Feature Story

Usuarios de drogas en un centro 05 en el distrito de Tien Lang (Ciudad de Hai Phong, Vietnam).
Fotografía: ONUSIDA

Toda trabajadora del sexo en Vietnam vive con un miedo continuo: miedo a contraer el VIH, miedo a ser víctima de la violencia, miedo a la estigmatización y, sobre todo, miedo a los cuerpos de seguridad. Un estudio sobre el trabajo sexual y la migración llevado a cabo por el Gobierno de Vietnam en 2012 reveló que el 50% de las trabajadoras del sexo declaran tener miedo de la policía. Hasta hace unos pocos meses, las detenciones podían suponer el punto de partida para la reclusión en un centro de detención administrativo, conocido como el “05”.

Sin embargo, hace muy poco tiempo, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó una nueva ley sobre la tramitación de las sanciones administrativas que pone fin a la práctica de detener a los trabajadores del sexo en los centros “05”. Esta ley también permite que los usuarios de drogas que estén obligados a seguir un tratamiento en los centros de desintoxicación puedan comparecer ante los tribunales para exponer su caso y dispongan de representación legal ante estos.

“La noticia fue un sueño hecho realidad —comentó Khanh, directora de Peaceful Place, un grupo de autoayuda para las trabajadoras del sexo de Hanoi (Vietnam)—. Yo era usuaria de drogas y ofrecía servicios sexuales. Pasé seis temporadas en centros de detención. Sé lo difícil que es estar dentro y sé también que los centros [de detención] no te impiden usar drogas y seguir ofreciendo servicios sexuales”.

Khanh fue una de las representantes de la comunidad que pudo compartir su experiencia vital y sus necesidades con los miembros del comité de redacción de la nueva ley a principios de 2011 durante un taller de consulta a la comunidad organizado con el apoyo de ONUSIDA.

Durante la elaboración de la ley, funcionarios y miembros de la Asamblea Nacional también solicitaron una defensa concertada de estas políticas y la asistencia técnica de algunas agencias de Naciones Unidas (ONUSIDA, PNUD, UNICEF, UNODC, OMS y UNFPA) dentro del marco de la iniciativa de Naciones Unidas para Vietnam “Uno”.

“Deseo mostrar todo mi agradecimiento a las Naciones Unidas por su apoyo concertado al Ministerio de Justicia para la elaboración de la ley sobre la tramitación de las sanciones administrativas”, afirmó Nguyen The Lien, viceministro de Justicia y vicepresidente del comité de redacción de la ley. “Las Naciones Unidas presentan una sólida ventaja comparativa a la hora de ofrecer asistencia legal a Vietnam, porque siempre respetan la soberanía del país y su posición prevalente en el desarrollo normativo”, añadió.

Tras la aprobación de la ley, ONUSIDA y otras agencias de Naciones Unidas están ofreciendo su apoyo para la elaboración de la normativa de ejecución y para realizar las adaptaciones necesarias en las políticas existentes al objeto de que pueda aplicarse la ley sobre sanciones administrativas.

El Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales, responsable de la prevención y el control del uso de drogas y el trabajo sexual, está organizando un diálogo nacional sobre las políticas con el que se pretende garantizar una ejecución coherente de las nuevas disposiciones de la ley sobre el trabajo sexual. El Ministerio también está trabajando en un “plan de renovación” para introducir alternativas a la desintoxicación de las drogas en los centros de detención. Estas incluyen la puesta en marcha de centros de tratamiento abiertos, voluntarios y respetuosos con los usuarios que funcionen siguiendo un enfoque de tratamiento “basado en la comunidad”, es decir, un modelo de tratamiento que ofrezca servicios sociales y profesionales, incluidos el apoyo psicológico y el seguimiento posterior, junto con servicios para el tratamiento de las drogas, como la desintoxicación, los tratamientos de sustitución de opiáceos y la prevención de las recaídas.

“Gracias al cierre de los centros de detención administrativa para los trabajadores del sexo y el cambio de los centros de desintoxicación de drogas cerrados y obligatorios por servicios de tratamiento abiertos y basados en la comunidad, podemos contribuir en gran medida a mejorar los servicios de prevención del VIH para quienes presentan mayores riesgos de contraer el VIH en Vietnam. Esto hará que aumente la eficacia de la respuesta nacional al VIH”, afirmó Tony Lisle, coordinador de ONUSIDA en Vietnam.

Según los datos de 2011 de los puestos centinela para la vigilancia del VIH, la prevalencia del VIH entre los hombres usuarios de drogas inyectables y las trabajadoras del sexo era del 13,4 y el 3% respectivamente. Otro estudio exhaustivo estimaba que la prevalencia del VIH entre los hombres que se inyectaban drogas en Ciudad Ho Chi Minh era del 48%, y del 20% entre los trabajadores del sexo de Hanoi, la capital de Vietnam.

“Deseo alabar la labor del Gobierno y de la Asamblea Nacional por esta importante medida. Traerá beneficios tangibles para las vidas de muchos vietnamitas”, afirmó la Sra. Pratibha Mehta, coordinadora residente de Naciones Unidas en Vietnam. “Las Naciones Unidas esperan que la Asamblea Nacional también revise el uso de los centros de detención administrativa para los usuarios de drogas siguiendo una perspectiva similar”, añadió.

Durante la segunda consulta regional sobre los centros obligatorios para los usuarios de drogas en Asia y el Pacífico, celebrada entre el 1 y el 3 de octubre en Kuala Lumpur (Malasia), se examinó a conciencia la normativa vietnamita, junto con otras prácticas recomendadas en la región.

La consulta fue organizada por la UNODC, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de Naciones Unidas, y ONUSIDA, e hizo las veces de anfitriona la Agencia Nacional Antidroga del Gobierno de Malasia. En ella se reunieron altos funcionarios de Vietnam, Malasia y otros siete países de Asia oriental y el Sureste asiático. Los participantes compartieron su conocimiento práctico sobre el modo en que debe avanzarse en el desarrollo del marco normativo hasta llegar a unos programas de tratamiento voluntarios y basados en la comunidad como alternativa al modelo de detención obligatoria.

Al cierre de la consulta, los nueve países asistentes acordaron reducir el número de centros de detención obligatoria operativos y el número de personas detenidas en dichos centros, al ritmo que decida cada país. “Estamos encantados con el gran interés mostrado por los países de la región por avanzar, aunque a distintas velocidades, hacia el objetivo de un tratamiento voluntario y basado en la comunidad”, aseguró Gary Lewis, representante regional de la UNODC para Asia Oriental y el Pacífico. Añadió a continuación: “Esto supone un gran paso adelante”.

En marzo de 2012, 12 agencias y entidades de Naciones Unidas publicaron una revolucionaria declaración conjunta en la que llamaban a sus Estados miembros a cerrar los centros obligatorios de rehabilitación y detención por drogas, subrayando los problemas asociados a dichos centros, como una mayor vulnerabilidad al VIH y la tuberculosis, la falta de garantías legales suficientes y escasas posibilidades de defensa ante los tribunales.