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«En todo el mundo los trabajadores sexuales están 13 veces más en riesgo de ser VIH positivos que la población general. Pero en Australia, donde el trabajo sexual está descriminalizado, nosotros tenemos la misma tasa de infección que el resto de la población general. Esto es precisamente lo que demuestra la importancia que tiene el entorno legal», señala Jules Kim, presidente de la Scarlet Alliance, la asociación australiana de trabajadores sexuales.

El Consejo de los derechos humanos examinó por primera vez la cuestión del sida y de los derechos humanos hace 29 años, en 1990. Desde entonces, se ha mantenido resoluto afirmando que el progreso en la respuesta a la epidemia de sida es inseparable del progreso en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Hoy en día, mientras este Consejo debate nuevas recomendaciones con relación a los derechos humanos y el VIH, su trabajo se presenta más importante que nunca.

Un total de 48 países y territorios todavía mantienen restricciones de viaje a las personas que viven con el VIH. Una de cada cinco personas que viven con el VIH dicen que se le ha negado la atención sanitaria debido a su estado serológico y, en muchas partes del mundo, las personas consumidoras de drogas y los trabajadores sexuales viven con miedo a ser arrestados por estar en posesión de jeringuillas limpias o preservativos.

Las chicas adolescentes y las mujeres jóvenes están entre las personas más afectadas por la falta de respeto a sus derechos. En 2017, un 79 % de las nuevas infecciones entre personas jóvenes de 10 a 19 años en África oriental y meridional tuvo lugar entre mujeres. Las desigualdades y las barreras institucionales aumentan las vulnerabilidades y reducen el acceso a los servicios. Las personas jóvenes en 45 países son incapaces de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva o a los servicios relacionados con las pruebas del VIH sin el permiso de sus padres.

En una reunión paralela a la 41.ª sesión del Consejo de los derechos humanos, convocada por Brasil, Colombia, Mozambique, Portugal y Tailandia, la directora ejecutiva adjunta de ONUSIDA, Shannon Hader, instó a los países a derribar las barreras que impedían a la gente acceder a los servicios esenciales. «Han pasado cuatro años desde que el mundo se comprometiera a poner fin a la epidemia de sida para 2030 y tres años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración política de alto nivel para poner fin al sida, la cual incluía el compromiso a eliminar las barreras de los derechos humanos para 2020. Disponemos de menos de dos años para cumplir esa promesa».

Este acontecimiento marca la presentación de un informe y de las recomendaciones en materia de VIH y derechos humanos presentadas por Michelle Bachelet al Consejo de los derechos humanos el 1 de julio. El informe, que resulta de las consultas celebradas con la sociedad civil, expertos, Gobiernos, y mandatarios de las Naciones Unidas el pasado mes de febrero, incluye ejemplos de buenas prácticas, como la formación de trabajadores sanitarios para erradicar el estigma y la discriminación, descriminalizar el consumo de drogas y la actividad sexual con personas del mismo sexo, leyes modelo en materia de VIH, formación de jueces y abogados, abogacía de la sociedad civil y oportunidades de financiación internacional específicas para los programas relacionados con los derechos humanos.

«No podemos abordar las dimensiones de los derechos humanos respecto del VIH sin la sociedad civil, la cual desempeña un papel fundamental», afirmó Rui Macieira, embajador de Portugal para las Naciones Unidas en Ginebra.

«La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un programa importante para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el asociacionismo. Para no dejar a nadie atrás. Los Estados deberían incrementar sus esfuerzos para llegar a los más marginados», apuntó Peggy Hicks, directora de la División temática para el compromiso, los procedimientos especiales y el derecho al desarrollo de la Oficina del alto comisionado para los derechos humanos.

Los Estados miembros examinarán las recomendaciones que subrayan cómo el reformar las leyes criminales es fundamental para progresar hacia la eliminación del VIH. En este apartado se encuentran las leyes que criminalizan la expresión de género o el sexo consentido entre adultos, incluyéndose aquí el trabajo sexual y las relaciones entre personas del mismo sexo, así como el consumo de drogas. Entre las recomendaciones se hace también una llamada a fortalecer la cooperación regional, subregional e internacional con el fin de apoyar e invertir en programas y servicios que promuevan el derecho a la salud y los derechos de las personas que viven con el VIH. Todo ello es importante en un contexto en el que se recorta la financiación de los donantes para el VIH y los programas sanitarios, también en los nuevos países de ingresos medios.

«Vivo con el VIH, procedo de una comunidad muy pequeña, una barriada en una ciudad de Kenia. Si las recomendaciones de este informe se ponen en marcha en un lugar al que pueda ir andando a diario (un centro sanitario, una comisaría), entonces funcionará y nos proporcionará los servicios que necesitamos y merecemos como un derecho humano fundamental», concluye Lucy Wanjiku, una mujer joven que vive con el VIH.