Quedan pendientes graves problemas para llegar a los adolescentes del mundo con servicios para VIH, salud sexual y reproductiva y reducción de daños. La situación es especialmente preocupante por tratarse del único grupo de edad en el que las muertes relacionadas con el sida están aumentando, y las muertes relacionadas con el sida son la segunda causa de mortalidad entre la población adolescente mundial.

Una sesión celebrada el 23 de julio en la Conferencia internacional sobre el sida en Melbourne, Australia, analizó uno de los obstáculos clave que evita que los jóvenes accedan a las intervenciones: la necesidad de consentimiento paterno antes de que se les permita beneficiarse de servicios como asesoría y pruebas de VIH o programas de jeringuilla-aguja. En la sesión se dijo que en el África subsahariana, por ejemplo, al menos 33 países tenían criterios basados en la edad o en otros factores específicos para consentir hacerse pruebas de VIH o acceder a servicios de asesoramiento.

Sin negar que los padres, tutores y el estado tienen la obligación de proteger a los jóvenes, los participantes discutieron de la capacidad en desarrollo de los adolescentes para dar su consentimiento de forma independiente para acceder a programas que pueden salvar vidas. Daniel McCartney, de la Federación Internacional de Planificación de la Familia y miembro del pacto para la transformación social, una coalición de 26 organizaciones dirigidas por jóvenes, apoyada por ONUSIDA, presentó en la sesión los hallazgos de un estudio online para jóvenes a escala mundial sobre las leyes y requisitos de consentimiento paterno.

Se descubrió en el estudio que el 72% de los encuestados dijo que las leyes que exigían consentimiento paterno no eran una buena forma de implicar a los padres en la toma de decisiones sobre salud sexual y reproductiva y reducción de daños. El treinta y ocho por ciento dijo que no siempre habían tenido la posibilidad de acceder a los servicios correspondientes sin restricciones cuando los necesitaron, una situación que les hizo sentirse impotentes y víctimas de la discriminación.

Los participantes estuvieron de acuerdo en usar los resultados del estudio para sensibilizar a los países con el fin de que revisaran sus políticas con barreras legales, dispositivas y sociales basadas en la edad para servicios sanitarios específicos, y luchar para garantizar que los jóvenes se sintieran respaldados y capacitados para decidir sobre su propia salud y bienestar.