La decisión de Estados Unidos en enero de congelar todos los fondos para la asistencia exterior de Estados Unidos, incluido el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR), ha tenido un impacto crítico en varios países de América Latina y el Caribe, exacerbando los desafíos existentes en la respuesta al VIH. Más de 20 países de la región dependen de estos fondos para brindar servicios de tratamiento, prevención y atención del VIH, incluidos servicios dirigidos por la comunidad enfocados en las comunidades más discriminadas y marginadas.
Después de la decisión de congelar todos los fondos estadounidenses para la asistencia exterior, el gobierno de Estados Unidos emitió una exención que permite que algunos fondos se destinen a apoyar servicios que salvan vidas. Sin embargo, la confusión sobre qué servicios pueden recibir apoyo y la falta de apoyo para algunos servicios significa que la situación sigue siendo crítica, lo que plantea un grave riesgo de retrocesos en la respuesta al SIDA en la región. Si bien algunos servicios clave de tratamiento y prevención de la transmisión vertical han estado volviendo a funcionar gradualmente, la mayoría de los países han enfrentado interrupciones en sus programas de tratamiento del VIH. La falta de financiación ha provocado una disminución significativa de las iniciativas comunitarias de prevención del VIH, una reducción de la adherencia al tratamiento, el asesoramiento y las actividades de apoyo y seguimiento social. En consecuencia, hay mayores riesgos de nuevas infecciones por VIH, de tasas de mortalidad más altas y un deterioro de la calidad de la atención para las personas que viven con el VIH, lo que afecta directamente a su capacidad de acceder al tratamiento y lograr la supresión viral, pasos cruciales hacia el objetivo mundial de eliminar el SIDA como problema de salud pública para 2030.
En Colombia y Perú, la congelación ha afectado gravemente a los migrantes y refugiados, que se estima que tienen una prevalencia del VIH dos veces superior a la de la población general. Aproximadamente 4.000 migrantes y refugiados reciben tratamiento antirretroviral (TAR) en Colombia gracias a los esfuerzos del gobierno y a los fondos de cooperación, pero la retirada de dichos recursos está afectando directamente a este grupo vulnerable y a la capacidad del país para incluirlos en el sistema de salud. Una organización comunitaria que apoyaba los servicios de VIH entre las comunidades migrantes y LGBT tuvo que rescindir los contratos de 40 de los 70 miembros del equipo, lo que redujo significativamente su capacidad para proporcionar servicios esenciales para llegar a esas poblaciones. En la República Dominicana, aunque el gobierno garantiza el acceso al tratamiento antirretroviral, la pausa en la financiación de PEPFAR ha dejado a miles de personas sin acceso a servicios esenciales para el VIH. PEPFAR apoya alrededor de un tercio de los servicios de atención del VIH, incluidos los servicios de PrEP, los recursos humanos de salud y las redes de laboratorios. La reducción de la asistencia comunitaria ha dificultado el acceso a los medicamentos para las personas, especialmente para aquellas que viven lejos de los centros de atención. La calidad de los servicios ofrecidos por los Servicios de Atención Integral (conocidos por las siglas SAI) en la República Dominicana se ha visto muy comprometida, ya que muchos miembros del personal y los servicios dependen completamente de los fondos de PEPFAR.
El Salvador también se ha visto afectado, ya que los proyectos de PEPFAR que apoyaban a las clínicas de atención integral del VIH ahora están suspendidos. Esto ha provocado una desaceleración de la atención y es probable que se pierda la oportunidad de nuevos diagnósticos e iniciaciones tempranas del tratamiento antirretroviral.
En Guatemala, la epidemia del VIH se concentra principalmente entre las poblaciones clave, como las personas transgénero, los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y los trabajadores sexuales. La distribución de la PrEP para estos grupos se ha visto gravemente afectada, y muchas organizaciones que dependen de la financiación del gobierno de los Estados Unidos han suspendido su trabajo. La reducción de personal, incluido el personal médico y los trabajadores sociales financiados a través del PEPFAR, ha provocado que las personas no puedan acceder a los servicios de prevención y tratamiento del VIH.
Haití ha visto un impacto significativo en su respuesta al VIH, ya que el PEPFAR cubre alrededor del 60% de la respuesta nacional. La orden de suspensión del trabajo ha desorganizado la respuesta, lo que ha provocado ansiedad entre los 127.000 haitianos que viven con el VIH y están en tratamiento. En el contexto de la crisis humanitaria y la violencia de las pandillas, más de un millón de personas se encuentran ahora desplazadas internamente en Haití, muchas de ellas desplazadas varias veces, entre ellas mujeres, niñas y niños. La escalada de violencia también ha provocado el cierre del 39% de los centros de salud, incluidos dos de los tres principales hospitales de la capital. El acceso a la atención sanitaria nunca ha sido más limitado. La calidad del servicio de prestación de medicamentos también se ha visto afectada, y aproximadamente 5.000 trabajadores de la salud han recibido órdenes de dejar de trabajar.
En Jamaica, el 70% de los recursos para el VIH provienen de fuentes externas, y el PEPFAR cubre alrededor del 50% de los servicios. La pausa en la financiación ha suscitado inquietudes sobre la prestación de servicios de prevención del VIH para poblaciones en riesgo prestados por organizaciones de la sociedad civil. Los grupos de la sociedad civil han informado de que su estabilidad institucional y su supervivencia están en riesgo, ya que muchos no pueden garantizar el empleo continuo de su personal de campo encargado de establecer contacto con las poblaciones más discriminadas y afectadas que necesitan servicios de VIH.
En Panamá, la suspensión de un estudio sobre diagnósticos recientes de VIH y la interrupción del transporte de muestras de laboratorio han limitado aún más los servicios esenciales de diagnóstico y seguimiento. El país ya se enfrentaba a importantes perturbaciones, en particular entre la población indígena Ngäbe-Buglé, que se espera que se enfrente a mayores obstáculos para acceder a los servicios de VIH. En 2023, a pesar de representar solo el 5% de la población de Panamá, el territorio, que alberga a aproximadamente 225.000 residentes, representó el 30% de las muertes relacionadas con el sida del país entre personas de 29 años o menos, según informó el Ministerio de Salud de Panamá.
En Brasil, por otro lado, el Sistema Único de Salud (SUS) garantiza el acceso universal, gratuito e ininterrumpido a los servicios de salud, incluidos el diagnóstico, el tratamiento y la prevención del VIH para todas las personas que viven en Brasil. El proyecto “A hora é agora”, llevado a cabo en cinco capitales con recursos del PEPFAR, trabajó para brindar servicios específicos como médicos, recepción y entrega de medicamentos antirretrovirales y PrEP, además de servicios de salud pública, por lo que la respuesta nacional al VIH no se vio afectada por el recorte de recursos.
América Latina es una de las tres regiones del mundo donde las nuevas infecciones por VIH han aumentado desde 2010, con un aumento del 9%, lo que pone de relieve la urgencia de abordar estas disrupciones. La región del Caribe ha logrado avances significativos en la reducción de las nuevas infecciones por VIH y en el aumento del acceso al tratamiento. Aun así, la congelación de los fondos de PEPFAR amenaza con revertir estos avances y el proceso en curso de creación de hojas de ruta de sostenibilidad para aumentar la financiación nacional para la respuesta al VIH.
ONUSIDA sigue trabajando con diversos socios para ayudar a mitigar el impacto y encontrar las mejores soluciones, y pide la continuidad de todos los servicios esenciales para el VIH en la región.
"El apoyo de los Estados Unidos a través de PEPFAR ha sido una piedra angular de la respuesta al VIH en nuestra región, incluido un factor clave para fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de las respuestas nacionales. La reciente exención humanitaria refleja el compromiso del pueblo estadounidense de salvar vidas y mantener el impulso para poner fin al sida para 2030", afirma Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. "ONUSIDA seguirá convocando a comunidades, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y socios para abogar por el apoyo continuo y los servicios críticos para el VIH respaldados por PEPFAR. También es hora de que los gobiernos de la región asuman un papel de liderazgo para garantizar el derecho a la salud de sus poblaciones más marginadas".
