Harm reduction

VIENA/GINEBRA, 22 de marzo de 2024- ONUSIDA celebra la adopción hoy de una resolución clave en el 67º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), en la que se reconoce por primera vez la reducción del daño como parte importante de una respuesta eficaz de salud pública. La resolución anima a los Estados miembros a desarrollar y aplicar medidas de reducción de daños para minimizar las consecuencias adversas para la salud pública y la sociedad del uso no médico de drogas ilícitas. ONUSIDA felicita a la CND y a su Presidente por este hito histórico.

La resolución representa un hito en el compromiso político de reequilibrar la política de drogas hacia un enfoque de salud pública. Este cambio es fundamental para alcanzar los objetivos de la Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026.

La reducción de daños es un "paquete integral de intervenciones basadas en pruebas, fundamentadas en la salud pública y los derechos humanos, que incluyen programas de intercambio de agujas y jeringuillas (NSP), terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos (OAMT) y naloxona para la gestión de sobredosis. La reducción de daños también se refiere a las políticas y estrategias que tienen como objetivo prevenir los principales daños a la salud pública e individual, incluidos el VIH, la hepatitis viral y la sobredosis, sin detener necesariamente el consumo de drogas". (Organización Mundial de la Salud, 2022).

Desde 2018, solo cinco países han informado de haber alcanzado el objetivo de proporcionar 200 agujas y jeringas estériles por persona que se inyecta drogas. En ese mismo periodo de tiempo, solo tres países informaron de que habían alcanzado el objetivo del 50 % de cobertura del tratamiento de mantenimiento con agonistas opioides entre las personas que se inyectan drogas.

La penalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal en al menos 145 países, junto con la estigmatización, la discriminación y la violencia, sigue restringiendo tanto la prestación de servicios de reducción de daños que salvan vidas como el acceso a los mismos.

La falta de inversión en servicios de reducción de daños o de eliminación de las estructuras que impiden el acceso, incluidas las relacionadas con el género, han llevado a una situación en la que la prevalencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas es 7 veces superior a la del resto de la población, y las personas que se inyectan drogas tienen la incidencia más alta a nivel mundial de cualquier población clave o vulnerable. En los países que disponen de datos, la prevalencia media del VIH entre las mujeres que se inyectan drogas es casi el doble que entre los hombres que consumen drogas.

En el marco de la Posición Común de las Naciones Unidas sobre las Drogas, ONUSIDA colabora con otros organismos de las Naciones Unidas y se asocia con gobiernos, organizaciones comunitarias y donantes para aumentar la prestación de servicios de reducción de daños y eliminar las leyes y políticas perjudiciales que crean obstáculos para acceder a dichos servicios, como la penalización de la posesión de drogas para uso personal. ONUSIDA trabaja para garantizar que todos los esfuerzos relacionados con la política de drogas sean conformes con los derechos humanos internacionales, tal y como se indica en las directrices internacionales sobre derechos humanos y política de drogas.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

VIENA/GINEBRA,14 de marzo de 2024- En la 67.ª reunión de la Comisión de Narcóticos de las Naciones Unidas que se celebra en Viena, ONUSIDA ha solicitado la ampliación urgente de los servicios para prevenir nuevas infecciones por el VIH y la hepatitis viral entre las personas que consumen drogas. Dirigiéndose a los delegados en su mensaje en vídeo, la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, elogió a algunos países por hacer progresos en la implementación de programas basados en pruebas, pero pidió una acción más audaz.

«Aquí se reúnen líderes cuyas decisiones pueden salvar y transformar vidas, abordar la exclusión social y proteger la salud pública de todos. Como líderes, pueden cumplir con el compromiso compartido de poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030, si todas las personas pueden garantizar los servicios de prevención del VIH, pruebas, tratamiento y atención que necesitan. Para poner fin al sida, debemos asegurarnos de que nadie se quede atrás», afirmó la Sra. Byanyima.

Desde la Declaración Ministerial de la Comisión de Narcóticos de las Naciones Unidas (CND) de 2019, se ha producido algún progreso en el reequilibrio de la política de drogas respecto de la salud pública. Varios países se han movido hacia un enfoque más basado en la salud pública para el consumo de drogas, con algunos, como Ghana, que despenalizan todo tipo de consumo personal de las drogas. ONUSIDA apoya a Brasil en la participación de las personas trans en la programación de la reducción del daño.

El contexto de la respuesta a la COVID-19 llevó a algunos países a aumentar la disponibilidad de dosis para llevar a casa de tratamiento de mantenimiento con agonistas opioides, como en Vietnam. Las comunidades han sido fundamentales para el progreso en los programas y las reformas políticas; en Kenya, Tanzania y Uganda, los grupos de pares han sido fundamentales en la realización de intervenciones de reducción del daño, sesiones de capacitación para la aplicación de la ley e iniciativas de concienciación, incluidos los servicios de reducción del daño centrados en las mujeres en Kenya.

Sin embargo, este progreso sigue siendo demasiado lento. Servicios como programas de jeringuillas y terapia de mantenimiento con agonistas opioides, cruciales para reducir el VIH y otros riesgos para la salud entre las personas que se inyectan drogas, solo existen en alrededor del 50 % de los países. En 2019, ONUSIDA informó de que solo el 1 % de las personas que se inyectan drogas tenía acceso a los servicios recomendados de reducción del daño y, desde entonces, ningún otro país ha informado de haber alcanzado los niveles recomendados de cobertura.

Con demasiada frecuencia, las leyes y las políticas siguen exacerbando la exclusión, y las personas que consumen drogas tienen siete veces más probabilidades de vivir con el VIH que otros adultos. La posesión de drogas para consumo personal sigue penalizada en 145 países, y 34 países mantienen la pena de muerte. El estigma y el profundo miedo que esto agrava están apartando a las personas de los servicios sanitarios que salvan vidas.

Christine Stegling, directora ejecutiva adjunta de ONUSIDA, asistió a la reunión en Viena y afirmó:

«Sabemos que prohibir las drogas no ha funcionado. Las leyes punitivas sobre drogas y las prácticas de aplicación de la ley crean barreras significativas para que las personas que se inyectan drogas accedan a una serie de servicios, lo que aumenta su riesgo de infección por el VIH y reduce su acceso a los servicios. Para proteger la salud pública, necesitamos despenalizar la posesión de drogas para consumo propio, necesitamos ampliar significativamente la prestación de servicios de reducción del daño y necesitamos asegurarnos de que las comunidades de personas que consumen drogas dispongan de los recursos adecuados y estén a la vanguardia de la respuesta». 

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Alexander Godin camina entre un gran número de puertas cerradas y escoltadas por un guardia hacia la farmacia del centro penitenciario 16. Esa es su rutina diaria. Se dirige a tomar su medicación, que consiste en una dosis de metadona similar a la de un jarabe. La metadona es un tratamiento agonista opioide que ayuda a las personas a superar los síntomas de abstinencia, reducir la dependencia a la heroína y prevenir la infección por el VIH por agujas infectadas.

Desde el año 2000, algunas cárceles de Moldova ofrecen servicios de reducción del daño.

Y hoy en día estos servicios ya están disponibles en todas.

«Llevo 10 años recibiendo tratamiento de sustitución con metadona», explica el Sr. Godin. Fue su familia quien le instó a aprovecharse de estos servicios para volver a estar sano.

«Durante años consumí drogas y opioides y, para ello, me hacía falta dinero, por lo que ahí también comenzaron los problemas con mi familia», añadió.  Desde que participa en el programa, se siente mucho mejor.

Cualquier nuevo recluso de los 17 centros penitenciarios del país tiene acceso a un psiquiatra y a un médico y, si se considera necesario, se le ofrece unirse a un programa de tratamiento. Los servicios integrales de reducción del daño no solo incluyen el tratamiento de la dependencia a los medicamentos, sino también el intercambio de jeringuillas y agujas, y las pruebas del VIH. La prevalencia del VIH es del 11 % entre las personas que se inyectan drogas en Moldova, frente al 0,36 % entre la población general.

Sin duda, son uno de los grupos más afectados del país. 

Para Maria Potrîmba, directora de enfermedades infecciosas en la prisión 16 (Pruncul), el ayudar a los reclusos a evitar las drogas tiene efectos de impacto positivo.

«Cuando un paciente recibe este tratamiento de sustitución, la persona es más consciente de las consecuencias y es más probable que se adhiera a su otro tratamiento», explicó.

Los centros penitenciarios y de internamiento también se aseguran de proporcionar jeringuillas limpias con una recogida regular cada dos días que realizan prisioneros voluntarios.

El jefe de la unidad médica de la cárcel 13 (Chisinau) considera que los servicios de reducción del daño son importantes tanto para los reclusos como para los propios empleados de la cárcel.

«Todos los voluntarios son reclusos, y la gran mayoría de ellos son personas que han recibido ya tratamiento por enfermedades transmisibles como el VIH, la hepatitis o la tuberculosis», afirmó Oleg Costru.

Con el paso de los años, Moldova ha ido dedicando más recursos a su programa en las cárceles. «Al principio, cuando se empezaron a ofrecer estos servicios, en realidad se financiaban con fuentes externas», explicó Irina Barbîroș, directora del departamento médico de la administración nacional de centros penitenciarios. «A medida que fueron pasando los años, el Estado asumió tanto su compromiso como la financiación de estos servicios dentro del presupuesto estatal».

ONUSIDA, UNODC y OMS llevan mucho tiempo apoyando la ampliación de estos servicios a todas las cárceles. A día de hoy, de acuerdo con Harm Reduction International, solo 59 países de todo el mundo proporcionan tratamientos con agonistas opiáceos en las cárceles.

Y esto pese a que se ha demostrado que la reducción del daño no aumenta el número de personas con dependencia a las drogas, sino que proporciona beneficios para la salud personal y pública.

Svetlana Plamadeala, directora nacional de ONUSIDA en Moldova, ha visto cómo los proyectos piloto van ganando terreno en el país y se siente muy orgullosa del éxito de la cobertura nacional.

«Se trata realmente de anteponer a las personas y de adoptar un enfoque sólido en lo que a salud pública se refiere», aseguró. Para ella, para poner fin al sida, la clave está en proteger la salud y los derechos humanos de las personas que consumen drogas. «Se trata simplemente de igualar».

Las políticas y prácticas en materia de reducción del daño ayudan a las personas que consumen drogas a mantenerse vivas y protegidas frente al VIH y la hepatitis C

Publicado con anterioridad al Día Internacional de la Reducción del Daño - 7 de mayo de 2023

GINEBRA, 5 de mayo de 2023 - Muchos sistemas penitenciarios se ven con dificultades para lidiar con la sobrecarga, los recursos inadecuados, el acceso limitado a la atención sanitaria y otros servicios de apoyo, la violencia y el consumo de drogas en sus centros. Solo en 2021, el número estimado de personas en prisión aumentó un 24 % en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los aproximadamente 10,8 millones de personas, algo que incrementó la presión sobre unos sistemas carcelarios ya de por sí sobrecargados.   

Es innegable que en las cárceles el consumo de drogas es una realidad. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que en algunos países hasta el 50 % de las personas en prisión consumen o se inyectan drogas. Las prácticas no seguras de inyección de drogas suponen un factor de riesgo importante para la transmisión del VIH y la hepatitis C debido al acceso limitado a los servicios de reducción del daño, entre los que se incluyen preservativos, agujas y jeringuillas limpias, y a la falta de programas integrales de tratamiento farmacológico, en concreto la terapia de sustitución de opiáceos.

Las personas en prisión tienen 7,2 veces más probabilidades de vivir con el VIH que los adultos de la población general. ONUSIDA informa de que la prevalencia del VIH entre las personas en prisión aumentó un 13 % desde 2017, hasta llegar a alcanzar el 4,3 % en 2021. Aunque los datos son limitados, se cree que alrededor de una de cada cuatro personas de la población total de los centros de reclusión tiene hepatitis C.

«El acceso a la atención sanitaria, incluidos los servicios de reducción del daño, es un derecho humano fundamental, y no se debe negar a nadie ese derecho por estar encarcelado», afirmó Eamonn Murphy, director regional de ONUSIDA para Asia Pacífico, Europa Oriental y Asia Central. «Las cárceles suelen pasar inadvertidas entre los esfuerzos nacionales por responder al VIH. Precisamente por eso, urge un enfoque multisectorial y multifacético para salvar vidas, que incluya el acceso a agujas y jeringuillas limpias, así como un tratamiento eficaz para reducir la dependencia a los medicamentos opiáceos y para minimizar el estigma y la discriminación».

Entre los países que informaron a ONUSIDA en 2019 sobre la situación de sus centros de reclusión, solo 6 de 104 países contaban con programas de agujas y jeringuillas en al menos una cárcel; solo 20 de 102 países tenían en marcha programas de terapia de sustitución de opiáceos en al menos una cárcel, y 37 de 99 países ofrecían preservativos y lubricantes en algunas cárceles.

ONUSIDA, UNODC y OMS llevan mucho tiempo apoyando la ampliación de los servicios de reducción del daño a todas las cárceles. Sin embargo, según Harm Redution International, solo 59 países de todo el mundo proporcionan tratamiento con agonistas opioides en los centros de reclusión.

Algunos países ya han realizado grandes progresos al respecto en los últimos años. A pesar de los desafíos a los que se enfrentan los refugiados y de las repercusiones de la guerra en Ucrania, Moldova, que tiene una prevalencia del VIH del 3,2 % en sus cárceles, en comparación con el 0,4 % de la población general, ha destinado muchos más recursos a sus centros penitenciarios.

A principios de los 2000, en pocas de sus cárceles se ofrecían servicios de reducción del daño. Hoy en día, los 17 centros penitenciarios del país prestan servicios relacionados con la reducción del daño, entre los que se incluyen el suministro de metadona (un tratamiento agonista opioide), el acceso a psiquiatras, médicos y programas de tratamiento, el intercambio de agujas y jeringuillas, y la prevención del VIH, con sus respectivas pruebas, tratamiento y atención.

Svetlana Plamadeala, directora nacional de ONUSIDA en Moldova, afirmó: «Se trata de anteponer a las personas, tratarlas como iguales y adoptar un enfoque sólido y de salud pública, basado en los derechos humanos y las pruebas».

ONUSIDA, UNODC, UNFPA, OMS, OIT y PNUD recomiendan 15 intervenciones completas y fundamentales para salvar vidas y garantizar un programa eficaz contra el VIH en los centros de reclusión. Entre ellas destacan la prevención del VIH, las pruebas y el tratamiento, los preservativos, el lubricante, el tratamiento con agonistas opiáceos y la profilaxis posterior a la exposición. Sin embargo, esto no es más que solo una parte de la solución. ONUSIDA también recomienda que los países modifiquen sus leyes con el fin de despenalizar la posesión de drogas para uso personal.

ONUSIDA ha establecido unos ambiciosos objetivos para 2025, entre los que se incluyen: El 95 % de las personas en cárceles y otros centros de internamiento conocen su estado serológico, el 95 % que conocen su estado serológico están en tratamiento y el 95 % en tratamiento están suprimidos viralmente; el 90 % de los reclusos utilizaron preservativos en su última relación sexual con una pareja no estable; el 90 % de los reclusos que se inyectan drogas usaron agujas y jeringuillas estériles en su última inyección; y el 100 % de los reclusos tienen acceso regular a un sistema de salud adecuado o a los servicios liderados por la comunidad.

ONUSIDA no se cansa de defender el papel activo de las comunidades a la hora de planificar, proporcionar y supervisar los servicios para el VIH. Sin embargo, esto no siempre resulta sencillo en los entornos carcelarios. Sin el compromiso de la comunidad no será posible alcanzar las metas globales contra el sida. 

Para obtener más información sobre el trabajo de Moldova en relación con el VIH en las cárceles, se recomienda leer Moldova lleva los servicios de reducción del daño a todas las cárceles y ver https://youtu.be/JQYtnsiJKs0

El VIH y las personas recluidas en centros penitenciarios y otros lugares de reclusión

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Introducción

Gracias al embajador Ghislain D'hoop y a Bélgica como presidente del sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de estupefacientes, a los distinguidos miembros de la Comisión, a los Estados miembros, a la sociedad civil y a las redes de personas que consumen drogas, a las agencias de la ONU y a todos los colegas.

Agradezco mucho a mi hermana Ghada Waly su firme liderazgo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDD) y su inequívoco apoyo a la posición común de las Naciones Unidas en materia de política de drogas.

Me gustaría comenzar expresando mi solidaridad hacia las personas de Ucrania, que han sufrido tanta violencia e injusticia. Durante los últimos 15 años, Ucrania ha tenido una de las respuestas al VIH más grandes y exitosas de Europa.

Ahora toda la respuesta al VIH se está derrumbando, y la vida de cientos de miles de ucranianos que viven con el VIH y de los grupos clave pende de un hilo.

Hago un llamado a todos los asociados para que trabajen para restaurar los servicios básicos para las personas que viven y son afectadas por el VIH en Ucrania. 

El pasado mes de junio, los Estados miembros adoptaron la Declaración Política sobre el VIH y el sida de 2021.  La resolución contiene compromisos audaces, entre ellos nuevos objetivos para 2025 con el fin de volver a poner en marcha la respuesta para poner fin a la epidemia de sida en 2030.

El año pasado, ONUSIDA trabajó con todos los países y asociados para desarrollar y adoptar la Estrategia mundial contra el sida. El hilo conductor de la estrategia consiste en acabar con las desigualdades en una epidemia donde el 65 % de las nuevas infecciones se producen en determinados grupos – entre los que se encuentran las personas que consumen drogas y los reclusos.

Sabemos que si continuamos como hasta ahora, si no acabamos con las desigualdades en la respuesta al VIH - el mundo podría ver 7,7 millones de muertes relacionadas al sida en los próximos 10 años.

La respuesta mundial al VIH, que ya estaba desencaminada antes de la COVID-19, está ahora bajo una mayor presión a medida que la crisis de la COVID-19 continúa.

¡Y las personas que consumen drogas y los reclusos siguen estando entre los más afectados!

A nivel mundial, los servicios de paliación de daños no están disponibles al nivel y la escala que se requiere para poner fin a la epidemia de sida. Y esto es cierto en la comunidad y en las prisiones. En demasiados países, no están disponibles en absoluto.

Sin el acceso continuo a los servicios de paliación de daños y del VIH, no podremos poner fin a la epidemia de sida entre las personas que consumen drogas y reclusos, y por tanto no acabaremos con la epidemia en absoluto.

Los obstáculos principales para acceder a los servicios de paliación de daños y del VIH para las personas que consumen drogas y reclusos son la criminalización, el estigma, y la discriminación.

No terminaremos con las desigualdades ni pondremos fin a la epidemia de sida si no abordamos estos obstáculos y eliminamos políticas y leyes punitivas.  

En particular, las mujeres que consumen drogas se enfrentan a obstáculos legales, políticos y sociales para acceder a los servicios de paliación de daños y del VIH que salvan vidas; debemos invertir en servicios sin prejuicios adaptados a las necesidades de las mujeres.

Nos encontramos en medio de una crisis de financiación para la paliación de daños en países de ingresos bajos y medios. El gobierno y los donantes solo han invertido el 5 % de los fondos necesarios para una respuesta eficaz. Hay que aumentar la inversión ahora, con un enfoque en la financiación para las respuestas lideradas por la comunidad. Son los más efectivos.

CONCLUSIÓN

Miembros de la Comisión, creo en su liderazgo.

Debemos valorar la salud y los derechos humanos de cada persona que consume drogas y la dignidad de cada recluso.

Debemos cumplir nuestros compromisos de crear entornos jurídico propicios. Tenemos que fomentar y ampliar la paliación de daños como un enfoque seguro y eficaz esencial para poner fin a la epidemia de sida.

Debemos eliminar políticas y leyes punitivas y discriminatorias. Esto incluye las leyes que penalizan el consumo y la posesión de drogas, tal y como se establece en nuestra nueva Estrategia mundial contra el sida.

Nuestro trabajo para acabar con las desigualdades que provocan el sida debe basarse en la ciencia, las pruebas y los derechos humanos.

Les insisto a los Comisionados a mantener estos principios para volver a poner en marcha la respuesta para poner fin a la epidemia de sida en 2030.

Gracias por su atención.

Winnie Byanyima
Directora ejecutiva de ONUSIDA
Viena, 14 de marzo de 2022

"Without continued access to HIV & harm reduction services, we will not end AIDS among people who use drugs & prison inmates, and we will therefore not end AIDS at ALL."

Watch @Winnie_Byanyima's opening remarks at #CND65 @UNODC @CND_tweetshttps://t.co/c7McJbOv1A pic.twitter.com/LZWDdf6gWJ

— UNAIDS (@UNAIDS) March 14, 2022

Los colindantes estados bálticos de Estonia y Letonia ofrecen claros ejemplos de cómo diferentes propuestas sanitarias afectan a las epidemias de VIH entre las personas que se inyectan drogas. A principios de los 2000, ambas naciones contaban con dos de los índices más elevados de diagnóstico de VIH en Europa.  Al igual que en muchos otros países europeos, el uso compartido de equipos de inyección no esterilizados por parte de los usuarios de drogas estaba desencadenando las epidemias de VIH.

Las dos epidemias comenzaron a tomar direcciones distintas a mediados de los 2000. Según el estudio HERMETIC, las nuevas infecciones por el VIH en Estonia disminuyeron en un 61 % a nivel nacional, y un 97 % entre los hombres que se inyectaban drogas entre 2007 y 2016.

La epidemia de VIH de Letonia siguió una trayectoria diferente.  El estudio HERMETIC señala que, entre 2007 y 2016, las nuevas infecciones por el VIH aumentaron en un 72 % globalmente. En 2016, la incidencia general del VIH en Letonia era casi el doble que la de Estonia (35 casos frente a 19 de cada 100 000 personas)

Ambas epidemias giraban en torno al uso compartido de equipos de inyección por parte de personas que se inyectan drogas, y también en torno a las relaciones sexuales sin protección entre estas personas y sus parejas sexuales. El estudio concluyó que la principal diferencia entre ambas epidemias residía en la disponibilidad de los servicios de paliación de daños.

Los programas de intercambio de agujas y jeringuillas estaban operativos en Letonia desde 1997, pero a una escala muy limitada. Todavía en 2016, Letonia distribuía 93 agujas y jeringuillas por usuario al año. En el mismo tiempo, Estonia distribuía 230. Ambos países fomentaron el acceso a terapias de sustitución de opiáceos, las cuales están probadas como método de reducción de la inyección de drogas y la transmisión del VIH. Además, se mejoraron los servicios de pruebas del VIH y terapia antirretroviral para las personas que se inyectan drogas. Si bien el acceso a las terapias de sustitución de opiáceos permaneció limitado en ambos países, fue mayor en Estonia que en Letonia.

Los resultados del estudio HERMETIC indican que, para 2016, cerca de la mitad de las personas que se inyectan drogas en Estonia se hacían la prueba del VIH cada 12 meses. De las personas que habían obtenido un resultado positivo, tres cuartos se encontraban en terapia antirretroviral. Mientras tanto, en Letonia, un 10 % de las personas que se inyectaban drogas se hicieron una prueba del VIH en algún momento entre los años 2007 y 2016, y de todas las personas que vivían con el VIH, sólo el 27 % seguía una terapia antirretroviral. Una adopción lenta de las directrices internacionales para el tratamiento contra el VIH contribuyó a la menor cobertura de tratamientos en Letonia. 

A menudo, las personas que consumen drogas están muy estigmatizadas y afrontan elevados niveles de discriminación. Sin embargo, a las mujeres que consumen drogas se les estigmatiza y discrimina dos veces. Primero por su género y después por consumir drogas. Además, están más expuestas a la violencia de género y a las violaciones de los derechos humanos. Todo ello, las pone en riesgo de contraer el VIH y otras infecciones.

A nivel mundial, son pocos los programas de reducción de daños que adaptan sus servicios a las mujeres y a sus necesidades; y la discriminación de género puede provocar que sean rechazadas. A menudo, los servicios relacionados con el VIH tampoco suplen las necesidades de las mujeres que consumen drogas.

Como parte de los esfuerzos para llegar a las mujeres que se inyectan drogas, la Alianza India contra el VIH/sida (en inglés, India HIV/AIDS Alliance) está colaborando con el gobierno de Punjab a través del ministerio de Salud y Bienestar Familiar en el hospital civil de Kapurthala. El objetivo es desarrollar un modelo exhaustivo de reducción de daños para las mujeres que se inyectan drogas en Punjab.

El hospital está desarrollando un enfoque holístico y humano a través de una clínica de reducción de daños que ofrece servicios adaptados para satisfacer las necesidades de las mujeres. El enfoque de ventanilla única permite alojar los servicios del VIH y de reducción de daños un único centro. A los usuarios se les proporciona una amplia variedad de opciones a las que pueden acceder de manera gratuita en el momento que mejor les venga. Entre ellas se incluyen la terapia de sustitución de opiáceos, los programas de intercambio de agujas y jeringuillas, y la naloxona, un tratamiento eficaz contra las sobredosis de drogas opioides.

«Cuando no disponíamos del centro de reducción de daños para mujeres, acceder a la terapia de sustitución de opiáceos era un verdadero desafío. Los usuarios varones nos acosaban para obtener favores sexuales», afirma Preeti Singh (nombre ficiticio), una usuaria de la clínica.

La clínica trabaja en colaboración con ONGs locales para asegurar que las mujeres que se inyectan drogas tengan acceso a otros servicios, como el asesoramiento, las pruebas del VIH y los servicios de salud sexual y reproductiva. Se han desarrollado una serie de servicios sensibles a las cuestiones de género en base a la experiencia ganada en la India y en otros países asiáticos. Las mujeres proveen servicios, movilizan a la comunidad y se benefician del proyecto.

«Al principio, mi marido y mis suegros no me permitían acceder a la terapia de sustitución de opiáceos del centro de reducción de daños para mujeres. Ahora que estoy recibiendo la terapia antirretrovírica y que estoy más sana, saben que funciona», afirma Kiran Sharma (nombre ficiticio), usuaria de la clínica.

El proyecto se centra también en la creación y en el refuerzo de foros comunitarios, organizados por el Foro estatal de consumidores de drogas (en inglés State Drug User Forum) en colaboración con la Alianza India contra el VIH/sida. Los foros buscan recopilar información desde la perspectiva de las propias mujeres para entender y dar respuesta a los aspectos transversales, entre los que se encuentran la violencia de género, la estigmatización y la discriminación, y el refuerzo de la prestación de servicios de reducción de daños.

«Al igual que mis compañeras, yo también acudí al centro buscando ayuda para recuperarme y me sorprendió encontrar tantos servicios para chicas como nosotras. Lo que más me gustó fue que encontré ayuda para cuidar de mi hijo», dice Monica David (nombre ficiticio), usuaria de la clínica.

El proyecto comenzó en febrero de 2019 y ya ha alcanzado el objetivo de llegar a 150 mujeres que se inyectan drogas. La clínica ha tenido un impacto impresionante en la vida de las mujeres. Ha fomentado la concienciación, la prevención y las pruebas del VIH, de la hepatitis C y  de la tuberculosis. También las ha vinculado a tratamientos y cuidados posteriores según sus necesidades.

El proyecto y las pruebas utilizadas para introducir y ampliar el modelo en la India y en otras partes de Asia, se evaluarán posteriormente, a lo largo de todo el año.

El director nacional de ONUSIDA en la India, Bilali Camara, afirmó que el proyecto llegaba justo a tiempo. «Debemos continuar trabajando conjuntamente para solventar las carencias que siguen dejando atrás a las mujeres que consumen drogas. Acabar con la amenaza pública que supone la epidemia del sida dependerá del desarrollo de un programa de justicia social e inclusión que exija el acceso a los servicios de salud integrados y libres de discriminación, con la colaboración activa de la población», declaró.