Excelencias, distinguidos delegados, compañeros, amigos.

Gracias, presidente de la Asamblea General, Sr. Bozkir; vicesecretaria general, Dña. Amina Mohammed; coorganizadores, embajador Gertze, de Namibia, y embajador Fifield, de Australia. Gracias a todos los Estados miembros. Juntos habéis logrado redactar, negociar y sacar adelante esta declaración política. Precisamente este documento será la base de nuestro trabajo para poner fin a esa pandemia que lleva 40 años arrasando comunidades enteras.

El sida sigue ahí, aún no lo hemos erradicado. Sin duda, es una de las pandemias más letales de la era moderna. Desde el comienzo de la epidemia, el VIH ha conseguido infectar a 77,5 millones de personas. El sida se ha cobrado la vida de casi 35 millones de personas. Cada minuto, una persona muere de sida. ¿Acaso no es eso una emergencia? Las tasas del VIH no siguen la trayectoria que todos juntos prometimos. De hecho, azotados por las negativas consecuencias que la crisis de la COVID-19 ha tenido en la respuesta al sida, hemos visto incluso que la pandemia del VIH ha vuelto a resurgir con más fuerza.

Sin embargo, nuestro destino no puede ser el de una pandemia de sida interminable. Pese a todos los contratiempos que puedan surgir, SÍ podemos acabar con el sida como amenaza para la salud pública. Unidos, juntos, podremos hacer realidad nuestra promesa para 2030.

Como en todo, las cosas no siempre salen como uno quiere. Los programas que hasta ahora nos han garantizado un progreso sustancial ya no nos permitirán finalizar el viaje porque en nuestra carretera han surgido obstáculos. La evidencia y el análisis son claros. Las desigualdades imperantes en el poder, el estado, los derechos y la voz están impulsando la pandemia del VIH. Las desigualdades matan. Tal y como se señala en la estrategia mundial contra el sida: para acabar con el sida, primero debemos poner fin a las desigualdades que lo perpetúan.

Este enfoque ofrece otra enorme ventaja. Las mismas leyes, unas políticas idénticas y los sólidos servicios sanitarios centrados en las personas y necesarios para poner fin al sida también ayudarán al mundo a superar la COVID-19, a estar preparados para hacer frente a futuras pandemias y a apoyar el crecimiento económico inclusivo y los derechos humanos de todos. Yendo a una, todos lo haremos mejor.

Os presento aquí los tres grandes cambios que hemos de realizar juntos:

1. Urge acabar con las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la salud. Para ello, debemos fomentar aún más la gran labor de la ciencia y tratar de que llegue a todo el mundo.
   La COVID-19 nos ha demostrado algo importante: la ciencia avanza a la velocidad impuesta por la política. Debemos ganar tiempo y acelerar la investigación en materia de sida. Para ello, hay que invertir en innovaciones en tratamiento, prevención, atención y vacunas. Todo ello debe considerarse un bien público mundial.
   Y tenemos que aplicar la ciencia de manera que minimice las desigualdades en vez de exacerbarlas.
   ¿Cómo? Por ejemplo, esforcémonos para que, desde ya mismo, y no años después respecto a los países ricos, las regiones del sur puedan acceder a los nuevos medicamentos antirretrovirales de acción prolongada que facilitarán la adherencia al tratamiento y lograrán la prevención del VIH entre las mujeres en toda su pluralidad y los grupos de población clave.
   Asegurémonos de que todos los medicamentos que pueden salvar la vida de las personas que viven con el VIH sean fabricados de manera asequible por distintos laboratorios, especialmente en el sur, donde la enfermedad se empeña en concentrarse.
   Necesitamos financiación, pero también necesitamos reformar todas esas leyes que rigen la propiedad intelectual y que nos impiden avanzar en la respuesta. Debemos apoyar una producción distribuida mundialmente, de manera que el acceso a la ciencia que salva vidas deje de depender, por fin, del pasaporte que nos identifique a cada uno.
2. Necesitamos poner fin a las desigualdades en lo referente al acceso a los servicios esenciales. Para conseguirlo, debemos garantizar la salud y la educación de todas las personas. En muchas comunidades, apenas se registran ya nuevas infecciones por el VIH. En ellas lo habitual ahora es vivir con el VIH durante mucho tiempo y disfrutar de una vida plena. No obstante, entre los diferentes países y, dentro de cada país, en las distintas regiones, sí es evidente una brecha cada vez mayor: mientras unos tienen acceso a los servicios de prevención, tratamiento y cuidado, otros aún están muy lejos de ello. Mientras que en los primeros se respetan los derechos, en los segundos todavía hay personas excluidas.
   Hoy nos estamos fijando objetivos audaces y ambiciosos con el fin de acercar al 95 % de las personas que más lo necesitan los servicios relacionados con el tratamiento y la prevención del VIH: para lograrlo, necesitamos reinventar los servicios para el VIH, para así facilitar el acceso a ellos y adaptarlos a la vida de las personas.
   Necesitamos cerciorarnos de que todas las niñas completen la educación secundaria y conozcan realmente los servicios que tienen a su disposición y los derechos que las amparan.
   Necesitamos suprimir las tasas de usuario por los servicios esenciales y proporcionar estos mismos servicios a través de sistemas públicos financiados mediante impuestos. Necesitamos integrar los servicios proporcionados por la comunidad. Necesitamos combatir la evasión fiscal, pues nos priva de recursos nacionales para la salud y la educación.
   Tengamos presente que la mayoría de los países en desarrollo se enfrentan a una grave crisis económica: en el año 2020 tuvieron una pérdida de ingresos superior al 20 % y sus presupuestos sanitarios están aún hoy amenazados. De entre todos ellos, preocupa especialmente la situación de África.
   Ya es hora de aumentar el volumen de ingresos. Y para ello, lo primero que hemos de hacer es mostrarnos firmes para luchar contra la evasión de impuestos y la competencia fiscal, dos prácticas que vacían rápidamente las arcas públicas.
   También necesitamos una reestructuración de la deuda para superar el impacto de la COVID-19. Asimismo, debemos tratar de establecer un mecanismo justo de resolución de crisis de deuda. Tenemos que dar un paso al frente, nunca atrás, en el compromiso de los países desarrollados de ayudar con un 0,7 % de sus ingresos nacionales brutos. Debemos garantizar que más de los 650 mil millones de USD de los derechos especiales de giro del FMI vayan directamente a los países de bajos y medianos ingresos.
3. Debemos acabar con las desigualdades en el respeto a los derechos, especialmente de las personas que viven con el VIH y de aquellas que son vulnerables o están afectadas por el VIH.
   Aplaudo llena de satisfacción el compromiso de los Estados miembros de reformar las leyes y proteger los derechos. La realidad nos demuestra que, al reforzar las leyes para apoyar la igualdad de género y los derechos de los grupos de población clave, y al plantarle cara al estigma, los países cosechan un éxito mucho mayor en los programas de tratamiento y prevención, lo cual beneficia a todo el mundo. Solo así se consigue hacer retroceder al VIH.
   Tenemos que seguir avanzando en nuestro viaje común, siempre lejos de las leyes dañinas, punitivas y anticuadas, a menudo coloniales, y de todas las formas de discriminación.

El momento actual nos obliga a trabajar juntos en todos los sectores, en todos los países. Las falsas promesas del populismo no cuadran en absoluto con la biología: como bien se ha encargado de recordarnos la COVID-19, no es que estemos interconectados, es que somos inseparables.

No podemos poner fin al sida en un solo país o continente. Para erradicar el sida, debemos poner fin al virus en todos los rincones del globo.

Quiero rendir un gran homenaje a todos esos grupos de la sociedad civil de todo el mundo cuya lucha contra las desigualdades ha sido nuestro motor para la acción. Todos y cada uno de vosotros, comunidades, grupos de mujeres y movimientos de base, os merecéis este tributo porque no habéis dejado de empujarnos. En ocasiones hemos de confesar que vuestra incansable fuerza nos ha resultado incómoda. Sin embargo, grabaos estas palabras: seguid empujándonos. Nunca dejéis de hacerlo. ¡Sigamos luchando! La presión procedente del poder de las personas es clave para acabar con las desigualdades y lograr poner fin al sida.

Como en su día ya dijo Martin Luther King, el arco moral del universo es largo, pero se inclina hacia la justicia. Con ello no quiso decir que este proceso fuera automático. Muy al contrario, insistió en que «el progreso humano no discurre nunca sobre ruedas de inevitabilidad; se produce gracias al esfuerzo incansable de las personas». La trayectoria de las nuevas infecciones por el VIH y las muertes por el sida no se invertirá de un día a otro, pero nosotros sí podemos empujarla para allanarle el camino.

Ante las desigualdades, jamás debemos ser neutrales. Para volver al buen camino que nos llevará a poner fin al sida, debemos reflexionar con atención sobre cómo afrontarlas. La única alternativa con que nos topamos es un círculo vicioso de injusticia, enfermedad y emergencia. El mayor error que podemos cometer ahora es imaginar que con solo cambios minúsculos superaremos las crisis que nos amenazan. Pero eso ahora no basta.

Está en nuestra mano el que pasemos a la historia y nos recuerden bien por faltar a nuestra palabra, bien por cumplir nuestras promesas; por ser unos fracasados o por demostrarnos vencedores. Podemos elegir si queremos que las siguientes generaciones se refieran a nosotros como aquellos que lograron derrotar al sida o como aquellos que pudieron haberlo hecho.

Las epidemias magnifican nuestras peores características: desigualdades, injusticias y miedo. Pero también sacan a relucir nuestras fortalezas: ingenio, resiliencia y coraje.

Estoy convencida de que juntos venceremos. Gracias.

Por Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA; y Tomas Tobé MEP, presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo

Ya han pasado cuarenta años desde que se diagnosticaron los primeros casos de sida. Sin embargo, aún seguimos librando la batalla contra el VIH. Pese a que la ciencia y la medicina han evolucionado y a día de hoy ya permiten, por un lado, que las personas que viven con el VIH puedan estar sanas y, por otro, que se reduzca el número de nuevas infecciones por el VIH, lo cierto es que aún no estamos en el camino correcto para acabar con la epidemia de sida como amenaza para la salud pública en el año 2030.

Solo en 2019, casi 700 000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el sida. Por asombroso que aún parezca, 1,7 millones de personas se infectaron recientemente por el VIH, cifra que es más de tres veces el objetivo establecido en 2016, el cual habría conseguido ponernos en marcha para poner fin a la epidemia de sida.

Constatamos que los medicamentos, la información y las herramientas de prevención simplemente no llegan a las personas que más los necesitan. Es necesario un nuevo enfoque que reduzca las desigualdades que impulsan la epidemia de sida y ponga a las personas en el centro. Tenemos que priorizar los derechos humanos, el respeto y la dignidad.

Las injusticias sociales y las desigualdades no hacen sino alimentar las epidemias. Por ejemplo, la epidemia de sida está teniendo un impacto devastador en toda una generación de mujeres y niñas jóvenes en el África subsahariana. Alrededor de 4500 chicas adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen el VIH cada semana en esta región. Aquí ellas tienen el doble de probabilidades de infectarse por el VIH que sus homólogos masculinos.

Al mismo tiempo, las niñas y las mujeres jóvenes hacen frente a la violencia sexual y de género, y a embarazos no deseados. Por si fuera poco, en muchos casos pueden verse obligadas a abandonar la escuela. Sin embargo, el adquirir una educación secundaria, incluida la educación integral sobre sexualidad, es una de las formas más seguras de evitar el VIH en mujeres jóvenes y niñas.

Preocupa también enormemente el hecho de que más del 60 % de las nuevas infecciones por el VIH se produzcan en todo el mundo entre los grupos de población clave (gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que consumen drogas, trabajadores sexuales, personas transgénero, prisioneros y migrantes) y sus parejas sexuales. Comunidades enteras y grandes grupos de personas están siendo excluidos del derecho a la salud, el bienestar y la dignidad por ser marginados y criminalizados.

Mas esto puede (y debe) cambiar.

La Estrategia Mundial sobre el Sida 2021-2026 de ONUSIDA proporciona una orientación clara y eficaz con respecto a lo que hay que hacer para crear sociedades más justas. El objetivo es claro: conseguir que el mundo vuelva a estar en la senda que nos lleve a acabar con la epidemia de sida como amenaza para la salud pública para el año 2030.

La estrategia tiene como objetivo situar a las personas en el centro. Para ello, en primer lugar, se deben eliminar las barreras sociales y estructurales que impiden que las personas accedan a los servicios para el VIH. Además, se ha de capacitar a las comunidades para que sean ellas las que lideren el camino. Del mismo modo, se deben fortalecer y adaptar los sistemas para que funcionen para las personas más afectadas por las desigualdades, y se han de movilizar completamente los recursos para poner fin al sida.

Sin duda, la Unión Europea tiene el peso político, la clave financiera y las herramientas políticas para contribuir significativamente a la lucha mundial contra el VIH/sida. De hecho, y en este sentido, el Parlamento Europeo acaba de adoptar una resolución sobre la aceleración del progreso y la lucha contra las desigualdades para poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030 en respuesta a la estrategia mundial contra el sida.

Dicho texto describe las acciones concretas que la UE debería adoptar para, por fin, acabar con el sida. Entre ellas se incluyen el apoyo a los esfuerzos de los países socios para construir sistemas sanitarios sólidos y resilientes capaces de proporcionar una cobertura sanitaria universal sensible al VIH, priorizar la salud como parte de las relaciones entre la UE y África, y ampliar las inversiones en ONUSIDA y el Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.

Asimismo, la resolución pretende movilizar el liderazgo de la UE para abordar los derechos humanos y los factores de desigualdad de género del VIH/sida, y garantizar que la UE apoye las respuestas lideradas por la comunidad como componentes clave en una respuesta eficaz al VIH/sida.

Precisamente el próximo mes, los países se reunirán para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, en la que se espera que apoyen un nuevo plan audaz para poner fin a la epidemia de sida y se fijen los nuevos objetivos para 2025.

De lograrse estos objetivos, el número de nuevas infecciones por el VIH se reduciría hasta 370 000 para 2025, y el número de personas que mueren por enfermedades relacionadas con el sida caería hasta 250 000. Abordar las desigualdades que alimentan la epidemia de VIH será crucial para el éxito.

La pandemia de la COVID-19 ha sacado a la luz las profundas desigualdades sociales y económicas que existen, así como la infrafinanciación de los sistemas de salud pública y la fragilidad de las respuestas mundiales. Es obvio que la COVID-19 está amenazando con obligarnos a desandar los pasos ya dados en la respuesta al VIH/sida. Y aún más, impide el progreso para poner fin al sida para 2030.

Al mismo tiempo, los países están aprovechando la infraestructura del VIH y las lecciones aprendidas al abordar la epidemia del VIH para obtener una respuesta más sólida a ambas pandemias. De hecho, tenemos ante nosotros una oportunidad única para convertir el derecho a la salud en sistemas igualitarios basados en los derechos humanos y centrados en las personas.

Debemos utilizar esta ventana para intensificar la solidaridad mundial, especialmente las inversiones sostenidas en desarrollo, para construir así sociedades más resilientes que refuercen la seguridad de todos.

La UE y ONUSIDA comparten los valores fundamentales de la humanidad y la igualdad para garantizar que nadie quede atrás. El poner fin a la epidemia de sida para 2030 sigue estando al alcance del mundo, pero no puede hacerse sin crear sociedades más fuertes basadas en los principios de la igualdad de género, la justicia social y el reconocimiento de los derechos humanos universales, incluidos los derechos y la salud sexual y reproductiva.

De no hacerlo, se pondrán en riesgo las vidas de millones de personas y se socavará la misión común de lograr la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la cual recoge, entre otras cosas, el fin del sida como amenaza para la salud pública.

Este artículo de opinión se publicó por primera vez en theparliamentmagazine.eu

Aplaudo el anuncio de la Representante de Comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai, de apoyar la exención de la protección de la propiedad intelectual para las vacunas COVID-19.    

Este es el tipo de liderazgo global que el mundo necesita desesperadamente, ya que somos testigos de escenas terribles en países como la India, donde solo nueve de cada 100 personas han sido vacunadas. Hasta la fecha, se han administrado más de 1100 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, pero más del 80 % de ellas se administraron en países de renta alta y media-alta, mientras que solo el 0,3 % en países de renta baja.

Estamos intentando vacunar a la mayoría de la población mundial para frenar el número de muertes, y antes de que aparezcan variantes más letales de la COVID-19 que hagan ineficaces las vacunas actuales. Cuanto más rápido podamos ampliar el suministro de vacunas a nivel mundial, más rápido podremos contener el virus y menos posibilidades tendremos de enfrentarnos a un día en el que las variantes resulten resistentes a las vacunas existentes.  Como ha declarado el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, "nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo".

La exención de los ADPIC permitiría compartir tecnologías, datos, conocimientos técnicos, patentes y otros derechos de propiedad intelectual en todo el mundo.  El anuncio de la administración de Estados Unidos envía una señal clara al resto del G7, y a la Unión Europea, para que también apoyen la exención de los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio e inspiren a otros países a adoptar una postura firme a favor de las personas antes que de los beneficios. Esta posición sobresaliente del gobierno de Estados Unidos es un paso fundamental hacia una Vacuna Universal.

Para garantizar que todos, en todas partes, tengan acceso a una vacuna que les salve la vida, también necesitamos que se pongan en común los medios técnicos a través de la tecnología contra la COVID-19 (C- TAP) de la Organización Mundial de la Salud, así como la financiación para ayudar a crear una red de fabricación de vacunas en los países en desarrollo. Estas tres acciones pueden construir conjuntamente un sistema sostenible para vacunar al mundo, alcanzar la inmunidad de grupo necesaria y abrir caminos para que el mundo esté mejor preparado para futuras pandemias.  

Como hemos aprendido en 40 años de lucha contra el sida, el acceso equitativo a las tecnologías médicas es fundamental tanto para salvar vidas como para disminuir el impacto de las enfermedades infecciosas en las personas, las comunidades y las naciones.

Agradecemos al Presidente Biden y a su Administración las generosas promesas de ayuda humanitaria realizadas en el marco de la COVID-19 y por el anuncio.

Winnie Byanyma, Directora Ejecutiva de ONUSIDA y Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas

7 de abril de 2021

Tisha (nombre ficticio), una joven de los barrios marginales del este de África, había cumplido tres semanas de retraso en la fecha de parto cuando fue remitida urgentemente al centro de maternidad de la capital.

Bajo atención médica especializada, Tisha dio a luz a un niño sano, al que llamó Okello. Sin embargo, en lugar de ser un momento de alegría para Tisha y su familia, cuando no pudo pagar los 30 dólares por los gastos de parto, el hospital se negó a darle el alta.

Fue trasladada de inmediato a un pabellón especial de retención que albergaba a otras 42 madres pobres y se le asignó una cama que ya compartían dos mujeres y sus bebés. A Tisha y Okello no se les permitía irse hasta que ella pagara la factura, que, según le dijeron las enfermeras, aumentaría cada día. Ambos fueron retenidos hasta que ella pudo encontrar el dinero para pagar la factura.

Esta trágica historia es, en realidad, muy común. Pagar por la salud es la forma más regresiva de financiar la atención sanitaria. Sin embargo, según el Banco Mundial, dos tercios de los países africanos cobran tasas a los pacientes en todos los servicios de atención.

Diez mil personas mueren cada día porque no pueden acceder a la atención sanitaria y el coste de los servicios sanitarios supone que cada año 100 millones de personas se vean abocadas a la pobreza extrema al tener que pagar por ellos. Eso equivale a tres personas cada segundo.

Estas enormes desigualdades en la atención sanitaria siguen aumentando a medida que los sistemas sanitarios de todo el mundo se vuelven cada vez más lucrativos. Muchos de los países más pobres del mundo intentan vender la sanidad a través de los seguros médicos y las tarifas a los pacientes. Sin embargo, ¿cómo se puede vender la sanidad a alguien que no tiene ni siquiera lo básico para sobrevivir, a alguien que no tiene trabajo y que sufre para poder comer?

Muchos gobiernos afirman que no pueden costear la sanidad, pero la realidad es que pueden hacerlo si aplican impuestos progresivos para que todo el mundo pague su parte justa, impiden que las empresas escondan sus beneficios en el extranjero y acaban con las exenciones fiscales. Esto contribuiría en gran medida a equilibrar las patentes desigualdades en el acceso a los servicios públicos, incluida la atención sanitaria.

Estos modelos con ánimo de lucro han fragmentado unos sistemas sanitarios ya de por sí débiles que excluyen a muchas personas: personas pobres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, reclusos, trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas y numerosos grupos marginados. La financiación de la sanidad no es equitativa. Además, la privación de los derechos humanos de los grupos marginados les niega el acceso a una atención sanitaria de calidad.

Las desigualdades en los derechos humanos desencadenan desigualdades también en la sanidad. El derecho a la salud y a la sanidad para TODOS es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Aquí se establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la ropa, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad“.

Los mayores avances en el ámbito de la sanidad se han producido a menudo en respuesta a una gran crisis: pensemos en los sistemas sanitarios de Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, o en el hecho de que el sida propiciara la atención sanitaria universal en Tailandia.

Ahora, en medio de la crisis de COVID-19, los líderes de todo el mundo tienen la oportunidad de construir los sistemas sanitarios que siempre fueron necesarios y que no pueden posponerse por más tiempo. No podemos hacer pequeños ajustes, necesitamos cambios radicales y significativos. La respuesta a la COVID-19 nos brinda la oportunidad de cambiar las reglas y garantizar la igualdad.

En el Día Mundial de la Salud de 2021, hagamos ese llamamiento para garantizar que la vida de las personas esté por encima de los intereses lucrativos. Consigamos que los gobiernos se comprometan a garantizar que todos, sin discriminación, tengan acceso a una atención sanitaria de calidad. El derecho a la sanidad es un derecho humano inalienable.

Esta crisis del coronavirus en la que nos encontramos hoy podría, como otras crisis mundiales anteriores, propiciar las soluciones globales y nacionales en materia de atención sanitaria que tanto necesitamos. ¡Aprovechemos el momento!

Este año el Día de la Cero Discriminación resulta especialmente conmovedor.

Al principio de esta pandemia nos hartamos de escuchar que los virus no discriminan. Sin embargo, una vez más estamos siendo testigos de que las crisis y las sociedades sí lo hacen.

La COVID-19 ha hecho aún más grandes las fisuras ya presentes en la sociedad. Hemos visto que las comunidades marginadas, ya al límite, son las que están sufriendo los mayores reveses económicos. Son las últimas a las hora de recibir los servicios que salvan vidas y, casi siempre, son los chivos expiatorios de la crisis.

Aun así, esta crisis nos ha demostrado una vez más que las comunidades excluidas son las que primero dan un paso al frente para ayudar. Con su experiencia por lo vivido, su empatía y su ingente insistencia, no se cansan de demostrar que la salud y la recuperación para todos sí son posibles.

ONUSIDA se une a las comunidades de todo el mundo para exigir un mundo igualitario. Decimos un NO rotundo a todas las desigualdades, ya sean por razón de género, ingresos, raza, discapacidad, orientación sexual, etnia o religión. Cualquier desigualdad no hace sino desfigurar nuestra sociedad y minar la justicia y la dignidad.

Pedimos poner fin a la discriminación, acabar con el estigma y hacer desaparecer la criminalización.

Retamos a todas las instituciones y a todas las personas influyentes no solo a no mostrar conductas discriminatorias, sino a adoptar un enfoque totalmente antidiscriminatorio.

La discriminación mata. Exacerba las situaciones de emergencia y perpetúa las pandemias.

El mundo aún está lejos de acabar con el sida para 2030 y no por falta de conocimiento, capacidad o medios, sino por las desigualdades estructurales que se interponen en el camino. Por ejemplo, cada vez más estudios nos demuestran que las leyes punitivas con relación a la orientación sexual duplican las posibilidades de contraer el VIH para los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Derogar estas leyes es fundamental para acabar con la pandemia del VIH.

Asimismo, la discriminación contra los migrantes y otros grupos de población excluidos y estigmatizados está obstruyendo su acceso a las pruebas, el tratamiento y los cuidados que exige la COVID-19. Y esto perjudica a todo el mundo.

Somos testigos de cómo la discriminación que afecta a nuestros países está también ensombreciendo el panorama internacional. Al tiempo que empezamos a disponer de nuevas vacunas contra la COVID-19, la desigualdad que nos rodea es enorme. Únicamente 10 países han administrado más del 75 % de todas las vacunas contra la COVID-19. Por el contrario, aún hay 130 países que no han recibido una sola dosis. Sudáfrica ya habla del apartheid vacunal. Tal y como ha defendido el Secretario General de las Naciones Unidas, «la igualdad en lo referente a las vacunas es, en definitiva, una cuestión de derechos humanos... Mas el nacionalismo vacunal la niega». En todo el mundo, y en todos y cada uno de los países, hemos de valorar a todas las personas por igual: todas son igual de valiosas.

Acabar con las desigualdades nos permitirá avanzar en el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Permitirá construir sociedades mejor preparadas para acabar con la COVID-19 y otras pandemias futuras. Nos permitirá apoyar la recuperación y la estabilidad económicas.

Hemos de garantizar el acceso de todas las personas a la atención sanitaria. Para ello, debemos proporcionar y financiar la sanidad pública. Y debemos acercarla a todo el mundo con respeto, sin exclusiones ni juicios.

Todos debemos denunciar cualquier forma de discriminación que observemos a nuestro alrededor. Todos debemos servir de ejemplo a los demás.

El disfrutar de un mundo más saludable, más seguro, más igualitario y más próspero depende solo de nosotros.

Me conmueve y me llena de orgullo el liderazgo mostrado por las comunidades a la hora de plantarle cara a la discriminación. Su determinación, su valor y su visión son nuestra guía. Iluminan nuestros pasos. Las Naciones Unidas están siempre ahí, en la retaguardia, como ese aliado inquebrantable para la igualdad.

Pongamos fin a las desigualdades. Pidamos para el mundo la cero discriminación.

Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA

El Día Mundial del Sida de este año 2020 será único.

La COVID-19 está amenazando el progreso que el mundo ha logrado en materia de salud y desarrollo en los últimos 20 años, incluidos todos los pasos dados en la lucha contra el VIH.

Al igual que todas las epidemias, la enfermedad del coronavirus está haciendo aún mayores las desigualdades que ya existían.

Aumentan la desigualdad de género, la desigualdad racial, la desigualdad social y la desigualdad económica. El mundo es cada vez menos equitativo.

Estoy orgullosísima de que durante este último año los movimientos activistas del VIH se hayan movilizado para defender nuestro progreso, proteger a las personas que viven con el VIH y otros grupos vulnerables, y tratar de contrarrestar los efectos de la COVID-19.

Una vez más, los activistas del VIH y las comunidades afectadas han demostrado al mundo que son el gran pilar de la respuesta al VIH. Unos solicitando la dispensación multimensual de los tratamientos para el VIH, otros organizando el reparto a domicilio de los medicamentos, otros proporcionando ayuda económica, alimentos y vivienda a los grupos en situación de riesgo... pero todos siempre en primera línea dando lo mejor de sí. ¡Enhorabuena por ser tan grandes!

Es precisamente esa fortaleza que reflejan las comunidades, inspiradas por la responsabilidad compartida de unas hacia otras, la que ha hecho posible en gran parte nuestra victoria frente al VIH.

Hoy en día necesitamos esa fuerza más que nunca para derrotar a las dos epidemias que nos acechan, la del VIH y la de la COVID-19.

Queridos amigos, a la hora de responder a la tremenda COVID-19, el mundo no puede cometer los mismos errores que en su momento cometió al luchar contra el VIH. Por aquel entonces, millones de personas en países en vías de desarrollo murieron mientras aguardaban la llegada de algún tratamiento.

Aún hoy, más de 12 millones de personas siguen esperando su tratamiento contra el VIH y 1,7 millones se infectaron en 2019 por no tener acceso siquiera a los servicios básicos.

Precisamente por eso, ONUSIDA lleva todo este tiempo liderando la defensa de una vacuna universal contra la enfermedad del nuevo coronavirus.

Los problemas mundiales requieren una solidaridad mundial.

Puesto que las primeras candidatas a vacunas contra la COVID-19 han demostrado ser eficaces y seguras, todos albergamos la esperanza de que seguirán surgiendo más, pero tenemos ante nosotros amenazas serias que nos impiden garantizar un acceso justo e igualitario para todos. Instamos encarecidamente a los laboratorios farmacéuticos a que compartan toda su tecnología y experiencia, les pedimos que renuncien a sus derechos de propiedad intelectual, para que así se puedan producir vacunas exitosas a la escala y la velocidad necesarias para proteger a toda la población y volver a activar la economía mundial.

Nuestro objetivo para acabar con la epidemia del sida estaba lejos de conseguirse aun antes de la irrupción de la COVID-19. Hemos de anteponer las personas a todo lo demás. Solo así volveremos a avanzar en la respuesta al sida. Hemos de acabar con las injusticias sociales que multiplican el riesgo de que las personas contraigan el VIH. Y debemos pelear con uñas y dientes por el derecho a la salud. Ninguna excusa justifica que los Gobiernos no inviertan todo su potencial para hacer realidad el acceso universal a la atención sanitaria. Se han de derribar todas las barreras que impiden el acceso, entre ellas, las tasas de los usuarios que necesiten cuidados médicos.

Se han de respetar los derechos de las mujeres y las niñas y hemos de acabar con la criminalización y la marginación de los hombres gais, las personas transgénero, los trabajadores sexuales y los consumidores de drogas.

A medida que nos vamos despidiendo del año 2020, el mundo nos recuerda que nos encontramos en un punto peligroso y que los meses próximos tampoco serán fáciles.

Únicamente la solidaridad mundial y la responsabilidad compartida nos ayudarán a erradicar la COVID-19, acabar con la epidemia del sida y garantizar el derecho a la salud para todos.

Gracias.

Winnie Byanyima

Directora Ejecutiva de ONUSIDA

Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas

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En la apertura de una sesión de la Conferencia Internacional sobre el Sida 2020 dedicada a la próxima estrategia mundial del sida de ONUSIDA, la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, presentó un audaz plan para volver a poner en marcha la respuesta global al VIH.

«A principios de esta semana, ya di la voz de alarma al anticipar que el mundo no logrará los objetivos mundiales fijados para el VIH de cara al año 2020. La nueva estrategia de ONUSIDA será el mapa de ruta para reactivar la respuesta mundial y poner fin a la epidemia del sida para 2030», apuntó la Sra. Byanyima. «La siguiente estrategia de ONUSIDA actuará de lleno sobre aquellas áreas que aún siguen rezagadas. Buscará combinar la prevención y los derechos humanos de los grupos de población clave, y abordará las múltiples vulnerabilidades de las chicas adolescentes y mujeres jóvenes del África subsahariana».

La sesión supuso una oportunidad para que los participantes intervinieran en un debate con ONUSIDA sobre los principios y los problemas clave que deberían sustentar la estrategia mundial para el sida de ONUSIDA.

Deborah Birx, coordinadora mundial del sida de los Estados Unidos y coordinadora de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, enfatizó la imperiosa necesidad de «aunar los datos, las comunidades y los Gobiernos para abordar los problemas a los que las personas se ven obligadas a hacer frente a diario».

Todos y cada uno de los allí presentes compartieron una misma opinión respecto a la gran necesidad de una estrategia que se ocupe de las principales vulnerabilidades que ponen a las personas en riesgo. Así, dicha estrategia deberá acabar con las normas de género tradicionales dañinas, deberá permitir el acceso de las personas a los medios de vida y la educación, y tendrá que reducir la exclusión y marginalización de los grupos de población clave.

«La salud no es solo salud. Hablamos también de justicia social. No basta con proporcionar preservativos a las trabajadoras sexuales, si no abordamos los factores que las impiden usarlos», apuntó Rico Gustav, director ejecutivo de la Red mundial de personas que viven con el VIH y presidente del Comité para la estrategia del Fondo Mundial.

Con el fin de salvar las brechas, debemos aplicar las pruebas de que disponemos para diseñar programas que se adapten a las distintas epidemias y contextos. «Nosotros sí que disponemos de las herramientas para lograr el impacto que hace falta, pero necesitamos trasladarlas a nivel local. Requerimos soluciones más a medida», insistió Quarraisha Abdool Karim, del Centro para el programa de investigación sobre el sida de Sudáfrica.

Se instó a todas las comunidades a ponerse en el centro de la respuesta para liderar el cambio. Al mismo tiempo, los participantes subrayaron la necesidad de invertir en las comunidades para empoderarlas y pedir su liderazgo, para hacer a todo el mundo responsable, para ayudar a diseñar y hacer llegar respuestas al VIH, la tuberculosis y la COVID-19 centradas en las personas y en los derechos humanos, y para alcanzar a aquellos grupos de población a los que es más difícil llegar.

«Cómo vamos a poder tener el poder de la gente cuando ni tan siquiera disponemos de financiación», planteó Lucy Wanjiku, de Positive Young Women Voices de Kenia.

«Las comunidades han de estar sí o sí en el centro de la respuesta. Esto significa que tienen que recibir financiación, que han de formar parte de la toma de decisiones y que se debe contar con espacios cívicos donde todos seamos responsables», añadió Ludo Bok, gerente del grupo para la salud y el desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Todos los ponentes llamaron a reflexionar seriamente sobre lo que debía cambiar y animaron a todos a comprometerse para modificar la forma en que respondemos al VIH.  Los participantes estuvieron totalmente de acuerdo con el hecho de que es fundamental hablar de salud como un derecho básico. Para todos ellos, hemos de ver la salud como una construcción social. El tratamiento y la prevención del VIH no se pueden administrar si sigue habiendo brechas respecto al acceso al conocimiento, la educación y la atención sanitaria; la reducción del daño; la salud sexual y reproductiva; un medio de vida seguro; oportunidades económicas; protección frente a la violencia y acceso a la justicia.

«Vuelvo a tener la sensación de que necesitamos actuar con urgencia. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente», recalcó la Sra. Byanyima. «La gente ansía y espera que esta estrategia marque una nueva dirección para la respuesta mundial al sida. Esperan la acción del Programa Conjunto de las Naciones Unidas, esperan acabar con el sida en todos los países, y esperan frenar la epidemia en todas y cada una de las comunidades».

Los objetivos no cumplidos han dado como resultado 3,5 millones más de infecciones por el VIH y 820.000 más muertes relacionadas con el sida desde 2015 en relación con lo que podría haberse logrado si el mundo estuviera en el camino planeado para alcanzar los objetivos establecidos para 2020. Además, la respuesta podría retrasarse en 10 años o más si la pandemia de COVID-19 provoca graves interrupciones en los servicios para el VIH.

GINEBRA, 6 de julio de 2020— Un nuevo informe de ONUSIDA muestra un progreso notable, pero muy desigual, especialmente en la expansión del acceso a la terapia antirretroviral. Debido a que los logros no se han compartido por igual dentro y entre los países, no se alcanzarán los objetivos globales de VIH establecidos para 2020. El informe, Aprovechando el momento, advierte que incluso los beneficios obtenidos podrían perderse y el progreso se estancaría aún más si no actuamos. Destaca cuán urgente es para los países duplicar los esfuerzos de respuesta al VIH y actuar con mayor urgencia para llegar a los millones de personas que aún quedan atrás.

“Se requiere de una acción decisiva todos los días en la próxima década, para que el mundo vuelva a su camino para poner fin a la epidemia de sida para 2030", dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. “Se han salvado millones de vidas, particularmente las vidas de mujeres en África. El progreso realizado por muchos debe ser compartido por todas las comunidades en todos los países. El estigma y la discriminación y las desigualdades generalizadas son barreras importantes para poner fin al sida. Los países necesitan orientarse por la evidencia y cumplir con sus responsabilidades con los derechos humanos.”

Catorce países han alcanzado las metas de tratamiento del VIH 90–90–90 (que 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico con respecto al VIH; que un 90% de los que conocen dicho estado tengan acceso a tratamiento; y que un 90% de las personas en tratamiento para el VIH tengan la carga viral suprimida). Entre ellos está Eswatini, que tiene una de las tasas de prevalencia de VIH más altas del mundo, con un 27% en 2019, y que, habiendo superado las metas para 2020, está en camino de alcanzar las metas 95-95-95, previstos para 2030.

Millones de vidas se han salvado y millones de nuevas infecciones por el VIH han sido prevenidas con la ampliación de la terapia antirretroviral. Sin embargo, 690.000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el Sida el año pasado y 12,6 millones de los 38 millones de personas que viven con el VIH no tuvieron acceso al tratamiento que puede salvar sus vidas.

“No podemos descansar por nuestros éxitos, ni desanimarnos por los contratiempos. Debemos asegurarnos de que nadie se quede atrás. Debemos cerrar las brechas. Estamos apuntando a 100–100–100”, dijo Ambrose Dlamini, el Primer Ministro de Eswatini.

El mundo está muy atrasado en la prevención de nuevas infecciones por VIH. Unos 1,7 millones de personas se infectaron recientemente con el virus, más de tres veces la meta mundial. Ha habido progresos en África Oriental y Meridional, donde las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 38% desde 2010. Esto está en marcado contraste con Europa Oriental y Asia Central, que ha visto un asombroso aumento del 72% en las nuevas infecciones por VIH desde 2010. Las nuevas infecciones por el VIH también han aumentado en un 22% en el Medio Oriente y África del Norte, y en un 21% en América Latina.

Aprovechando el momento muestra un progreso desigual, con demasiadas personas y poblaciones vulnerables que están quedando atrás. Alrededor del 62% de las nuevas infecciones por el VIH ocurrieron entre poblaciones clave y sus parejas sexuales, incluidos los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales, personas que se inyectan drogas y personas privadas de libertad, a pesar de que constituyen una proporción muy pequeña de la población general

El estigma y la discriminación, junto con otras desigualdades sociales y exclusión, están demostrando ser barreras significativas. Las poblaciones marginadas que temen el juicio, la violencia o el arresto luchan por acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente aquellos relacionados con la anticoncepción y la prevención del VIH. El estigma contra las personas que viven con el VIH sigue siendo común: al menos 82 países penalizan alguna forma de transmisión, exposición o no divulgación del VIH; el trabajo sexual está criminalizado en al menos 103 países; y al menos 108 países penalizan el consumo o la posesión de drogas para uso personal.

Las mujeres y las niñas en África subsahariana continúan siendo las más afectadas y representaron el 59% de todas las nuevas infecciones por VIH en esa región en 2019, con 4.500 niñas adolescentes y mujeres jóvenes entre 15 y 24 años infectadas con VIH cada semana. Las mujeres jóvenes representaron el 24% de las nuevas infecciones por el VIH en 2019, a pesar de representar solo el 10% de la población en África subsahariana.

Sin embargo, donde los servicios de VIH se brindan de manera integral, los niveles de transmisión del VIH se reducen significativamente. En Eswatini, Lesotho y Sudáfrica, una alta cobertura de opciones de prevención combinada, que incluyen apoyo social y económico para mujeres jóvenes y altos niveles de cobertura de tratamiento y supresión viral para poblaciones previamente no alcanzadas, han reducido las brechas de desigualdad y han reducido la incidencia de nuevas infecciones por el VIH. 

La pandemia de COVID-19 ha impactado seriamente la respuesta al Sida y podría deteriorarla aún más. Una interrupción completa de seis meses en el tratamiento del VIH podría causar más de 500.000 muertes adicionales en África subsahariana durante el próximo año (2020–2021), devolviendo a la región a los niveles de mortalidad por Sida de 2008. Incluso una interrupción del 20% podría causar 110.000 muertes adicionales.

“Aquellos de nosotros que sobrevivimos al VIH y luchamos por la vida y el acceso al tratamiento y la atención no podemos permitirnos perder las ganancias que nos demandaron tanto esfuerzo para obtenerlas. En algunos países latinoamericanos estamos viendo cómo los recursos, medicamentos, personal de salud y materiales para el VIH se están trasladando a la lucha contra la COVID-19”, dijo Gracia Violeta Ross, presidenta de la Red Boliviana de Personas que viven con el VIH. “Se ignoran algunas buenas lecciones y prácticas de la respuesta al VIH, como la participación significativa y la rendición de cuentas. No permitiremos que el VIH se quede atrás".

Para combatir las epidemias convergentes de VIH y COVID-19, ONUSIDA y sus socios lideran un llamado global para una vacuna universal contra la COVID-19, que ha sido firmado por más de 150 líderes mundiales y expertos que exigen que todas las vacunas, tratamientos y pruebas sean libre de patentes, producidos en masa y distribuidos de manera justa y gratuita para todos.

ONUSIDA también insta a los países a aumentar las inversiones para ambas enfermedades. En 2019, la financiación para el VIH cayó un 7% desde 2017, a US $ 18,6 mil millones. Este revés significa que la financiación es un 30% inferior a los US $ 26,2 mil millones necesarios para responder eficazmente al VIH en 2020.

“No podemos tener países pobres al final de la fila. Las personas no deben depender del dinero en su bolsillo o del color de su piel para protegerse contra estos virus mortales", dijo la Sra. Byanyima. “No podemos tomar dinero de una enfermedad para tratar otra. La respuesta tanto para el VIH como la COVID-19 deben estar totalmente financiados para evitar la pérdida masiva de vidas".

GINEBRA, 24 de junio de 2020 - La 46.ª reunión de la Junta de Coordinación del ONUSIDA comenzó el pasado 23 de junio de 2020. Celebrada por primera vez de manera virtual como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la reunión consistirá en tres días de debates y reflexiones en torno a la respuesta al VIH, la interconexión entre las pandemias gemelas del VIH y la COVID-19, y el trabajo de la Secretaría y el Programa Conjunto.

En su discurso inicial para dar por inaugurada la reunión de la Junta de Coordinación del ONUSIDA, la Directora Ejecutiva de ONUSIDA presentó una visión general del panorama del VIH y la COVID-19 a mediados del año 2020 en todo el mundo, e insistió a la audiencia en línea en que la epidemia del VIH sigue siendo una cuestión urgente que aún está por resolver.

«Aun antes de la situación desatada por la COVID-19, estábamos lejos de conseguir nuestros objetivos para el año 2020. Ahora la crisis de la COVID-19 nos aparta todavía más del camino», advirtió la Sra. Byanyima. «Como Programa Conjunto, hemos de abordar los grandísimos desafíos que esta crisis nos presenta hoy para vencer las dos pandemias y construir sociedades más seguras, justas, igualitarias y resilientes», añadió.

La Sra. Byanyima instó a los países a tomar nota de las lecciones aprendidas con relación al acceso desigual a los servicios del VIH a lo largo de la historia, y a sacar conclusiones y ponerlas en práctica en la lucha contra la COVID-19. Llamó repetidamente la atención sobre el hecho de que millones de personas morían de enfermedades relacionadas con el sida, cuando se disponía de medicinas que podían salvarles la vida. Una y otra vez advirtió de que, si se dejaba que las empresas farmacéuticas tuvieran acceso a los medicamentos, los precios subían en exceso para los habitantes de los países en desarrollo.

En la misma línea, la Sra. Byanyima pidió trabajar por una vacuna contra la COVID-19 accesible para todo el mundo. Así, no dejó de suplicar un acuerdo internacional que fije que todas las vacunas y los tratamientos que se descubran para la COVID-19 se pongan a disposición de todos los países. «No podemos olvidar a los países en desarrollo», clamó.

La Directora Ejecutiva también dedicó un tiempo a hablar de la creciente importancia que ONUSIDA ha tenido durante la pandemia. Para ella, el Programa aportaba algo que nadie más podía aportar: su inigualable combinación de experiencia teórica y saber hacer sobre el terreno, la cual puede ayudar a garantizar que la respuesta a la COVID-19 refleje las principales lecciones aprendidas de la respuesta al VIH.

Recordó a todos los participantes en la reunión que el apoyar los tratamientos y la prevención del VIH, trabajar en la primera línea junto con las comunidades, defender los derechos humanos y la igualdad de género, y concienciar contra el estigma y la discriminación son los grandes objetivos para el mandato de ONUSIDA. Durante este mandato, ONUSIDA continuará velando por el suministro y llegando a las personas más olvidadas. Además, y tal y como afirmó la Sra. Byanyima, se pretende abolir la ley mundial con relación a las agujas y abordar las desigualdades que hacen que las personas corran más riesgos de infectarse tanto con el VIH como con la COVID-19.

Refiriéndose a la siguiente estrategia mundial de ONUSIDA, la Sra. Byanyima prometió que la nueva estrategia fundamental de ONUSIDA, diseñada para elaborar una mejor respuesta al VIH, reflejará las mayores aportaciones y el mayor compromiso posibles por parte de la Junta de Coordinación del ONUSIDA, sus electores y la comunidad mundial del sida. Propuso dar a conocer en la 47.ª reunión de la Junta de Coordinación del ONUSIDA, convocada para diciembre de 2020, un ambiciosísimo borrador de la estrategia, cuya versión final se revisaría y sería adoptada por la misma Junta en marzo del año 2021. 

La Sra. Byanyima puso al día a la Junta de Coordinación del ONUSIDA con relación a la transformación interna que había tenido lugar en ONUSIDA. Destacó cómo ella se esforzará por aportar principios de liderazgo femeninos capaces de ayudar a cambiar la cultura imperante en la organización. Anunció también de otra serie de pasos para garantizar la transformación ya iniciada, incluyéndose aquí un sistema de gestión de actuaciones revisado y una función de ética independiente.

La Sra. Byanyima concluyó su intervención recordando todo lo que se tiene constancia de que se consigue cuando se invierten fondos en ONUSIDA. Una y otra vez reiteró la importancia de financiar por completo la labor de ONUSIDA, junto con la de otras fuentes de financiación como el Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, y el Plan de emergencia del presidente de los Estados Unidos para la lucha contra el sida.

«Como la COVID-19 bien nos ha demostrado, las inversiones en los principios, los enfoques, las infraestructuras y la experiencia en lo referente al VIH van mucho más allá de la respuesta al sida», defendió.

Por Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA — Publicado por primera vez en Informes de perspectivas del Foro Económico Mundial (mayo de 2020)

Reconociendo la catástrofe de la salud pública

Como bien hemos visto en los países más ricos, los determinantes económicos y sociales de la enfermedad y la salud son unos fuertes indicadores de las posibilidades que tenemos de morir por la COVID-19. Quienes más riesgos corren, con diferencia, son las personas pobres que viven en países sin apenas recursos, ya que son las que más enfermedades previas arrastran. Además, cientos y cientos de estas personas están malnutridas o inmunodeprimidas. Para una cuarta parte de la población urbana mundial que vive en barrios marginales y para muchísimos refugiados y desplazados, la distancia social y el lavado constante de manos no son, en absoluto, posibles.

La mitad de las personas que habitan el globo no tiene acceso a la atención sanitaria básica ni tan siquiera en épocas normales. Mientras que en Italia hay un médico por cada 243 personas, en Zambia tan solo hay un médico para cada 10 000 personas. En Mali se cuenta con tres respiradores por cada millón de habitantes. El gasto medio en salud en los países de bajos ingresos ronda únicamente los 41 dólares por persona al año, 70 veces menos de lo que invierten los países con altos ingresos.

La pandemia ejercerá una presión ingente sobre las instalaciones sanitarias, la cual no solo afectará a las personas con COVID-19, sino que perjudicará muy negativamente a todo aquel que necesite atención médica. Sabemos de lo que hablamos. Esto ya pasó tiempo atrás. Durante la epidemia de ébola en Sierra Leona se registró un aumento de un 34 % en la mortalidad materna y un 24 % en las tasas de mortalidad fetal, debido a que cada vez menos mujeres tenían acceso al cuidado pre- y posparto.

La Organización Internacional del Trabajo prevé que desaparecerán entre 5 y 25 millones de empleos, y que se perderán entre 860 mil millones y 3,4 billones de dólares estadounidenses en ingresos laborales. El empobrecimiento masivo hará que los tratamientos sean inaccesibles aún para más gente. Hasta ahora, cada año, mil millones de personas tienen bloqueado el acceso a la atención sanitaria como consecuencia de las tasas de usuario. Esta exclusión de los cuidados básicos no perjudicará solo a las personas directamente afectadas: pondrá en peligro la vida de todos, puesto que hemos de convencernos de que un virus no se puede contener si hay personas que no pueden permitirse ni test ni tratamientos.

Los confinamientos sin ningún tipo de retribución son devastadores, pues están obligando a millones de personas a escoger entre el peligro y el hambre. Como en muchos países en desarrollo, más de tres cuartas partes de los trabajadores pertenecen al sector informal y viven con lo que ganan a diario, muchos de los que se vean obligados a quedarse en casa no tendrán nada que llevarse a la boca. Por ello, infinidad de personas ignorará las reglas del confinamiento y asumirá el riesgo de contraer la enfermedad del coronavirus.

Ya fuimos testigos de ello durante la respuesta al sida. Sabemos que los Gobiernos que luchen por contener la crisis buscarán chivos expiatorios (migrantes, minorías o personas socialmente excluidas), lo que hará aún más complicado acceder a las personas, realizarles las pruebas, tratarlas y frenar la expansión del virus. Los países donantes empezarán a dejar el dinero en sus fronteras, al sentir que no pueden permitirse el ayudar a los demás. La presencia de la COVID-19 supone una enorme amenaza para todos y en todo el mundo. Y no solo perjudicará a los países en desarrollo, sino que también exacerbará los desafíos a los que habrán de enfrentarse los países donantes.

Sin embargo, en medio del inmenso dolor que sentimos y del terror que se ha apoderado de nosotros, la crisis también nos brinda la oportunidad de forjar un fuerte, tenaz y colaborador liderazgo basado en principios, a partir del cual podamos cambiar el curso de la pandemia y de la sociedad.

Aprovechando la oportunidad de la sanidad pública

Si bien suele pensarse que, al responder a una crisis, agotamos nuestra capacidad para emprender mayores reformas sanitarias, lo cierto es que, en materia de salud, sucede todo lo contrario. Los grandes pasos en cuanto a la salud normalmente se han producido en respuesta a una crisis mayor. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas sanitarios en Europa y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, o en cómo el sida y la crisis económica nos acercaron a la atención sanitaria universal en Tailandia. Ahora, en medio de esta despiadada crisis, los líderes de todo el mundo tienen ante ellos la oportunidad de construir esos sistemas de salud que siempre se necesitaron y por los que ahora no se puede esperar ni un segundo más.

La atención sanitaria universal

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que, por el bien de todos, quien no se sienta bien no debería tener que recaudar dinero antes de recibir asistencia. Mientras la lucha por controlar al agresivo coronavirus continúa sin descanso, hay una necesidad imperiosa de acabar de inmediato con las tasas de usuario.

La atención sanitaria gratuita no solo se antoja esencial para plantarle cara a la pandemia: cuando la República Democrática del Congo en 2018 instauró la atención sanitaria gratuita para derrotar al ébola, el uso de la atención sanitaria mejoró en general, al duplicarse las consultas por neumonía y diarrea, y observarse un aumento de entre un 20-50 % de mujeres que dan a luz en una clínica. Dichas ganancias volvieron a perderse tan pronto como se retiró la asistencia gratuita. Con la atención sanitaria gratuita lograremos también evitar la tragedia de ver cómo 100 millones de personas son obligadas a caer en la pobreza extrema por tener que costearse ellas mismas y año tras año su atención sanitaria.

Ya que aún no hay vacuna contra la COVID-19, los países deberán ser capaces de limitarla y contenerla. El carácter inevitable de futuras pandemias torna permanente la necesidad de contar con fuertes sistemas de salud universal en todos y cada uno de los países del mundo.

Financiadas con fondos públicos, las medicinas y la atención sanitaria más puntera han de llegar a todas las personas con independencia de dónde vivan. Para permitir el acceso universal, los Gobiernos han de integrar los servicios liderados por la comunidad en los sistemas públicos. Esta crisis ha puesto también de manifiesto cómo nuestra salud precisa que los sanitarios que nos protegen y cuidan deben protegerse también a sí mismos y recibir cuidados.

Dada la interconectividad existente entre la salud y los medios de vida, todos los países tendrán también que fortalecer sus redes de seguridad social para fomentar la resiliencia. La COVID-19 no se ha cansado de demostrarnos que necesitamos Gobiernos activos, responsables y comprometidos que regulen los mercados, reduzcan las desigualdades y nos proporcionen los servicios públicos esenciales. El Gobierno debe estar ahí, al pie del cañón.

Financiando nuestra salud

Muchos países en desarrollo se estaban ya enfrentando a una deuda que los llevó a recortes en la atención sanitaria pública. Reconociendo que la atención sanitaria universal en todo el mundo es un bien público global, los Gobiernos prestamistas, las instituciones financieras internacionales y los actores financieros privados deben seguir prolongando y ampliando las suspensiones temporales de la deuda que han anunciado recientemente. La propuesta realizada por Jubilee Debt Campaign y cientos de otras organizaciones de la sociedad civil establece el tipo de ambición que se expone.

Los donantes bilaterales y las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial, deberían asimismo otorgar subsidios, no préstamos, para abordar el impacto social y económico de la pandemia sobre los grupos de población pobres y más vulnerables, entre ellos los trabajadores del sector informal y las poblaciones marginadas. Se ha de incrementar el apoyo a los costes de los sistemas sanitarios existentes en los países en desarrollo. Costaría aproximadamente 159 mil millones de dólares estadounidenses doblar el gasto en salud pública de los 85 países más pobres del mundo, donde viven 3,7 mil millones de personas. Eso es menos del 8 % del último estímulo fiscal concedido por los Estados Unidos. Es fantástico ver a los países donantes conversar e intercambiar palabras muy inspiradoras con relación a un nuevo Plan Marshall. Sin embargo, en la actualidad, las contribuciones prometidas son totalmente insuficientes.

Liderazgo empresarial

Del mismo modo, hace falta un nuevo tipo de liderazgo por parte del mundo empresarial. Es preciso uno que reconozca cuánto depende de sociedades sanas, y que logre el equilibrio necesario entre el mercado y el Estado. Tal y como ha señalado el presidente Macron, esta pandemia «revela que algunos productos y servicios han de situarse fuera de las reglas de mercado establecidas». La década pasada vio un rápido aumento en la comercialización y financiación de los sistemas sanitarios en todo el globo. Eso ha de terminar.

De acuerdo con lo que un grupo de 175 multimillonarios hicieron constar en una carta pública firmada en la Reunión anual del Foro Económico Mundial de 2020 celebrada en Davos, ha llegado el momento de que «los miembros de la clase más privilegiada de seres humanos que nunca antes había caminado sobre la faz de la Tierra» apoyen «impuestos más elevados y más justos a los millonarios y multimillonarios, y luchen por evitar el fraude y la evasión fiscales». Los líderes empresariales responsables deberían apoyar una reforma impositiva de las empresas, nacionales e internacionales, que incluya tasas más elevadas, elimine las exenciones, cierre los paraísos fiscales y resuelva todas las lagunas fiscales.

A pesar de las innumerables lecciones aprendidas con el sida, la monetización de la propiedad intelectual ha traído consigo un sistema de enormes monopolios privados, investigación insuficiente en enfermedades clave y precios que la mayoría de las personas no pueden permitirse. Los países necesitan contar con la mayor de las flexibilidades para garantizar la disponibilidad de tratamientos médicos básicos para todas las personas, y, al tiempo, garantizar las nuevas reglas que priorizan la salud colectiva por encima de los beneficios privados. Es vital alcanzar un acuerdo internacional que fije que todas las vacunas y los tratamientos que se descubran para la COVID-19 se pongan a disposición de todos los países. La propuesta de Costa Rica de «una patente internacional mancomunada» permitiría que todas las tecnologías diseñadas para la detección, la prevención, el control y el tratamiento de la COVID-19 estés disponibles para todo el mundo. De esta forma, se evitaría que ninguna empresa o país se hiciera con el monopolio. Los países en desarrollo no deben ser dejados fuera ni atrás en la cola a la espera de tratamientos.

Se necesita un liderazgo que vuelva a dar forma a la cooperación global: la crisis de la COVID-19 ha demostrado que nuestro sistema multilateral es desigual, que está anticuado y que es incapaz de responder a los desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Sin duda, haremos frente a amenazas aún mayores que esta pandemia, que solo podremos superar con un multilateralismo justo e inclusivo.

Todos nos necesitamos

La pandemia de COVID-19 es, al mismo tiempo, una crisis que está agudizando las desigualdades existentes y una oportunidad para dar visibilidad a dichas desigualdades.

La respuesta al sida demuestra que solo con un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en valorar a cada persona individualmente, las sociedades podrán vencer la amenaza existencial que suponen las pandemias. La atención sanitaria universal no es un regalo de quienes tienen medios a quienes no los tienen, es una derecho que todos tenemos y una inversión compartida en nuestra seguridad y bienestar.