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La epidemia de sida ha planteado retos nuevos y complejos en el ámbito jurídico y de los derechos humanos que han contribuido a que las resoluciones jurídicas para cuestiones relacionadas con el VIH se hayan convertido en parte de la jurisprudencia de muchos países. Mediante la interpretación de las constituciones nacionales, la legislación y los tratados internacionales de derechos humanos, el poder judicial ha conseguido en ocasiones repercutir positivamente en la respuesta nacional al VIH y en su percepción pública.

Este tipo de jurisprudencia habilitante ha surgido en países tan diversos como Australia, Botswana, Brasil, India, Irán, Kenya, Namibia, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos de América y Venezuela, e incluye sentencias en ámbitos como el derecho laboral,  el acceso a la educación, seguros médicos, tratamiento en las prisiones, segregación, confidencialidad, acceso a los medicamentos y derechos de los reclusos. Aplicando la legislación en función de las pruebas y de manera contrastada y protectora, el poder judicial puede crear el tipo de entorno jurídico y social necesario para detener y reducir la epidemia de sida, ofrecer acceso a la justicia a los afectados, y cumplir los compromisos nacionales para alcanzar el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH.

Más allá de los tribunales, los miembros del poder judicial son líderes en sus comunidades y sociedades y deberían implicarse en la respuesta al VIH. Su postura, actitudes y conductas en torno a los temas relacionados con el VIH, a las personas seropositivas y a los miembros de las poblaciones más expuestas al riesgo de infección pueden ayudar a definir la actitud social hacia estas poblaciones.

Los miembros del poder judicial pueden retar al estigma y a las prácticas discriminatorias que sufren estas personas tanto en los tribunales como en la comunidad en general

Sin embargo, en el área de cuestiones jurídicas, médicas y legales, que evoluciona con rapidez, los jueces han tenido pocas oportunidades de analizar los avances epidemiológicos y científicos. Tampoco se ha explorado debidamente el papel de los miembros del poder judicial como agentes de justicia y protectores de los derechos humanos, ni se ha utilizado para hacer frente a la vulnerabilidad al VIH y garantizar la protección de los derechos humanos para todos en el contexto de la epidemia.

Reconociendo el papel potencial y actual del poder judicial en la repuesta al sida, ONUSIDA se ha comprometido a ofrecer asistencia en las siguientes áreas:

• Ofrecer oportunidades para que el poder judicial pueda recibir una educación continua y mantener diálogos sobre los últimos avances en la respuesta al VIH y sus implicaciones jurídicas.
• Ayudar a los jueces a conseguir que los tribunales sean más accesibles para todas las personas afectadas por el VIH.
• Estimular un entorno normalizado que respete los derechos humanos y se fundamente en pruebas sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el VIH y los derechos humanos por y para los miembros del poder judicial.
• Crear oportunidades para que los miembros del poder judicial puedan interactuar con las partes interesadas en la respuesta al VIH, incluidas personas que viven con el VIH, mujeres afectadas por el virus y miembros de las comunidades más expuestas al riesgo de infección.

El apoyo de ONUSIDA al liderazgo del poder judicial se guía por su compromiso de trabajar con los principales actores nacionales e internacionales para eliminar las “leyes punitivas, políticas, prácticas, estigma y discriminación que bloquean las respuestas efectivas al sida”, como se indica en el Marco de resultados del ONUSIDA de 2009 a 2011.

ONUSIDA ve a los miembros del poder judicial como partes esenciales a la hora de apoyar y reforzar un entorno de protección jurídica para la respuesta al VIH.

Según Susan Timberlake, asesora de ONUSIDA sobre derechos humanos y legislación,  “Mediante los tribunales, los jueces pueden defender la no discriminación basada en el estado respecto al VIH, proteger a las poblaciones clave de la violencia y la exclusión de los servicios, y acabar con las leyes opresivas que violan los derechos humanos en el contexto de la epidemia”.
Como parte de los esfuerzos de implicar al poder judicial en la respuesta al sida, en diciembre de 2009 se celebró una reunión sin precedentes de eminentes juristas africanos en Johannesburgo, Sudáfrica, para dialogar sobre el VIH y la legislación en el siglo XXI.