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En una decisión histórica, el Congreso peruano ha aprobado una ley que amplía la cobertura temporal del seguro de salud a las personas migrantes diagnosticadas con VIH y TB. Esta ley, permite a las personas extranjeras no residentes acceder a servicios de salud a través del Seguro Integral de Salud (SIS) mientras completan sus procesos migratorios.

Esta ley, que incorpora propuestas de los Proyectos de Ley 5253, 5554 y 7260, representa un paso significativo en la reducción de barreras para la población migrante, asegurando atención médica oportuna sin necesidad de contar con documentación oficial de residencia. Así, los migrantes afectados por el VIH o TB pueden recibir servicios de salud esenciales, incluyendo consultas médicas y exámenes de diagnóstico, independientemente de su estatus migratorio.

El avance legislativo se produce tras más de dos años de labor de movilización liderada por el "Grupo Impulsor", una coalición que incluye a ONUSIDA, junto con socios como la iniciativa emblemática de USAID, el Proyecto de Sostenibilidad del Sistema de Salud Local (LHSS), la OIM, ACNUR, el Observatorio Peruano de Migración y Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (OPEMS-UPCH), el Colectivo GIVAR, VENEACTIVA, el Observatorio Social Peruano de la TB y Partners in Health.

Así mismo, proporcionar tratamiento oportuno a los migrantes con VIH o TB no sólo mejora su calidad de vida, sino que también reduce el riesgo de transmisión, lo que la convierte en una medida de salud pública crucial que beneficia a todas las personas. También ahorra dinero: la atención oportuna es mucho más rentable, ya que evita casos avanzados que sobrecargan el sistema sanitario.

Un análisis coste-beneficio revela que Perú podría ahorrar alrededor de 5 millones de soles (1,33 millones de dólares) anuales al prevenir nuevas infecciones y otros 54 millones de soles (14,58 millones de dólares) al evitar pérdidas de productividad relacionadas con el sida y las muertes por TB.

Las personas migrantes que viven con el VIH en Perú siguen siendo uno de los grupos más discriminados del país, con un 70,7% de estigmatización, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se enfrentan a una mayor vulnerabilidad debido a la xenofobia, la violencia y la explotación: casi la mitad de ellos han sufrido violencia física o explotación sexual. El acceso a la atención médica es un reto importante, ya que sólo el 2% de los migrantes con VIH están cubiertos por el seguro público de salud (SIS), lo que deja al resto pagando gastos de su propio bolsillo que muchos no pueden costearse.

“Al ampliar el acceso al seguro de salud a las personas migrantes, Perú no solo afronta estas barreras, sino que también se suma a los compromisos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dirigidos a erradicar epidemias como el sida y la TB para 2030”, dice Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. “Esta victoria legislativa no solo marca un punto decisivo en la política de salud, sino que también sienta un precedente para futuras reformas, garantizando un sistema de salud más inclusivo y equitativo para todos”

Proteger los derechos de todas las personas es proteger la salud pública.

GINEBRA, 15 de octubre de 2024— El Gobierno español ha anunciado hoy una nueva contribución de 1 millón de euros a ONUSIDA para apoyar su labor encaminada a poner fin al sida para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El anuncio se hizo tras una reunión entre la ministra española de Sanidad, Mónica García Gómez, y la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, en la capital del país, Madrid.

«Acogemos con gran satisfacción el compromiso de España para acabar con el sida», declaró Byanyima. «Nos encontramos en un momento crítico en la respuesta al VIH, y el camino que tomen los líderes mundiales este año determinará si la pandemia continúa indefinidamente o si acabamos con el sida para 2030. La solidaridad de España con ONUSIDA y la respuesta mundial al sida, así como su compromiso para hacer frente al estigma y la discriminación, son testimonio de su determinación para encaminar al mundo hacia el fin del sida y salvar millones de vidas. España ha dado ejemplo al resto del mundo».

España es un antiguo defensor del derecho a la salud. Durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, España hizo de la lucha contra el estigma y la discriminación asociados al VIH una prioridad política. España también se unió a la Alianza Mundial para la Acción para Eliminar todas las Formas de Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH y está avanzando en su plan de implementación para eliminar el estigma en entornos sanitarios, laborales y educativos.

ONUSIDA espera seguir fortaleciendo su asociación con España para avanzar hacia los objetivos mundiales y construir una respuesta sólida y basada en los derechos para poner fin al sida en 2030 y mantener los logros en el futuro.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

GINEBRA, 21 DE JUNIO DE 2024- ONUSIDA aplaude la sentencia del Tribunal Supremo de Namibia, que declara inconstitucional la ley que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo.  El tribunal consideró que la ley era incompatible con los derechos constitucionales de los ciudadanos namibios. Esta decisión, que está en consonancia con una serie de sentencias dictadas por tribunales de África meridional en los últimos años, supone una importante victoria para la igualdad y los derechos humanos de todos los namibios y contribuirá a proteger la salud de todos.

"Esta decisión del Tribunal Supremo de Namibia es un gran paso hacia una Namibia más inclusiva", declaró Anne Githuku-Shongwe, directora regional de ONUSIDA para África oriental y meridional. "El derecho consuetudinario de la época colonial, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, perpetuaba un entorno de discriminación y miedo que a menudo obstaculizaba el acceso de las personas LGBTQ+ a servicios sanitarios esenciales. Para proteger la salud de todos, necesitamos proteger los derechos humanos de todos."

Introducida originalmente durante el régimen colonial de la Sudáfrica del apartheid y mantenida en la legislación namibia cuando el país obtuvo la independencia en 1990, esta ley se había utilizado para racionalizar la discriminación contra las personas LGBTQ+ en Namibia. No sólo violaba los derechos constitucionales de los ciudadanos namibios, sino que también suponía un desafío para la salud pública. El clima creado por la ley disuadía a las personas LGBTQ+ de someterse a las pruebas y al tratamiento del VIH, lo que socavaba los esfuerzos por controlar la epidemia.

"Al despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, Namibia crea un entorno más seguro para las comunidades LGBTQ+", dijo la Sra. Githuku-Shongwe. "Esto les permite acceder a servicios sanitarios vitales, contribuyendo al objetivo mundial de acabar con el sida como amenaza para la salud pública para 2030."

ONUSIDA insta a todos los países a seguir el ejemplo de Namibia, eliminar las leyes punitivas y hacer frente a los prejuicios contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Desde 2019, Botsuana, Gabón, Angola, Bután, Antigua y Barbuda, Barbados, Singapur, San Cristóbal y Nieves, las Islas Cook, Mauricio y Dominica han derogado leyes que criminalizaban a las personas LGBTQ+.

Un mundo más justo, equitativo y amable es un mundo más sano para todos.

ONUSIDA

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GINEBRA, 30 de abril de 2024—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) está profundamente preocupado por el impacto de la nueva legislación perjudicial en Iraq que modifica la ley de 1988 contra el trabajo sexual para criminalizar a las personas LGBTQ+. La legislación impone una pena de prisión de entre 10 y 15 años por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Las personas transgénero se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión por expresar su género o recibir atención para la afirmación de su género.   También se enfrentan a penas de hasta siete años por promover la homosexualidad. Y hasta tres años por proporcionar cuidados de afirmación de género.

Criminalizar las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y la expresión de género no sólo viola los derechos humanos fundamentales, sino que también socava los esfuerzos para acabar con el sida al llevar a las poblaciones marginadas a la clandestinidad y alejarlas de los servicios sanitarios esenciales, incluidos los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH que salvan vidas.

A escala mundial, el movimiento en favor de los derechos humanos ha progresado en los últimos 40 años. Al comienzo de la pandemia de sida, a principios de los años 80, la mayoría de los países penalizaban las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo; ahora, dos tercios no lo hacen. Un número cada vez mayor de países ha reconocido también los derechos de las personas trans y otras personas con diversidad de género. Sin embargo, esta nueva legislación en Irak representa un importante retroceso y forma parte de una oleada de leyes punitivas y restrictivas que se están aprobando y que menoscaban los derechos de las personas LGBTQ+.  

La legislación aprobada en el Parlamento es una enmienda a una ley vigente de 1988 contra el trabajo sexual que sigue penalizando tanto la venta como la compra de servicios sexuales. Las enmiendas aprobadas el sábado 27 de abril de 2024 endurecen las penas en relación con el trabajo sexual. Asimismo, estas leyes menoscaban los derechos humanos y la salud pública de los profesionales del sexo que los países se comprometieron a salvaguardar en la Declaración Política sobre el VIH y el Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2021.

ONUSIDA hace un llamamiento a las autoridades iraquíes para que deroguen esta legislación discriminatoria y cumplan sus obligaciones en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos para proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. ONUSIDA se solidariza con las personas y comunidades LGBTQ+ y reafirma su compromiso de trabajar con sus asociados para promover la igualdad, acabar con el estigma y la discriminación, defender los derechos humanos -incluido el derecho a la salud- y garantizar el acceso a servicios integrales contra el VIH para todos, en todas partes.

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22 de abril de 2024—ONUSIDA celebra la decisión del Tribunal Superior de Dominica de proteger los derechos de las personas LGBTQ en Dominica.

El Tribunal ha dictaminado hoy que los artículos 14 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales, que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, son inconstitucionales en virtud de la Constitución de la Commonwealth de Dominica. El Tribunal dictaminó que las disposiciones anteriores violaban el derecho a la libertad, garantizado por el artículo 1 (a) de la Constitución, la libertad de expresión, garantizada por los artículos 1 (b) y 10 (1), y la protección de la intimidad personal, garantizada por el artículo 1 (c). 

En una decisión de la juez Kimberly Cenac-Phulgence sobre una demanda presentada por un hombre gay, el Tribunal consideró que:

"criminalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, como se hace en los artículos 14 y 16 de la SOA, es una restricción injustificable del derecho constitucionalmente garantizado a la libertad de expresión en una sociedad libre y democrática".

Con igual contundencia, el tribunal aceptó que el derecho a la protección de la intimidad del hogar abarca:

"la vida privada y familiar y la esfera personal que incluye la propia identidad y orientación sexual, así como la actividad íntima con la pareja que la persona elija. Por lo tanto, los artículos 14 y 16 de la SOA contravienen la Constitución en la medida en que se inmiscuyen en la vida privada y familiar de una persona al prohibir la elección de los adultos que consienten con quién mantener relaciones sexuales íntimas y, por lo tanto, son nulos".

Dominica es el sexto país del Caribe en el que una poderosa acción comunitaria ha conseguido eliminar la penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Además de promover los derechos humanos de todas las personas, incluidas las del colectivo LGBTQ, este avance jurídico también promoverá la salud pública para todos. La serie de sentencias dictadas en todo el Caribe está ayudando a la región a acelerar su avance hacia cero nuevas infecciones por el VIH, cero muertes relacionadas con el sida y cero discriminación para las personas afectadas.

Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, ha declarado:

"Hoy, otro tribunal caribeño ha anulado la antigua y perjudicial ley punitiva colonial que criminalizaba a las personas LGBTQ. La sentencia de Dominica es una victoria para la salud pública y para los derechos humanos. Proteger los derechos humanos de todas las personas es esencial para proteger la salud de todas las personas. Los tribunales, como guardianes de las Constituciones escritas que consagran los derechos fundamentales, son vías vitales para la realización de los derechos de todos".

ONUSIDA felicita a Dominica y honra especialmente la fortaleza de las comunidades de primera línea de Dominica por liderar el movimiento en favor de los derechos humanos de todas las personas.

ONUSIDA

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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, la ciudad más grande de Ecuador y el principal puerto del país, firmó las Declaraciones de París y Sevilla el 28 de febrero, situando a la ciudad entre los casi 500 municipios de todo el mundo que se han comprometido a acelerar la acción a nivel local para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH o están afectadas por él. Con este compromiso, la ciudad se compromete a contribuir al objetivo del país de poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

Guayaquil es la capital de la provincia de Guayas, la más poblada de Ecuador y la más afectada por el VIH, con más de un tercio de todas las notificaciones de nuevas infecciones por VIH del país, según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador. La epidemia se concentra en las poblaciones clave, con una prevalencia del VIH del 7,3% entre los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), por ejemplo.

"Un número importante de casos reportados con VIH en 2023 viven en Guayaquil", dijo Andrés Díaz, Director Técnico de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la Dirección de Salud e Higiene de la ciudad. "Sabemos que la mejor manera de mejorar la prevención del VIH es a través de la educación y sensibilización de los ciudadanos para que se hagan la prueba".

Guayaquil ha realizado importantes esfuerzos para intensificar el cribado del VIH y ha aumentado la detección de casos seropositivos en un 1,6%. Las personas diagnosticadas se vinculan inmediatamente al sistema de salud pública para iniciar el tratamiento antirretrovírico de primera línea, disponible universalmente para nacionales y migrantes en Ecuador.

No obstante, el Departamento de Salud del Municipio de Guayaquil ha desarrollado un plan con acciones clave que se implementarán como resultado del compromiso de la ciudad con la iniciativa Fast-Track. Algunas de las prioridades más estratégicas son la ampliación de los servicios de VIH, incluida la prevención del VIH, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; la sensibilización de los funcionarios públicos sobre cuestiones de estigma, discriminación y violencia de género vinculadas al VIH; y facilitar la participación de las comunidades, especialmente de la población clave y vulnerable, en la definición y ejecución de programas de VIH a nivel comunitario.

Al acto asistieron representantes de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, como la Corporación Kimirina, la Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con el VIH y la Asociación Trans LGBT+ Silueta X. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de la ciudad por responder al VIH. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de la ciudad por responder al VIH. "La participación ciudadana bajo el liderazgo de la autoridad local, con énfasis en los grupos comunitarios más vulnerables y en riesgo, es vital para lograr el objetivo de acabar con el sida para 2030", enfatizaron las delegadas de la Corporación Kimirina María Elena Acosta y Lily Márquez. Asimismo, Joan Morales de la Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con VIH destacó que "Al firmar las Declaraciones de París y Sevilla, Guayaquil se une a muchas otras ciudades que se han comprometido a brindar servicios de salud acelerados y sostenidos que nos permitan erradicar no solo el SIDA sino también la Tuberculosis, la Malaria y otras enfermedades tropicales, con acciones que contribuyan a reducir la discriminación hacia las personas que viven con VIH y otras comunidades afectadas."

Creada en 2014, la Declaración de París sobre la Acción Acelerada de las Ciudades para Poner Fin a la Epidemia del VIH es una declaración política con compromisos y objetivos que incluyen poner fin a las epidemias urbanas de sida y tuberculosis (TB), así como eliminar las hepatitis víricas (VHB y VHC). También articula un mandato para situar a las personas en el centro de la respuesta. Para definir y facilitar ese mandato, en 2022 se creó la Declaración de Sevilla sobre la Centralidad de las Comunidades en las Respuestas Urbanas al VIH, en la que se esbozan los 10 compromisos que se pide a las ciudades y municipios que asuman para aumentar la participación y promover el liderazgo de las comunidades afectadas en la consecución de las metas, objetivos y objetivos de la iniciativa Ciudades por la Vía Rápida.

"Felicitamos a la Alcaldía de Guayaquil por su compromiso de contribuir a los esfuerzos de Ecuador para alcanzar los objetivos de la Estrategia Mundial del Sida 2025, reduciendo el número de nuevas infecciones por el VIH y de muertes relacionadas con el sida y eliminando el estigma y la discriminación en todas sus formas", dijo Andrea Boccardi Vidarte, Directora de la Oficina de ONUSIDA para los Países Andinos. "Este compromiso es también un reconocimiento al liderazgo de las comunidades más afectadas por el VIH y a su apoyo a los objetivos de la ciudad".

En el corazón de la bulliciosa Ciudad de Guatemala, Juan solía enfrentarse al ajetreo diario de la vida con un espíritu inquebrantable. Le habían diagnosticado el VIH hacía varios años y había aprendido a gestionar su salud con eficacia. Como empleado dedicado en una empresa de marketing, vertía su creatividad en cada proyecto que tocaba.

Su vida parecía ir viento en popa hasta que se produjo un giro inesperado en su lugar de trabajo. Un compañero se topó con los registros médicos de Juan y, en una violación de su privacidad, descubrió su estado serológico. Pronto, los susurros se extendieron por la oficina y Juan empezó a sentir las miradas frías y las conversaciones cada vez que pasaba. Al final, fue despedido de su empresa por un “motivo de reorganización".

A medida que la discriminación se hizo más evidente, Juan decidió que era hora de tomar medidas. Pidió consejo a Líderes Profesionales, una red de abogados especializados en casos de discriminación para personas que viven con el VIH. Con el apoyo de ONUSIDA, esta red se ha comprometido a luchar por la justicia y la igualdad de las comunidades marginadas.

Al conocer la historia de Juan, los abogados de Líderes Profesionales quedaron consternados por la flagrante violación de la privacidad y la consiguiente discriminación. Rápidamente formaron un equipo jurídico dedicado a garantizar la justicia para Juan. Los abogados explicaron las protecciones legales existentes para las personas con VIH, haciendo hincapié en que la discriminación en el lugar de trabajo basada en el estado de salud es una clara violación de la ley.

Junto con Juan, el equipo jurídico inició una demanda contra la empresa. Presentaron una denuncia por violación de la privacidad, discriminación e incumplimiento de la obligación de proporcionar un entorno laboral seguro e inclusivo, y solicitaron el pago de prestaciones y una indemnización por despido injustificado.

Líderes Profesionales trabajó incansablemente para denunciar el trato injusto que Juan había sufrido, buscando justicia para él y abogando por un cambio más amplio en las políticas del lugar de trabajo. Organizaron talleres para sensibilizar a las empresas, instándolas a poner en práctica una formación y una política integrales en materia de diversidad e inclusión.

A diciembre de 2023, el caso seguía abierto. El objetivo del equipo jurídico es conseguir una indemnización para Juan y fomentar un entorno en el que no se tolere este tipo de discriminación en el futuro.

"La experiencia de Juan y otros cinco casos relacionados con la discriminación en el lugar de trabajo este año nos inspiran para continuar nuestra labor de defensa", afirma Julio Rodríguez, Director de Líderes Profesionales. "Redoblamos nuestros esfuerzos para apoyar a las personas que sufren discriminación, aprovechando cada caso como una oportunidad para concienciar e impulsar un cambio sistémico."

Se calcula que en Guatemala hay 31.000 personas que viven con el VIH. El estigma y la discriminación relacionados con el VIH siguen siendo omnipresentes. Según el último Índice Nacional de Estigma (2017), el 14% de las personas que viven con el VIH informaron haber perdido su trabajo o fuente de ingresos debido a su estado serológico positivo para el VIH, y el 13% de las personas que viven con el VIH informaron que se les negó el empleo o la oportunidad de trabajar debido al VIH.

"Tener acceso a apoyo jurídico representó realmente un punto de inflexión para Juan. Empoderado por ello, es un defensor más vocal de la sensibilización sobre el VIH y de los esfuerzos contra la discriminación", afirma Marie Engel, Directora de ONUSIDA para Guatemala, Honduras y Nicaragua. "A través de su viaje, Juan contribuye a una sociedad más justa e inclusiva para todos".

En el tranquilo rincón de un centro comunitario de Ciudad de Guatemala, Emma -nombre ficticio-, de 29 años, está sentada entre otras mujeres a las que no conoce. En los rostros y gestos de cada una de ellas, se puede ver que todas llevan sobre sus hombros el peso de la violencia y la injusticia.

Los primeros y sutiles rayos de sol llenan poco a poco la habitación; la calma y el confort invitan a Emma y a las demás a sentir más relajados sus corazones y sus almas. Con ojos cansados, manos pequeñas y un corazón marcado por la violencia, mira a su alrededor, absorbe la energía del lugar y respira hondo mientras espera el comienzo de una sesión de terapia y una charla informativa sobre el VIH.

Al comenzar la sesión de terapia, Emma comparte tímida y cautelosamente sus experiencias con Wendi Polanco, quien desde 2019 se ha convertido en una mano amiga para muchas mujeres golpeadas por la violencia de género. A través de Latiendo Juntas, la organización que lidera en Guatemala, Wendi demuestra claramente que la sororidad funciona y es transformadora.  

Con el apoyo de ONUSIDA, Latiendo Juntas coordina un proyecto para mejorar el acceso de las mujeres supervivientes de la violencia a servicios integrales de salud, incluidas las pruebas y la atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. También contribuyen a su resiliencia y empoderamiento concienciándolas sobre los derechos humanos, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos, mediante terapias de grupo y charlas informativas sobre el VIH, que proporcionan datos y una plataforma para el diálogo abierto, fomentando un entorno sin prejuicios.

"La sala se convierte en un santuario donde se reconoce el dolor de mujeres como Emma y tantas otras", dice Wendi. "El centro comunitario es un refugio para ellas, y con el calor del sol se teje una red de apoyo entre las mujeres. Me siento aliviada cuando veo cómo el peso sobre sus hombros empieza a disminuir".

A lo largo de estas sesiones de terapia, Emma y otras mujeres descubren consuelo y empoderamiento. Los recorridos terapéuticos ofrecidos en Latiendo Juntas se convierten en un catalizador para su resiliencia, liberación y autocuidado.

La relación entre el VIH y la violencia contra las mujeres es un problema generalizado, ya que la violencia de género aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a la infección por el VIH. Las mujeres que sufren violencia pueden tener dificultades para negociar prácticas sexuales seguras, incluido el uso del preservativo, lo que aumenta su riesgo de contraer el VIH. Además, el miedo a la violencia puede disuadir a las mujeres de buscar pruebas, tratamiento y apoyo para el VIH, perpetuando el ciclo de violencia y silencio y limitando su acceso a recursos sanitarios críticos y esenciales.

La violencia contra las mujeres en Guatemala es endémica y puede describirse como una pandemia en la sombra. Cuando se trata de feminicidio, el asesinato intencionado de mujeres por el hecho de serlo, el país tiene una de las tasas más altas del mundo.

"Abordar la intersección del VIH y la violencia contra las mujeres requiere esfuerzos integrales que incluyan la educación, la capacitación y el desmantelamiento de los desequilibrios de poder basados en el género", afirma Irene Izquieta, asesora de ONUSIDA sobre derechos y género para Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Representantes regionales y nacionales del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) y del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR), representados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han concluido una visita conjunta de cuatro días a Honduras en el marco de las conmemoraciones del Día Mundial del SIDA.

El Foro de Conmemoración del Día Mundial del Sida "Dejemos que las comunidades lideren", celebrado el 1 de diciembre y organizado por la Secretaría de Salud de Honduras a través de su rama del Programa de VIH e ITS y socios de las comunidades y agencias donantes, marcó el cierre de las actividades a las que asistió el grupo en el país. El evento fue una oportunidad para generar intercambios entre el gobierno, los socios de la cooperación internacional, la sociedad civil y las comunidades de poblaciones clave y personas que viven con el VIH, a la vez que sirvió para contextualizar la situación actual de la epidemia del VIH en Honduras, las acciones realizadas y los retos a implementar de cara a los objetivos globales del sida.    

"El tema de hoy 'dejemos que las comunidades lideren' es particularmente clave en el contexto en el que nos encontramos. En el Fondo Mundial, desde nuestros inicios, el liderazgo y el papel central que desempeñan las comunidades en la superación del VIH, la Tuberculosis y la Malaria ha sido uno de los principios fundacionales de nuestra organización", afirmó Giulia Perrone, Gerente Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial. "Hay una enorme diversidad, y hay mucha capacidad y pasión entre nosotros hoy, y les doy las gracias a ustedes por este trabajo. Si queremos acabar con el sida, les necesitamos fuertes y empoderados y empoderadas".   

A través de varias reuniones y visitas sobre el terreno con autoridades gubernamentales, líderes comunitarios y socios de la respuesta al VIH, la misión conjunta abogó por la aplicación de la Estrategia Mundial sobre el Sida 2021-2026 y los compromisos asumidos por los Estados miembros de las Naciones Unidas en la Declaración Política sobre el VIH de 2021, incluido el aumento de los esfuerzos gubernamentales para invertir en programas para poblaciones clave – prevención combinada del VIH, especialmente la profilaxis preexposición (PrEP) y el autodiagnóstico –, derechos de salud sexual y reproductiva, eliminación de la transmisión maternoinfantil y cero discriminación.     

Las nuevas infecciones por VIH disminuyeron un 8% en Honduras desde 2010, mientras que América Latina registró un aumento del 8% en el mismo periodo. Las muertes relacionadas con el sida se redujeron en un 62%, casi el doble del ritmo observado en América Latina (-32%). Sin embargo, la cascada del continuo de atención del VIH en el país – 75% diagnosticados, 67% en tratamiento contra el VIH y 62% en supresión viral – sigue por debajo de los promedios regionales y mundiales (85-72-66 y 86-76-71, respectivamente) y también queda por debajo del objetivo para 2025 de lograr que el 95% de las personas que viven con VIH estén diagnosticadas, el 90% de ellas en tratamiento y el 86% de las personas que viven con VIH con supresión viral.   

"Nuestra misión nos mostró que Honduras tiene una oportunidad única para alcanzar los objetivos de VIH de 2030, incluso ampliando el acceso a las pruebas y los servicios de prevención como la PrEP que han comenzado a implementar. Aplaudimos la transición a los regímenes de tratamiento recomendados por la OMS", dijo Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. "También sabemos que para que la respuesta al VIH tenga éxito, las intervenciones en salud deben ir de la mano de inversiones en programas de protección social y en facilitadores sociales, incluida la ampliación de programas que garanticen que las personas que viven con el VIH o corren el riesgo de contraerlo sean tratadas con dignidad y respeto por el personal de la salud y la policía."      

La financiación nacional ha aumentado en el país en los últimos años. El gasto total en VIH y sida procedente de fuentes internacionales supuso el 24% de todo el gasto nacional en VIH en 2022. Se han adquirido medicamentos antirretrovirales a través del mecanismo de compra conjunta del Fondo Estratégico de la OPS a menores costos, planificando y comprando tratamientos de primera línea en dosis fijas por un año, lo que ha resultado en una importante reducción de costos y controles internos de almacenamiento y distribución, entre otros.  

"En países como el nuestro, donde los recursos son limitados, debemos hablar de sostenibilidad. Necesitamos salir de la caja y pensar de manera innovadora, emprendiendo nuevas iniciativas y sobre todo basadas en lo que se ha demostrado que funciona", dijo Lucrecia Castillo, Gerente Regional de VIH para Centroamérica de USAID. "Estos son los tres ejes de la sostenibilidad en la respuesta al VIH: definición y aplicación de recursos, aplicación de las normas y requisitos recomendados por la OMS, rendición de cuentas mutua, y sostenibilidad política que pueda decidir presupuestos y estrategias, siempre basados en la evidencia y la ciencia."    

Durante la misión conjunta, miembros del gobierno y de la sociedad civil integrada en la Comisión Nacional del Sida (Conasida) aprobaron por unanimidad la propuesta de crear la secretaría técnica de la Conasida, adscrita a la Secretaría de Estado de Salud. "Confiamos en que el compromiso de fortalecer la respuesta multisectorial del país a través de la Conasida será fundamental para acelerar todos los esfuerzos que ya se están realizando", afirmó Cabal.