UNDP The United Nations Development Programme

Las Naciones Unidas acogen la decisión del Tribunal Supremo de despenalizar las relaciones homosexuales en Mauricio

04 de octubre de 2023

Esto acelerará los progresos para poner fin a la pandemia del sida y salvar vidas.

GINEBRA, 4 de octubre de 2023— Las Naciones Unidas en Mauricio (incluidos ONUSIDA, UNFPA, ACNUDH, PNUD y la OMS) han acogido la resolución dictada hoy por el Tribunal Supremo de Mauricio, según la cual una ley discriminatoria que tipifica como delito las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo es inconstitucional y será inmediatamente eliminada del código legal. Previamente, de conformidad con el artículo 250 del Código Penal mauriciano (que data de 1898), toda persona declarada culpable podría haberse enfrentado a una pena de hasta cinco años de prisión.

«Hoy el Tribunal Supremo ha revocado una ley colonial obsoleta y ha demostrado su adhesión a la no discriminación y su compromiso de no dejar a nadie atrás», dijo Lisa Singh, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Mauricio. «La ONU, tanto en Mauricio como a nivel internacional, acoge la decisión de Mauricio de sumarse a la lista cada vez más larga de países africanos que protegen los derechos humanos de todos, incluidas las personas LGTBIQ+».

En la sentencia se ha señalado que «Mauricio no promulgó el artículo 250 para reflejar ningún valor indígena mauriciano, sino que constituye un legado de nuestra historia colonial con Gran Bretaña. Su aprobación no fue la expresión de la voluntad democrática interna, sino un rumbo impuesto a Mauricio y  a otras colonias bajo dominio británico».  También se señaló que un número cada vez mayor de países ha despenalizado las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo, entre ellos el Reino Unido, que revocó su ley en 1967. 

«La decisión de Mauricio de despenalizar la homosexualidad es un importante avance para la salud pública y hacia la igualdad de derechos, el respeto y la dignidad de la comunidad LGTBIQ+», dijo Anne Githuku-Shongwe, directora del equipo de apoyo regional de ONUSIDA para África oriental y meridional. «ONUSIDA celebra la decisión tomada hoy por Mauricio, gracias a la cual aquellos hombres que mantengan relaciones sexuales con otros hombres tendrán un acceso más fácil a los servicios sanitarios y sociales que necesiten sin temor a ser detenidos o penalizados.  Hay que continuar trabajando para derribar las barreras del estigma y la discriminación contra la comunidad LGBTQI+, pero la sentencia de hoy es un paso en la dirección correcta.  Salvará vidas».

Mauricio pasa a ser el miembro más reciente de una creciente lista de países que declaran la inconstitucionalidad de aquellas leyes que hayan criminalizado a las personas LGTBIQ+. Sin embargo, ONUSIDA calcula que 66 países mantienen aún leyes que criminalizan las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. Estas leyes, además de contravenir los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, impiden el acceso a servicios sanitarios y sociales, entre los que se encuentran los servicios para el VIH. Dichas leyes avivan el estigma y la discriminación contra las personas LGTBIQ+, y las somete a un miedo constante de ser castigadas o detenidas.

Abdool Ridwan Firaas Ah Seek, presidente de Arc-en-Ciel, la organización más grande y antigua de Mauricio que aboga por los derechos humanos de las personas LGTBIQ+, expuso el asunto y recibió el apoyo de otros organismos asociados, como Human Dignity Trust.

Las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, aquellas lideradas por la comunidad son las que están al frente de una oleada de progreso mundial que da acceso a unos servicios sanitarios para todos. ONUSIDA insta a todos los países a despenalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La despenalización salva y cambia vidas.

Manish Gobin, Fiscal General y Ministro de Asuntos Exteriores e Integración Regional de Mauricio, dijo: «Mauricio, de acuerdo con su respeto por el estado de derecho aclamado internacionalmente, comparecerá ante los Estados Miembros de la Naciones Unidas en el próximo ciclo del Examen Periódico Universal». El Examen Periódico Universal es un mecanismo único del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se debe someter cada cuatro años y medio a una revisión inter pares de sus registros en materia de derechos humanos.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Contacto

Learn more

Judgment

Más allá de la visibilidad transgénero: India trabaja por la equidad en el empleo

31 de marzo de 2023

Ratrish Saha es una mujer transgénero de Calcuta (India). Aún contando con siete años de experiencia laboral, el año pasado se encontró inquieta a la hora de solicitar un nuevo empleo. 

"Encontrar trabajo nunca es fácil siendo una mujer transgénero. Me rechazaban con frases como: 'actualmente no estamos contratando a personas LGBTI+' o 'no tenemos las instalaciones necesarias para admitir a una persona trans en nuestra oficina'", recuerda. Pero a través del Transgender Welfare Equity and Empowerment Trust o de la TWEET Foundation, se le ofrecieron oportunidades adecuadas en empresas que habían recibido formación en materia de sensibilidad. Pronto consiguió el puesto de consultora asociada para Siemens Technology en Bangalore. 

Sobre el proceso de entrevistas, afirmó: "Solo hablé de mis habilidades y no incluí explicaciones de género de ningún tipo en esas conversaciones". La Sra. Saha, eufórica, comenta que está "aprovechando la oportunidad... poniendo todo mi empeño en ello".  

Las personas transgénero de la India disponen ahora de una nueva vía hacia trabajos dignos gracias a la colaboración para el desarrollo entre comunidades, gobierno y asociados.

En vísperas del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la Delegación Nacional de ONUSIDA para la India y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyaron la Trans Employment Mela, una feria del empleo en Nueva Delhi. La iniciativa fue organizada conjuntamente por el National Institute of Social Defence, el Ministry of Social Justice and Empowerment, la TWEET Foundation e In Harmony, una consultoría centrada en diversidad. 

El objetivo del programa es acelerar la inclusión socioeconómica de la comunidad trans sensibilizando a las grandes empresas sobre sus problemas y ofreciéndoles una plataforma para ponerles en contacto con puestos de trabajo en organizaciones inclusivas.  

"Este planteamiento no solo brinda la oportunidad de entablar un diálogo entre representantes del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y empresas, sino que también facilita el acceso a la formación en capacidades, el asesoramiento profesional, el apoyo al emprendimiento y el apoyo de mentores", explicó Maya Awasthi, copresidenta y cofundadora de la TWEET Foundation. 

La Ley de Personas Transgénero de 2019 (Protección de Derechos) de India prohíbe la discriminación laboral hacia las personas trans, tanto en el sector público como en el privado. Aunque las partes interesadas señalan aspectos de la ley que podrían reforzarse, reconocen que la amplia disposición contra la discriminación crea una vía hacia la construcción de una cultura más inclusiva y la búsqueda de reparación cuando se vulneran los derechos. 

Abordar la desigualdad en el acceso a empleos es importante para la respuesta al VIH. En 2021 la prevalencia del VIH entre las personas transgénero en la India era del 3,8 %, casi 20 veces más que la media nacional. Un estudio encargado por la National Human Rights Comission de la India reveló que, en 2017, solo el 6 % de las personas transgénero tenían un empleo formal en el sector privado o en organizaciones no gubernamentales (ONG). En torno al 5 % se dedicaba al trabajo sexual y al servicio doméstico respectivamente. El 13 % vendía comida y otros productos y el 11 % informó que mendigaba.  

“Hay muchas formas con las un empleo estable y mejor remunerado puede reducir la vulnerabilidad al VIH”, expuso David Bridger, el Director Nacional de ONUSIDA en la India, David Bridger. “Si hacemos frente a las desigualdades que han alejado de manera injusta a las personas trans de sus oportunidades, podremos ayudar a construir una comunidad más empoderada en la que todos desarrollen su potencial mientras gozan de mejor salud y bienestar en el proceso”. 

El estudio de la Human Rights Comission de 2017 reveló que alrededor de la mitad de la población transgénero nunca fue a la escuela. Varios asociados para el desarrollo están apoyando iniciativas para proporcionar a la comunidad oportunidades educativas en un entorno libre de estigma social y formación en competencias para fomentar la autosuficiencia. 

Aarav Singh es un hombre trans que llevaba seis meses desempleado. Consiguió unas prácticas de recursos humanos en Roop Automotives gracias a la campaña Trans Employment Mela.  

“Se trata de una organización sensibilizada y trans-inclusiva en la que no he tenido ni un solo problema con la documentación. Y no solo yo; mis amigos también han conseguido grandes oportunidades en algunas de las principales empresas trans-inclusivas”, matizó el Sr. Singh. “Espero que esto siga así”. 

Aunque los beneficiarios del Trans Employment Mela reconocen la dimensión comunitaria de su desafío, se sienten, en otros aspectos, como cualquier otro joven profesional o recién graduado.  

Yumnam Thawalngamba Meetei terminó su Máster en Administración de Empresas en 2022 pero le resultó complicado encontrar un puesto en gestión o incluso un empleo más modesto.  

“Con la ayuda de la TWEET Foundation entré a trabajar en Mahindra Logistics Limited como Ejecutivo de Gestión de Talento y Desarrollo Organizativo en Mumbai”, aseguró el Sr. Thawalngamba. “Estoy agradecido por que este empleo sea el primer paso en mi camino hacia el éxito”. 

Related: Healthcare access is fraught for trans people in Asia and the Pacific. Communities are working to change this.

ONUSIDA acoge positivamente la decisión parlamentaria de derogar la ley que penaliza la transmisión del VIH en Zimbabwe

18 de marzo de 2022

GINEBRA, 18 de marzo de 2022— ONUSIDA felicita al parlamento de Zimbabwe por derogar la sección 79 del Código Penal, que criminaliza la transmisión del VIH. El presidente va a firmar un nuevo proyecto de ley de matrimonio, adoptado por el parlamento y que deroga la sección del Código Penal, para su entrada en vigor. La penalización de la transmisión del VIH es ineficaz, discriminatoria y mina los esfuerzos de reducir las nuevas infecciones por el VIH. Ese tipo de legislación disuade a las personas de realizarse pruebas del VIH y de que se les derive al tratamiento y los servicios de prevención apropiados. 

«Los objetivos de salud pública no se cumplen si a las personas se les niegan sus derechos individuales y elogio a Zimbabwe por haber dado este paso tan importante», dijo la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.  «Esta decisión refuerza la respuesta al VIH en Zimbabwe, a través de la reducción del estigma y de la discriminación que, con demasiada frecuencia, impiden a los grupos de personas que están en una situación social vulnerable recibir servicios de prevención del VIH, atención y tratamiento».

ONUSIDA ha trabajado en estrecha colaboración con el Consejo Nacional sobre el Sida de Zimbabwe, la organización Zimbabwe Lawyers for Human Rights, parlamentarios, activistas de la sociedad civil y comunidades para promover la derogación de la ley que penaliza el VIH.  La aplicación demasiado amplia e inapropiada de la legislación penal contra las personas que viven con el VIH sigue siendo una constante preocupación por todo el mundo.  Más de 130 países todavía penalizan la ocultación, exposición y transmisión del VIH a través de legislación penal específica o general. 

En 2018, ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al Sida y la Sociedad Internacional de Sida reunieron a un grupo de expertos científicos que desarrollaron una Declaración de Consenso de Expertos en la Ciencia del VIH en el Contexto de la Legislación Penal. La declaración hace un llamamiento para que el sistema de justicia penal garantice que la aplicación de la ley en las causas penales relacionadas con el VIH se base en evidencias científicas. 

Zimbabwe ha progresado mucho en la respuesta al VIH a lo largo de la última década. Se estima que 1,2 millones de las 1,3 millones de personas que viven con el VIH en el país se tratan con medicamentos que salvan vidas. Las muertes relacionadas con el sida han disminuido en un 63 % desde 2010 y las nuevas infecciones por el VIH se han reducido un 66 % en el mismo periodo.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Contacto

UNAIDS Geneva
Michael Hollingdale
tel. +41 79 500 2119
hollingdalem@unaids.org

Las inversiones en VIH, sanidad y pandemias son vitales para la recuperación económica en África

15 de febrero de 2022

Líderes y expertos en sanidad y financiación mundial se reunieron en un evento virtual de alto nivel para abordar uno de los problemas más acuciantes del mundo actual: la seguridad sanitaria para todos. El evento, “Invertir en la sanidad es invertir en la recuperación económica: Financiación del VIH, fortalecimiento de los sistemas sanitarios públicos, y la preparación y respuesta ante pandemias” se celebró antes de la sexta Cumbre Unión Africana-Europea (UE) que se celebra los días 17 y 18 de febrero.

Aunque acoge al 16% de la población mundial y se enfrenta al 26% de la carga de morbilidad mundial, África sólo representa el 2% del gasto en salud mundial. A pesar del Compromiso de Abuya de 2001 de que los gobiernos destinen el 15% de su presupuesto a la sanidad, la media continúa siendo sólo del 7%.

Los ponentes hablaron de cómo África se ha quedado atrás en la respuesta ante la COVID-19, ya que menos de 12% de la población africana está totalmente vacunada en contra de la COVID-19. El acceso insuficiente a las vacunas, los medicamentos y las tecnologías, y los sistemas sanitarios deficientes han impedido la realización efectiva del derecho a la sanidad de todos los africanos durante la pandemia. Asimismo, las limitaciones fiscales y la insostenible carga de la deuda están obstaculizando el camino hacia la recuperación.

Copatrocinado por el Gobierno de Francia, el evento fue convocado por ONUSIDA, la Unión Africana, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el Banco Mundial, los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Organización Mundial de la Salud. Moderada por el Dr. Donald Kaberuka, Alto Representante para la Financiación, Unión Africana (UA), la sesión se esforzó por encontrar la manera de ampliar la base de ingresos de los países africanos para aumentar la financiación de la sanidad e impulsar la solidaridad mundial.

Los participantes subrayaron la necesidad general de invertir en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios para la atención sanitaria universal, incluidos los servicios liderados por la comunidad, y evitar sobrecargar a los más vulnerables con gastos de bolsillo para superar la crisis de la COVID-19. Más allá, la lucha contra las actuales pandemias de VIH y COVID-19, y otras enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis, debe producirse simultáneamente para prevenir futuras pandemias y proteger la seguridad sanitaria mundial.

"Si continuamos como hasta el momento - si no tomamos las medidas necesarias para acelerar el acceso y eliminar las desigualdades en la respuesta al VIH - el mundo podría enfrentarse a 7,7 millones de muertes por sida en los próximos diez años - 4,7 millones de esas muertes se producirían en África"

Winnie Byanyima DIRECTORA EJECUTIVA DE ONUSIDA

Los líderes destacaron lo esenciales que son las inversiones en VIH, los sistemas sanitarios y la preparación ante pandemias para salvar vidas humanas y para la recuperación económica, y que no habrá una recuperación pronunciada para África sin seguridad sanitaria para todos.

“Menos de la mitad de las clínicas sanitarias en África disponen de agua y electricidad. Tenemos que hacer más, sabemos donde está la brecha de financiación: inversiones en la sanidad, recursos humanos e infraestructura"

Remy Rioux DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD)

La lucha contra las pandemias existentes, como el COVID-19 y el VIH, debe realizarse al mismo tiempo que los países refuerzan sus sistemas sanitarios y se fortalecen en la preparación ante pandemias. 

“Las enfermedades no son una opción, pero las pandemias son algo que podríamos elegir evitar. En última instancia, la clave para proteger de forma sostenible a todo el mundo de las enfermedades infecciosas es por medio de la financiación nacional"

Peter Sands DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

Los participantes elogiaron el aumento del liderazgo y la soberanía africana y pidieron una asociación renovada entre África y la UE que apoye a las instituciones africanas y se confíe en su liderazgo, en colaboración con las instituciones multilaterales. En concreto, solicitaron a la UE que siga dedicando mecanismos de financiación a la lucha contra el VIH, la sanidad y la preparación ante pandemias, incluyendo una asistencia oficial para el desarrollo (AOD) sostenida y aumentada.

“Invertir en la sanidad es una decisión política. La juventud de África puede ser su mayor ventaja. Una atención sanitaria de calidad es la base sobre la que florecerá la juventud africana. No podemos seguir tratando el gasto sanitario como algo secundario”

Yared Negash DEFENSOR DE LA FINANCIACIÓN DE LA SALUD DE LOS JÓVENES

Los miembros del panel también reconocieron la importancia de la financiación nacional para la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, las actuales limitaciones financieras son agobiantes para muchos países en la región. Será fundamental tomar medidas decisivas para erradicar la evasión y la elusión fiscal: cada año se pierden entre 25 y 50 mil millones que podrían destinarse a la sanidad y la educación de los africanos. El aumento de los ingresos nacionales requiere valientes reformas fiscales internacionales y nacionales. Entre las posibles vías que se debatieron para ampliar la base de ingresos figuran la lucha contra la evasión fiscal, la mejora de las condiciones en las que los países africanos obtienen financiación, las políticas de alivio y cancelación de la deuda y la reasignación de los Derechos Especiales de Giro.

El camino para lograr la seguridad sanitaria mundial de la humanidad es reforzar el apoyo africano para alcanzar la soberanía sanitaria.

Dr John Nkengasong DIRECTOR DE LOS CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ÁFRICA (AFRICA CDC)

Los ponentes destacaron que se necesita urgentemente una mayor asignación de ingresos, así como una mejor inversión y uso de los recursos sanitarios y de pandemias, aprovechando la infraestructura del sida y las lecciones aprendidas de la respuesta al sida basada en los derechos para prevenir futuras pandemias.

“La pandemia de COVID-19 ha creado una trágica oportunidad para revisar el pensamiento de manera fundamental, fortalecer los sistemas sanitarios de modo efectivo, y remodelar la movilización de recursos sanitarios, incluyendo la inversión nacional"

Stephanie Seydoux EMBAJADORA DE SALUD MUNDIAL EN FRANCIA

Los líderes pidieron una sólida financiación internacional, a través de la reasignación de los derechos especiales de giro, el alivio de la deuda, nuevas fuentes de financiación en condiciones favorables y una AOD adicional. Identificaron el reabastecimiento del Fondo Mundial en 2022 como un momento clave para asegurar un apoyo global a la lucha contra el sida, malaria y tuberculosis, para retomar el camino.

Mire el acontecimiento

UNAIDS Executive Director remarks

El PNUD y ONUSIDA apoyan a más de 300 mujeres embarazadas y lactantes que viven con el VIH en Abiyán

08 de julio de 2021

Al igual que ha sucedido en el resto del mundo, la COVID-19 ha golpeado con fuerza Costa de Marfil. En cuanto se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en marzo de 2020, el Gobierno desarrolló un plan de respuesta nacional. Desgraciadamente, las medidas restrictivas para proteger a la población tuvieron un impacto en el uso de los servicios sanitarios, incluidos los relacionados con el VIH, lo que amenazó la ya de por sí frágil retención en la atención de las personas que viven con el VIH. Las mujeres embarazadas y lactantes que viven con el VIH y sus hijos, uno de los grupos más vulnerables, se han visto particularmente afectadas, cuando el mantener su acceso a los servicios y la atención era esencial para evitar desandar lo andado durante años.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONUSIDA aunaron fuerzas para ayudar a retener a 333 mujeres embarazadas y lactantes que viven con el VIH en los servicios prenatales, de maternidad y pediátricos de Abiyán. El proyecto se encargará de suministrar, durante nueve meses, 1000 kits de alimentos y 1000 kits de higiene para ayudar a las beneficiarias con la asistencia alimentaria y ayudarlas a protegerse contra la COVID-19.  Cada kit de alimentos contiene 20 kilos de arroz, 6 litros de aceite, 10 pastillas de jabón y 4 cajas de harina para niños. Por su parte, los kits de higiene constan de 2 botellas de gel hidroalcohólico, 2 botellas de jabón líquido y 50 mascarillas quirúrgicas. El proyecto también tiene como objetivo garantizar que las mujeres tengan acceso al completo paquete de servicios desarrollado en el marco del programa de prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH (transmisión vertical) de Costa de Marfil, con el fin de garantizar que todos los hijos expuestos de las beneficiarias del proyecto sean examinados pronto y tengan acceso a una atención adecuada. Del mismo modo, se persigue documentar y compartir buenas prácticas.

Una de las beneficiarias, Ouattara Maimouna, que lleva cinco años viviendo con el VIH y es madre lactante de tres hijos, afirmó: «Doctor, este regalo fue increíblemente importante para nosotros. ¡Nos ha ayudado muchísimo! Esta reserva de comida es la que me ayuda a alimentar a mi familia. Nunca podré agradecerlo lo suficiente, porque justo entonces se me habían acabado las opciones para poder seguir tirando del pequeño negocio que me permitía sacar adelante a mi familia».

«Desde el comienzo del proyecto en diciembre de 2020, se han distribuido aproximadamente 700 kits de higiene y 700 kits de alimentos. Los socios que han puesto en marcha el Plan emergencia del Presidente de los Estados Unidos para paliar los efectos del SIDA (PEPFAR, por sus siglas en inglés) coinciden en que los kits han contribuido a la adhesión de las mujeres embarazadas y lactantes a las medidas para prevenir la transmisión vertical, a los servicios de atención pediátrica y del VIH, y a los grupos de apoyo personal», afirmó Brigitte Quenum, directora nacional de ONUSIDA para Costa de Marfil.

En esta fase de implementación, ya se están viendo algunas de las lecciones aprendidas. El proyecto ha sido muy bien recibido por las beneficiarias debido a su vulnerabilidad, que se ha visto agravada por la crisis de la COVID-19. El apoyo ha contribuido a aumentar el cumplimiento de las citas en las distintas consultas prenatales, mejorar la continuidad del tratamiento y de las pruebas de carga viral para las mujeres embarazadas y lactantes, y fortalecer la relación entre las mujeres que viven con el VIH y el personal que presta atención tanto clínica como comunitaria. El proyecto también enfatiza la importancia de tener en cuenta el componente social en el cuidado de las mujeres en lo relacionado con la prevención de la transmisión vertical de los servicios para el VIH.

La distribución de los kits de alimentación e higiene continuará hasta finales de 2021. Las mujeres embarazadas y lactantes que viven con el VIH se han vuelto más vulnerables en medio de la respuesta a la COVID-19 y deben diseñar estrategias de asistencia que respondan a sus sensibilidades específicas. «La movilización del PNUD, ONUSIDA, los socios implementadores del PEPFAR y sus socios de organizaciones no gubernamentales ha garantizado una coalición de apoyo para la defensa y el aumento de los esfuerzos de divulgación para llegar a las poblaciones vulnerables», añadió la Sra. Quenum. «Aunque esta iniciativa única es útil, hemos de esforzarnos para integrar otras actividades, como la promoción de la nutrición y la integración de un componente social en la atención a las mujeres que viven con el VIH en los servicios de transmisión vertical y otros centros de atención».

En los próximos meses comenzará a evaluarse la protección social inclusiva y sensible al VIH en colaboración con los principales ministerios implicados. Para ello hará falta movilizar fondos para cuestiones sociales relacionadas con las mujeres que viven con el VIH y promover medidas de apoyo sostenibles.

Pandemia de COVID-19: se insta a los países a tomar medidas más enérgicas para detener la difusión de información perjudicial

23 de septiembre de 2020

NUEVA YORK, 23 de septiembre 2020—La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con las Naciones Unidas, los organismos especializados y los asociados, pidió hoy a los países que elaboren y apliquen planes de acción para promover la difusión oportuna de información de base científica y evitar la difusión de información falsa, respetando al mismo tiempo la libertad de expresión.

La OMS, las Naciones Unidas, el UNICEF, el ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la UNESCO, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), junto con los Gobiernos de Indonesia, Tailandia y el Uruguay, celebraron un seminario en la web en paralelo al septuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre el daño que está causando la difusión de información errónea y desinformación, siendo esta última una información intencionadamente errónea al servicio de ciertos fines.

«Tan pronto como el virus se extendió por todo el mundo, los mensajes inexactos e incluso peligrosos proliferaron salvajemente en las redes sociales, lo que provocó que la gente estuviera confundida, engañada y mal aconsejada,» dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. «Gracias a nuestra iniciativa "Verified" (Verificado), estamos luchando contra la información errónea con la verdad. Trabajamos con asociados de los medios de comunicación, diversas personalidades, personas influyentes y plataformas de redes sociales para difundir contenidos que promuevan la ciencia, ofrezcan soluciones e inspiren solidaridad. Esto será especialmente esencial a la hora de promover la confianza del público en la seguridad y eficacia de las futuras vacunas contra la COVID-19. Necesitamos una "vacuna del pueblo" que sea asequible y esté disponible para todos.»

«La información errónea y la desinformación ponen en peligro la salud y las vidas y socavan la confianza en la ciencia, las instituciones y los sistemas de salud,» dijo el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Para luchar contra la pandemia necesitamos confianza y solidaridad, y cuando hay desconfianza, hay mucha menos solidaridad. La información falsa está obstaculizando la respuesta a la pandemia, por lo que debemos unir fuerzas para combatirla y promover el asesoramiento sobre salud pública basado en la ciencia. Los mismos principios que se aplican a la respuesta a la COVID-19 se aplican al manejo de la infodemia. Necesitamos prevenirla, detectarla y responder a ella, juntos y de manera solidaria.»

«Además del impacto inmediato en las respuestas a la pandemia, la desinformación está socavando la confianza de la población en los procesos e instituciones democráticos y exacerbando las divisiones sociales,» dijo el Administrador del PNUD, Achim Steiner. «Es uno de los desafíos de gobernanza más preocupantes de nuestro tiempo. El PNUD está colaborando activamente con los Estados Miembros, con los demás organismos de las Naciones Unidas y con otros asociados para encontrar respuestas integrales que respeten los derechos humanos.» 

«La información errónea es uno de los problemas de más rápido crecimiento con que se ven confrontados los niños actualmente,» dijo Henrietta Fore, Directora Ejecutiva del UNICEF. «Aprovecha las grietas abiertas en la confianza en las sociedades e instituciones y las ahonda aún más, socava la confianza en la ciencia y la medicina y divide a las comunidades. En sus formas más perniciosas, como cuando convence a los padres de que no vacunen a sus hijos, puede incluso ser letal. Dado que la desinformación es más un síntoma que una enfermedad, para contrarrestarla se requiere algo más que proporcionar la verdad. También requiere confianza entre los líderes, las comunidades y las personas.»

«Solo podremos vencer a la COVID-19 con hechos, ciencia y solidaridad comunitaria,» dijo Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva del ONUSIDA. «La información errónea está perpetuando la estigmatización y la discriminación y no debe obstaculizar la protección de los derechos humanos y el acceso de las personas en situación de riesgo y de los marginados a los servicios de salud y protección social.»  

«Desde el comienzo de la pandemia, la UNESCO ha movilizado sus redes internacionales de asociados de los medios de comunicación, periodistas, verificadores de hechos, emisoras de radio comunitarias y expertos para dar a los ciudadanos los medios con los que luchar contra la información falsa y los rumores, fenómenos que se han visto exacerbados por la pandemia,» dijo Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO. «La movilización colectiva para promover una información de calidad y fiable, garantizando al mismo tiempo el estricto respeto de la libertad de expresión, es esencial. Una prensa libre, independiente y pluralista es más necesaria que nunca.»

«La confianza es una piedra angular de nuestro mundo digital,» dijo Houlin Zhao, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. «Basándose en la iniciativa BeHe@lthy BeMobile puesta en marcha hace tiempo por la OMS y la UIT, la UIT ha estado trabajando con los ministerios nacionales de telecomunicaciones y de salud y con los operadores de redes móviles desde el comienzo de esta crisis para enviar mensajes de texto a las personas que tal vez no tengan acceso a internet, proporcionándoles consejos de salud en relación con la COVID-19 basados en elementos científicos y datos probatorios directamente a través de sus teléfonos móviles.»

La OMS y sus asociados instaron a los países a que colaboraran con las comunidades y las escucharan a la hora de elaborar sus planes de acción nacionales y a que las empoderaran para fomentar la confianza y la resiliencia frente a la información falsa.

«Escuchar a las comunidades sobre la forma en que perciben la enfermedad y la respuesta es fundamental para crear confianza y poner fin a los brotes,» dijo Jagan Chapagain, Secretario General de la FICR. «Si nuestra respuesta no refleja las preocupaciones y percepciones de las comunidades, las poblaciones afectadas no nos considerarán útiles o dignos de confianza, y la respuesta a la epidemia corre el riesgo de fracasar. Más que nunca, los respondedores locales están a la vanguardia de esta crisis. Debemos reconocer el increíble papel que desempeñan comprendiendo los conocimientos adquiridos a nivel local y actuando en consecuencia.» 

Los coorganizadores también pidieron a los medios de comunicación, las plataformas de redes sociales, los líderes de la sociedad civil y las personas influyentes que reforzaran sus acciones para difundir información precisa y evitar la difusión de información errónea y desinformación. El acceso a información precisa y el libre intercambio de ideas en línea y fuera de línea son fundamentales para posibilitar respuestas de salud pública eficaces y creíbles.

«La iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas se creó hace una década dentro del sistema de las Naciones Unidas para innovar en el uso de informaciones predictivas en tiempo real para proteger a las comunidades vulnerables en tiempos de crisis,» dijo Robert Kirkpatrick, Director de Pulso Mundial de las Naciones Unidas, que es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas sobre macrodatos e inteligencia artificial (IA). «Durante esta pandemia hemos visto un enorme aumento de las solicitudes de análisis avanzados procedentes de todo el sistema de las Naciones Unidas y de los Estados Miembros. Seguiremos trabajando con la OMS y otros asociados para ayudar a identificar y contrarrestar la información errónea y la desinformación.»

Nota para los redactores

La OMS define una infodemia como una sobreabundancia de información, tanto en línea como fuera de línea. Incluye información precisa, así como información errónea y falsa.

En mayo de 2020, los Estados Miembros de la OMS aprobaron la resolución WHA73.1 sobre la respuesta a COVID-19 en la Asamblea Mundial de la Salud. En la resolución se reconoce que la gestión de la infodemia es una parte fundamental de la lucha contra la pandemia de COVID-19, y se pide a los Estados Miembros que proporcionen contenidos fiables sobre la COVID-19, adopten medidas para contrarrestar la información errónea y la desinformación y aprovechen las tecnologías digitales en el conjunto de la respuesta. En la resolución también se pide a las organizaciones internacionales que aborden la información errónea y la desinformación en la esfera digital, que trabajen para prevenir las actividades cibernéticas dañinas que socavan la respuesta sanitaria y que apoyen la facilitación de datos de base científica a la población.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Contacto

UNAIDS
Sophie Barton-Knott
tel. +41 79 514 68 96
bartonknotts@unaids.org

Contacto

WHO
Carla Drysdale
cdrysdale@who.int

Declaración conjunta

Nuestra acción

COVID-19 y VIH

El nuevo Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 proporcionará información jurídica clave y apoyo a la respuesta mundial a la COVID-19

22 de julio de 2020

NUEVA YORK/GINEBRA, 22 de julio de 2020—La iniciativa del Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19, que se pone en marcha hoy, aúna y da acceso a documentos jurídicos de más de 190 países para ayudar a los Estados a establecer y aplicar marcos jurídicos sólidos para gestionar la pandemia. El objetivo es garantizar que las leyes protejan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades, y respeten las normas internacionales de derechos humanos.

Este nuevo Laboratorio (www.COVIDLawLab.org) es un proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y el Instituto O'Neill de Derecho Nacional y Mundial de la Salud de la Universidad de Georgetown.

Unas leyes bien diseñadas pueden ayudar a construir sistemas de salud sólidos; evaluar y aprobar medicamentos y vacunas seguros y eficaces; y tomar medidas para crear espacios públicos y lugares de trabajo más saludables y seguros. Sobre todo, son fundamentales para la aplicación efectiva del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS: la vigilancia; la prevención y el control de las infecciones; la gestión de los viajes y el comercio; y la aplicación de medidas para mantener los servicios de salud esenciales.

«Las leyes y las políticas basadas en la ciencia, las pruebas y los derechos humanos pueden lograr que las personas accedan a los servicios sanitarios, se protejan de la COVID-19 y vivan libres de estigmas, discriminación y violencia», afirma Achim Steiner, Administrador del PNUD.  «El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una herramienta importante para poner en común prácticas óptimas en materia de leyes y políticas».

Durante la pandemia de COVID-19 se ha producido un aumento desmesurado de las medidas legislativas urgentes para controlarla y reducirla.

«Para hacer frente a la COVID-19, los países necesitan contar con marcos jurídicos sólidos», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «A menudo, hay leyes no estrictamente centradas en el sector sanitario que, sin embargo, afectan a la salud pública. Dado que la salud es una cuestión mundial, los marcos jurídicos deben estar alineados con los compromisos internacionales para responder a los riesgos actuales y emergentes a los que se enfrenta la salud pública. En estos momentos, es más importante que nunca disponer de una base jurídica sólida en materia de salud».

Sin embargo, las deficiencias en el diseño, la aplicación o el cumplimiento de las leyes pueden perjudicar a las poblaciones marginadas, enquistar la estigmatización y la discriminación y obstaculizar los esfuerzos por poner fin a la pandemia.

«Las leyes nocivas pueden exacerbar el estigma y la discriminación, violar los derechos de las personas y socavar las respuestas de salud pública», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Para garantizar que las respuestas a la pandemia sean eficaces, humanas y sostenibles, los Gobiernos deben utilizar la legislación como herramienta para defender los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por la COVID-19».

El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 es una base de datos de leyes que los países han adoptado en respuesta a la pandemia. Incluye declaraciones de estado de alerta o emergencia, medidas de cuarentena, vigilancia de enfermedades, medidas legislativas relacionadas con el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y el acceso a medicamentos y vacunas. La base de datos se engrosará a medida que se añadan más países y temas.

También incluirá estudios sobre diferentes marcos jurídicos relativos a la COVID-19. Esos análisis se centrarán en las repercusiones sobre los derechos humanos de las leyes de salud pública y ayudarán a los países a determinar las prácticas óptimas para orientar sus respuestas inmediatas a la COVID-19 y los esfuerzos de recuperación socioeconómica una vez que la pandemia esté controlada.  Todo ello se basa en la labor de la UHC Legal Solutions Network, una red de intercambio de soluciones jurídicas que se estableció para ayudar a los países a lograr la cobertura sanitaria universal mediante la aplicación de marcos jurídicos basados en los derechos.

«Es preciso hacer un seguimiento de la forma en que se utilizan las leyes y las políticas durante la pandemia, evaluarlas y comprender qué soluciones dan resultado », dijo el Dr. Matthew M. Kavanagh, profesor del Departamento de Salud Internacional de la Universidad de Georgetown.  Por su parte, Katie Gottschalk, directora ejecutiva del Instituto O'Neill de Derecho Sanitario Nacional y Mundial en la Facultad de Derecho de esa misma universidad, añadió: «Debemos extraer lecciones de las políticas adoptadas en la etapa inicial de la pandemia para poner en práctica las leyes más eficaces en el futuro. El Laboratorio Jurídico sobre la COVID-19 sirve precisamente para ese fin».

Contacto

UNDP
Sangita Khadka
sangita.khadka@undp.org

Contacto

WHO
Carla Drysdale
cdrysdale@who.int

Contacto

UNAIDS
Sophie Barton-Knott
bartonknotts@unaids.org

Contacto

Georgetown University O’Neill Institute
Lauren Dueck
lauren.dueck@georgetown.edu

COVID-19 Law Lab

Nuestra acción

COVID-19 y VIH

Los derechos en tiempos de COVID-19 — Lecciones del VIH para una respuesta efectiva, liderada por la comunidad

ONUSIDA y más organismos del sistema de las Naciones Unidas apoyan la respuesta a la COVID-19 en Nigeria

10 de julio de 2020

El sistema de las Naciones Unidas en Nigeria se unió a la lucha contra la COVID-19 poco después de que se detectara el primer caso en el país a finales de febrero de 2020.

Las grandes lecciones aprendidas por ONUSIDA y su enorme experiencia a la hora de acercar y unir a las distintas partes interesadas han sido fundamentales para guiar la respuesta interinstitucional de las Naciones Unidas liderada por el coordinador del país, Edward Kallon. Movilizando muy activamente su capital político y su buena voluntad en el país, ONUSIDA ha ayudado a aportar recursos y mejores líneas de comunicación, coordinación y responsabilidad a la respuesta nacional a la COVID-19.

A mediados de marzo, se estableció un grupo de trabajo presidencial para desarrollar un plan de respuesta a la COVID-19 que determinara cuál debía ser el trabajo conjunto de las organizaciones. Las lecciones aprendidas de la respuesta al VIH se incluyen en el desarrollo de los cuatro principios de unidad que guían la respuesta nacional a la pandemia de la COVID-19: un plan de respuesta a la pandemia de la COVID-19 multisectorial, una autoridad coordinadora nacional para la COVID-19, un sistema de evaluación y supervisión para la COVID-19 y una plataforma para la financiación e inversión en la COVID-19.

«Los cuatro principios de unidad simplificarán y clarificarán los papeles, las responsabilidades y las relaciones, incluyéndose aquellas dentro del Gobierno», señaló el Ministro de Sanidad de Nigeria, Osagie Ehanire.

Otra lección aprendida de la respuesta al VIH es la que tiene que ver con la importancia de garantizar que las personas marginadas y vulnerables sean tenidas en cuenta en cada uno de los pasos para el desarrollo de una respuesta a la epidemia. El posible impacto de la COVID-19 sobre las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y las personas sin recursos ha de ocupar también el centro de la toma de decisiones.

«ONUSIDA se coordinó periódicamente con las distintas redes desde el comienzo del brote de la COVID-19. Se encargó de proporcionar el apoyo técnico necesario y de garantizar las sinergias con los esfuerzos del Gobierno», explicó Abdulkadir Ibrahim, coordinador nacional de la Red de personas que viven con el VIH/sida en Nigeria.

Junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ONUSIDA sirvió de enlace entre el sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno, y facilitó la entrega de 2 millones de dólares estadounidenses al Gobierno, para que este se encargara de adquirir productos médicos de primera necesidad en situación de emergencia. Se garantizó de esta forma el uso de los suministros y los equipos en las instalaciones sanitarias públicas y por parte de los trabajadores sanitarios.

Naciones Unidas lanzó el Fondo Colectivo para la COVID-19 el pasado 6 de abril. Como parte de uno de los cuatro principios de unidad, el referente a la plataforma de inversión y financiación para la COVID-19, el Fondo Colectivo canaliza las aportaciones de los donantes a la respuesta a la COVID-19. ONUSIDA desempeñó un papel fundamental en su establecimiento, al trabajar mano a mano con el coordinador nacional de las Naciones Unidas y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para garantizar que esta plataforma de financiación pusiera a las personas y a las comunidades en el centro. ONUSIDA, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas ayudaron a recaudar 6,5 millones de dólares estadounidenses para el compromiso de la sociedad civil y la comunidad, la protección social de los hogares más vulnerables y la documentación de las buenas prácticas de la comunidad.

Al anunciar su contribución de 50 millones de euros al Fondo Colectivo, el presidente de la delegación de la Unión Europea en Nigeria, Ketil Karlsen, afirmó: «El Fondo Colectivo para la COVID-19 nos brinda la oportunidad de cooperar y actuar rápidamente proporcionando una ayuda que contribuye a reforzar los servicios sanitarios y proteger a los más vulnerables». 

Quizás la aportación más importante de ONUSIDA a la respuesta a la COVID-19 en el país ha sido defender el aprovechamiento de la enorme infraestructura para el VIH con que cuenta Nigeria para luchar contra la COVID-19.

«Debemos incrementar los activos para el VIH sobre el terreno, no solo las instalaciones, sino también el número de sanitarios y voluntarios. Para luchar de manera efectiva contra la COVID-19, no podemos sino hacer partícipes a las comunidades para que ellas también lideren la respuesta», afirmó Erasmus Morah, director regional de ONUSIDA en Nigeria.

Juntos, el Gobierno de los Estados Unidos, la Agencia nacional para el control del sida, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONUSIDA, y el grupo de trabajo presidencial trazaron e iniciaron el compromiso de aproximadamente 100 000 sanitarios y voluntarios, para que fueran ellos quienes se ocuparan de la comunicación del riesgo, la movilización social, el rastreo de contactos y la atención domiciliaria.

La COVID-19 está lejos de dar tregua al país. Los casos siguen creciendo y el personal de las Naciones Unidas no ha escatimado en esfuerzos en ningún momento. Sin embargo, tal y como apunta el Sr. Kallon: «Las Naciones Unidas han de seguir trabajando y ayudando a las personas, al mismo tiempo que se garantice que el personal y sus familias dispongan de lo necesario para protegerse frente a la COVID-19». De acuerdo con esto, se estableció un centro para el aislamiento y el tratamiento de la COVID-19 como extensión de la clínica de las Naciones Unida para su personal, quien está en la primera línea de la batalla contra la enfermedad del coronavirus, y sus familias. 

Avanzando en la respuesta a la COVID-19, y apoyando continuamente al grupo de trabajo presidencial, el equipo nacional de las Naciones Unidas, incluida ONUSIDA, se está preparando para ayudar a Nigeria a hacer frente a las ingentes brechas en la preparación subnacional. En los próximos meses se abordarán cuestiones clave como la falta de medios de vida, el aumento de las vulnerabilidades y la inseguridad alimentaria, el mayor riesgo de violencia de género y el acceso limitado a los servicios sanitarios básicos.

Nuestra acción

COVID-19 y VIH

Garantizar el acceso a unos servicios para el VIH de calidad, seguros y no discriminatorios a los grupos de población clave y los migrantes en el contexto de la COVID-19

10 de julio de 2020

Declaración del Grupo de trabajo interinstitucional en materia de grupos de población clave del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) con relación a la necesidad de garantizar a los grupos de población clave y los migrantes el acceso a unos servicios para el VIH de calidad, seguros y no discriminatorios en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

La rapidísima propagación de la COVID-19 continúa impactando en miles de millones de vidas de todo el mundo. Necesitamos una cantidad inaudita de recursos humanos y económicos para hacerle frente a la pandemia. Las entidades de las Naciones Unidas, las ONG, las comunidades de personas que viven con el VIH, los trabajadores sexuales, los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas consumidoras de drogas, los transgénero, quienes están encarcelados y sus parejas sexuales, así como la sociedad civil en su conjunto, todos desempeñan un papel clave en la lucha contra la COVID-19. Todos y cada uno de ellos pueden salvar vidas y abordar conjuntamente las fuertes consecuencias sociales y económicas. Momentos tan críticos como este que estamos viviendo nos recuerdan que la desigualdad puede ser una cuestión de vida o muerte, y que todo el mundo nace libre e igual en dignidad y derechos, incluyéndose aquí el derecho a disfrutar de los más altos estándares de salud.

Son muchas las lecciones aprendidas de la respuesta mundial al VIH que ahora pueden ayudarnos a plantar cara a la COVID-19: El VIH nos ha enseñado que se trata de una responsabilidad compartida y que debemos empoderar a las comunidades e implicarlas en la respuesta; nunca jamás deberíamos comprometer los derechos humanos; debemos eliminar todas las formas del estigma y la discriminación; hemos de apoyar a los grupos más vulnerables y marginados.

ONUSIDA calcula que el 62 % de las nuevas infecciones por el VIH se producen entre los grupos de población clave y sus parejas sexuales. Los grupos de población clave experimentan formas concretas de exclusión, criminalización y discriminación que vuelven a dejarlos una y otra vez en situación vulnerable frente al VIH y ahora también frente a la COVID-19. Las personas que están en cárceles y otros centros de internamiento, donde el distanciamiento interpersonal no siempre es una opción, son extremadamente vulnerables a la COVID-19. Las personas encarceladas tienen también mayor prevalencia de VIH y tuberculosis, lo cual supone el riesgo de una mayor complicación si la persona infectada por el virus SARS-COV 2, como los migrantes, también plantan cara a una enorme vulnerabilidad frente al VIH. Las personas LGBT están informando de un elevado riesgo de violencia doméstica y familiar que aumenta el aislamiento social y multiplica las dificultades a la hora de acceder a un tratamiento vital para el VIH y a los servicios de salud reafirmadores del género. El dejar atrás a los grupos de población clave en un momento tan relevante como este puede ejercer un enorme impacto en la salud y las vidas humanas. Además, podemos desandar todo lo andado en la respuesta al VIH. 

Instamos a todos los Gobiernos y socios a que se unan a nosotros, y que juntos consigamos

poner a disposición de los grupos de población clave y los migrantes servicios para la prevención, el tratamiento, el cuidado y el apoyo para el VIH, así como servicios sanitarios en general, todos ellos de calidad y no discriminatorios.

Estos servicios han de basarse en el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, independientemente de las leyes, las políticas y las prácticas punitivas que pudieran existir. Todos ellos han de estar libres del estigma y la discriminación, deben partir de las pruebas y la ciencia, y han de cumplir las directrices internacionales más recientes. Asimismo, los servicios han de ser equitativos, deben partir de un consentimiento informado, y tienen que ser confidenciales y seguros para las comunidades y los trabajadores sanitarios.

Adaptar rápidamente la prestación de servicios teniendo en cuenta las nuevas realidades de la pandemia de la COVID-19.

El acceso seguro a las pruebas de detección para el VIH y al asesoramiento remoto es un ejemplo de esta adaptación de los servicios. Siempre que sea posible, se debería apostar por la dispensación multimensual de los tratamientos para el VIH, la tuberculosis y la hepatitis vírica. Un suministro de 3 a 6 meses nos ayudaría a garantizar la continuidad del tratamiento, a reducir la transmisión del VIH y las coinfecciones y, al tiempo, a disminuir el riesgo de contraer la COVID-19. Las personas consumidoras de drogas deberían tener acceso a la reducción del daño, incluyéndose aquí, siempre que se pueda y que así lo recomienden los profesionales médicos, el acceso a dosis múltiples de la terapia de sustitución de opiáceos, para así reducir las visitas a los lugares del programa de TSO y minimizar el riesgo de exposición a la COVID-19. Las alternativas a la encarcelación, siempre que se pueda, en el caso de los delitos no violentos, pueden salvar vidas, particularmente para delitos no reconocidos por la legislación internacional. Se deberían adoptar medidas para la liberación temprana de determinados grupos de personas que corren más riesgo de verse afectados por la COVID-19. Es el caso, por ejemplo, de mayores, enfermos crónicos o personas con otras dolencias, así como de embarazadas, mujeres con hijos dependientes, reclusos que están a punto de terminar su condena y aquellos que han sido encarcelados por delitos leves, de acuerdo con las políticas nacionales y sin comprometer la salud pública y la seguridad. Se precisan medidas de protección social en situación de emergencia para los grupos de población clave, ya que a menudo son excluidos de los servicios sociales, e incluso se ven privados de vivienda y seguro sanitario, y tienen una precaria situación laboral. La prestación de servicios ha de seguir teniendo en cuenta la diversidad por interseccionalidad, género y edad. Hemos de contar con recursos, fondos y materiales adecuados para las personas. Para ser eficaces y eficientes, estos servicios deben incluir a los grupos de población clave, sus comunidades y sus organizaciones en el diseño y la implementación de los programas.

Se ha de garantizar que las respuestas a la COVID-19 no conduzcan a la proliferación de leyes punitivas y medidas que refuercen las restricciones o criminalicen la transmisión y la exposición.

Este efecto enormemente perjudicial de las medidas punitivas sobre personas ya marginadas o criminalizadas ha sido bien documentado en la respuesta al VIH, incluso por parte de la Comisión Mundial sobre el VIH y la Legislación.

No venceremos a la COVID-19 si hay personas que no pueden ni permitirse acceder a las pruebas de detección o al tratamiento. Hemos de asegurarnos de que las respuestas a la COVID-19, o a cualquier otra pandemia o emergencia sanitaria, no dejan a nadie atrás, ya sean grupos de población clave, migrantes u otros grupos vulnerables. Como grupo de trabajo interinstitucional en materia de grupos de población clave, estamos listos para trabajar con todos nuestros socios para garantizar a los grupos de población clave el acceso seguro y basado en los derechos a servicios de calidad para el VIH y la COVID-19.

El Grupo de trabajo interinstitucional sobre los grupos de población clave se establece bajo la división laboral de ONUSIDA y lo coorganizan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en asociación con la Red mundial para y por personas que viven con el VIH (GNP+), la Red mundial de personas consumidoras de drogas (INPUD), MPact Global Action for Gay Men's Health and Rights (MPact), la Red global de proyectos relacionados con el trabajo sexual (NSWP), IRGT y la Secretaría de ONUSIDA.

Declaración conjunta de UNODC, OMS, ONUSIDA y ACNUDH sobre la COVID-19 en cárceles y otros centros de internamiento*

13 de mayo de 2020

Ghada Fathi Waly, Directora ejecutiva de la UNODC; Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director general de la OMS; Winnie Byanyima, Directora ejecutiva de ONUSIDA; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. — * Agradecemos a PNUD su aportación a esta declaración.

Nosotros, los líderes de las instituciones mundiales encargadas de velar por la salud, los derechos humanos y el desarrollo, aunamos nuestras fuerzas para llamar la atención de los Gobiernos con respecto a la elevada vulnerabilidad a la pandemia de COVID-19 de los prisioneros y de otras personas privadas de su libertad. Instamos a todos los responsables de los diferentes países a adoptar las medidas necesarias en materia de salud pública, para atender a las necesidades de esta población vulnerable que es parte de nuestras comunidades.

Si bien sabemos que el riesgo de que la COVID-19 se adentre en las cárceles y en otros centros de detención varía de un país a otro, insistimos en la urgencia con la que es necesario minimizar la presencia de la enfermedad en estos entornos. Asimismo, se debe garantizar la aplicación de las medidas preventivas necesarias, con el fin de asegurar un enfoque con perspectiva de género y evitar brotes aún mayores de la enfermedad del coronavirus. Igualmente, insistimos en la necesidad de establecer un sistema de coordinación actualizado que reúna a los sectores sanitarios y judiciales, mantenga bien informado al personal de prisión y garantice el respeto en estos centros a todos y cada uno de los derechos humanos.

Reducir el hacinamiento

A la luz de la sobrepoblación observada en muchos centros de detención, la cual mina la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana, se antoja insuficiente una sola respuesta sanitaria a la COVID-19 en estos entornos cerrados. Dicha sobrepoblación constituye un obstáculo insuperable de cara a la prevención, la preparación o la respuesta a la COVID-19.

Desde nuestras instituciones rogamos a los líderes políticos que consideren la privación de libertad, incluyéndose aquí la prisión preventiva, como un último recurso, especialmente en los casos en los que las prisiones están masificadas. Los animamos a todos a esforzarse por adoptar otras medidas no privativas de libertad. Estos esfuerzos deberían abarcar también mecanismos de liberación para las personas con mayor riesgo de contraer la COVID-19, como la gente mayor y los presos con enfermedades previas. Del mismo modo, proponemos liberar también a otras personas cuya libertad no comprometa la salud pública, por ejemplo, individuos condenados por delitos menores y no violentos, prestando una consideración especial hacia las mujeres y los niños.

Si queremos mitigar el riesgo de que la COVID-19 entre y se extienda en las cárceles y en otros centros de privación de libertad, debemos proporcionar una respuesta rápida y firme dirigida a garantizar una custodia sana y segura, y a reducir el hacinamiento. Es de suma importancia mantener al máximo la limpieza y la higiene en lugares de privación de libertad, con el fin de evitar la entrada del virus o limitar su propagación.

Se deberían cerrar los centros de detención obligatoria y rehabilitación, donde se mantienen detenidas a las personas sospechosas de consumir drogas o ejercer trabajos sexuales, sin el proceso debido, con la excusa de ofrecerles tratamiento o rehabilitación. No hay prueba alguna de que dichos centros sean efectivos para el tratamiento de la drogodependencia y la rehabilitación de las personas. Además, la detención de las personas en estos centros vulnera algunos de los aspectos relacionados con los derechos humanos y amenaza la salud de los detenidos, con lo que aumentan los riesgos de brotes de COVID-19.

Garantizar la salud, la seguridad y la dignidad humana

Se pide a todos los Estados que garanticen en todo momento, no solo la seguridad, sino también la salud, el bienestar y la dignidad humana de las personas privadas de su libertad y de quienes trabajan en los centros de detención. Esta obligación ha de imperar siempre, con independencia del estado de emergencia.

Son elementos intrínsecos de esta obligación unas condiciones de vida y trabajo decentes, así como el acceso gratuito a los servicios básicos de salud. No debe existir discriminación alguna por motivo de la situación legal o de cualquier otra índole de las personas privadas de su libertad. La atención sanitaria en las prisiones, incluyéndose aquí el tratamiento preventivo, complementario y curativo, debería ser de la mayor calidad posible, o al menos equivalente al proporcionado en la comunidad. Las respuestas prioritarias a la COVID-19 actualmente en marcha en la comunidad, como la higiene de manos y el distanciamiento social, resultan a menudo restringidas e incluso imposibles en ambientes cerrados.

Garantizar el acceso a los servicios de salud continuados

Entre la población en prisión hay una sobrerrepresentación de personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, tuberculosis (TB) y hepatitis B y C, en comparación con la población general. La tasa de infección de enfermedades en población tan confinada es también más elevada que entre la población general. Más allá de la infectividad normal de la pandemia de COVID-19, las personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, hepatitis y TB podrían tener mayor riesgo de complicaciones derivadas de la COVID-19.

Para garantizar que los beneficios de los tratamientos empezados antes o durante la encarcelación no se pierdan, se deben tomar medidas, en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias públicas, con el fin de permitir que las personas continúen su tratamiento ininterrumpidamente en todas las fases de la detención y tras la liberación. Los países deberían adoptar un nuevo enfoque con respecto a sus sistemas de salud, en el cual las cárceles no se aparten de la atención continuada e integrada con los servicios de salud de la comunidad.

Es necesario, por tanto, reforzar las medidas de prevención y control en los ambientes cerrados, así como incrementar el acceso a los servicios sanitarios de calidad, incluyéndose aquí el acceso ininterrumpido a la prevención y el tratamiento del VIH, la TB, la hepatitis y la dependencia a opiáceos. Las autoridades deben garantizar el acceso constante y el flujo de productos sanitarios de calidad a las cárceles y a otros centros de detención. El personal, los profesionales sanitarios y los proveedores de servicios que trabajan en ambientes cerrados deberían ser considerados una fuerza de trabajo esencial para la respuesta a la pandemia de COVID-19 y, en consecuencia, deberían recibir los equipos de protección personal y el apoyo que tanto necesitan.

Respetar los derechos humanos

En sus respuestas a la COVID-19 en lugares cerrados, los Estados deben respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Las restricciones que pudieran imponerse tienen que ser necesarias, estar fundamentadas en pruebas, resultar proporcionadas (es decir, ser la opción menos restrictiva), y no ser arbitrarias. El impacto disruptivo de estas medidas debería mitigarse de forma activa, por ejemplo, mejorando el acceso a los teléfonos y las comunicaciones digitales cuando se limiten las visitas. Se deben seguir respetando plena y constantemente determinados derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, como los relativos a sus garantías y salvaguardias. Se incluyen aquí el derecho a la representación legal, así como el acceso a cuerpos de inspección externos a los lugares de privación de libertad.

Adherirse a las reglas y las pautas de las Naciones Unidas

Solicitamos a todos los líderes políticos que garanticen que la preparación y las respuestas a la COVID-19 en los entornos cerrados se identifiquen e implementen en línea con los derechos humanos fundamentales, que respeten las pautas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que nunca consistan en torturar ni llevar a cabo ningún tipo de castigo o trato cruel, inhumano o degradante. En las cárceles, toda intervención debe respetar las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (las reglas Nelson Mandela).

Las personas privadas de su libertad con síntomas de la COVID-19 o quienes hayan dado positivo en las pruebas deberían ser monitorizadas y tratadas respetando las últimas indicaciones y recomendaciones de la OMS. Las cárceles y otros centros de detención deben formar parte de los planes nacionales para la COVID-19 con la participación dedicada de los grupos de población afectados. Deben comunicarse todos los casos de COVID-19 en ambientes cerrados a las autoridades sanitarias públicas responsables, quienes después lo comunicarán a las autoridades nacionales e internacionales.

En línea con nuestros mandatos, seguimos disponibles para apoyar la rápida puesta en marcha de las recomendaciones arriba indicadas.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Pages