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El director ejecutivo del ONUSIDA, Michel Sidibé, habló en la ceremonia inaugural de la consulta de alto nivel sobre las leyes y los derechos humanos relacionados con el VIH en Dakar, Senegal.

Los ministros de justicia y jueces de África occidental y central celebraron una consulta de alto nivel sobre leyes y derechos humanos relacionados con el VIH del 6 al 8 de febrero en Dakar, Senegal. El objetivo de la reunión era intensificar el compromiso de los funcionarios judiciales en respuesta al VIH a nivel nacional.

El 80 por ciento de los países de África occidental y central poseen leyes que consideran que la transmisión del VIH, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o la profesión del sexo constituyen un delito. En toda la región, las personas que viven con el VIH sufren el estigma y la discriminación en el acceso al empleo, la educación, y los servicios sanitarios y sociales. En muchos países, quienes viven con el VIH y las principales poblaciones que corren mayor riesgo de exposición al VIH (incluso profesionales del sexo y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres) cuentan con acceso limitado al apoyo jurídico cuando ocurren injusticias.

“Las leyes deben favorecer y no luchar en contra de la respuesta al sida. Nunca deberían obstaculizar la salud o la sobrevivencia de ningún individuo”, comentó el director ejecutivo del ONUSIDA, Michel Sidibé, en su discurso de apertura en la reunión de consulta. “Realmente debemos atender la discriminación y la injusticia relacionadas con el sida”, agregó. El Sr. Sidibé instó a los ministros de justicia a que fundamentaran sus leyes en lo que respalda la ciencia y a que garantizaran que todos tengan igualdad de acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH.

“Ya no podemos dejar de tener en cuenta que la ley es un instrumento para combatir el VIH”, señaló el ministro de justicia de Senegal, Cheikh Tidiane Sy, al destacar que la epidemia había generado temas jurídicos y de derechos humanos complejos en la jurisprudencia de los países de toda la región. El Sr. Sy subrayó que los funcionarios judiciales no deben limitarse a dictaminar en un tribunal de justicia. “Es igualmente importante que los magistrados participen en actividades que aumenten el conocimiento de la población acerca de las leyes y se aseguren de que tenga acceso a la justicia”, comentó.

La consulta, organizada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación Africana de las Altas Jurisdicciones Francófonas (AA-HJF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ofreció una oportunidad para dialogar sobre una variedad de sentencias, instrumentos jurídicos e iniciativas de los países relacionadas con el VIH. La reunión también sirvió de foro para los individuos afectados directamente por las leyes sobre el VIH, entre ellos, personas que viven con el VIH, para que compartieran sus experiencias y perspectivas.

Al dirigirse a los asistentes el domingo, Jeanne Gapiya Niyonzima, una mujer seropositiva y presidenta de la Asociación Burundesa de Personas que Viven con el VIH, recordó a los presentes la forma en que su médico ordenó inmediatamente la interrupción de su embarazo y la extracción de su útero cuando supo sobre su estado seropositivo tras la prueba de detección del VIH. “En función de magistrados, uno aprecia la gravedad de esta tipo de agresión contra la integridad física y social del ser humano”, indicó la Srta. Niyonzima. “Si fracasamos en ofrecer un entorno social y jurídico favorable, corremos el riesgo de perder todos los adelantos en la respuesta al VIH”, añadió.

Los funcionarios judiciales pueden cumplir una función crucial en la protección de los derechos humanos y el avance de la respuesta al VIH. Por ejemplo, en Burkina Faso, donde alrededor de 1,2 por ciento de la población adulta vive con el VIH, el programa comunitario del PNUD conocido como Programme d’appui au monde associatif et communautaire (PAMAC) colabora con otras organizaciones sin fines de lucro y David Kaboré (un juez y defensor de derechos humanos) para llevar a cabo un proyecto de enseñanza de conocimientos jurídicos a fin de promover y salvaguardar los derechos de las personas que viven con el VIH. El proyecto iniciado en 2003 ofrece asesoramiento jurídico gratuito y confidencial a personas que viven con el VIH y ha cumplido una función esencial al destacar y atender casos de discriminación relacionada con el VIH en el país.

Alrededor del mundo, muchos países aún tienen leyes o políticas que socavan la respuesta al VIH y castigan, en lugar de proteger, a la gente necesitada. En 79 países, las relaciones sexuales de común acuerdo entre adultos del mismo sexo se consideran un delito. En más de 100 países, territorios y áreas se considera delictivo algún aspecto de la profesión del sexo. Y en 48 países, territorios o entidades se impone algún tipo de restricción al ingreso, la estadía o residencia de las personas seropositivas a causa de su estado serológico respecto al VIH.

El ONUSIDA promueve las leyes y medidas de protección para asegurar que todas las personas que lo necesiten se beneficien de los programas relacionados con el VIH y tengan acceso a la justicia, independientemente de su estado de salud, sexo, orientación sexual, uso de drogas o participación en la profesión del sexo.

El año pasado, el ONUSIDA y el PNUD pusieron en marcha la Comisión Mundial sobre el VIH y el Derecho (GCHL), la cual agrupó a líderes públicos de muchas regiones y diversas experiencias de vida, al igual que a expertos en leyes, derechos humanos y el VIH. La Comisión dirigida por el PNUD trabaja para asegurar que las leyes respalden respuestas al sida que sean eficaces.