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Las personas que viven con el VIH o que se ven afectadas por el virus suelen necesitar asistencia práctica para mantener adecuadamente su hogar, la custodia de sus hijos, y los derechos de propiedad y de herencia, asimismo como para acceder a la atención sanitaria, la educación o el empleo sin miedo a ser discriminados..
Credito: UNAIDS/P.Virot

La experiencia en la respuesta al sida ha demostrado que el acceso a los servicios jurídicos es esencial para garantizar la protección frente a la discriminación, condenar las violaciones de los derechos humanos y ampliar el acceso a la prevención y el tratamiento del VIH. No obstante, las respuestas nacionales al sida no suelen promover estos programas, y allí donde existen, su calidad y alcance son insuficientes.

La Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO), la Secretaría de ONUSIDA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) celebraron en la sede de la IDLO, Roma, del 3 al 6 de mayo, una consulta internacional de expertos para fortalecer y ampliar los servicios jurídicos del VIH. 

Los participantes contribuyeron al desarrollo de herramientas para mejorar el acceso a los servicios jurídicos para personas que viven con el VIH y los grupos de población más expuestos al riesgo de infección, especialmente en países de ingresos medios y bajos.  Estas herramientas ayudarán a los países a desarrollar y fortalecer programas y propuestas de financiación, como aquellas que envían al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Susan Timberlake, asesora de ONUSIDA sobre derechos humanos y leyes, explica que ONUSIDA defiende que el acceso a la justicia debe ser un componente básico y programático del movimiento del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH.  "La realidad constante de la discriminación -se deba al estado serológico, o a cuestiones de género o sociales- significa que los servicios son una parte esencial y necesaria de una respuesta integral a la epidemia", afirma Timberlake.

Las personas que viven con el VIH o que se ven afectadas por el virus suelen necesitar asistencia práctica para mantener adecuadamente su hogar, la custodia de sus hijos, y los derechos de propiedad y de herencia, asimismo como para acceder a la atención sanitaria, la educación o el empleo sin miedo a ser discriminados. El acceso a estos servicios es incluso más importante en entornos jurídicos punitivos. Cada vez son más los países que están aprobando leyes que penalizan la transmisión del VIH. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores del sexo y los usuarios de drogas se enfrentan a sanciones penales, lo que impide que puedan acceder a los servicios del VIH y aumenta su vulnerabilidad. Según un estudio realizado en 2008 por el Equipo especial internacional sobre las restricciones para viajar relacionadas con el VIH, unos 60 países deniegan la entrada, estancia o residencia de una persona en función de su estado serológico.

No hay una “talla única” para los servicios jurídicos
Los servicios jurídicos en el contexto del VIH adoptan muchas formas. Estos incluyen: información y asesoramiento jurídico (por ejemplo mediante atención telefónica), litigios formales (como los litigios estratégicos para crear políticas jurídicas), mediación y otras formas de resolución de conflictos, asistencia con sistemas jurídicos informales o tradicionales (por ejemplo, tribunales de los pueblos), y educación jurídica comunitaria.  Los proveedores de servicios jurídicos no siempre son abogados. En ocasiones son asistentes jurídicos, voluntarios, estudiantes o educadores. Los servicios se ofrecen en diversas instalaciones, como centros de asesoramiento y tratamiento del VIH, centros “comunes” de asistencia legal, cárceles y otras instalaciones comunitarias.  El trabajo en ocasiones se relaciona con la promoción de reformas legislativas.

Según Mandeep Dhaliwal, directora del Grupo sobre género, derechos humanos y diversidad de Práctica del VIH del PNUD, los motivos para apoyar los servicios jurídicos del VIH se fundamentan en dos argumentos relacionados. “El primero es que son medios esenciales para proteger los derechos de las poblaciones marginadas y vulnerables. El segundo, que son medios esenciales para garantizar una salud pública y resultados de desarrollo óptimos, cuestiones que se fundamentan en la realización de los derechos", afirma Dhaliwal.

Sin embargo, estos programas no suelen contar con el apoyo que necesitan. “Uno de nuestros objetivos como Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida es ayudar a que los países reconozcan la importancia que los servicios jurídicos pueden tener en sus respuestas nacionales al VIH y trabajar con ellos para desarrollar una estrategia que permita ampliar estos servicios", explica Dhaliwal. “Los servicios jurídicos del VIH que existen son generalmente limitados en su alcance y su cobertura es irregular. Debido a los altos niveles de marginación “legal” de las poblaciones vulnerables, conseguir el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo requiere de un compromiso de protección jurídica y acceso a los servicios jurídicos. 

En la reunión de Roma se propuso el desarrollo de tres herramientas para mejorar el acceso a estos servicios:

1. Modelos de servicios jurídicos aplicables en diferentes situaciones
2. Formación curricular para los abogados
3. Estrategias de movilización de recursos.

“Hay ejemplos extraordinarios del magnífico trabajo que se está realizando para facilitar servicios jurídicos. Conocemos la importancia de ofrecer un entorno jurídico habilitante para el acceso a la prevención y el tratamiento del VIH”, afirma David Patterson, director del Programa de VIH y derecho de la salud de la IDLO. “¿Por qué no se han ampliado estos servicios legales con la misma urgencia que buscamos ofrecer tratamiento?"

Entre los participantes que acudieron a la reunión estaban proveedores de servicios jurídicos y líderes de organizaciones de personas que trabajan con el VIH, grupos de mujeres, usuarios de drogas, hombres que tienen relaciones con hombres, profesionales del sexo y representantes de la IDLO, ONUSIDA, el PNUD y el Fondo Mundial.  Los participantes venían de diversos países y contextos epidemiológicos, como Australia, Botswana, Brasil, China, Dinamarca, Egipto, Georgia, Guatemala, India, Indonesia, Nepal Papua Nueva Guinea, Santa Lucía, Uganda, Ucrania, los Estados Unidos de América y Vietnam.