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Algunos de los principales obstáculos que impiden el acceso a los servicios sanitarios a muchas personas son las leyes, políticas y prácticas discriminatorias existentes, así como las actitudes negativas entre los profesionales del sector.

Esta es una de las principales conclusiones a las que se llegó tras el debate organizado por ONUSIDA el 11 de marzo, cuyo objetivo era investigar cómo afectan las barreras discriminatorias en los servicios de salud a distintos grupos de población. Entre estos, se encuentran las personas que viven con el VIH, los migrantes indocumentandos, las personas transgénero y las personas con discapacidad.

Para los migrantes, la discriminación empieza a menudo en el momento de su partida, cuando la normativa previa a la salida del país puede incluir pruebas obligatorias del VIH, de embarazo u otros procedimientos sanitarios. En ocasiones, para evitar dichas pruebas, optan por canales de migración irregulares, de forma que se acaban convirtiendo en personas indocumentadas y sin acceso a los servicios sanitarios.

En lo que respecta a las personas transgénero, la discriminación está establecida por la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, que considera dicho término como una enfermedad mental. En muchos países —entre los que se encuentran más de 20 países europeos—, la esterilización es obligatoria antes de someterse a una operación de cambio de sexo con el fin de cambiar la identidad de género.

Mauro Cabral, miembro de la GATE (Acción Global para la Igualdad Trans) destacó, en referencia a la posible falta de comprensión de las cuestiones trans entre los profesionales sanitarios, que "la ignorancia ya no podía servir como excusa. Los médicos tienen que respetar y no juzgar a los pacientes".

Otra barrera frecuente que se identificó fue el hecho de que la población en general de muchos países considera que los recursos que se invierten en servicios sanitarios se "malgastan" en estos grupos, que gran parte de la sociedad considera "menos merecedores" de recibirlos.

Asimismo, se hizo especial hincapié en la importancia de llevar a cabo una estrategia de seguimiento y documentación de dicha discriminación para obtener las pruebas necesarias con el fin de afrontar el problema. A este respecto, se destacaron el "Índice de estigma" y el Human Rights Count como herramientas que se habían utilizado con éxito para controlar la discriminación hacia las personas que viven con el VIH. El Human Rights Count, por ejemplo, reveló la práctica de esterilizaciones involuntarias entre mujeres que viven con el VIH.

"Cuando se da a las comunidades el lugar y la oportunidad de comprometerse en el control de los derechos humanos, se pueden identificar y abordar los verdaderos obstáculos que impiden a las personas el acceso a los servicios sanitarios", dijo Chris Malloruris, asesor sobre movilización comunitaria de ONUSIDA. "Tenemos que asegurarnos de que los esfuerzos para afrontar la discriminación se centren en las comunidades. Estas tienen que estar ahí, como asociados al mismo nivel", añadió.

La mesa redonda concluyó con un solemne reconocimiento del largo camino que queda por delante para conseguir la cero discriminación. Los participantes reconocieron que se deben ampliar las acciones para superar las barreras en los servicios sanitarios y que no se debe dejar atrás a nadie si se quieren alcanzar los objetivos de salud mundiales.