La noche del 6 de febrero de 2009 en Georgetown (Guyana), la policía acorraló a siete mujeres transgénero, a las que tuvo detenidas durante un fin de semana. El lunes siguiente, en el Tribunal de Georgetown, descubrieron que habían sido acusadas de travestismo y, finalmente, se declararon culpables y fueron condenadas a pagar una multa. Incluso el Magistrado llegó a amonestarlas añadiendo que estaban «confundidas con su sexualidad».

Con el respaldo del Rights Advocacy Project (Proyecto para la Defensa de los Derechos), U-RAP, de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Indias Occidentales, este grupo fue en contra de la ley decimonónica de Guyana que prohíbe a los hombres vestirse como mujeres, y viceversa, «con propósitos inapropiados». El 13 de noviembre de 2018, la Corte Caribeña de Justicia (CCJ), tribunal de última instancia de Guyana, dictaminó por unanimidad que la ley es inconstitucional y que, en consecuencia, queda derogada.

«No se debería pisotear la dignidad de nadie, ni negarle los derechos humanos por una simple diferencia», dijo el Presidente del Tribunal Supremo, Adrian Saunders.

Para la profesora de Derecho y co-coordinadora del proyecto U-RAP, Tracy Robinson, esto supuso un paso adelante en la lucha contra las diferencias de poder y de oportunidades de vida que sufren muchas personas del Caribe. 

«La ley no es igual para todos: aquellos que cuentan con recursos mínimos y los que se encuentran marginados son los que más peligro corren. Las mujeres trans no son las únicas que ven sus vidas afectadas por la acción e inacción estatal, ya que hay muchos otros casos en los que olvidamos y excluimos a personas que también forman parte de la sociedad», dijo Tracy Robinson.

El VIH supone una manifestación de cómo los grupos sociales vulnerables se dejan de lado. En la región, la prevalencia del VIH entre los grupos de población clave es generalmente mucho más alta que entre los adultos que no pertenecen a estos colectivos. Por ejemplo, en las mujeres transgénero de Guyana, uno de los pocos países del Caribe que poseen datos de la población, la prevalencia del VIH es de 8,4 %, en comparación con el 1,7 % en los adultos. Además, las estadísticas en estos países caribeños indican que la prevalencia del VIH entre los hombres que mantienen relaciones homosexuales y otros hombres que tienen relaciones con personas de su mismo sexo oscila entre el 1,3 % y el 32,8 %. La combinación de leyes discriminatorias, estigma social, discriminación y la relativa escasez de servicios cordiales con los miembros de los grupos de población clave obligan a estas personas a esconderse, lo que les impide acceder a los servicios de prevención del VIH y recibir tratamiento cuando han contraído el virus. 

Sin embargo, en algunos países, las asociaciones están trabajando para desafiar la constitucionalidad de las leyes discriminatorias que llevan vigentes desde la época colonial. Mediante un caso que respaldó U-RAP, Caleb Orozco desafió la legislación de Belice que establecía que «las prácticas sexuales contra el orden natural», como la sodomía, suponían un delito penado con hasta diez años de prisión. El 10 de agosto de 2016, Belice se convirtió en el segundo país independiente de la Comunidad del Caribe en despenalizar las relaciones sexuales ente hombres, y el primero en hacerlo por medio de los tribunales.

En Trinidad y Tabago, el Tribunal Supremo falló a favor de Jason Jones el 12 de abril de 2018, llegando a la conclusión de que no se debía penalizar la actividad sexual entre adultos cuando existe consentimiento entre ambas partes. Se citó esta resolución en la decisión histórica tomada por la Corte Suprema de la India en 2018 para despenalizar las relaciones entre hombres homosexuales.

ONUSIDA contribuye a aumentar la participación comunitaria y a que se traten cuestiones importantes, entre las que se incluyen: los foros públicos de apoyo en Belice y en Trinidad y Tabago, así como la sensibilización de los periodistas que informan sobre la comunidad transgénero de Guyana.

Para las partes procesales, estas victorias suponen un paso adelante en el largo camino hacia la igualdad.

«Propicia la comunicación entre las familias y sus familiares homosexuales, bisexuales o transgénero. Anima a estas personas a salir del armario. Obliga a las instituciones a reconsiderar sus prácticas administrativas, así como la discriminación que justificaban basándose en esa legislación. Obliga a las personas homófobas a reconocer que la constitución abarca a todo el mundo», apuntó Caleb Orozco.

El litigante, y cofundador de Guyana Trans United (Personas Trans Unidas de Guyana), Gulliver Quincy McEwan, comentó «era muy importante para nosotros hacernos oír y que se hiciera justicia».