Las personas tienen derechos humanos fundamentales para poder tomar decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Estos derechos se basan en preferencias personales sobre, entre otras cosas, la atención sanitaria y el tratamiento. Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, los temas clave que se han tratado son los derechos de las personas para decidir cuándo, si y con quién tener relaciones sexuales, hijos, casarse y su capacidad para expresar su género y sexualidad.

Recientemente, se reunieron los principales expertos legales de todo el mundo para sentar las bases de una serie de principios para responder al uso indebido y al abuso de las leyes criminales que afectan a los derechos humanos básicos, así como su impacto en la salud y en la igualdad. A lo largo de los próximos meses, se elaborarán dichos principios y se guiará a la sociedad civil y a los responsables políticos para el desarrollo y uso de las leyes que garantizan los derechos humanos y que protegen la sanidad pública.

Al comienzo de la reunión, Tim Martineau, Director Ejecutivo Adjunto de ONUSIDA, a.i., señaló: "Aunque hay avances significativos en la prevención del VIH, su tratamiento y atención, hay una gran discrepancia en la prevención del VIH en poblaciones clave, que son las más vulnerables a la infección por el VIH en muchos aspectos debido a la falta de protección jurídica y a la criminalización injusta de su comportamiento".

Los expertos legales se centraron en la criminalización relacionada con la sexualidad, la reproducción, el uso personal de drogas y la criminalización sobredimensionada de la no divulgación del VIH, su exposición y transmisión. En el mundo, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo estan criminalizadas en 73 países, con 13 Estados donde se impone la pena de muerte. A nivel mundial, el trabajo sexual está tipificado como delito en aproximadamente 116 países y unos 72 países criminalizan la no divulgación del VIH, su exposición y transmisión. A menudo, las leyes penales causan que aumente el estigma contra grupos que ya están marginados y excluidos y, además, se han asociado a la discriminación y a la negación de servicios sanitarios mínimos. La criminalización, a su vez, crea un entorno en el que las personas son menos propensas a buscar asistencia policial cuando se violan sus derechos.

Kate Gilmore, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destacó que el derecho penal juega un papel esencial en el reconocimiento, protección y cumplimiento de los derechos, incluida la lucha contra la impunidad por las violaciones de esos derechos. "Aquí, nuestro propósito es levantar el escudo del derecho penal reduciendo su espada, porque, si reducimos el abuso del derecho penal, aseguramos una mejor protección".

Sam Zarifi, el Secretario General Adjunto de la Comisión Internacional de Juristas, dijo, "El uso indebido del derecho penal afecta a los más marginados y, en particular, a quienes se les ha arrebatado sus bienes y se les ha privado del derecho al voto".

La reunión tuvo lugar el 3 y 4 de mayo y la dirigió la Comisión Internacional de Juristas, en colaboración con ONUSIDA y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.