En el Día de la Cero Discriminación de 2023, que se celebra el 1 de marzo, ONUSIDA pone de relieve la necesidad de eliminar las leyes que criminalizan a las personas que viven con el VIH y a los grupos de población clave.* El lema de 2023, «Despenalizar salva vidas», insiste en el impacto positivo en los resultados de salud y vida que se observa cuando se eliminan las leyes discriminatorias y punitivas.
En el año 2021, el mundo estableció ambiciosos objetivos de reforma de las leyes con el fin de eliminar las leyes penales que están socavando la respuesta al VIH y dejando atrás a los grupos de población clave. Al reconocer la despenalización como un elemento fundamental en la respuesta, los países se comprometieron a que, para 2025, menos del 10 % de los países mantuvieran entornos jurídicos y políticos punitivos que afectaran a la respuesta al VIH.
Por su parte, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, destacó:
«La criminalización de las leyes obliga a las personas a huir de los tratamientos que salvan vidas. Por eso urge eliminarlas. La única razón por la que las personas siguen muriendo por el sida son las desigualdades sociales, las normas sociales, la ausencia de oportunidades escolares, etc., y todas ellas se unen para ponerlas aún más en riesgo».
«A nivel nacional, es fundamental derogar las leyes penales que están alejando a las personas de la prevención y el tratamiento del VIH».
Estos objetivos son ambiciosos pero necesarios
La investigación en el África subsahariana ha demostrado que la prevalencia del VIH entre los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es cinco veces superior en los países que penalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo en comparación con aquellos que no lo hacen, y doce veces superior en los casos en los que se produjeron procesos judiciales recientes.
La penalización del trabajo sexual incrementa tanto el riesgo de contagio del VIH de los trabajadores sexuales como su vulnerabilidad a la violencia perpetrada por los consumidores, la Policía y otras personas. La criminalización de los clientes de los trabajadores sexuales también ha demostrado repetidamente que afecta negativamente a la seguridad y la salud de los trabajadores sexuales, incluida la reducción del acceso y el uso de preservativos, y el aumento de las tasas de violencia.
La despenalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal se asocia con una disminución significativa de la incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas, incluso a través de un mayor acceso a los servicios de reducción del daño, la reducción de la violencia y el arresto o el acoso por parte de los organismos de aplicación de la ley.
En ese sentido, la Sra. Byanyima destacó:
«Tenemos la evidencia de que, cuando se derogan las leyes penales sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, disminuye significativamente el riesgo de contraer el VIH entre los gais y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.
«Para mí, el VIH es una enfermedad, pero es más una injusticia social. Está impulsada por las desigualdades en la sociedad. No son cosas que puedan ocurrir sin un consenso en la sociedad, por lo que necesitamos que todo el mundo participe».
Por tanto, la reforma de las leyes es fundamental si queremos poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.
Los objetivos son ambiciosos, pero no imposibles
De hecho, la experiencia reciente demuestra lo posibles que son. En 2022, Bélgica y Australia han eliminado las leyes que criminalizan el trabajo sexual; Zimbabwe despenalizó la exposición al VIH, la no revelación y la transmisión, y la República Centroafricana redujo el alcance de sus leyes penales contra el VIH. Por su parte, Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Singapur y Barbados han derogado las antiguas leyes coloniales que criminalizan la actividad sexual del mismo sexo. Kuwait derogó una ley que criminaliza la imitación del sexo contrario, una ley utilizada para dirigirse a las personas trans, mientras que Nueva Zelanda eliminó las restricciones de viaje relacionadas con el VIH.
Sin embargo, a pesar de estas reformas tan alentadoras, el mundo no va por buen camino para garantizar que solo menos del 10 % de los países tengan entornos jurídicos y políticos punitivos que obstaculicen el acceso a los servicios para el VIH. Según ONUSIDA, en 2021, 134 países que comunican datos criminalizaron o persiguieron de manera explícita la exposición al VIH, la no revelación o la transmisión del virus; 20 países que comunican datos criminalizaron y/o perseguieron a personas trans; 153 países que comunican datos criminalizaron al menos un aspecto del trabajo sexual y 67 países ahora criminalizan la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen restringiendo la entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH, mientras que 53 países exigen la realización obligatoria de pruebas del VIH, por ejemplo, para obtener los certificados de matrimonio o para ejercer ciertas profesiones. Aún 106 países exigen consentimiento paterno a los adolescentes para acceder a las pruebas del VIH.
Dichas leyes y sanciones infringen las normas internacionales de derechos humanos y estigmatizan y discriminan a las poblaciones ya marginadas.
La despenalización salva vidas y ayuda a avanzar hacia el fin de la pandemia de sida.
* Los grupos de población clave son las comunidades con un mayor riesgo de contraer el VIH, incluidos los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los consumidores de drogas, los trabajadores sexuales, las personas trans, las personas en cárceles y otros centros de internamiento.
