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Los migrantes, refugiados, las personas desplazadas internas, así como las poblaciones móviles y afectadas por la crisis que viven con el VIH deben tener un acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19, afirmó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las personas en movimiento suelen ser más vulnerables a las enfermedades, como en el caso de la COVID-19 y el VIH. Además, las personas que viven con el VIH o están afectadas por el virus y los migrantes a menudo son víctimas de desigualdades significativas. Con frecuencia se enfrentan a peligros para la salud debido a procesos de migración a veces arriesgados, situaciones de vida deficientes, condiciones de trabajo peligrosas, así como a la falta general de información, el estigma, la discriminación y el aislamiento.  Los migrantes y las personas desplazadas también hacen frente a un gran número de obstáculos administrativos, financieros, geográficos, sociales y culturales para, más allá de las fronteras, poder acceder a la atención sanitaria con regularidad, disponer de una continuidad en la atención y recibir su tratamiento para el VIH.

Durante la pandemia, que creó el contexto ideal para que aumentaran la xenofobia y la discriminación, algunos migrantes que viven con el VIH se enfrentaron a un triple estigma relacionado con (1) un resultado positivo en las pruebas para la detección de la COVID-19, (2) un estado serológico positivo y (3) el hecho de ser migrantes. Y todo ello, demasiado a menudo influyó muy negativamente en su salud mental. En el caso de muchos migrantes y personas desplazadas que viven con el VIH y otras enfermedades autoinmunes, o que corren el riesgo de contraer el VIH, la exposición a dicho riesgo aumentó, mientras que se redujo la disponibilidad de los servicios para el VIH.

«Si realmente queremos acabar con las desigualdades y lograr que la respuesta mundial al VIH siga avanzando con el fin de alcanzar el objetivo para 2030 de acabar con el sida como amenaza para la salud pública, debemos actuar de inmediato para reducir las desigualdades que sufren los migrantes y las poblaciones móviles. Aquí se incluye el acceso total a los servicios de prevención y tratamiento del VIH y a las vacunas contra la COVID-19», afirmó Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, justo antes de la 48.ª reunión de la Junta de Coordinación del ONUSIDA que tendrá lugar la próxima semana en Ginebra (Suiza). En esta reunión se presentará un informe de progreso sobre los servicios para el VIH para las poblaciones migrantes y móviles, así como para los refugiados y las poblaciones afectadas por la crisis.  

«Tanto la respuesta mundial al sida como la respuesta a la COVID-19 están dejando atrás a millones de personas, entre ellas muchos migrantes y personas obligadas a un desplazamiento forzado», destacó el director general de la OIM, António Vitorino. «Ya hemos visto que ignorar las necesidades sanitarias de los grupos marginados puede ser devastador para las comunidades. Juntos, todos los países deben comprometerse a que algo así no vuelva a suceder».

El pasado 8 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración política sobre VIH/sida de 2021, en la cual se menciona específicamente a los migrantes, refugiados y personas desplazadas internas, y se llama a los Gobiernos a garantizar que «el 95 % de las personas que viven con el VIH, están en riesgo de contraerlo o están afectadas por el virus sean protegidas en caso de pandemia, como ahora es la de la COVID-19». Para mitigar y tratar la COVID-19 y el VIH, es fundamental mantener altos estándares de atención sanitaria y protección, así como compartir información difundida y accesible.

La OIM y ONUSIDA instan a los Gobiernos a que, con carácter urgente, tomen medidas concretas con el fin de garantizar que las campañas nacionales de vacunación contra la COVID-19 incluyan a todos los migrantes con comorbilidades como el VIH, de acuerdo con las recomendaciones de priorización de la OMS. Asimismo, les piden hacer todo lo posible por eliminar las barreras, como el estigma y la discriminación, a las que muchos de ellos todavía se enfrentan a la hora de acceder a los servicios sanitarios. 

Las dos organizaciones, las cuales se asociaron formalmente en 2011, están ampliando su ya consolidada alianza para abordar las múltiples formas de exclusión a las que se enfrentan los migrantes, los refugiados, las personas afectadas por crisis y otras poblaciones móviles que viven con el VIH. Ambas se muestran fuertes y preparadas para apoyar a los países en sus esfuerzos por recuperarse de la COVID-19, y para trabajar por hacer realidad el compromiso mundial de acabar con el sida para 2030, a través de programas sanitarios equitativos e inclusivos en línea con los principios de la cobertura sanitaria universal.