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Doce organismos de las Naciones Unidas emitieron el 12 de junio una declaración conjunta sin precedentes en la que hacen un llamamiento contra la discriminación en los entornos sanitarios y se comprometen a cooperar con los Estados miembros para que puedan proporcionar una atención sanitaria libre de estigma y discriminación. La declaración es un elocuente llamamiento a la acción para que los gobiernos se esfuercen más al abordar la discriminación en cualquiera de sus formas, y contribuirá a alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible garantizando que nadie quede excluido.

La discriminación en los entornos sanitarios se dirige contra algunas de las poblaciones más marginadas y estigmatizadas, precisamente aquellas poblaciones que los estados, de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se comprometieron a tener entre sus prioridades, y que con demasiada frecuencia son excluidas e ignoradas. 

La discriminación afecta tanto a los usuarios de los servicios como a los profesionales sanitarios. Es una barrera que dificulta el acceso a los servicios sanitarios, afecta a la calidad de los mismos y refuerza la exclusión social de individuos y de colectivos. 

Muchos individuos y colectivos se enfrentan a la discriminación por su edad, sexo, raza u origen étnico, su estado de salud, discapacidad o vulnerabilidad, su orientación sexual o identidad de género, su condición de inmigrantes o de demandantes de asilo, o por sus antecedentes penales; y, a menudo, por una combinación de varias de las anteriores.

La discriminación en los entornos sanitarios se presenta en muchas formas distintas y una de sus manifestaciones más frecuentes es cuando a un individuo o grupo se les niegan servicios de atención sanitaria que sí que se prestan a otras personas. Otra posibilidad es la negativa a prestar servicios que necesitan solo ciertos grupos, como las mujeres. Entre los ejemplos se incluyen el someter a individuos o colectivos específicos a agresiones o violencia físicas o verbales, a tratamiento involuntario, a violaciones de la confidencialidad y/o a la privación de la autonomía en la toma de decisiones, como sucede al exigir el consentimiento de padres, cónyuges o tutores para proporcionar el tratamiento, y del consentimiento libre e informado.

Las agencias que suscriben la declaración son la Secretaría de ONUSIDA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones.