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Aunque el propósito de las leyes sobre la edad de consentimiento en relación con los servicios médicos es proteger a los niños, en la práctica, favorecen lo contrario, ya que alejan a los adolescentes de los servicios que necesitan para mantenerse sanos.

Las leyes sobre la edad de consentimiento para servicios médicos requieren que los menores de 18 años obtengan un permiso de sus padres o de un tutor legal antes de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, a las pruebas y al tratamiento para el VIH, a la profilaxis previa a la exposición y otros servicios sanitarios. Estas leyes afectan especialmente a las adolescentes, cuya sexualidad tiende a estar estigmatizada y que sufren las cargas físicas y sociales de los embarazos no deseados.

En 2017, 78 de los 110 países que presentaron informes manifestaron que requieren el consentimiento paterno para los menores de 18 años a la hora de acceder a las pruebas del VIH, y 61 de 109 países precisan este consentimiento para el tratamiento contra el VIH. Además, en 68 de 108 países es necesario para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.