GINEBRA, 25 de noviembre de 2015—En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ONUSIDA insta a los países a prestar especial atención a las mujeres y las niñas a la hora de preparar su respuesta para poner fin a la epidemia de sida para 2030.

El sida es la principal causa de muerte en mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), y el VIH afecta a numerosas jóvenes y niñas adolescentes. Cada año, cerca de 380.000 jóvenes y niñas adolescentes contraen la infección por el VIH. Concretamente, en África subsahariana, una de cada cuatro nuevas infecciones se da en jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años.

"Se están registrando cada vez más muertes relacionadas con el sida entre las adolescentes, y están aumentando los casos de violencia contra las jóvenes", declaró el director ejecutivo de ONUSIDA Michel Sidibé. "Queremos hacer frente al origen del problema: la desigualdad de género, que puede dar lugar no solo a casos de violencia, sino también a falta de autoestima, una mayor vulnerabilidad y más dificultades para las jóvenes y las niñas a la hora de tomar decisiones informadas acerca de su salud y de su bienestar".

En algunas regiones, las mujeres que han sido víctimas de agresiones físicas o sexuales por parte de sus parejas tienen un 50% más de probabilidades de contraer la infección por el VIH con respecto a las mujeres que no han sufrido dichos abusos. Si bien los casos de violencia que sufren las mujeres que viven con el VIH son similares a las de las otras mujeres en general, vivir con el VIH expone a las mujeres y las niñas a otras formas de violencia debido a su estado serológico, como tener que someterse a una esterilización forzada o bajo coacción.

El alto grado de vulnerabilidad al VIH al que están expuestas las mujeres y las niñas está intrínsecamente ligado a las desigualdades de tipo sociocultural, económico y político. Acabar con la epidemia de sida dependerá de la aplicación de un programa de justicia social que abogue por la igualdad, sin violencia, en materia de educación, empleo, representación política, y acceso a la justicia y a la salud.

Ahora que comienza la campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género, que este año se celebra bajo el lema "De la paz en el hogar a la paz en el mundo: aseguremos la educación de todos y todas", ONUSIDA desea instar a todos los países a que hagan de la participación y el empoderamiento de las mujeres su prioridad, a fin de conseguir que las mujeres y las niñas puedan vivir en un mundo sin desigualdades ni violencia.

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Estrategia 2016-2021 de ONUSIDA, reflejan un compromiso colectivo y mundial para lograr la igualdad de género, eliminar la violencia de género y progresar en materia de derechos de las mujeres y las niñas, entre los que se incluyen su empoderamiento y los derechos en cuanto a salud sexual y reproductiva. Se trata de un plan de acción atrevido, pero que marcará la diferencia. Las metas y los objetivos fijados abogan por una verdadera colaboración entre sectores y diversas generaciones, a fin de ampliar los esfuerzos para garantizar la seguridad y el empoderamiento de las jóvenes y las niñas en todo el mundo.

Mujeres que viven con el VIH en África occidental y central se reunieron en Abuya, Nigeria, del 2 al 5 de noviembre, para participar en un taller con el que mejorar sus habilidades de liderazgo y su capacidad para respaldar la ambiciosa meta 90-90-90 del tratamiento del sida.

El objetivo es que, para el año 2020, el 90% de las personas que viven con sida conozcan su diagnóstico, el 90% de los que conocen su situación de seropositivos tengan acceso al tratamiento antirretrovírico y que el 90% de las personas en tratamiento tengan unos niveles de carga vírica nulos. Si se logra esta meta para el año 2020, en el 2030 será posible poner fin la epidemia del sida como amenaza para la salud pública.

Al amparo de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida del África occidental, las 47 participantes, procedentes de 16 países distintos, ampliaron sus conocimientos sobre la ambiciosa meta de tratamiento y las políticas para la eliminación de la transmisión de madre a hijo del VIH.

Mostraron su acuerdo en luchar por conseguir la meta 90-90-90 de tratamiento en África occidental y central y en instar a los gobiernos de sus países a incrementar los fondos internos destinados a la salud, incluidos los destinados a dar respuesta al sida, hasta el 15% del presupuesto nacional, como ya recomendó la Unión Africana en la Declaración de Abuja de 2001 para la lucha contra el VIH/Sida, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas relacionadas. Las participantes también estuvieron de acuerdo en abogar por el compromiso total y por que se tenga en cuenta a las mujeres que viven con VIH a la hora de elaborar las planificaciones nacionales y llevar a cabo procesos de toma de decisiones.

El taller fue patrocinado por ONUSIDA, el Fondo mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria y el Fondo Robert Carr para Redes de la Sociedad Civil.

Quotes

Doce organismos de las Naciones Unidas han publicado una declaración conjunta haciendo un llamamiento a poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI). La declaración conjunta destaca el compromiso interinstitucional de las Naciones Unidas de trabajar con los estados miembros para proteger, respetar y hacer valer el derecho de las personas LGTBI a vivir sin violencia, persecuciones, discriminación ni estigma. También hace un llamamiento a los países para que rechacen las leyes discriminatorias.

Las personas LGBTI se enfrentan a un amplio abanico de violaciones de los derechos humanos. Las Naciones Unidas y otros organismos han documentado violencia física y psicológica generalizada contra las personas LGBTI en todas las regiones, incluidos asesinatos, asaltos, secuestros, violaciones y violencia sexual, así como torturas y malos tratos en entornos institucionales y en otros ámbitos.

En muchos países, la respuesta a estas violaciones es inadecuada; en otros, con frecuencia, los defensores de los derechos humanos que desafían estas violaciones son perseguidos y se enfrentan a restricciones en sus actividades. El marco legislativo puede empeorar la situación. Hay 76 países que criminalizan las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Estas leyes exponen a las personas al riesgo de padecer detenciones arbitrarias, persecuciones, encarcelamientos e incluso pena de muerte en al menos cinco países.

Los entornos punitivos que marginan a las personas LGBTI también crean dificultades significativas en la respuesta al VIH. Los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen 19 veces más probabilidades de vivir con el VIH que la población general y la prevalencia del VIH entre los homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres está aumentando en algunas regiones, como Asia, el Pacífico y América Latina. Las mujeres transgénero tienen 49 veces más probabilidades de vivir con el VIH.

Además de la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI, las leyes punitivas restringen gravemente la capacidad de estas para acceder a servicios contra el VIH y otros servicios sanitarios esenciales. A menudo se obliga a los profesionales de servicios sanitarios a dejar de trabajar, debido al acoso o por el miedo a la persecución.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reafirmó su apoyo a los derechos de las personas LGBTI con un mensaje pronunciado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado. "La lucha por los derechos humanos, y la lucha contra la discriminación, subyace en el corazón de la misión de las Naciones Unidas. La lucha por la igualdad de derechos exige un compromiso mundial. Por este motivo las Naciones Unidas trabajan de forma activa para combatir la homofobia y la transfobia en todo el mundo", declaró.

Los organismos de las Naciones Unidas que han firmado la declaración conjunta para poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI son: la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo para la Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).

Leer la declaración conjunta

Los organismos de las Naciones Unidas instan a los Estados a que tomen medidas urgentes para poner fin a la violencia y a la discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)[1].

Todas las personas tienen el mismo derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización. Las leyes internacionales en materia de derechos humanos establecen obligaciones jurídicas para los Estados a fin de garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, puedan gozar de tales derechos. Aunque acogemos con satisfacción el aumento de medidas que se aplican en muchos países para proteger los derechos de las personas LGBTI, nos sigue preocupando de sobremanera que por todo el mundo millones de personas LGBTI, las que son percibidas como LGBTI y sus familias, sean víctimas de violaciones generalizadas de sus derechos humanos. Esta situación es alarmante y es por ello que deben tomarse medidas al respecto.

El hecho de no respetar los derechos humanos de las personas LGBTI y de no protegerlas de abusos como la violencia y las leyes y prácticas discriminatorias, supone una grave violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos y tiene un impacto significativo sobre la sociedad, fomentando una mayor vulnerabilidad a las enfermedades incluyendo la infección por el VIH, la exclusión social y económica, la presión sobre las familias y comunidades, y también un impacto negativo sobre el crecimiento económico, el trabajo decente y el progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al futuro. Bajo el derecho internacional, los Estados tienen la principal obligación de proteger a las personas ante situaciones de discriminación y violencia. Por ello, los gobiernos, los parlamentos, los poderes judiciales y las instituciones nacionales de derechos humanos deben tomar medidas urgentes al respecto. Los líderes políticos, religiosos y comunitarios, las organizaciones de trabajadores, el sector privado, los profesionales de la salud, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación también tienen un papel importante que desempeñar en este sentido. Los derechos humanos son universales, no pueden invocarse prácticas y creencias culturales, religiosas, morales ni actitudes sociales para justificar violaciones de derechos humanos contra ningún colectivo, incluyendo las personas LGBTI.

PROTEGER A LAS PERSONAS CONTRA LA VIOLENCIA

Los Estados deben proteger a las personas LGBTI contra la violencia, la tortura y los malos tratos, aplicando entre otras las siguientes medidas:

• Investigando, encausando judicialmente y proveyendo reparaciones a víctimas de actos de violencia, tortura y malos tratos, ya sea contra adultos/as, adolescentes o niños/as LGBTI como para aquellas personas que defienden sus derechos humanos;
• Reforzando las medidas para prevenir, para realizar seguimiento y para denunciar dichas situaciones de violencia;
• Incorporando la homofobia y transfobia como circunstancias agravantes en las leyes contra delitos motivados por el odio y contra la incitación al odio;
• Reconociendo que la persecución de personas por el simple hecho de ser LGBTI , o de ser percibidos como tal, pueda constituir un fundamento válido para conceder asilo a refugiados/as, y no devolviendo tales refugiados/as a un lugar donde su vida o su libertad puedan verse amenazadas.

Las Naciones Unidas y otras organizaciones han documentado violencia física y psicológica generalizada contra personas LGBTI en todas las regiones, incluyendo asesinatos, agresiones, secuestros, violaciones, violencia sexual, así como torturas y malos tratos, tanto en el ámbito institucional como en otros. Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y los jóvenes LGBTI se encuentran particularmente expuestos al riesgo de violencia física, psicológica y sexual en el ámbito familiar y comunitario. A menudo, las personas LGBTI son víctimas de violencia y discriminación durante emergencias humanitarias y cuando huyen de persecuciones, buscando refugio. También pueden ser objeto de abusos en el ámbito de la salud, incluyendo las llamadas «terapias» perjudiciales y reñidas con la ética que intentan cambiar la orientación sexual, las esterilizaciones forzadas o coercitivas, los exámenes anales y genitales forzados y las cirugías y tratamientos en niños/as intersex que son sin su consentimiento e innecesarios. En muchos países la respuesta a estas violaciones no es adecuada, no se denuncian y a menudo no se investigan o encausan judicialmente de manera apropiada, dando lugar a una gran impunidad, a la falta de justicia y a la carencia de soluciones y apoyo a las víctimas. Los/as defensores/as de derechos humanos que luchan contra estas violaciones suelen ser perseguidos/as y se enfrentan a limitaciones discriminatorias en sus actividades.

DEROGAR LEYES DISCRIMINATORIAS

Los Estados deben respetar las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo a través de la revisión, la derogación y el establecimiento de una moratoria sobre la aplicación de:

• Leyes que criminalicen las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo;
• Leyes que criminalicen a las personas trans por su expresión de género;
• Otras leyes utilizadas para detener, castigar o discriminar a personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En 76 países aún existen leyes que criminalizan las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo, por lo que se exponen al riesgo de detención, enjuiciamiento y encarcelación con carácter arbitrario o incluso a la pena de muerte en al menos cinco países. Las leyes que criminalizan el travestismo se utilizan para detener y castigar a las personas trans. Otras leyes son utilizadas para acosar, detener, discriminar o limitar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica de personas lesbianas, gais, bisexuales y trans. Estas leyes discriminatorias contribuyen a perpetuar la estigmatización y la discriminación, así como los delitos motivados por el odio, los abusos, las torturas, los malos tratos policiales y la violencia familiar y comunitaria, afectando de forma negativa a la salud pública, impidiendo el acceso a servicios de salud y relacionados con el VIH.

PROTEGER A LAS PERSONAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Los Estados deben respetar las normas internacionales de derechos humanos en materia de no discriminación, aplicando entre otras las siguientes medidas:

• Prohibiendo la discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as LGBTI en todos los ámbitos, incluyendo educación, empleo, sanidad, vivienda, protección social, justicia y situaciones de asilo y de privación de libertad;
• Garantizando el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans sin condiciones abusivas;
• Combatiendo los prejuicios contra las personas LGBTI mediante el diálogo, la educación pública y la formación;
• Garantizando que las personas LGBTI sean consultadas y participen en la elaboración, aplicación y seguimiento de leyes, políticas y programas que les afecten, incluyendo iniciativas humanitarias y de desarrollo.

Las personas LGBTI se enfrentan a una discriminación y exclusión generalizada en todos los ámbitos, incluyendo formas múltiples de discriminación en base a factores como el sexo, la raza, la etnia, la edad, la religión, la pobreza, la migración, la discapacidad y el estado de salud. Los/as niños/as se enfrentan al acoso escolar, a la discriminación o a la expulsión de las escuelas por su orientación sexual o identidad de género, ya sean reales o percibidos, o por la de sus padres o madres. Entre las/os jóvenes LGBTI rechazados por sus familias existen unos alarmantes niveles de suicidio, falta de vivienda e inseguridad alimentaria. La discriminación y la violencia contribuyen a la marginalización de las personas LGBTI y a su vulnerabilidad frente a enfermedades, incluyendo la infección por el VIH, y al mismo tiempo se les niega asistencia sanitaria y se mantienen actitudes discriminatorias y de patologización contra ellos/as, tanto en el ámbito de la salud como en otros. A las personas trans se les suele negar el reconocimiento legal del género en el que se identifican y enfrentan condiciones abusivas, como esterilizaciones, tratamientos o el divorcio con carácter forzoso para obtenerlo, por lo cual sufren situaciones de exclusión y marginalización. La exclusión de personas LGBTI de la elaboración, aplicación y seguimiento de las leyes y políticas que les afectan perpetúa su marginalización social y económica.

APOYO DE LAS NACIONES UNIDAS

Nuestras organizaciones están dispuestas a apoyar y ayudar a los Estados miembros y a otras partes interesadas a la hora de asumir los retos que se destacan en la presente declaración, como por ejemplo cambios constitucionales, legislativos y de políticas, el refuerzo de las instituciones nacionales, medidas en la educación y la formación y en otras iniciativas que busquen respetar, proteger, promover y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas LGTBI.

[1] Si bien la presente declaración hace referencia a personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, debe entenderse también que engloba al resto de personas que se enfrentan a situaciones de violencia y discriminación por su orientación sexual, identidad de género y caracteres sexuales, sean aparentes o reales, y a aquellas personas que se puedan identificar con otros términos.

Las estrategias y los trabajos contra el sida deben dar una mayor prioridad a las emergencias humanitarias y a los millones de personas afectadas, esto es lo que acordaron los miembros del organismo directivo de ONUSIDA en el segmento temático de las 36ª reunión de la Junta Coordinadora del Programa (JCP) de ONUSIDA, que se celebró el 2 de julio en Ginebra (Suiza).

Los nuevos datos presentados en la sesión temática por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el secretariado de ONUSIDA estiman que de los 314 millones de personas afectadas por emergencias humanitarias en 2013, 1,6 millones - o 1 de cada 22 - viven con el VIH, y muchos miles más están en riesgo.

"Hablamos de una cantidad increíble de personas y de varias capas de vulnerabilidad. La escala y el impacto son demasiado grandes como ser obviados. Debemos garantizar que los servicios de prevención y tratamiento del VIH se integren sistemáticamente en las respuestas a las emergencias", dijo el Sr. Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA.

La sesión temática contempló el vasto y complejo asunto del VIH en las situaciones de emergencia, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria y contra el VIH en situaciones de conflicto, desastres naturales, emergencias de salud pública, desplazamientos y migración. En materia de protección, se debatieron temas como la vulnerabilidad al VIH debido a la violencia sexual, las violaciones de los derechos humanos, las restricciones y las leyes y políticas punitivas. En lo referente a la resiliencia, los participantes hablaron sobre la necesidad de refuerzo y preparación de las comunidades.

Los expertos, procedentes de una amplia variedad de países como Burundi, República Centroafricana, Djibouti, Haití, Líbano, Liberia, Nepal, Nigeria, Sierra Leona y Ucrania, comentaron las realidades sobre el terreno. Hablaron de obstáculos y oportunidades y dieron ejemplos de acciones exitosas emprendidas por gobiernos y sociedad civil para combatir el VIH en una amplia variedad de situaciones de emergencia humanitaria.

En su discurso inaugural, el antiguo refugiado, el Sr. Noé Seisaba, de Burundi, quien fundó la organización Stop SIDA que lleva iniciativas esenciales contra el VIH a campos y entornos de refugiados, hizo un llamamiento a la comunidad de personas que viven con el VIH para que se implique en todos los aspectos de la planificación y la puesta en práctica. "Me enfrenté a una fuerte discriminación, pero rompí el silencio sobre el VIH para conseguir que trabajar en el VIH fuera un asunto comunitario y mostrar que podemos intervenir como refugiados, porque realmente conocemos los problemas y las realidades", afirmó. "Me alegra constatar que estamos hablando de este tema, pero quiero ver acciones concretas".

Muchos participantes reiteraron que es esencial la implicación y el empoderamiento de la comunidad de personas que viven con el VIH y están más afectadas por el virus para alcanzar resultados para las personas en estos contextos tan difíciles. "Si queremos poner fin a la epidemia de sida para 2030, debemos poner de relieve las causas principales de vulnerabilidad en situaciones de emergencia humanitaria y aumentar las acciones para fomentar el respeto por los derechos y la dignidad humana básica", declaró el Sr. George Okoth-Obbo, ayudante del Alto Comisionado de Operaciones en ACNUR.

Se animaron las estrategias entre diversas regiones para lograr un impacto y un alcance máximos. El problema de la violencia sexual en situaciones de emergencia y la desigualdad entre sexos se destacaron como aspectos fundamentales a los que se debe prestar más atención, acción e inversión.

Con el fin de respaldar la capacidad de los países de integrar los derechos humanos en sus enfoques de Acción acelerada para los programas del VIH, ONUSIDA y la Alliance Nationale Contre le Sida (ANCS) de Senegal celebraron un taller de capacitación de tres días en Dakar del 22 al 24 de junio de 2015.

El taller destacó las continuas dificultades políticas, jurídicas, culturales, sociales y programáticas que obstaculizan los esfuerzos por abordar la epidemia de VIH. Los participantes señalaron que los programas existentes para subsanar estas dificultades en los países de África Occidental y Central siguen siendo claramente insuficientes e inadecuados.

De acuerdo con los participantes, los derechos humanos y la igualdad de género, así como la implicación de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave se citan a menudo en los documentos de planificación sobre el VIH. Aun así, rara vez se traducen en programas específicos sobre los derechos humanos. Y cuando estos programas se incluyen en los documentos de planificación nacional del VIH, estos no se abordan en la fase de costes y presupuestos, existen pocas medidas para realizar un seguimiento del progreso y, cuando se implantan, con frecuencia los programas no se evalúan ni se potencian.

Participantes

El taller reunió a más de 50 participantes de 10 países de África Occidental y Central: Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, República Democrática del Congo, Ghana, Guinea Bissau, Malí, Nigeria y Senegal.

Los participantes eran responsables de la toma de decisiones y expertos técnicos implicados en la planificación estratégica del VIH a nivel nacional, funcionarios de comisiones nacionales contra el sida, ministros de Sanidad y Justicia, personas que viven con el VIH y otras poblaciones clave y organizaciones comunitarias. En el taller también participó una gran variedad de socios técnicos y de otro tipo, como el PNUD, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Alianza Internacional contra el VIH/Sida y el Centro de Apoyo Técnico para África Occidental y Central.

Este taller fue el séptimo y último de una serie de talleres regionales celebrados desde 2011 con el apoyo de la Fundación Ford.

Principales mensajes

• Los participantes recalcaron la importancia del taller para destacar enfoques y herramientas que garanticen la inclusión de programas que hagan avanzar los derechos humanos y la igualdad de género.

• El taller condujo a la elaboración por parte de los equipos de cada país de un plan de acción nacional con compromisos específicos para la integración de programas sobre derechos humanos y género en su respuesta nacional al sida que indiquen claramente los socios y los plazos de puesta en práctica.

• La reunión concluyó con el desarrollo y la aprobación de la "Declaración de Dakar sobre la ampliación de la respuesta al VIH, el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso completo a los servicios para todo el mundo en África Occidental y Central" en la que los participantes se comprometieron a cumplir acciones específicas en sus respectivos países para hacer avanzar programas basados en los derechos y en datos en las respuestas nacionales al VIH.

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La Escuela de Danza Rudra Béjart de Lausana ha ofrecido un espectáculo muy especial en la sede de ONUSIDA en Ginebra (Suiza) para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

La actuación, especialmente coreografiada para la ocasión, fue llevada a cabo por 38 bailarines de 15 países y fue una poderosa ilustración de la fuerza de los jóvenes, la innovación y unidad (cualidades esenciales para el progreso en materia de igualdad de género y para alcanzar rápidamente el fin de la epidemia de sida antes de 2030).

Al evento asistieron más de 200 personas, incluyendo embajadores de la Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas de Haití, Namibia y Zambia.

La Escuela de Danza Rudra Béjart es una escuela privada internacional patrocinada por Sandoz, Béjart Ballet Lausanne, Loterie Romande, Fondation Leenaards, Béjart, Jaquet Droz.

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Mensaje de Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, en el Día Internacional de la Mujer

GINEBRA, 8 de marzo de 2015— Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, líderes mundiales y representantes de la sociedad civil se reúnen en Nueva York para participar en el 59.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Allí, examinarán los avances realizados desde la adopción hace 20 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fijó objetivos ambiciosos destinados a mejorar la vida de las mujeres en todo el mundo. La Plataforma de Acción planteó que las mujeres y las niñas puedan ejercer su libertad y gocen de sus derechos a una vida sin violencia, ir a la escuela, tomar decisiones y tener acceso sin restricciones a una atención sanitaria de calidad, en particular a los servicios de salud sexual y reproductiva.

La respuesta al VIH ha logrado grandes avances durante los últimos 20 años, y las nuevas infecciones por el VIH y las muertes relacionadas con el sida siguen disminuyendo. Sin embargo, ese éxito no ha sido compartido por igual en la reducción de las nuevas infecciones.

En 2013, el 64% de las nuevas infecciones entre adolescentes de todo el mundo afectaron a las chicas. En el África subsahariana, las jóvenes de 15 a 24 años tienen casi el doble de probabilidades de infectarse con el VIH que los varones de la misma edad. Las desigualdades de género, la pobreza, las prácticas culturales nocivas y las relaciones de poder desiguales agravan la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH. No obstante, un compromiso y una acción concertada a escala mundial pueden revertir esa situación.

Hace veinte años, los líderes mundiales reconocieron que la desigualdad por razón de sexo es un obstáculo importante para que las mujeres alcancen el nivel más alto posible de salud y que las mujeres no tenían las mismas oportunidades para proteger su salud y su bienestar. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing reconoció como algo fundamental que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a asumir el control de los asuntos relacionados con su sexualidad, en particular la salud sexual y reproductiva, sin coerción, discriminación ni violencia. Debería ser motivo de preocupación para todos que, 20 años después, el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing subraye el progreso inaceptablemente lento en muchos ámbitos, entre ellos la persistente negación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Los principios básicos de la Declaración de Beijing son también elementos centrales del compromiso de ONUSIDA para poner fin a la epidemia de sida. En un momento en que el mundo avanza hacia un acuerdo en torno a los objetivos mundiales de desarrollo sostenible, tenemos que reafirmar el compromiso de no dejar a nadie atrás.

Entre los objetivos de la estrategia de Respuesta Rápida, ONUSIDA se ha propuesto reducir las infecciones por el VIH hasta menos de medio millón al año para el 2020. Para alcanzar ese ambicioso objetivo tenemos que reducir las nuevas infecciones entre las mujeres y las niñas en al menos un 75 % en los cinco años venideros. Igualmente importantes son los objetivos de tratamiento de 90-90-90, en un momento en que el sida es la principal causa de muerte a escala mundial entre las mujeres en edad reproductiva y entre las adolescentes de África. Esos objetivos son que el 90 % de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico, que el 90 % de quienes conocen su estado serológico positivo reciba un tratamiento y suprimir la carga viral del 90 % de las personas en tratamiento, de forma que su sistema inmunitario se mantenga fuerte y no puedan transmitir el VIH.

Para poner fin a la epidemia de sida para el 2030, será fundamental fomentar la autonomía de las mujeres y las niñas para que puedan protegerse frente al VIH, tomar decisiones sobre su propia salud y vivir sin violencia, en particular sin la violencia relacionada con su estado serológico respecto al VIH. 

La 24ª Cumbre de la Unión Africana y los actos organizados en torno a ella supusieron la reafirmación de que África está comprometida y lo seguirá estando con el empoderamiento de las mujeres y con el fin de la epidemia de sida para 2030. La cumbre se celebró en Addis Abeba (Etiopía) del 23 al 31 de enero de 2015 bajo el lema anual de la Unión Africana para 2015: «Empoderamiento de las mujeres y desarrollo hacia el programa 2063 para África».

La importancia de acabar con el sida se expresó especialmente durante la reunión previa a la cumbre sobre género, en la que los participantes indicaron que los estados miembros deben asegurar que poner fin a la epidemia de sida para 2030 forma parte del Programa 2063 y que este presenta un enfoque inclusivo de los derechos humanos que no se olvida de nadie, incluidos los niños, los adolescentes, las mujeres en edad fértil y las mujeres y niñas en entornos en conflicto y posteriores a un conflicto.

Los participantes en la reunión previa a la cumbre también señalaron que los estados miembros deben garantizar que la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres africanas se apliquen sin renegociar su contenido.

La cumbre adoptó el Programa 2063, la visión de la Unión Africana de los siguientes 50 años, y refrendó la formación del Grupo Africano de Negociadores y el Programa de Desarrollo posterior a 2015, el único organismo negociador que actúa en nombre del continente.

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