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Para poner fin a la epidemia de sida para 2030, la respuesta mundial al VIH no debe olvidarse de nadie, ni siquiera de las personas que se inyectan drogas. Requiere unas políticas sobre drogas y unos servicios de prevención, tratamiento, atención y ayuda relacionados con el VIH que se ajusten tanto los derechos humanos como a las necesidades sanitarias de las personas que se inyectan drogas.

Las estimaciones muestran que en todo el mundo hay aproximadamente 12 millones de personas que se inyectan drogas, 1,6 millones (14 %) de las cuales viven con el VIH y 6 millones (50 %) con hepatitis C. La prevalencia del VIH entre las mujeres que se inyectan drogas con frecuencia es superior a la de sus iguales masculinos. ONUSIDA calcula que 140 000 personas que se inyectan drogas se infectaron por el VIH en 2014 en todo el mundo y que no ha habido un descenso en la cifra anual de nuevas infecciones por el VIH entre las personas que se inyectan drogas entre 2010 y 2014.     

El informe de ONUSIDA Do no harm: health, human rights and people who use drugs (No hacer daño: salud, derechos humanos y personas que consumen drogas) muestra que tener leyes y políticas que no perjudiquen a las personas que consumen drogas y aumentar las inversiones en programas y servicios de reducción del daño se traduce en un descenso de las nuevas infecciones por el VIH y una mejora de los resultados en materia de salud y ofrece unos beneficios sociales más amplios. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA recomiendan utilizar estos programas y servicios como un paquete integral, como se señala en las directrices consolidadas de la OMS sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención en materia del VIH para las poblaciones clave.

La reducción del daño funciona

Los datos son abrumadores: la reducción del daño funciona. La terapia de sustitución de opiáceos se ha asociado a una reducción del 54 % en el riesgo de infección por el VIH entre las personas que se inyectan drogas y se ha demostrado que reduce el riesgo de infección por hepatitis C, aumenta el cumplimiento del tratamiento antirretrovírico contra el VIH, disminuye los gastos sanitarios adicionales y reduce el riesgo de sobredosis con opiáceos en casi un 90 %.

En Australia, 10 años de programas de agujas y jeringas han reducido el número de casos de VIH en hasta un 70 % y disminuido la cifra de casos de hepatitis C en hasta un 43 %. 

Los datos también son claros acerca de que las leyes y las políticas que dificultan el acceso a los servicios sanitarios a las personas que usan drogas no funcionan. Por ejemplo, la vigilancia policial de los centros de asistencia sanitaria y los servicios de reducción del daño disuaden a las personas que se inyectan drogas de acceder a ellos.

"Acelerar la respuesta al sida exige el fomento de los derechos de las personas que usan drogas de acceder a servicios de reducción del daño contra el VIH fundamentados en pruebas y de gran calidad y la eliminación de los obstáculos para acceder a estos servicios", afirma Aldo Lale-Demoz, director ejecutivo adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Contar con leyes que ofrezcan alternativas a la persecución y el encarcelamiento por el consumo y la posesión de drogas para el uso personal reduce los efectos dañinos en la salud asociados al consumo de drogas y no se traduce en un aumento de este consumo.

Los programas de reducción del daño dirigidos por la comunidad pueden llegar a las personas que se inyectan drogas con el intercambio de agujas y jeringas y otros servicios y ponerlas en contacto con los servicios de pruebas de detección, tratamiento y atención para las personas que viven con el VIH. En Pakistán, por ejemplo, el Nai Zindagi Trust, un programa de divulgación dirigido por iguales, funciona desde hace 25 años y llega a unas 13 000 personas que viven en la calle y se inyectan drogas gracias a más de 600 educadores entre iguales cualificados.

El problema de la inversión

A pesar de la gran cantidad de datos, sin embargo, solo 80 de los 158 países en los que se ha documentado el consumo de drogas tienen al menos un centro que ofrezca terapia de sustitución de opiáceos y solo 43 países cuentan con programas en las cárceles. Los programas de agujas y jeringas únicamente existen en 90 países y solo 12 países suministran el umbral recomendado de 200 agujas estériles por persona que se inyecta drogas al año.

La combinación de la falta de disponibilidad de servicios de reducción del daño y una cobertura insuficiente, si es que existe, pone en riesgo el avance de la respuesta al VIH. También niega los servicios sanitarios que salvan vidas a millones de personas que se inyectan drogas. 

"Cuando se trata de personas que usan drogas, los datos son necesarios, pero insuficientes, para catalizar los compromisos necesarios de gobiernos y donantes. La reducción del daño es una tecnología de prevención del VIH que claramente funciona, que las personas necesitadas desean y que cuesta poco. La desinversión no tiene sentido ni moral ni científico", afirma Daniel Wolfe, de la Open Society Foundations.

Las inversiones actuales en servicios de reducción del daño son insuficientes. Y el mantenimiento del nivel actual no basta para poner fin a la epidemia de sida para 2030 y satisfacer los compromisos adquiridos en la Declaración Política para Poner Fin al Sida 2016. La mayoría de las personas que se inyectan drogas viven en países de ingresos medios y altos, aunque las actuales políticas de donación desvían la ayuda internacional fuera de los países de ingresos medios, lo que pone en peligro la continuación de los servicios existentes y crea el riesgo de reversión de los éxitos logrados hasta la fecha.

Se espera que los gobiernos de los países afectados, la reposición exitosa del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y las nuevas iniciativas, como el Fondo de Inversión para Poblaciones Clave, contribuyan de forma importante al aumento de los programas fundamentados en datos para las personas que se inyectan drogas.

"Las personas que se inyectan drogas se encuentran entre aquellas que la respuesta mundial al VIH ha dejado más olvidadas", dice Mauro Guarinieri, del Fondo Mundial. "Debemos reconocer que el grado de criminalización, discriminación y violencia al que se enfrentan las personas que consumen drogas solo puede dar como resultado el aumento de las conductas de riesgo que les excluyen de los sistemas de ayuda social y sanitaria que necesitan. Debemos avanzar hacia el tratamiento universal para todas las personas, incluidas las que consumen drogas, como seres humanos que son".