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Un nuevo informe presentado al Consejo de los Derechos Humanos en su 50.ª sesión titulada «Derechos humanos y VIH/sida» confirma que la puesta en marcha de facilitadores sociales y el respeto integral de los derechos humanos son indispensables para poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

En la presentación del informe, Michelle Bachelet, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, describió el informe como una herramienta para ayudar a catalizar los esfuerzos más determinados con el fin de alcanzar los objetivos para 2025 y proteger los derechos de las personas que viven con el VIH o están afectadas por el virus.

«Hemos de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para garantizar que todas las políticas relevantes para la respuesta al VIH respeten, protejan y cumplan los derechos humanos, con el objeto de garantizar así que los grupos de población clave y otras poblaciones marginadas estén capacitadas para reclamar sus derechos», afirmó la Sra. Bachelet.  

El informe recomienda la acción necesaria para alcanzar los objetivos de los facilitadores sociales adoptados por la Asamblea General en su Declaración política sobre el VIH y el sida: Acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030. Entre las medidas se incluye la eliminación de marcos jurídicos y políticos punitivos, la reducción del estigma y la discriminación, y el tratamiento de las desigualdades de género y la violencia de género.

Los facilitadores sociales son factores estructurales y sistémicos, incluidos los legales, culturales, sociales y económicos, que son fundamentales para la eficacia de la respuesta al sida. Su implementación eliminaría las barreras de acceso a los servicios sanitarios y permitiría a las personas y a las comunidades proteger mejor su salud y bienestar. Las principales brechas y desafíos que quedan en la respuesta al VIH se deben en gran parte a un continuo fracaso a la hora de defender los derechos humanos. El informe presentado deja claro que sí es posible y, de hecho, en algunos lugares ya se está consiguiendo, defender los derechos humanos, reformar las leyes y reducir el estigma y la discriminación. Sin embargo, para lograr este cambio, necesitamos asegurarnos de que la acción sea a largo plazo, se lleve a cabo por organizaciones lideradas por la comunidad y se financie adecuadamente. Consciente de esto, el informe hace recomendaciones claras para garantizar la financiación y el apoyo a las organizaciones lideradas por la comunidad, especialmente a aquellas encabezadas por poblaciones clave que a menudo son criminalizadas; así como para reducir el estigma y la discriminación a través de plataformas con múltiples partes interesadas, tales como la Alianza mundial para la acción, para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH.

En relación con la publicación del informe, el Dr. Tlaleng Mofokeng, ponente especial sobre el derecho a la salud, declaró: 

«Para avanzar en materia de equidad sanitaria, debemos centrarnos en las personas que experimentan múltiples intersecciones de opresión y en aquellos estados de salud que a menudo conducen a la discriminación, como en el caso del VIH. Esto ha de servirnos de motivación para que los enfoques basados en los derechos humanos para el VIH y, por consiguiente, para que las leyes nacionales y los marcos legislativos sean examinados no solo por su protección de los derechos humanos, sino en la medida en que apoyen una vida digna en cuanto a la realización del derecho a la salud. Las leyes hostiles y la criminalización no tienen cabida en la atención al VIH y los problemas relacionados».

En su intervención durante el evento, Matthew Kavanagh, director ejecutivo adjunto de Política, Defensa y Conocimiento de ONUSIDA, afirmó: 

«Esta es la primera vez en que los Estados miembros de las Naciones Unidas de todo el mundo se han comprometido a objetivos específicos sobre la reforma de las leyes y la eliminación de las leyes punitivas. Las leyes y las políticas son, indudablemente, intervenciones críticas contra el VIH. Ambas tienen la capacidad de ayudar a las personas a acceder a los servicios y reducir el riesgo, o pueden impulsar la discriminación y el estigma. Y esto es urgente y necesario para que podamos volver a coger el rumbo y poner fin al sida para 2030. Ahora mismo tenemos la oportunidad única de crear un cambio significativo y duradero para nuestras comunidades».

Los activistas comunitarios agradecieron el informe e instaron a los países a poner totalmente en práctica las recomendaciones del informe con el propósito de encaminar al mundo hacia el fin del sida como amenaza para la salud pública para 2030.

«Nosotros, las comunidades de personas que viven con el VIH y que están afectadas por el virus, hemos mencionado desde el principio de esta epidemia cuáles son nuestras necesidades. Hemos promovido nuestros derechos y abierto el camino, siempre buscando soluciones innovadoras para los desafíos a los que nos enfrentamos», afirmó Harry Prabowo, coordinador de proyectos en APN+ y coordinador regional de GNP+ para asociaciones globales. «"No somos solo defensores, somos expertos legales, educadores entre iguales y consejeros. Y no solo accedemos a los servicios, sino que los diseñamos, implementamos y supervisamos».

«Nuestro objetivo a largo plazo es invertir en la consecución de un compromiso que forme el futuro de África y que demuestre que los jóvenes, especialmente las jóvenes y las mujeres, tienen el máximo poder para cambiar la narrativa y lograr un cambio en los problemas que les afectan, incluido el VIH/sida y la violencia de género; es un objetivo a largo plazo», recordó Rahma Seleman, representante de la juventud de Education Plus. 

Mikhail Golichenko, del Grupo de Referencia sobre el VIH y los Derechos Humanos, se encargó de los comentarios finales en el acto. 

«La criminalización de la no revelación del VIH y la transmisión no intencionada del VIH, así como la criminalización del comportamiento relacionado con el consumo de drogas, el comportamiento relacionado con el trabajo sexual y el comportamiento relacionado con las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo están entre los principales desafíos a los que hemos de hacer frente para detener e invertir la epidemia mundial del VIH».