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Los programas de reducción del daño están salvando vidas entre las personas que se inyectan drogas. Desgraciadamente, no todos los que necesitan estos servicios pueden acceder a ellos. ONUSIDA ha realizado una serie de vídeos para concienciar sobre la reducción del daño y reclamar que se pongan en marcha servicios de reducción del daño para todo aquel que los necesite.

Las personas que se inyectan drogas están entre las poblaciones clave de mayor riesgo de contraer o transmitir el VIH. Y, sin embargo, también son los que tienen menos acceso a los servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH, porque se les estigmatiza y criminaliza por consumir drogas.

Las estimaciones muestran que hay aproximadamente 12 millones de personas que se inyectan drogas en todo el mundo, de las cuales 1,6 (14%) millones viven con el VIH y 6 millones (50%) con hepatitis C. La prevalencia del VIH en las mujeres que se inyectan drogas es a menudo mayor que entre los hombres. ONUSIDA estima que en 2014 hubo 140 000 nuevas infecciones entre las personas que se inyectan drogas en todo el mundo, lo que significa que el número de infecciones al año entre estas personas no bajó con respecto a los datos de 2010 a 2014.

Las herramientas y estrategias necesarias para mejorar la salud y las vidas de las personas que usan drogas son harto conocidas y perfectamente factibles. Los programas de suministro de agujas y jeringuillas reducen la propagación del VIH, la hepatitis C y otros virus transmitidos por la sangre. La terapia de sustitución de opiáceos y otros tratamientos contra la dependencia de las drogas fundamentados en pruebas ponen freno al consumo de drogas, reducen la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas y mejoran la respuesta de los servicios sociales y sanitarios.

Las pruebas no dejan lugar a dudas: la reducción del daño funciona. La terapia de sustitución de opiáceos se relaciona con una reducción del 54% en el riesgo de infección por el VIH en las personas que se inyectan drogas y se ha demostrado que reduce el riesgo de infección por hepatitis C, que aumenta el cumplimiento del tratamiento antirretrovírico contra el VIH, que disminuye los gastos sanitarios imprevistos y que reduce el riesgo de sobredosis por opiáceos en casi el 90%.

En Australia, tras 10 años de programas de suministro de agujas y jeringuillas, se han reducido el número de casos de VIH hasta en el 70% y los de hepatitis C hasta en un 43%.  

También es evidente que las leyes y las políticas que dificultan el acceso a los servicios sanitarios para las personas que consumen drogas no funcionan. Por ejemplo, la vigilancia policial en aquellos centros que prestan servicios sanitarios y de reducción del daño disuade a las personas que se inyectan drogas de acceder a dichos servicios.

Las leyes que ofrecen respuestas alternativas al procesamiento judicial y el encarcelamiento para el uso y la tenencia de drogas para consumo personal reducen el perjuicio para la salud asociado con el consumo de drogas, y no dan lugar a un aumento en el mismo.

Los programas de reducción del daño dirigidos por la comunidad pueden hacer llegar a las personas que se inyectan drogas, entre otros servicios, el de suministro de agujas y jeringuillas, y facilitan a las personas que viven con el VIH el acceso a las pruebas, el tratamiento y la asistencia. En Pakistán, por ejemplo, Nai Zindagi Trust, un programa cooperativo de divulgación, lleva en marcha 25 años y llega a cerca de 13 000 personas de la calle que se inyectan drogas a través de más de 600 educadores de la comunidad cualificados.

No obstante, y a pesar de las numerosas pruebas, solo 80 de los 158 países en los que se ha documentado el consumo de drogas inyectables dispone de por lo menos un centro en el que se ofrezca tratamiento de sustitución de opiáceos, y solo 43 países disponen de programas en las cárceles. Solo hay programas de suministro de agujas y jeringuillas en 90 países, y únicamente 12 proporcionan el mínimo recomendado de 200 agujas estériles por persona y año.

La ausencia de servicios de reducción del daño y, en los casos en los que sí que existen, la cobertura inadecuada, comprometen los avances conseguidos en la respuesta al VIH. También impiden que a millones de personas que se inyectan drogas se les presten servicios sanitarios que podrían salvar sus vidas.