recomendaciones para el sistema sanitario, presenta los cambios estructurales y sociales necesarios para lograr un acceso igualitario a los servicios y las oportunidades para la comunidad transgénero.

«Demasiadas personas transgénero se quedan en casa y aguantan el sufrimiento, mientras que otras optan por cambiar quienes son para poder así acceder a los espacios públicos de atención sanitaria», apunta Renae Green, directora adjunta de políticas y promoción de TransWave. «Necesitamos mejoras en los servicios básicos, incluyéndose aquí el apoyo psicosocial. Y necesitamos que las personas transgénero puedan acceder a los servicios sanitarios públicos siendo ellas mismas».

Mediante el Sobre nacional para Jamaica del Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas, ONUSIDA aunó esfuerzos con el UNFPA para apoyar un sólido proceso de un año de duración vinculado con la investigación, el compromiso de la comunidad y el desarrollo de una estrategia, incluyéndose aquí un marco de supervisión y evaluación. El proceso de desarrollo de la estrategia fue informado por un comité directivo multisectorial compuesto por organizaciones de la sociedad civil, socios de cooperación internacional y autoridades gubernamentales.

El VIH es la gran prioridad para la comunidad transgénero de Jamaica. Alrededor del 50 % de las mujeres transgénero participantes en dos estudios recientes estaban viviendo con el VIH. Sin embargo, existen otras preocupaciones urgentes. De acuerdo con los resultados de dos encuestas recientes, en torno a la mitad de los encuestados estaba en situación de desempleo. Un tercio se veía obligado a sacrificar alguna comida. Una de cada diez personas se prostituía para sobrevivir. Según un estudio llevado a cabo por TransWave en el año 2020, la mitad de los participantes en la investigación había sido víctima de violencia física el año anterior, y un 20 % incluso confesó haber sufrido abusos sexuales. Más del 80 % señaló haber sido objeto de un fuerte acoso verbal.

«Las necesidades van más allá del VIH y la atención sanitaria. Existen otros factores que también impiden que la gente esté segura, se pueda adherir al tratamiento y pueda continuar siendo seronegativa. Hemos de tener en cuenta a toda la persona, todas sus parcelas y no solo una», señala Denise Chevannes-Vogel, responsable en materia de VIH y sida de la Oficina subregional para el Caribe del UNFPA.

«Valoramos muchísimo el hecho de que fuimos capaces de reunir a toda la comunidad para hablar sobre todas esas necesidades que van más allá del VIH», apunta la Sra. Green.

El equipo de TransWave se ocupó de liderar la evaluación de las necesidades de la comunidad. Esta comunidad tiene algunas peticiones únicas, como la terapia hormonal sustitutiva o la cirugía de reasignación de sexo. Otras, sin embargo, son comunes a las de toda la población. Las personas transgénero también quieren acceder a la atención sanitaria, a una vivienda, al sistema educativo y a un empleo. Asimismo, quieren verse representadas en esos espacios de la sociedad civil en los que muchos reciben atenciones y apoyos.

«No conseguiremos ninguno de los objetivos relacionados con el sida si no damos prioridad a la salud, entendida globalmente, de las personas transgénero. A día de hoy la gente está muriendo como consecuencia de la violencia, la vida en la calle y la falta de empleo y oportunidades. Hasta aquellas nociones básicas respecto a la prevención del VIH que la mayoría de la gente adquiere en un entorno educativo formal quedan fuera del alcance de la población transgénero cuando, debido al acoso sufrido, es obligada a abandonar su formación. De este modo, el objetivo de este proceso no era sino reflexionar sobre los indicadores de impacto. ¿De qué manera podrían vivir más y mejor?», cuestiona Ruben Pages, asesor de ONUSIDA en Jamaica en lo referente a la movilización de la comunidad.

Pese a todo, ¿qué posibilidades de sobrevivir tiene esta estrategia integral e innovadora en un país cuya seña distintiva es su conservadurismo social? Los socios son optimistas. Por un lado, el enfoque adoptado invita a objetivos a más largo plazo, incluyéndose aquí la reforma de las leyes con relación a cuestiones como el reconocimiento de la identidad de género y la despenalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Aparte de ello, la estrategia se presenta también como una guía práctica para la inclusión de la comunidad transgénero en sistemas y marcos establecidos. Con una acción orientada, se pueden lograr grandes avances en poco tiempo.

Manoela Manova, directora nacional de ONUSIDA para Jamaica, apuesta a que la estrategia ayudará a acelerar el progreso del país en su batalla contra el sida.

«Mirando hacia delante, lograremos un enfoque renovado capaz de garantizar el logro de excelentes resultados en materia de prevención, pruebas y tratamiento para todas las comunidades, especialmente para los grupos de población clave y más vulnerables», destaca la Sra. Manova. «Tenemos ante nosotros la oportunidad de mejorar, y mucho, nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás».

Cuando el Gobierno de Camerún ordenó que nadie podría moverse de sus hogares como parte de la respuesta a la COVID-19, Marie-Jeanne Oumarou (nombre ficticio) salió corriendo a comprar comida, cogió a sus tres niños y se los llevó al campo.

Con sus hijos ya en buenas manos, solo deseó poder seguir trabajando.

«Jamás imaginé lo difícil que sería el confinamiento», confiesa. «Para nosotras, las trabajadores sexuales, no tiene ningún sentido».

En los últimos diez años la Sra. Oumaro conoció lo mejor y lo peor de lo que en Yaundé, la capital de Camerún, se conoce como couloirs, las zonas de los pequeños hoteles en los que ejercen las trabajadoras sexuales. Abandonada y con tres niños pequeños, en el año 2010 recurrió al trabajo sexual para sobrevivir.  Poco a poco logró conocer a distintas mujeres mayores, antiguas trabajadoras sexuales, a las que paga dinero para poder acceder a lugares seguros en los que trabajar. Sin embargo, la COVID-19 ha cambiado su vida de la noche a la mañana. 

«Los hoteles estaban cerrados, apenas había clientes, la policía estaba constantemente controlando, así es imposible sobrevivir», señala.

Denise Ngatchou, directora ejecutiva de Horizons Femmes, una organización no gubernamental que ayuda a las mujeres vulnerables, cuenta lo mucho que le impresionó el que las trabajadoras sexuales se convirtieran, de pronto, en el blanco.

«La policía detenía y encerraba a las mujeres, sin dar ninguna información», relata. «Nos sentíamos totalmente indefensas y no podíamos hacer nada, ya que era el Gobierno el que tenía todo el poder respecto a las medidas frente a la COVID-19».

Rosalie Pasma, directora de uno de los centros de acogida de Horizons Femmes, tuvo que encogerse de hombros para mostrar su acuerdo durante una entrevista por Skype.

«Todo se complicó muchísimo más durante la COVID-19», insiste. «Sufrimos directamente el confinamiento por más de un motivo. Ha habido mujeres que no han podido acudir a sus revisiones por falta de transporte, por ejemplo, y nuestro asesor legal tampoco ha sido capaz de acceder a las comisarías para defender a las mujeres arrestadas».

La Sra. Ngatchou se encargó de canalizar todo, porque, para ella, no había razón para rendirse. Horizons Femmes juró ante todo mantenerse abierta. Un mínimo de la plantilla trabajó incansablemente e hizo horas extra para seguir realizando pruebas del VIH y prestando otros servicios respetando siempre las medidas de prevención. 

«La gente nos decía que interrumpiéramos todas nuestras actividades de concienciación sobre el terreno, pero las mantuvimos todo lo que pudimos. Aconsejamos a las mujeres respecto a las medidas para prevenir la enfermedad del coronavirus, de manera que todas conocieran los posibles riesgos», explica.

Asimismo, continuaron repartiendo mascarillas y lanzaron un proyecto de crowdfunding para adquirir más equipos de protección. Lo que más entristece a la Sra. Ngatchou es que muchísimas cosas sucedieron ante sus propios ojos y ni tan siquiera pudo hacer nada.

«El suavizar las leyes contra el trabajo sexual y el poner fin a los arrestos arbitrarios de trabajadoras sexuales realmente supondría una enorme diferencia para nosotras», advierte.

Al final, está convencida de que el castigar a las trabajadoras sexuales no hace sino empeorar la situación.

«¿Tú no crees que, si las trabajadoras sexuales se esconden, tienen más posibilidades de trabajar e infectar e infectarse que si dispusieran de una estructura que las ayudase?», plantea.

Reflexionando sobre sus propias palabras, añade que esta idea hace referencia tanto a la COVID-19 como al VIH.

A principios de abril, ONUSIDA y la Red global de proyectos de trabajo sexual hicieron saltar las alarmas y llamaron la atención sobre la crueldad y los problemas a los que se enfrentaban las trabajadoras sexuales en todo el mundo. Instaron a los países a garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

«Las autoridades tienen que llegar a entender que no promovemos el trabajo sexual, sino la buena salud», recalca la Sra. Ngatchou. «Esa y solo esa es la prioridad».

Muchos países cuentan con leyes o con políticas que impiden que los adolescentes accedan a los servicios sanitarios esenciales sin el consentimiento de su progenitor o de su tutor legal. La intención original pudo haber sido la de proteger a los menores, pero tales restricciones a menudo causan el efecto contrario y aumentan el riesgo de infección por el VIH, así como otros problemas de salud entre los adolescentes.

Un alto porcentaje de países a lo largo del mundo restringe a los adolescentes el acceso a las pruebas y al tratamiento del VIH. Por ejemplo, en 2019 los adolescentes menores de 18 años necesitaron un consentimiento paterno explícito en 105 de los 142 países para realizarse la prueba del VIH. En 86 de los 138 países que presentaron datos, necesitaron dicho consentimiento para acceder al tratamiento contra el VIH y a la atención correspondiente. Este tipo de legislaciones y de políticas pueden complicar u obstaculizar a los adolescentes el acceso a la profilaxis pre-exposición (PPrE), una herramienta de prevención altamente efectiva.

Las investigaciones realizadas en el África subsahariana muestran que en los países donde la edad de consentimiento es de 15 años, o menos, los adolescentes son un 74 % más propensos a haberse realizado las pruebas del VIH en los últimos 12 meses; en comparación con los países en los que la edad de consentimiento es de 16 años o más, en los que las jóvenes se benefician especialmente de un acceso más fácil.

En el sitio web de ONUSIDA Laws and Policies Analytics puede consultar información detallada sobre los países que cuentan con leyes de consentimiento.

Gracias a la reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas celebrada esta semana en Viena, Austria, la atención diplomática se centra de nuevo en las drogas. En 2018, las personas que se inyectaban drogas representaban del 12 % de las nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial.

En docenas de países en todo el mundo, la legislación que penaliza a los grupos de población clave o que discrimina a las personas que viven con el VIH socava los intentos de prevenir las nuevas infecciones y las muertes relacionadas con el sida. La despenalización del consumo de drogas y de la posesión para consumo personal reduce el estigma y la discriminación que obstaculizan la reducción de daños, y el acceso a la atención sanitaria y a los servicios legales. En los países donde se despenaliza el consumo de drogas y se da acceso a programas exhaustivos de reducción de daños, la prevalencia y la transmisión del VIH tiende a descender drásticamente entre las personas que consumen drogas.

La República Checa, los Países Bajos, Portugal y Suiza se encuentran entre los pocos países que han despenalizado el consumo de drogas y la posesión para consumo personal, además de haber invertido en programas de reducción de daños. Por consiguiente, en estos países el número de positivos entre las personas que se inyectan drogas es bajo.

Al menos 67 países tipifican el consumo de drogas y la posesión para uso personal como un delito penal, por lo que es hora de que los países den un paso más allá hacia la despenalización.

«Durante cinco años he sufrido acoso y amenazas: amenazas de violación, amenazas de muerte, denigraciones, difamaciones, llamadas de teléfono a mi familia, a mi madre», afirma la presentadora de televisión libanesa Dima Sadek.

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre el acoso sexual y las intimidaciones que sufren las mujeres en Líbano (especialmente las periodistas en el marco de las recientes protestas), la Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad (en inglés Arab Foundation for Freedoms and Equality), socios regionales de ONUSIDA en derechos y salud, ha creado un vídeo que esclarece la violación de derechos humanos que sufren tantas mujeres de este país.

El vídeo está realizado en colaboración con el programa de HIVOS Mujeres Empoderadas para el Liderazgo (en inglés Women Empowered for Leadership, o por sus siglas WE4L), financiado por el Ministerio neerlandés de Asuntos Exteriores. Su objetivo es poner de manifiesto casos de agresiones y abusos; reporteras que sufren violaciones de su integridad física, cuyos números de teléfono personales han sido filtrados y posteriormente han recibido pornografía y amenazas de violación; y a las que atacan verbal y físicamente en directo.

«No piensas que alguien pueda ser así de hiriente o diga cosas así. No les conoces y ellos a ti tampoco, pero por el simple hecho de que vuestras visiones políticas difieren, se creen legitimados para hablarte de esa manera», afirma Layal Saad, una reportera.

Debido a que las manifestantes también han denunciado ataques similares, entre ellos intimidaciones y abusos tanto en línea como fuera de ella, el vídeo pretende sensibilizar sobre el acoso sexual, las intimidaciones y la violencia en general que sufren las mujeres en el día a día. Además, resalta la necesidad de políticas que permitan que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad.

La periodista Diana Moukalled indicó que la protección legal frente al acoso sexual es imprescindible, dado que en Líbano actualmente no existen leyes que lo penalicen. «Las libanesas se encuentran entre las mujeres más marginadas del mundo, no solo de nuestra región. Vemos que están presentes en muchos niveles, aunque existe una clara divergencia entre el papel de las libanesas y su representación», declaró.

«Seguimos luchando» es el título del vídeo, que refleja el sentimiento de las muchas mujeres que lo vieron y actuaron en consecuencia. Un sentimiento de resistencia frente a la adversidad y también de tenacidad para lograr la justicia social que reclaman las mujeres en Líbano.

Cincuenta años después de los disturbios de Stonewall en Nueva York (EE. UU.), que supusieron un enorme hito en la lucha moderna por lograr el reconocimiento de los derechos humanos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, cada vez más gente se beneficia de aquellos derechos por los que en su día hicieron campaña los manifestantes de Stonewall. El número de personas que viven en países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre individuos del mismo sexo sigue disminuyendo desde 1969.

En junio de 2019 Botsuana fue el último país en descriminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, pero África todavía representa en torno a la mitad de la población mundial que vive en países con leyes antihomosexuales. En 2018, la proporción de población mundial que vive en países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo cayó en picado del 40 al 23 % tras la decisión de la Corte Suprema India de descriminalizar todas las relaciones sexuales consentidas entre adultos. Esta fue la mayor disminución anual desde que en 1997 China descriminalizara las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Las leyes prohibitivas y las políticas contra los grupos de población clave aumentan su vulnerabilidad al VIH. Por ello, es fundamental garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, mediante la derogación de las leyes que prohíben las relaciones sexuales consentidas, privadas y entre adultos, promulgando leyes que las protejan de la violencia y la discriminación, y abordando la homofobia y la transfobia.

Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo todavía permanecen criminalizadas en, al menos, 67 países y territorios del todo el mundo.

ONUSIDA ha lanzado un nuevo sitio web que permite a las personas identificar leyes y políticas nacionales relacionadas con la respuesta al sida.

Al cubrir áreas tan diversas como la capacidad de un país para diagnosticar el VIH en bebés, la existencia de leyes que discriminen contra las personas transgénero y si se persigue a la gente por utilizar preservativos, el sitio web titulado Laws and Policies Analytics (análisis de leyes y políticas, en español) busca ofrecer una visión general de las leyes y las políticas relacionadas con la respuesta al VIH. También permite ver datos referentes a políticas junto a otros datos que hablan sobre la epidemia de VIH y la respuesta a ella.

«Debemos conocer mejor los entornos legales y políticos para orientar las respuestas a la epidemia de VIH de manera más efectiva. Esta nueva herramienta permite el acceso a datos con relación a leyes y políticas nacionales y, así mismo, permite el análisis conjunto de los datos referentes a la epidemia y a la respuesta. De esta forma, podemos estar mucho más informados para tomar decisiones», señaló Shannon Hader, directora ejecutiva adjunta del Programa.

Con la Declaración política de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida de 2016, los países se comprometieron a acelerar sus esfuerzos para aumentar significativamente la disponibilidad de datos de alta calidad en materia de VIH.  La información utilizada en el nuevo sitio web se venía proporcionando desde el año 2017 y, últimamente, en 2019, a través del Instrumento de observación de los Compromisos y las Políticas Nacionales (ICPN), como parte del mecanismo de Monitoreo global del sida a través del cual los países informan de sus progresos respecto de los compromisos que adquirieron en la Declaración política de 2016.

Los datos fueron proporcionados por las autoridades nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otros socios no gubernamentales implicados en la respuesta al sida. Los datos con relación a las leyes y políticas relacionadas con el VIH recopilados de documentos oficiales externos complementan los datos proporcionados por el país. ONUSIDA valida minuciosamente todos los datos incluidos referentes a políticas para garantizar su precisión. Los datos se actualizarán anualmente.

El sitio web alberga datos de 140 países. Los usuarios pueden buscar por país o por región en un mapa interactivo o pueden seleccionar un tema específico.

Al poner a disposición de todo el mundo los datos referentes a las políticas, ONUSIDA busca promover la transparencia y el mayor uso de datos con relación a políticas al analizar la epidemia de sida y la respuesta al VIH en todos los países del mundo.

Para acceder al sitio web Laws and Policies Analytics, visita lawsandpolicies.unaids.org (en inglés).