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Declaración del Grupo de trabajo interinstitucional en materia de grupos de población clave del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) con relación a la necesidad de garantizar a los grupos de población clave y los migrantes el acceso a unos servicios para el VIH de calidad, seguros y no discriminatorios en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

La rapidísima propagación de la COVID-19 continúa impactando en miles de millones de vidas de todo el mundo. Necesitamos una cantidad inaudita de recursos humanos y económicos para hacerle frente a la pandemia. Las entidades de las Naciones Unidas, las ONG, las comunidades de personas que viven con el VIH, los trabajadores sexuales, los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas consumidoras de drogas, los transgénero, quienes están encarcelados y sus parejas sexuales, así como la sociedad civil en su conjunto, todos desempeñan un papel clave en la lucha contra la COVID-19. Todos y cada uno de ellos pueden salvar vidas y abordar conjuntamente las fuertes consecuencias sociales y económicas. Momentos tan críticos como este que estamos viviendo nos recuerdan que la desigualdad puede ser una cuestión de vida o muerte, y que todo el mundo nace libre e igual en dignidad y derechos, incluyéndose aquí el derecho a disfrutar de los más altos estándares de salud.

Son muchas las lecciones aprendidas de la respuesta mundial al VIH que ahora pueden ayudarnos a plantar cara a la COVID-19: El VIH nos ha enseñado que se trata de una responsabilidad compartida y que debemos empoderar a las comunidades e implicarlas en la respuesta; nunca jamás deberíamos comprometer los derechos humanos; debemos eliminar todas las formas del estigma y la discriminación; hemos de apoyar a los grupos más vulnerables y marginados.

ONUSIDA calcula que el 62 % de las nuevas infecciones por el VIH se producen entre los grupos de población clave y sus parejas sexuales. Los grupos de población clave experimentan formas concretas de exclusión, criminalización y discriminación que vuelven a dejarlos una y otra vez en situación vulnerable frente al VIH y ahora también frente a la COVID-19. Las personas que están en cárceles y otros centros de internamiento, donde el distanciamiento interpersonal no siempre es una opción, son extremadamente vulnerables a la COVID-19. Las personas encarceladas tienen también mayor prevalencia de VIH y tuberculosis, lo cual supone el riesgo de una mayor complicación si la persona infectada por el virus SARS-COV 2, como los migrantes, también plantan cara a una enorme vulnerabilidad frente al VIH. Las personas LGBT están informando de un elevado riesgo de violencia doméstica y familiar que aumenta el aislamiento social y multiplica las dificultades a la hora de acceder a un tratamiento vital para el VIH y a los servicios de salud reafirmadores del género. El dejar atrás a los grupos de población clave en un momento tan relevante como este puede ejercer un enorme impacto en la salud y las vidas humanas. Además, podemos desandar todo lo andado en la respuesta al VIH. 

Instamos a todos los Gobiernos y socios a que se unan a nosotros, y que juntos consigamos

poner a disposición de los grupos de población clave y los migrantes servicios para la prevención, el tratamiento, el cuidado y el apoyo para el VIH, así como servicios sanitarios en general, todos ellos de calidad y no discriminatorios.

Estos servicios han de basarse en el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, independientemente de las leyes, las políticas y las prácticas punitivas que pudieran existir. Todos ellos han de estar libres del estigma y la discriminación, deben partir de las pruebas y la ciencia, y han de cumplir las directrices internacionales más recientes. Asimismo, los servicios han de ser equitativos, deben partir de un consentimiento informado, y tienen que ser confidenciales y seguros para las comunidades y los trabajadores sanitarios.

Adaptar rápidamente la prestación de servicios teniendo en cuenta las nuevas realidades de la pandemia de la COVID-19.

El acceso seguro a las pruebas de detección para el VIH y al asesoramiento remoto es un ejemplo de esta adaptación de los servicios. Siempre que sea posible, se debería apostar por la dispensación multimensual de los tratamientos para el VIH, la tuberculosis y la hepatitis vírica. Un suministro de 3 a 6 meses nos ayudaría a garantizar la continuidad del tratamiento, a reducir la transmisión del VIH y las coinfecciones y, al tiempo, a disminuir el riesgo de contraer la COVID-19. Las personas consumidoras de drogas deberían tener acceso a la reducción del daño, incluyéndose aquí, siempre que se pueda y que así lo recomienden los profesionales médicos, el acceso a dosis múltiples de la terapia de sustitución de opiáceos, para así reducir las visitas a los lugares del programa de TSO y minimizar el riesgo de exposición a la COVID-19. Las alternativas a la encarcelación, siempre que se pueda, en el caso de los delitos no violentos, pueden salvar vidas, particularmente para delitos no reconocidos por la legislación internacional. Se deberían adoptar medidas para la liberación temprana de determinados grupos de personas que corren más riesgo de verse afectados por la COVID-19. Es el caso, por ejemplo, de mayores, enfermos crónicos o personas con otras dolencias, así como de embarazadas, mujeres con hijos dependientes, reclusos que están a punto de terminar su condena y aquellos que han sido encarcelados por delitos leves, de acuerdo con las políticas nacionales y sin comprometer la salud pública y la seguridad. Se precisan medidas de protección social en situación de emergencia para los grupos de población clave, ya que a menudo son excluidos de los servicios sociales, e incluso se ven privados de vivienda y seguro sanitario, y tienen una precaria situación laboral. La prestación de servicios ha de seguir teniendo en cuenta la diversidad por interseccionalidad, género y edad. Hemos de contar con recursos, fondos y materiales adecuados para las personas. Para ser eficaces y eficientes, estos servicios deben incluir a los grupos de población clave, sus comunidades y sus organizaciones en el diseño y la implementación de los programas.

Se ha de garantizar que las respuestas a la COVID-19 no conduzcan a la proliferación de leyes punitivas y medidas que refuercen las restricciones o criminalicen la transmisión y la exposición.

Este efecto enormemente perjudicial de las medidas punitivas sobre personas ya marginadas o criminalizadas ha sido bien documentado en la respuesta al VIH, incluso por parte de la Comisión Mundial sobre el VIH y la Legislación.

No venceremos a la COVID-19 si hay personas que no pueden ni permitirse acceder a las pruebas de detección o al tratamiento. Hemos de asegurarnos de que las respuestas a la COVID-19, o a cualquier otra pandemia o emergencia sanitaria, no dejan a nadie atrás, ya sean grupos de población clave, migrantes u otros grupos vulnerables. Como grupo de trabajo interinstitucional en materia de grupos de población clave, estamos listos para trabajar con todos nuestros socios para garantizar a los grupos de población clave el acceso seguro y basado en los derechos a servicios de calidad para el VIH y la COVID-19.

El Grupo de trabajo interinstitucional sobre los grupos de población clave se establece bajo la división laboral de ONUSIDA y lo coorganizan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en asociación con la Red mundial para y por personas que viven con el VIH (GNP+), la Red mundial de personas consumidoras de drogas (INPUD), MPact Global Action for Gay Men's Health and Rights (MPact), la Red global de proyectos relacionados con el trabajo sexual (NSWP), IRGT y la Secretaría de ONUSIDA.