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Antes de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de la droga que se celebrará en Nueva York en abril de 2016, los representantes de diversos organismos de las Naciones Unidas han participado en una perspectiva de diversas partes interesadas de alto nivel en Ginebra (Suiza). El objetivo del acto era estudiar las maneras de transformar el actual sistema de control de las drogas en una respuesta mensurable que esté centrada en las personas y basada en el respeto de los problemas en materia de salud pública y los derechos humanos.

La reunión, organizada y presidida de forma conjunta por Suiza y Colombia, abarcó diversos temas esenciales que se debatirán en mayor profundidad durante las consultas preparatorias por la Comisión sobre estupefacientes en Viena durante el periodo previo a la UNGASS.

Durante la presentación de los participantes, el embajador de las Naciones Unidas en Ginebra afirmó que las partes interesadas ya han demostrado su compromiso de estudiar el problema de la droga a través del prisma de los derechos humanos y la salud pública.

"Queremos seguir aprovechando este impulso reiterando nuestro compromiso con las políticas sobre drogas centradas en las personas y subrayando el poderoso nexo entre los derechos humanos y la salud pública", declaró el embajador Alexandre Fasel.

En su intervención en el debate, el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, afirmó que era esencial que la salud pública esté en el corazón de las futuras políticas sobre drogas y justicia penal.

"La criminalización de las personas que usan la droga alimenta la epidemia de VIH", dijo el Sr. Sidibé. "Es una injusticia que las personas que usan la droga queden apartadas de la respuesta al sida cuando sabemos qué es lo que funciona. La inversión en la reducción de daños es una base fundamental para una política eficaz contra las drogas que no solo salve vidas, sino que además sea rentable. Todo el mundo tiene derecho a la salud".

Las estrategias de reducción de daños, como el tratamiento sustitutivo con opiáceos y los programas de suministro de agujas y jeringuillas han demostrado tener éxito en diversos países, incluidos Australia, los Países Bajos, Portugal y Suiza. Sin embargo, menos de un tercio de los países ofrece programas de suministro de agujas y jeringuillas para los usuarios de las drogas. Las personas que se inyectan la droga tienen una probabilidad 28 veces superior de infectarse con el VIH que la población general. Solo el 14 % de las personas que se inyectan la droga y viven con el VIH tiene acceso a los antirretrovíricos.

En el acto también estaba presente el director ejecutivo adjunto de la UNODC, Aldo Lalé-Demoz, quien subrayó que las reflexiones sobre salud pública nunca han tenido la suficiente importancia en la política internacional sobre las drogas y el sistema de justicia penal.

"Las necesidades de la salud pública nunca han tenido suficiente presencia en la política internacional sobre las drogas y el sistema de justicia penal", aseveró. "El acceso a los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH para las personas que usan la droga está muy lejos de lo que sería necesario".

Muchos participantes destacaron que la UNGASS suponía una oportunidad histórica para reestructurar la respuesta internacional al problema mundial de la droga.

"A medida que nos acercamos a la UNGASS del próximo año tenemos una oportunidad única para toda una generación de reequilibrar las políticas internacionales sobre las drogas y hacer más hincapié en la salud pública, la prevención, la garantía de tratamiento, la atención y la reducción de daños", afirmó Marie-Paule Kieny, subdirectora general de la Organización Mundial de la Salud.

En un mensaje especial de vídeo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, hizo un llamamiento a los estados para estudiar la despenalización de la posesión y el consumo de drogas y establecer unas respuestas más sólidas en materia de salud pública, como recomienda el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud.

"La penalización de la posesión y el consumo de drogas genera importantes obstáculos en el derecho a la salud", declaró el Sr. Ra'ad Al-Hussein. "Los usuarios de la droga pueden temer, de forma justificada, ser arrestados o encarcelados si buscan atención sanitaria. Incluso se les puede disuadir si buscan información sobre prácticas seguras para el uso de la droga".

Los participantes también coincidieron en la necesidad de unas estrategias de desarrollo alternativas que posibiliten unos medios de subsistencia sostenibles a fin de reducir la dependencia del crimen organizado, el tráfico de estupefacientes y la producción de drogas.

En el grupo de expertos se encontraba también la embajadora de Colombia en las Naciones Unidas, Beatriz Londoño Soto, el presidente del International Drug Policy Consortium, Mike Trace, y el subsecretario general de las Naciones Unidas para la Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales, Thomas Gass, que intervino por videoconferencia desde Nueva York.

El debate de alto nivel se celebró al mismo tiempo que un grupo de 120 responsables de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos hacía un llamamiento para que se encarcelara a menos personas por delitos menores, incluida la posesión y el consumo de pequeñas cantidades de droga.

Los líderes de los cuerpos de seguridad para reducir la criminalidad y la encarcelación dijeron que muchos reclusos encarcelados por delitos menores, como hurtos y posesión de pequeñas cantidades de droga, necesitaban una atención y un tratamiento que no están disponibles en las prisiones.