Las leyes punitivas han demostrado bloquear el acceso a los servicios para el VIH, así como incrementar el riesgo de infectarse por el virus. Las legislaciones perjudiciales incluyen la criminalización de las personas trans, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual, la tenencia y uso de drogas, y la exposición, ocultación y transmisión del VIH.

Los países que criminalizan a grupos de población clave experimentaron un menor progreso en los objetivos relacionados con las pruebas y tratamientos del VIH en los últimos cinco años. Así, un menor porcentaje de personas que viven con el VIH fueron conscientes de su estado serológico y lograron la supresión viral, en comparación con los países que han evitado dicha criminalización. En aquellos donde la legislación ha avanzado en materia de protección de los derechos humanos se han obtenido beneficios aún mayores; en particular, en los que se ha garantizado el derecho a la no discriminación y generado una respuesta frente a la violencia de género.

La despenalización es un elemento esencial para poner fin a la epidemia de sida para el 2030. A pesar de estas pruebas irrefutables, sigue siendo frecuente encontrar leyes punitivas y discriminatorias. Las comunidades abogan por el cambio y están ayudando a generar un movimiento por la despenalización.