GINEBRA, 11 de octubre de 2016—En este Día Internacional de la Niña, ONUSIDA respalda con firmeza el llamamiento de las Naciones Unidas a unos mejores datos específicos por sexo y edad que se puedan utilizar para mejorar la salud y el bienestar de las chicas de entre 10 y 19 años.

La discriminación y las desventajas han frenado el potencial de las niñas y las mujeres durante siglos. Esta generación de niñas, se calcula que unos 1100 millones en todo el mundo en 2016, la mayor de la historia, tiene el poder de cambiar el mundo, pero solo si pueden hacer que progresen sus conocimientos, su voluntad y la libertad para tomar sus propias elecciones y desarrollar todo su potencial.

“¡Las niñas cuentan! Debemos saber qué cuenta para las niñas, para asegurarnos de que tienen un comienzo en la vida sin VIH, que se mantienen sin VIH o permanecen sin sida", declaró Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA.

En 2015 en todo el mundo:

• En torno a 120 millones de niñas (de entre 15 y 19 años) en todo el mundo han sufrido violaciones u otros actos sexuales forzados en algún momento de su vida.
• En zonas con una alta prevalencia del VIH, las mujeres expuestas a violencia dentro de la pareja tenían 1,5 más probabilidades de contraer el VIH, siendo el matrimonio infantil un factor de riesgo para padecer esta violencia.
• Casi 1100 adolescentes y jóvenes (de entre 15 y 24 años) se infectaron por el VIH cada día.
• En torno al 70 % de las adolescentes y las jóvenes (de entre 15 y 24 años) no tenía un conocimiento integral y correcto del VIH.
• El VIH, el virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer de cuello de útero están estrechamente relacionados. La administración de la vacuna del VPH a todas las niñas de entre 9 y 13 años, con independencia de su estado serológico, servirá para prevenir el cáncer de cuello de útero en edades posteriores.

Los audaces objetivos de la Declaración Política para Poner Fin al Sida de 2016 que promueven el empoderamiento de las mujeres y las niñas defienden como esenciales los derechos y la igualdad de género para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos ofrecen la mayor oportunidad de garantizar que esta generación de niñas desarrolle todo su potencial. La recogida y el análisis de datos específicos por sexo y edad y enriquecidos por las experiencias y las voces de las niñas y las jóvenes del mundo permitirán acelerar el fin del sida.

Los expertos en derechos humanos han hecho un llamamiento para concentrar los esfuerzos con el objetivo de acabar con la violación de los derechos humanos basada en la orientación sexual y la identidad de género.

Durante la 58ª Sesión Ordinaria de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), celebrada en Banjul, Gambia, se ha presentado un informe que resume el diálogo histórico que tuvo lugar en noviembre de 2015 entre los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, y los representantes de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este informe, Acabar con la violencia y otras violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género, destaca las graves violaciones de los derechos que sufren en todo el mundo gays, lesbianas, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LGBTI).

Este informe destaca el impacto de estos abusos en la salud de las personas LGBTI, y su acceso a los servicios de atención y prevención del VIH, pero también resalta los avances positivos en todo el mundo en la protección de los derechos de esta comunidad.

En 2014, la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución en la que pedía la protección de este grupo ante la violencia y otras violaciones basadas en su orientación sexual o identidad de género reales o aparentes. En un comentario sobre la presentación del informe, Pansy Tkakula, presidenta de la CADHP, dijo: "La violencia y otras violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género son retos universales que requieren respuestas coordinadas por parte de las instituciones regionales, nacionales y de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha creado una relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI. James Cavallaro, presidente de la CIDH, destacó un elemento fundamental del trabajo de la Comisión: "Tener en cuenta las voces de las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, transexuales e intersexuales en nuestro trabajo es desafiar la invisibilidad de las graves violaciones de los derechos humanos a las que se siguen enfrentando  en todo el continente americano y hacer a los países rendir cuentas por las mismas".

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado dos resoluciones en las que se condena la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género. "El diálogo nos ha permitido compartir buenas prácticas para guiar nuestra lucha habitual para combatir la impunidad, y para asegurar la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas, lo que incluye a las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, transexuales e intersexuales", dijo Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, han dicho sobre la presentación del informe: "Acabar con la violencia, la criminalización, la discriminación y otras violaciones de los derechos humanos contra las lesbianas, los gays y las personas bisexuales, transgénero e intersexuales es una prioridad para nuestras organizaciones y para el entero sistema de las Naciones Unidas".

Las organizaciones de la sociedad civil también han dado la bienvenida al informe. "La colaboración en curso y la apertura al intercambio de experiencias entre los sistemas regionales e internacionales para los derechos humanos refuerzan la idea de universalidad de los derechos humanos, y sólo puede ayudar a mejorar la protección de los derechos humanos para todos, incluidas la comunidadLGBTI", señaló Sibongile Ndashe, director ejecutivo de la Iniciativa para el Litigio Estratégico en África.

La violencia sexual es un problema mundial. Se calcula que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual y que 120 millones de niñas en todo el mundo han experimentado relaciones sexuales forzadas antes de cumplir los 18 años. Además, en entornos con una alta prevalencia del VIH, las mujeres que experimentan violencia por parte de su compañero tienen un 50% más de posibilidades de adquirir el VIH que otras mujeres.

El acceso hasta 72 horas después a la profilaxis posterior a la exposición (PPE) en los casos de violencia sexual, violación o relaciones sexuales sin protección puede reducir el riesgo de infección por el VIH en más de un 80%. Sin embargo, no basta con la terapia PPE, pues se necesita que forme parte de un tratamiento en el que se aborden las infecciones transmitidas por vía sexual, los embarazos, las lesiones físicas, las enfermedades mentales y el acceso a la justicia y la protección legal.

El apoyo a las personas durante su recuperación es crucial, incluida la adhesión al programa de medicamentos antirretrovíricos de 28 días que se necesita para que la terapia PPE sea eficaz. No obstante, estas personas aún tienen que enfrentarse a muchas barreras para acceder libremente a los servicios de calidad, incluidos el estigma y la discriminación en entornos sanitarios.

El 16 de marzo, Together for Girls, la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA celebraron un acto paralelo con motivo de la sexagésima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para fomentar la campaña de Every Hour Matters, lo que incrementará la sensibilización sobre la importancia de un acceso rápido a la atención posterior a la violación comprensiva.

Se debe instruir a los trabajadores sanitarios, los servicios uniformados, los mediadores y otras personas involucradas en la atención posterior a la violación en métodos que tengan en cuenta las cuestiones de género en relación a las personas que han experimentado violencia sexual, así como para proporcionar una atención sanitaria libre de juicios de valor y discriminación.

La reducción de la violencia de género con el objetivo de disminuir el riesgo de adquirir el VIH y su impacto es el eje central de la Estrategia de ONUSIDA para 2016-2021. La Reunión de alto nivel sobre el sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebrará en junio y la Declaración Política sobre el Sida es una oportunidad única para garantizar que tanto la salud sexual y reproductiva como los derechos de las mujeres y las niñas se fomentan y que su derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de violencia se salvaguarda.

Together for Girls es una asociación mundial pública y privada que tiene el objetivo de acabar con la violencia hacia los niños, especialmente la violencia sexual. Para abordar esta violación de los derechos humanos y este problema de salud pública, Together for Girls junta la experiencia y los recursos de muchas organizaciones que trabajan en el desarrollo, la salud pública y los derechos de la mujer y del niño para colaborar con gobiernos nacionales y la sociedad civil.

Para obtener más información sobre la campaña, visite la página web de Together for Girls en http://www.togetherforgirls.org/every-hour-matters/.

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Si queremos que la estrategia Acción acelerada tenga éxito en la erradicación de la epidemia del sida, hay que incluir con decisión en la agenda mundial los derechos, las responsabilidades y los papeles a desempeñar por los hombres en la respuesta al sida.

Desde hace tiempo somos conscientes de que la estrategia Acción acelerada no tendrá éxito si no se actúa en materia de igualdad de género y derechos humanos. La situación de vulnerabilidad en la que viven gran cantidad de niñas y mujeres jóvenes ha recibido mucha atención por parte de diversos programas y ha sido objeto de debate muchas veces; no obstante, también hay que reconocer que hay normas perjudiciales que llevan a que la epidemia afecte a los hombres por igual. Los sistemas sanitarios no son capaces de dar respuesta a las necesidades de los hombres, lo que afecta negativamente tanto a la salud de los hombres como a la de las mujeres.

“Los hombres desempeñan un papel esencial. Al involucrar a los hombres en el cuidado de su propia salud y en el cambio de aquellas normas de género que sean perjudiciales, conseguiremos una mejoría en la salud de los hombres y en la de las mujeres. Este elemento es fundamental en la estrategia Acción acelerada de ONUSIDA para la erradicación de la epidemia del sida”, según declaró Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA.

Es de vital importancia concienciar a los hombres de la importancia que tienen la prevención, el tratamiento, la atención y los servicios sanitarios relativos al VIH. Los hombres y los adolescentes representan alrededor de un 49% de los 34,3 millones de adultos en el mundo que viven con el VIH y un 52% de todas las nuevas infecciones por el VIH. De los 1,2 millones de personas que murieron por enfermedades relacionadas con el sida en 2014, alrededor de un 60% eran hombres.

Según los datos de ONUSIDA, se carece de servicios sanitarios suficientes para tratar a todos los hombres que presentan un alto riesgo de infección por el VIH. La diversidad entre los hombres en términos de edad, de comportamientos de riesgo y de orientación sexual debería tenerse en cuanta a la hora de planificar los programas.

Las mujeres menores de 25 años a menudo se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente a las infecciones por el VIH. La desigualdad de género y las estructuras sociales muchas veces impiden que puedan acceder a información y servicios relacionados con el VIH que las podrían proteger. Por otra parte, los hombres se ven afectados por el VIH a edades más tardías que las mujeres, por eso están más capacitados para acceder a servicios sanitarios, pero por muchas razones deciden no hacerlo.

El acceso de los hombres a los servicios sanitarios relacionados con el VIH es importante para su propia salud y, al mismo tiempo, es una manera importante de reducir el riesgo infección por el VIH entre las mujeres. Hacer que los hombres participen de los servicios sanitarios con el fin de cuidar su propia salud puede, a su vez, ser el punto de partida de programas que puedan transformar las normas de género que sean perjudiciales. ONUSIDA hace un llamamiento para seguir investigando cómo las normas de género perjudiciales y los conceptos que se tienen de la masculinidad pueden llevar a los hombres a ponerse en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, los estereotipos de “fuerza” masculina e invencibilidad pueden conducir a que los hombres no usen preservativos y eviten solicitar servicios de salud, como, por ejemplo, las pruebas del VIH. Un estudio ha demostrado que, en 12 países con unos niveles de ingresos bajos y medios, es poco probable que lo hombres se sometan a pruebas del VIH, dada sus posturas menos igualitaria en cuestiones de género. Además, los estudios nos informan de que los hombres no suelen ni buscar ni someterse de forma continuada a un tratamiento antirretrovírico.

ONUSIDA afirma que son los propios profesionales de la salud quienes muchas veces presuponen que los hombres no necesitan o no están dispuestos a usar los servicios relacionados con el VIH. Es necesario hacer desaparecer esos prejuicios, mediante el desarrollo de políticas amplías y programas que promuevan el acceso de los hombres a otros programas, y que satisfagan también sus necesidades concretas. Esto implica que es preciso cambiar la idea que se tiene de los hombres en la respuesta al sida, ya que a menudo se hace referencia a ellos como los "transmisores" o los "vectores", estereotipos que les culpan de la infección, les estigmatizan y les aíslan aún más del acceso a los servicios. A nivel mundial, existe una iniciativa para que se produzcan cambios en los debates sobre el VIH e igualdad de género —debería tenerse más en cuenta a los hombres y habría que animarlos a participar activamente en todos los aspectos de la respuesta al sida y a fomentar la igualdad de género—. La salud sexual y reproductiva no es solo responsabilidad de las mujeres. Los servicios de la salud sexual y reproductiva integrados y bien centrados deben estar al alcance de los hombres y adolescentes. Pese a que todavía queda mucho por investigar, ya existe un conjunto de datos que establece las bases para el desarrollo y la aplicación de unas políticas y programas más amplios.

Los días 10 y 11 de diciembre en Ginebra se celebrará una reunión mundial de alto nivel sobre los hombres, los adolescentes y el sida para demostrar la seriedad de este asunto y la necesidad de señalar el camino a seguir. ONUSIDA, la organización Sonke Gender Justice y la Federación Internacional de Planificación Familiar organizan la reunión. En términos generales, sus objetivos principales son obtener un consenso sobre qué lugar han ocupado hasta ahora los hombres y los adolescentes en la respuesta al VIH, y qué papel desempeñan en la iniciativa de poner fin la epidemia del sida.

GINEBRA, 25 de noviembre de 2015—En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ONUSIDA insta a los países a prestar especial atención a las mujeres y las niñas a la hora de preparar su respuesta para poner fin a la epidemia de sida para 2030.

El sida es la principal causa de muerte en mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), y el VIH afecta a numerosas jóvenes y niñas adolescentes. Cada año, cerca de 380.000 jóvenes y niñas adolescentes contraen la infección por el VIH. Concretamente, en África subsahariana, una de cada cuatro nuevas infecciones se da en jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años.

"Se están registrando cada vez más muertes relacionadas con el sida entre las adolescentes, y están aumentando los casos de violencia contra las jóvenes", declaró el director ejecutivo de ONUSIDA Michel Sidibé. "Queremos hacer frente al origen del problema: la desigualdad de género, que puede dar lugar no solo a casos de violencia, sino también a falta de autoestima, una mayor vulnerabilidad y más dificultades para las jóvenes y las niñas a la hora de tomar decisiones informadas acerca de su salud y de su bienestar".

En algunas regiones, las mujeres que han sido víctimas de agresiones físicas o sexuales por parte de sus parejas tienen un 50% más de probabilidades de contraer la infección por el VIH con respecto a las mujeres que no han sufrido dichos abusos. Si bien los casos de violencia que sufren las mujeres que viven con el VIH son similares a las de las otras mujeres en general, vivir con el VIH expone a las mujeres y las niñas a otras formas de violencia debido a su estado serológico, como tener que someterse a una esterilización forzada o bajo coacción.

El alto grado de vulnerabilidad al VIH al que están expuestas las mujeres y las niñas está intrínsecamente ligado a las desigualdades de tipo sociocultural, económico y político. Acabar con la epidemia de sida dependerá de la aplicación de un programa de justicia social que abogue por la igualdad, sin violencia, en materia de educación, empleo, representación política, y acceso a la justicia y a la salud.

Ahora que comienza la campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género, que este año se celebra bajo el lema "De la paz en el hogar a la paz en el mundo: aseguremos la educación de todos y todas", ONUSIDA desea instar a todos los países a que hagan de la participación y el empoderamiento de las mujeres su prioridad, a fin de conseguir que las mujeres y las niñas puedan vivir en un mundo sin desigualdades ni violencia.

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Estrategia 2016-2021 de ONUSIDA, reflejan un compromiso colectivo y mundial para lograr la igualdad de género, eliminar la violencia de género y progresar en materia de derechos de las mujeres y las niñas, entre los que se incluyen su empoderamiento y los derechos en cuanto a salud sexual y reproductiva. Se trata de un plan de acción atrevido, pero que marcará la diferencia. Las metas y los objetivos fijados abogan por una verdadera colaboración entre sectores y diversas generaciones, a fin de ampliar los esfuerzos para garantizar la seguridad y el empoderamiento de las jóvenes y las niñas en todo el mundo.

Mujeres que viven con el VIH en África occidental y central se reunieron en Abuya, Nigeria, del 2 al 5 de noviembre, para participar en un taller con el que mejorar sus habilidades de liderazgo y su capacidad para respaldar la ambiciosa meta 90-90-90 del tratamiento del sida.

El objetivo es que, para el año 2020, el 90% de las personas que viven con sida conozcan su diagnóstico, el 90% de los que conocen su situación de seropositivos tengan acceso al tratamiento antirretrovírico y que el 90% de las personas en tratamiento tengan unos niveles de carga vírica nulos. Si se logra esta meta para el año 2020, en el 2030 será posible poner fin la epidemia del sida como amenaza para la salud pública.

Al amparo de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida del África occidental, las 47 participantes, procedentes de 16 países distintos, ampliaron sus conocimientos sobre la ambiciosa meta de tratamiento y las políticas para la eliminación de la transmisión de madre a hijo del VIH.

Mostraron su acuerdo en luchar por conseguir la meta 90-90-90 de tratamiento en África occidental y central y en instar a los gobiernos de sus países a incrementar los fondos internos destinados a la salud, incluidos los destinados a dar respuesta al sida, hasta el 15% del presupuesto nacional, como ya recomendó la Unión Africana en la Declaración de Abuja de 2001 para la lucha contra el VIH/Sida, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas relacionadas. Las participantes también estuvieron de acuerdo en abogar por el compromiso total y por que se tenga en cuenta a las mujeres que viven con VIH a la hora de elaborar las planificaciones nacionales y llevar a cabo procesos de toma de decisiones.

El taller fue patrocinado por ONUSIDA, el Fondo mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria y el Fondo Robert Carr para Redes de la Sociedad Civil.

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Doce organismos de las Naciones Unidas han publicado una declaración conjunta haciendo un llamamiento a poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI). La declaración conjunta destaca el compromiso interinstitucional de las Naciones Unidas de trabajar con los estados miembros para proteger, respetar y hacer valer el derecho de las personas LGTBI a vivir sin violencia, persecuciones, discriminación ni estigma. También hace un llamamiento a los países para que rechacen las leyes discriminatorias.

Las personas LGBTI se enfrentan a un amplio abanico de violaciones de los derechos humanos. Las Naciones Unidas y otros organismos han documentado violencia física y psicológica generalizada contra las personas LGBTI en todas las regiones, incluidos asesinatos, asaltos, secuestros, violaciones y violencia sexual, así como torturas y malos tratos en entornos institucionales y en otros ámbitos.

En muchos países, la respuesta a estas violaciones es inadecuada; en otros, con frecuencia, los defensores de los derechos humanos que desafían estas violaciones son perseguidos y se enfrentan a restricciones en sus actividades. El marco legislativo puede empeorar la situación. Hay 76 países que criminalizan las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Estas leyes exponen a las personas al riesgo de padecer detenciones arbitrarias, persecuciones, encarcelamientos e incluso pena de muerte en al menos cinco países.

Los entornos punitivos que marginan a las personas LGBTI también crean dificultades significativas en la respuesta al VIH. Los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen 19 veces más probabilidades de vivir con el VIH que la población general y la prevalencia del VIH entre los homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres está aumentando en algunas regiones, como Asia, el Pacífico y América Latina. Las mujeres transgénero tienen 49 veces más probabilidades de vivir con el VIH.

Además de la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI, las leyes punitivas restringen gravemente la capacidad de estas para acceder a servicios contra el VIH y otros servicios sanitarios esenciales. A menudo se obliga a los profesionales de servicios sanitarios a dejar de trabajar, debido al acoso o por el miedo a la persecución.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reafirmó su apoyo a los derechos de las personas LGBTI con un mensaje pronunciado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado. "La lucha por los derechos humanos, y la lucha contra la discriminación, subyace en el corazón de la misión de las Naciones Unidas. La lucha por la igualdad de derechos exige un compromiso mundial. Por este motivo las Naciones Unidas trabajan de forma activa para combatir la homofobia y la transfobia en todo el mundo", declaró.

Los organismos de las Naciones Unidas que han firmado la declaración conjunta para poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI son: la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo para la Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Leer la declaración conjunta

Los organismos de las Naciones Unidas instan a los Estados a que tomen medidas urgentes para poner fin a la violencia y a la discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)[1].

Todas las personas tienen el mismo derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización. Las leyes internacionales en materia de derechos humanos establecen obligaciones jurídicas para los Estados a fin de garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, puedan gozar de tales derechos. Aunque acogemos con satisfacción el aumento de medidas que se aplican en muchos países para proteger los derechos de las personas LGBTI, nos sigue preocupando de sobremanera que por todo el mundo millones de personas LGBTI, las que son percibidas como LGBTI y sus familias, sean víctimas de violaciones generalizadas de sus derechos humanos. Esta situación es alarmante y es por ello que deben tomarse medidas al respecto.

El hecho de no respetar los derechos humanos de las personas LGBTI y de no protegerlas de abusos como la violencia y las leyes y prácticas discriminatorias, supone una grave violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos y tiene un impacto significativo sobre la sociedad, fomentando una mayor vulnerabilidad a las enfermedades incluyendo la infección por el VIH, la exclusión social y económica, la presión sobre las familias y comunidades, y también un impacto negativo sobre el crecimiento económico, el trabajo decente y el progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al futuro. Bajo el derecho internacional, los Estados tienen la principal obligación de proteger a las personas ante situaciones de discriminación y violencia. Por ello, los gobiernos, los parlamentos, los poderes judiciales y las instituciones nacionales de derechos humanos deben tomar medidas urgentes al respecto. Los líderes políticos, religiosos y comunitarios, las organizaciones de trabajadores, el sector privado, los profesionales de la salud, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación también tienen un papel importante que desempeñar en este sentido. Los derechos humanos son universales, no pueden invocarse prácticas y creencias culturales, religiosas, morales ni actitudes sociales para justificar violaciones de derechos humanos contra ningún colectivo, incluyendo las personas LGBTI.

PROTEGER A LAS PERSONAS CONTRA LA VIOLENCIA

Los Estados deben proteger a las personas LGBTI contra la violencia, la tortura y los malos tratos, aplicando entre otras las siguientes medidas:

• Investigando, encausando judicialmente y proveyendo reparaciones a víctimas de actos de violencia, tortura y malos tratos, ya sea contra adultos/as, adolescentes o niños/as LGBTI como para aquellas personas que defienden sus derechos humanos;
• Reforzando las medidas para prevenir, para realizar seguimiento y para denunciar dichas situaciones de violencia;
• Incorporando la homofobia y transfobia como circunstancias agravantes en las leyes contra delitos motivados por el odio y contra la incitación al odio;
• Reconociendo que la persecución de personas por el simple hecho de ser LGBTI , o de ser percibidos como tal, pueda constituir un fundamento válido para conceder asilo a refugiados/as, y no devolviendo tales refugiados/as a un lugar donde su vida o su libertad puedan verse amenazadas.

Las Naciones Unidas y otras organizaciones han documentado violencia física y psicológica generalizada contra personas LGBTI en todas las regiones, incluyendo asesinatos, agresiones, secuestros, violaciones, violencia sexual, así como torturas y malos tratos, tanto en el ámbito institucional como en otros. Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y los jóvenes LGBTI se encuentran particularmente expuestos al riesgo de violencia física, psicológica y sexual en el ámbito familiar y comunitario. A menudo, las personas LGBTI son víctimas de violencia y discriminación durante emergencias humanitarias y cuando huyen de persecuciones, buscando refugio. También pueden ser objeto de abusos en el ámbito de la salud, incluyendo las llamadas «terapias» perjudiciales y reñidas con la ética que intentan cambiar la orientación sexual, las esterilizaciones forzadas o coercitivas, los exámenes anales y genitales forzados y las cirugías y tratamientos en niños/as intersex que son sin su consentimiento e innecesarios. En muchos países la respuesta a estas violaciones no es adecuada, no se denuncian y a menudo no se investigan o encausan judicialmente de manera apropiada, dando lugar a una gran impunidad, a la falta de justicia y a la carencia de soluciones y apoyo a las víctimas. Los/as defensores/as de derechos humanos que luchan contra estas violaciones suelen ser perseguidos/as y se enfrentan a limitaciones discriminatorias en sus actividades.

DEROGAR LEYES DISCRIMINATORIAS

Los Estados deben respetar las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo a través de la revisión, la derogación y el establecimiento de una moratoria sobre la aplicación de:

• Leyes que criminalicen las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo;
• Leyes que criminalicen a las personas trans por su expresión de género;
• Otras leyes utilizadas para detener, castigar o discriminar a personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En 76 países aún existen leyes que criminalizan las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo, por lo que se exponen al riesgo de detención, enjuiciamiento y encarcelación con carácter arbitrario o incluso a la pena de muerte en al menos cinco países. Las leyes que criminalizan el travestismo se utilizan para detener y castigar a las personas trans. Otras leyes son utilizadas para acosar, detener, discriminar o limitar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica de personas lesbianas, gais, bisexuales y trans. Estas leyes discriminatorias contribuyen a perpetuar la estigmatización y la discriminación, así como los delitos motivados por el odio, los abusos, las torturas, los malos tratos policiales y la violencia familiar y comunitaria, afectando de forma negativa a la salud pública, impidiendo el acceso a servicios de salud y relacionados con el VIH.

PROTEGER A LAS PERSONAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Los Estados deben respetar las normas internacionales de derechos humanos en materia de no discriminación, aplicando entre otras las siguientes medidas:

• Prohibiendo la discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as LGBTI en todos los ámbitos, incluyendo educación, empleo, sanidad, vivienda, protección social, justicia y situaciones de asilo y de privación de libertad;
• Garantizando el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans sin condiciones abusivas;
• Combatiendo los prejuicios contra las personas LGBTI mediante el diálogo, la educación pública y la formación;
• Garantizando que las personas LGBTI sean consultadas y participen en la elaboración, aplicación y seguimiento de leyes, políticas y programas que les afecten, incluyendo iniciativas humanitarias y de desarrollo.

Las personas LGBTI se enfrentan a una discriminación y exclusión generalizada en todos los ámbitos, incluyendo formas múltiples de discriminación en base a factores como el sexo, la raza, la etnia, la edad, la religión, la pobreza, la migración, la discapacidad y el estado de salud. Los/as niños/as se enfrentan al acoso escolar, a la discriminación o a la expulsión de las escuelas por su orientación sexual o identidad de género, ya sean reales o percibidos, o por la de sus padres o madres. Entre las/os jóvenes LGBTI rechazados por sus familias existen unos alarmantes niveles de suicidio, falta de vivienda e inseguridad alimentaria. La discriminación y la violencia contribuyen a la marginalización de las personas LGBTI y a su vulnerabilidad frente a enfermedades, incluyendo la infección por el VIH, y al mismo tiempo se les niega asistencia sanitaria y se mantienen actitudes discriminatorias y de patologización contra ellos/as, tanto en el ámbito de la salud como en otros. A las personas trans se les suele negar el reconocimiento legal del género en el que se identifican y enfrentan condiciones abusivas, como esterilizaciones, tratamientos o el divorcio con carácter forzoso para obtenerlo, por lo cual sufren situaciones de exclusión y marginalización. La exclusión de personas LGBTI de la elaboración, aplicación y seguimiento de las leyes y políticas que les afectan perpetúa su marginalización social y económica.

APOYO DE LAS NACIONES UNIDAS

Nuestras organizaciones están dispuestas a apoyar y ayudar a los Estados miembros y a otras partes interesadas a la hora de asumir los retos que se destacan en la presente declaración, como por ejemplo cambios constitucionales, legislativos y de políticas, el refuerzo de las instituciones nacionales, medidas en la educación y la formación y en otras iniciativas que busquen respetar, proteger, promover y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas LGTBI.

[1] Si bien la presente declaración hace referencia a personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, debe entenderse también que engloba al resto de personas que se enfrentan a situaciones de violencia y discriminación por su orientación sexual, identidad de género y caracteres sexuales, sean aparentes o reales, y a aquellas personas que se puedan identificar con otros términos.

Con el fin de respaldar la capacidad de los países de integrar los derechos humanos en sus enfoques de Acción acelerada para los programas del VIH, ONUSIDA y la Alliance Nationale Contre le Sida (ANCS) de Senegal celebraron un taller de capacitación de tres días en Dakar del 22 al 24 de junio de 2015.

El taller destacó las continuas dificultades políticas, jurídicas, culturales, sociales y programáticas que obstaculizan los esfuerzos por abordar la epidemia de VIH. Los participantes señalaron que los programas existentes para subsanar estas dificultades en los países de África Occidental y Central siguen siendo claramente insuficientes e inadecuados.

De acuerdo con los participantes, los derechos humanos y la igualdad de género, así como la implicación de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave se citan a menudo en los documentos de planificación sobre el VIH. Aun así, rara vez se traducen en programas específicos sobre los derechos humanos. Y cuando estos programas se incluyen en los documentos de planificación nacional del VIH, estos no se abordan en la fase de costes y presupuestos, existen pocas medidas para realizar un seguimiento del progreso y, cuando se implantan, con frecuencia los programas no se evalúan ni se potencian.

Participantes

El taller reunió a más de 50 participantes de 10 países de África Occidental y Central: Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Ghana, Guinea Bissau, Malí, Nigeria y Senegal.

Los participantes eran responsables de la toma de decisiones y expertos técnicos implicados en la planificación estratégica del VIH a nivel nacional, funcionarios de comisiones nacionales contra el sida, ministros de Sanidad y Justicia, personas que viven con el VIH y otras poblaciones clave y organizaciones comunitarias. En el taller también participó una gran variedad de socios técnicos y de otro tipo, como el PNUD, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Alianza Internacional contra el VIH/Sida y el Centro de Apoyo Técnico para África Occidental y Central.

Este taller fue el séptimo y último de una serie de talleres regionales celebrados desde 2011 con el apoyo de la Fundación Ford.

Principales mensajes

• Los participantes recalcaron la importancia del taller para destacar enfoques y herramientas que garanticen la inclusión de programas que hagan avanzar los derechos humanos y la igualdad de género.

• El taller condujo a la elaboración por parte de los equipos de cada país de un plan de acción nacional con compromisos específicos para la integración de programas sobre derechos humanos y género en su respuesta nacional al sida que indiquen claramente los socios y los plazos de puesta en práctica.

• La reunión concluyó con el desarrollo y la aprobación de la "Declaración de Dakar sobre la ampliación de la respuesta al VIH, el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso completo a los servicios para todo el mundo en África Occidental y Central" en la que los participantes se comprometieron a cumplir acciones específicas en sus respectivos países para hacer avanzar programas basados en los derechos y en datos en las respuestas nacionales al VIH.

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