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A pesar de que la incidencia de infección por el VIH a escala mundial se ha reducido un 22% en todos los rangos de edad entre 2011 y 2017, las infecciones entre las personas que se inyectan drogas parece aumentar. La incidencia del VIH —es decir, el número de nuevas infecciones en sectores susceptibles de la población durante un determinado periodo de tiempo—entre las personas que se inyectan drogas aumentó aproximadamente de un 1.2% en 2011 hasta un 1.4% en 2017.

Existen pruebas exhaustivas y convincentes que demuestran que la reducción de daños—incluyendo la terapia de sustitución de opiáceos y los programas de intercambio de agujas y jeringuillas—previene la infección por el VIH entre las personas que se inyectan drogas. Sin embargo, la penalización por el uso de drogas para consumo propio y el extendido estigma social, la discriminación y la violencia a la que se tienen que enfrentar las personas que consumen drogas dificulta su acceso a los servicios sanitarios y de reducción de daños.

En un nuevo informe, Salud, derechos y drogas: reducción de daños, despenalización y discriminación cero para las personas que consumen drogas, ONUSIDA realiza una serie de recomendaciones a los estados para adoptar una respuesta desde la salud pública y los derechos humanos frente al consumo de droga.