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La declaración conjunta pide reemplazar los centros obligatorios de detención y rehabilitación para drogodependientes por programas controlados y voluntarios en la comunidad, fundados sobre los derechos humanos.

Doce entidades de las Naciones Unidas han emitido una declaración conjunta pidiendo el cierre de los centros obligatorios de detención y rehabilitación para drogodependientes. La existencia de estos centros, que han funcionado durante los últimos 20 años en muchos países, plantea cuestiones sobre los derechos humanos y representa una amenaza para los retenidos, también en aspectos como una mayor vulnerabilidad a la infección por el VIH y la tuberculosis (TB).

En los últimos años, el número de este tipo de centros y de las personas confinadas en ellos ha aumentado. Solamente en Asia se estima que unas 300 000 personas se encuentran retenidas en centros obligatorios de detención y rehabilitación para drogodependientes. Las personas que usan drogas o las sospechosas de hacerlo, las que participan en el comercio sexual y los niños que han sido víctimas de explotación sexual se retienen sin el debido proceso justo para su "tratamiento" o "rehabilitación".

Expertos en derechos humanos, profesionales de la salud, la sociedad civil y las entidades de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación sobre estos centros con el argumento de que violan una amplia gama de derechos humanos y que ponen en peligro la salud de las personas retenidas.

Los términos utilizados para describir los centros obligatorios de detención y rehabilitación para drogodependientes, su fundamento jurídico y su gestión varían entre distintos países. Independientemente de estas diferencias, la situación de los individuos retenidos en estos centros es bastante similar. Por lo general, son arrestados y confinados sin tener derecho a un proceso justo. Las condiciones en los centros obligatorios de detención y rehabilitación para drogodependientes generalmente implican trabajos forzados, golpes, malas condiciones y falta de acceso a servicios sanitarios para la prevención y el tratamiento del VIH y para la drogodependencia. Además, algunos de los retenidos en estos centros son niños menores de 18 años.

Los estados que apoyan estos centros generalmente afirman que son necesarios para tratar la drogodependencia y el comercio sexual. Sin embargo, no hay pruebas de que estos centros representen un ambiente apropiado y eficaz para el tratamiento de la drogodependencia o para la protección y rehabilitación de los retenidos.

En algunos países, las entidades de las Naciones Unidas ya han empezado a trabajar con las autoridades para responder a las preocupaciones expresadas por los centros y para encontrar alternativas.  La declaración conjunta permitirá al sistema de las Naciones Unidas coordinar esfuerzos a escala nacional, regional y mundial para apoyar a los gobiernos en el cierre de estos centros y ayudar a reemplazarlos por programas controlados y voluntarios en la comunidad, fundados sobre los derechos humanos. En las próximas semanas, el personal de la Secretaría de ONUSIDA se reunirá con sus homólogos gubernamentales y con los asociados de la sociedad civil y las Naciones Unidas para encontrar la mejor manera de avanzar en esta cuestión tan importante y urgente.

Las entidades de las Naciones Unidas que han firmado la declaración conjunta sobre de los centros obligatorios de detención y rehabilitación para los drogodependientes son: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA).