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Con frecuencia, a los niños con discapacidad se les niega el acceso a la salud y la educación y esto tiene un efecto perjudicial sobre la sociedad en su conjunto.
Fotografía: UNICEF/Marco Dormino

La marginalización de los niños con discapacidad en ámbitos críticos como la salud y la educación no solo tiene consecuencias perjudiciales para los propios jóvenes, sino también para la comunidad en general, según un informe histórico de UNICEF publicado el 30 de mayo.

El Estado Mundial de la Infancia 2013: Niños y niñas con discapacidad sostiene que los niños con discapacidad tienen menor probabilidad de recibir atención sanitaria o de ir al colegio. También tienen mayor probabilidad de enfrentarse a la explotación y la desatención. El informe sugiere que esto es así porque con demasiada frecuencia se reduce a los niños con discapacidad a dicha discapacidad y no se ven como personas a las que se debe dar las mismas oportunidades para prosperar que a cualquier otra.

"Ver la discapacidad antes que al niño no solo es malo para el niño, sino que priva a la sociedad de todo lo que ese niño tiene que ofrecer", dijo el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake. "Su pérdida es la pérdida de la sociedad; sus logros son los logros de la sociedad".

El VIH proporciona un ejemplo destacado de cómo los jóvenes con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales pueden ser marginalizados, subestimados y excluidos de los programas. El informe argumenta que si la carga del virus aumenta en cualquier grupo, esto tiene implicaciones negativas para la sociedad en su conjunto, en particular en términos de reducción del desarrollo y aumento del gasto.

A menudo se considera que los niños con discapacidad son sexualmente inactivos y que, por tanto, no necesitan servicios de prevención del VIH. Muchos no reciben ninguna información sobre la pubertad ni sobre cómo cambian y se desarrollan sus cuerpos. También puede haber problemas debido a una mayor incapacidad de establecer límites para el contacto sexual con otras personas.

Además, un porcentaje significativo de personas con discapacidad de todas las edades experimentan abusos sexuales durantes su vida, especialmente las mujeres y las niñas y las internadas en instituciones especializadas, escuelas y hospitales. Su vulnerabilidad al VIH en estas circunstancias se ve, por tanto, sustancialmente incrementada.

El tratamiento, la realización de pruebas y los servicios de asesoramiento sobre el VIH pueden ser de difícil acceso para las personas con discapacidad o no proporcionar formatos fáciles de usar, como el Braille. Los profesionales sanitarios rara vez están formados para tratar con dichos niños y adolescentes y pueden incluso mostrar actitudes estigmatizantes.

El Estado Mundial de la Infancia establece diversas recomendaciones para intentar asegurar que los niños con discapacidades se incluyan en una amplia gama de esferas sociales, económicas y culturales de manera que participen en el desarrollo global.

Una recomendación importante implica llenar la considerable carencia de información relativa a los niños con discapacidad. Pocos países saben cuántos ciudadanos tienen discapacidad, qué discapacidad tienen y que grado de provisión de servicios necesitan, lo que hace muy difícil satisfacer dichas necesidades.

El informe también destaca la necesidad de eliminar obstáculos para la inclusión, de modo que entornos como colegios, instalaciones sanitarias y transporte público fomenten la participación de niños con discapacidad junto a sus iguales y sin discriminación. También se puede ayudar a las familias a cubrir el aumento de los costes de vida y la pérdida de oportunidades de obtención de ingresos asociadas a menudo con la atención a los niños afectados. También sostiene que es importante asegurar que los niños y adolescentes estén implicados en el diseño y la puesta en práctica de programas y servicios a fin de que puedan participar como agentes activos de cambio.

Por último, el informe hace un llamamiento a los países para que ratifiquen y pongan en marcha compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Alrededor de dos tercios de ellos han ratificado el primero, pero para muchas personas, la puesta en práctica sigue siendo lenta.