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De izquierda a derecha: la congresista de los Estados Unidos y miembro de la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Barbare Lee; el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé; el secretario general adjunto de las Naciones Unidas, Jan Eliason; la administradora del PNUD, Helen Clark; y su Excelencia, Festus Mogae, antiguo presidente de Botswana y miembro de la Comisión Global sobre VIH y Derecho.
Fotografía: D.Lowthian

La Comisión Global sobre VIH y Derecho presentó su informe de referencia el 9 de julio de 2012 en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York. El nuevo informe denuncia el impacto negativo que las leyes punitivas tienen sobre los derechos humanos y la respuesta al VIH y formula atrevidas recomendaciones para corregirlo.

"Nunca antes ha habido tal análisis del papel del derecho en el VIH", dijo Festus Mogae, antiguo presidente de Botswana y miembro de la Comisión. "Lo que hemos descubierto es una epidemia de malas legislaciones que están costando vidas. Debemos acabar con la epidemia de malas legislaciones y promulgar leyes basadas en los datos, el sentido común y los derechos humanos", añadió el Sr. Mogae.

El estigma, la discriminación y los enfoque legales punitivos hace tiempo que se han reconocido como barreras a la respuesta contra el VIH. Estas agudizan la vulnerabilidad ante el VIH, especialmente entre las poblaciones clave con un mayor riesgo de infección y dificultan que las personas y las comunidades accedan a la prevención, el tratamiento, el cuidado y los servicios de ayuda para el VIH. Hace tiempo que ONUSIDA hizo un llamamiento para la retirada de las leyes punitivas y su sustitución por legislaciones protectoras. Aun así, países de todo el mundo siguen manteniendo leyes, políticas y prácticas que infringen los derechos humanos, exacerban la discriminación e impiden que se realicen esfuerzos nacionales y mundiales para abordar el VIH.

En su intervención durante la presentación del informe, el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, indicó que "la fuerza de este informe es que va más allá de una descripción superficial del estigma y la discriminación para cuestionar las estructuras jurídicas y estructurales que sostienen la desigualdad, la injusticia y las violaciones de los derechos humanos en el contexto del VIH".

El informe, titulado "VIH y Derecho: riesgos, derechos y salud", es el resultado de un proceso consultivo de dos años durante el que la Comisión recibió más de 1000 alegaciones de personas afectadas por problemas con las leyes, la aplicación de la legislación y el acceso a la justicia en el contexto del VIH. El informe tuvo en cuenta las recomendaciones de siete coloquios regionales que implicaban a gobiernos y a la sociedad civil y la opinión de un Grupo Asesor Técnico de expertos sobre VIH y derecho.

Las leyes punitivas aumentan el riesgo de infección por el VIH

La Comisión - un grupo independiente de líderes políticos y sociales de todo el mundo - señaló que las mujeres están gobernadas en muchas partes del mundo por sistemas jurídicos plurales en los que el derecho tradicional y consuetudinario perpetúa su desigualdad social y económica. Esta situación hace que las mujeres sean vulnerables a las relaciones y/o a la violencia sexual que las ponen en riesgo de infección por el VIH. La Comisión describió las realidades de muchas mujeres embarazadas que viven con el VIH y que se enfrentan a la discriminación en la atención sanitaria, incluida la esterilización forzada, incluso aunque un fármaco simple y barato puede evitar la transmisión maternoinfantil y mantiene a las madres con vida.

En el informe, los comisionados hicieron un llamamiento a los gobiernos para que usen el derecho para proteger a las mujeres de la desigualdad y la violencia. También instaron a los gobiernos a acabar con las barreras legales que impiden que los jóvenes accedan a la información y los servicios para el VIH, así como a la educación sexual; todo ello necesario para evitar la infección por el VIH.

La Comisión también hizo un llamamiento a la eliminación de las leyes que criminalizan a las personas basándose en su orientación sexual y su identidad de género, en la posesión de drogas para su uso personal y en su participación en trabajos sexuales consentidos entre adultos. También citó abundantes datos de cómo dichos derechos penales exacerban el riesgo de infección por el VIH entre los hombres que tienen relaciones con hombres, las personas transgénero, los usuarios de drogas y los adultos que venden y compran sexo. Según el informe, dichas leyes llevan a la gente clandestinidad y a los márgenes de la sociedad, lejos de los servicios sanitarios y para el VIH. Además, si se les condena y envía a prisión, los riesgos de contraer el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C son muy altos porque, en muchos países, las leyes prohíben la provisión de servicios y bienes básicos sanitarios y de prevención del VIH en las cárceles.

Nick Rhoades, del Center of HIV Law and Policy, habló contra la criminalización de la exposición y transmisión del VIH, tras haber sido él mismo condenado en los Estados Unidos de América, incluso aunque había usado preservativos, presentaba una carga vírica indetectable y no transmitió el VIH. Citando las muchas leyes penales específicas contra el VIH, dijo: "Las personas tienen manos y pueden pegar a otros con sus puños, pero no hay ninguna ley que penalice específicamente a una mano como "arma mortal" como se hace con el VIH". La Comisión ha solicitado que el derecho penal se limite estrictamente a los actos intencionados y maliciosos de transmisión real del VIH.

Los participantes en la presentación destacaron el modo en que los enfoques jurídicos punitivos socaban la inversión en prevención y tratamiento para el VIH, que finalmente está empezando a mostrar la posibilidad real de detener e invertir la epidemia. También subrayaron que la persistencia de leyes y prácticas punitivas es una preocupación seria en un momento en el que el mundo ha estabilizado el número de nuevas infecciones por el VIH, ha aumentado sus conocimientos sobre la prevención eficaz del VIH y está preparándose para aprovechar todo el potencial de la ampliación del tratamiento para el VIH. "Es escandaloso que en 2012, cuando tenemos todo lo necesario para vencer esta epidemia, aun tengamos que luchar contra el prejuicio, la discriminación, la exclusión y las malas legislaciones", dijo el Sr. Sidibé.

El derecho como instrumento para proteger a las personas

Los comisionados subrayaron en la presentación que existen muchos ejemplos positivos de países que han usando el derecho como instrumento para proteger a las personas, crear un entorno que aborde el estigma y la violencia y fomentar así el acceso a los servicios para el VIH. Otros países han usado el derecho para desafiar a los regímenes de propiedad intelectual demasiado amplios y estrictos a fin de reducir el coste de fármacos para el VIH fundamentales y garantizar su disponibilidad, incluso mediante la producción de genéricos.

“La reforma de la legislación es compleja, pero los países pueden hacer mucho más", dijo la administradora del PNUD, Helen Clark. "La tarea que tenemos ante nosotros es garantizar la adopción y aplicación de mejores leyes", añadió.

La Comisión y su trabajo han iniciado conversaciones en todo el mundo sobre asuntos que son difíciles, controvertidos y complejos. Son además temas centrales para la dignidad humana, la salud y la justicia social. Estos diálogos forman parte de aquello que los gobiernos se comprometieron a hacer en la Declaración política sobre el sida de 2011, en la que prometieron revisar las leyes y políticas que “afecten negativamente a la administración igualitaria, eficaz y exitosa de los servicios para el VIH y al planteamiento de su revisión”.

"Ahora tenemos una poderosa herramienta de reivindicación y compromiso para pedir a los gobiernos que defiendan los derechos humanos de todas las personas vulnerables al VIH", dijo Ebony Johnson, de la red Athena. "No se debe dar carpetazo a este informe".

La Comisión Global sobre VIH y Derecho es un organismo independiente, reunido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en nombre del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida (ONUSIDA). La Comisión estaba respaldada por un Grupo Asesor Técnico, que revisó y analizó los datos existentes sobre salud pública y legislación y también encargó un análisis original. Se puede encontrar información adicional sobre la Comisión, sus procesos y trabajos en www.hivlawcommission.org.