Las personas que viven con el VIH corren un riesgo mayor de padecer una complicación grave derivada de la COVID-19 e incluso de morir. Sin embargo, a la gran mayoría de ellas se les niega el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Los grupos de población clave y sus parejas sexuales representan el 65 % de las nuevas infecciones por el VIH, pero la mayoría se queda al margen de las respuestas tanto al VIH como a la COVID-19. 800 000 niños que viven con el VIH no reciben el tratamiento que necesitan para seguir viviendo

GINEBRA, 14 de julio de 2021. El informe mundial de 2021 sobre el sida de ONUSIDA, presentado hoy, destaca el hecho de que las personas que viven con el VIH son más vulnerables a la COVID-19 y, sin embargo, cada vez son mayores las desigualdades que impiden a estos grupos de población acceder a las vacunas contra la COVID-19 y a los servicios para el VIH.

Los estudios realizados en Inglaterra y Sudáfrica han revelado que el riesgo de morir por la COVID-19 entre las personas que viven con el VIH era el doble que el de la población general. A fecha de julio de 2021, en el África subsahariana, donde residen dos tercios (67 %) de las personas que viven con el VIH, menos del 3 % de la población ha recibido como mínimo una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19. Al mismo tiempo, los servicios de prevención y tratamiento del VIH parecen estar olvidando a los grupos de población clave, así como a los niños y adolescentes.

Las vacunas contra la COVID-19 lograrían salvar millones de vidas en los países en desarrollo, pero siguen sin llegar allí, ya que los países ricos y las grandes farmacéuticas conservan el monopolio de la producción y el suministro de las vacunas para así obtener beneficios. Esto está teniendo una gran repercusión en todo el mundo, ya que los sistemas sanitarios de los países en desarrollo se están colapsando. Triste ejemplo de ello es Uganda, donde los estadios de fútbol se están convirtiendo en hospitales improvisados.

«Mientras los países ricos de Europa se están preparando para disfrutar del verano, debido al fácil acceso de sus poblaciones a las vacunas contra la COVID-19, el Sur está inmerso en una profunda crisis», destaca Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. «No hemos aprendido las grandes lecciones que nos dio el VIH, cuando a millones de personas se les negó el tratamiento que podía salvar sus vidas y murieron por la desigualdad para acceder a dichos medicamentos. Y esto es, sin duda, inaceptable».

El nuevo informe de ONUSIDA refleja de qué manera los confinamientos por la COVID-19 y otras restricciones han alterado gravemente las pruebas del VIH. En muchos países esto ha provocado caídas pronunciadas en los diagnósticos del VIH, las derivaciones a los servicios de atención sanitaria y el inicio de los tratamientos para el VIH. En KwaZulu-Natal, Sudáfrica, por ejemplo, ha habido una caída del 48 % en las pruebas del VIH después de que se impusiera el primer confinamiento nacional en abril de 2020. Asimismo, hubo menos nuevos diagnósticos del VIH y una marcada disminución en el inicio del tratamiento. Y todo ello debido a que 28 000 profesionales sanitarios de la comunidad del VIH pasaron de realizar pruebas del VIH a ocuparse de las pruebas de detección de la COVID-19.

El informe, Confronting inequalities (enfrentar las desigualdades), muestra que en 2020 los 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH se produjeron principalmente entre los grupos de población clave y sus parejas sexuales. Las personas que se inyectan drogas, las mujeres transgénero, los trabajadores sexuales, los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, así como las parejas sexuales de estas poblaciones clave, representaron el 65 % de las infecciones por el VIH en todo el mundo en el año 2020. Los grupos de población clave representaron el 93 % de las nuevas infecciones por el VIH fuera del África subsahariana y el 35 % en el África subsahariana. Sin embargo, siguen marginados y, en gran medida, fuera del alcance de los servicios para el VIH en la mayoría de los países.

Según el informe, muchos de los 19 países que lograron los objetivos 90-90-90 para 2020 han sido líderes en la prestación de servicios diferenciados, donde los servicios basados en instalaciones se complementan con aquellos otros liderados por la comunidad. La mayoría también han situado a los grupos de población clave como elemento central de sus respuestas. En Estonia, por ejemplo, a la ampliación de los servicios integrales de reducción del daño le siguió una reducción del 61 % en todo el país de las infecciones por el VIH y una disminución del 97 % en las nuevas infecciones por el VIH entre las personas que se inyectan drogas.

Las pruebas y el tratamiento del VIH han aumentado enormemente en los últimos 20 años. 27,4 millones de los 37,7 millones de personas que vivían con el VIH ya estaban en tratamiento en 2020. Sin embargo, las brechas en la prestación de servicios son mucho mayores para los niños que para los adultos. En 2020, unos 800 000 niños de entre 0 y 14 años que vivían con el VIH no recibían tratamiento para el VIH. La cobertura del tratamiento fue del 74 % para adultos, pero solo del 54 % para niños en 2020. A muchos niños no se le realizaron las pruebas del VIH al nacer y a día de hoy desconocen su estado serológico, lo que hace que sea un gran reto encontrarlos y brindarles los cuidados adecuados.

Confronting inequalities también pone de manifiesto que las mujeres y las niñas en el África subsahariana siguen teniendo un mayor riesgo de infección por el VIH: la desigualdad de género y la violencia de género son la causa principal de ese riesgo. Las desigualdades de género y la violencia de género privan a las mujeres y niñas de sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la educación, la salud y las oportunidades económicas. Esto aumenta su riesgo de infección por el VIH y bloquea el acceso a los servicios. En el África subsahariana, las adolescentes y las mujeres jóvenes concentran el 25 % de todas las nuevas infecciones por el VIH a pesar de representar solo el 10 % de la población.

La pobreza y la falta de escolaridad también impiden el acceso a los servicios para la salud y el VIH. El informe subraya que es mucho menos probable que personas que viven en la pobreza accedan a los servicios de planificación familiar para mujeres y a la circuncisión médica masculina voluntaria para hombres y niños. En 2020, el número de circuncisiones médicas masculinas voluntarias disminuyó en más de un 30 % en 15 países prioritarios de África oriental y meridional.

La pobreza también es un impulsor de la migración, que se ha demostrado que afecta gravemente al acceso a los servicios para el VIH y pone en peligro la vida de los migrantes que huyen de los conflictos y la pobreza con la esperanza de conseguir protección y disfrutar de seguridad económica.

«Los multimillonarios navegan en sus yates por las mismas aguas mediterráneas en las que se ahogan los migrantes», afirmó Winnie Byanyima. «¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esta sea la "nueva normalidad"?». Debemos plantar cara a estas horribles desigualdades y volver a poner énfasis en el respeto por los derechos humanos más básicos y fundamentales.

Las desigualdades nunca se producen de forma natural. Son el resultado de acciones políticas y programáticas que dividen en vez de sumar. Por ejemplo, los grupos de población clave son marginados y criminalizados por sus identidades y expresión de género, su orientación sexual y sus medios de subsistencia. El nuevo análisis incluido en el informe muestra una correlación positiva entre mejores resultados en materia de VIH y la adopción de leyes que promuevan la no discriminación. Un estudio procedente del África subsahariana reveló que la prevalencia del VIH entre los trabajadores sexuales era del 39 % en países que criminalizaron el trabajo sexual, en comparación con el 12 % en aquellos países donde el trabajo sexual estaba parcialmente legalizado.

«Llevamos 40 años luchando contra el VIH. Tanto los éxitos como los fracasos nos han enseñado que no podemos ni prepararnos para una pandemia ni derrotarla a menos que acabemos con las desigualdades, promovamos enfoques centrados en las personas y basados en los derechos humanos, y trabajemos junto con las comunidades para llegar a todos los que lo necesitan», afirmó la Sra. Byanyima.

ONUSIDA insta a los líderes mundiales a adoptar una audaz declaración política sobre el VIH en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará la próxima semana en Nueva York y podrá seguirse online. ONUSIDA tiene la certeza de que es la ocasión ideal para comprometerse a alcanzar un nuevo conjunto de objetivos de cara a 2025 con el fin de acabar con el sida para el año 2030

NUEVA YORK/GINEBRA, 3 de junio de 2021—Cuatro décadas después de que se conocieran los primeros casos de sida, los nuevos datos de ONUSIDA demuestran que docenas de países lograron o superaron los objetivos para 2020 fijados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016, lo que pone de manifiesto que esas metas no eran meras aspiraciones, sino una realidad alcanzable.

El informe demuestra que los países con leyes y políticas progresivas y sistemas sanitarios sólidos e inclusivos han obtenido los mejores resultados contra el VIH. En esos países, las personas que viven con el VIH y están afectadas por el virus tienen más posibilidades de acceder a servicios eficaces para el VIH, incluidas las pruebas de detección, la profilaxis previa a la exposición (medicamento para prevenir el VIH), la reducción del daño, el suministro multimensual de tratamiento para el VIH y un seguimiento y una atención constantes y de calidad.

«Los países que mejores resultados han obtenido precisamente han sido los que nos han abierto el camino para que los demás lo sigan», resaltó Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Con su adecuada financiación, el compromiso auténtico de la comunidad, los enfoques multisectoriales basados en los derechos humanos y la ciencia como punto de partida para sus estrategias han logrado revertir sus epidemias y salvar vidas. Todos estos elementos son muy valiosos para estar preparados y responder eficazmente a la pandemia contra el VIH, la COVID-19 y muchas otras enfermedades».  

En todo el mundo, el informe muestra que el número de personas en tratamiento se ha triplicado con creces desde 2010. En 2020, 27,4 millones de los 37,6 millones de personas que vivían con el VIH estaban en tratamiento, frente a los 7,8 millones de 2010. Se calcula que, gracias a la aparición de un tratamiento asequible y de calidad, se han salvado 16,2 millones de vidas desde 2001.

Las muertes se han reducido en gran parte debido a la generalización conseguida de la terapia antirretroviral. Las muertes relacionadas con el sida han caído en un 43 % desde 2010, hasta llegar a 690 000 en 2020. También se ha avanzado en la reducción de nuevas infecciones por el VIH, aun cuando el progreso aquí ha sido notablemente más lento: se ha logrado una reducción del 30 % desde 2010, con 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH en 2020 en comparación con los 2,1 millones de 2010.

El informe subraya que los países que mantienen leyes punitivas y se niegan a adoptar un enfoque de la salud basado en los derechos no están sino castigando, ignorando, estigmatizando y dejando atrás a los grupos de población clave (que constituyen el 62 % de las nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo), a quienes se niega el acceso a los servicios para el VIH. Por ejemplo, casi 70 países de todo el mundo penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. A los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales, las personas trans, las personas en prisión y los consumidores de drogas inyectables se les ofrece un acceso escaso o nulo a los servicios sanitarios o sociales, lo que actúa a favor del VIH, que consigue propagarse entre los más vulnerables de la sociedad.

Las mujeres jóvenes del África subsahariana también siguen siendo olvidadas. Seis de cada siete nuevas infecciones por el VIH entre adolescentes de 15 a 19 años en la región se producen en las niñas. Las enfermedades relacionadas con el sida siguen siendo la principal causa de muerte entre las mujeres de entre 15 y 49 años en el África subsahariana.

La COVID-19 ha demostrado la fragilidad del progreso en salud y desarrollo de las últimas décadas y ha puesto de manifiesto unas desigualdades que son evidentes. Con el fin de que el mundo siga avanzando para acabar con el sida para 2030, la comunidad mundial del sida y ONUSIDA han mirado desde el prisma de las desigualdades para desarrollar una estrategia ambiciosa y alcanzable con nuevos objetivos que alcanzar para 2025. Acabar con las desigualdades exige respuestas al VIH que puedan llegar a las poblaciones que actualmente se están dejando atrás.

Si se alcanzan, los objetivos acercarán los servicios para el VIH al 95 % de las personas que los necesitan, reducirán las infecciones anuales por el VIH a menos de 370 000 y las muertes relacionadas con el sida serán menos de 250 000 para 2025. Ello requerirá una inversión anual de 29 000 millones de dólares estadounidenses para 2025. Cada inversión adicional de 1 dólar estadounidense en la implementación de la estrategia mundial contra el sida supondrá un retorno de más de 7 dólares estadounidenses en beneficios para la salud.

ONUSIDA llama a la Asamblea General de las Naciones Unidas a comprometerse con los objetivos de una nueva declaración política sobre el VIH en la quinta Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Sida, que tendrá lugar del 8 al 10 de junio de 2021.

«El mundo no puede permitirse invertir menos en la preparación y las respuestas ante la pandemia», afirmó la Sra. Byanyima. «Insto encarecidamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas a aprovechar el momento y comprometerse a adoptar las medidas necesarias para acabar con el sida».

En algunos países se ha informado de una interrupción de los servicios del VIH de hasta un 75 %. Para prevenir un incremento de las muertes relacionadas con el sida, los servicios del VIH deben continuar durante la pandemia de COVID-19

GINEBRA, 13 de abril de 2021 — ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han apoyado la modelización matemática para establecer los beneficios de continuar con los servicios del VIH en comparación con el potencial daño de la transmisión adicional de la COVID-19. El análisis muestra que mantener los servicios del VIH evitaría entre 19 y 146 muertes relacionadas con el sida por cada 10 000 personas en un plazo previsto de 50 años, mientras que las muertes adicionales relacionadas con la COVID-19 por una exposición asociada a los servicios del VIH serían de 0,002 a 0,015 por cada 10 000 personas. Se ha demostrado que los beneficios de continuar con la prestación de servicios del VIH durante la pandemia de COVID-19 superan los riesgos de muertes adicionales relacionadas con la COVID-19.

“Ahora, el mundo debería hacer inversiones que no le dejen en un compromiso tan duro en el futuro”, declaró Peter Ghys, Director del Departamento de Información Estratégica y Evaluación de ONUSIDA. “Necesitamos construir futuros sistemas de salud que sean robustos y reconozcan las contribuciones lideradas por la comunidad como parte de un sistema resiliente y no como una ocurrencia en el último momento”.

En este análisis se han detectado cuatro interrupciones en los servicios del VIH: circuncisión médica masculina voluntaria, pruebas de diagnóstico del VIH, pruebas para detectar carga vírica y programas para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH. Se han comparado las muertes por COVID-19 de trabajadores sanitarios y usuarios en 2020 y 2021 causadas por el mantenimiento del acceso a los servicios del VIH con las muertes relacionadas con el sida evitadas tanto en la actualidad como en los próximos 50 años gracias al mantenimiento de estos servicios. En países con una serie de epidemias de VIH y COVID-19 se han aplicado estos modelos.

La pandemia de COVID-19 ha provocado que se propague la interrupción de los servicios de salud, con restricciones en los movimientos de la población y servicios de salud suspendidos o limitados en muchos países. Este análisis demuestra que el potencial daño por la transmisión adicional de COVID-19 en los servicios de salud para el VIH necesita equilibrarse cuidadosamente con los beneficios de aquellos servicios que, según el análisis, incluyen menos muertes relacionadas con el sida. Estos resultados pueden parecer intuitivos, pero es importante darse cuenta de que algunos servicios se han cerrado para proteger a las personas que viven con el VIH frente a la exposición a la COVID-19 y sus potenciales consecuencias letales. Sin embargo, el riesgo de no mantener los servicios del VIH implica un mayor riesgo de muerte relacionada con la falta de prevención del VIH, con el acceso a un diagnóstico y con el tratamiento final, lo cual es inaceptable.

Mientras exista el riesgo de transmisión de la COVID-19 a corto plazo relacionada con la prestación de servicios del VIH, el riesgo de muertes adicionales por COVID-19 es, por lo menos, 100 veces menor que las muertes relacionadas con el sida evitadas por continuar con esos servicios. Puede que se necesiten esfuerzos adicionales para fomentar la búsqueda de servicios sanitarios para el VIH durante la actual pandemia de COVID-19.

“Los ministerios de sanidad tienen en cuenta una serie de factores a la hora de decidir cuándo y cómo ofrecer servicios de salud esenciales durante la pandemia”, declaró Meg Doherty, Directora de los Programas Mundiales contra el VIH, la Hepatitis y las ITS de la OMS. “Este trabajo demuestra que, a largo plazo, los beneficios de continuar con los servicios clave del VIH son mucho mayores que los riesgos de transmisiones adicionales de la COVID-19. Se debe continuar con una prestación de servicios innovadora y segura a la vez que se trata de controlar la pandemia”.

El análisis completo se puede encontrar en: https://doi.org/10.1101/2021.03.01.21252663

El diagnóstico infantil precoz en bebés que han contraído el VIH por transmisión vertical, es decir, a través de su madre, es vital. Las pruebas rápidas a los bebés expuestos al VIH y el comienzo inmediato de la terapia antirretroviral tras el diagnóstico pueden garantizar la supervivencia de los niños que han contraído el VIH. Sin el diagnóstico precoz y el tratamiento, aproximadamente la mitad de los bebés con VIH mueren a los dos años o antes. No obstante, en países de renta media y baja, muchos de los bebés expuestos al VIH no tienen acceso al diagnóstico infantil precoz.

En el Caribe, la cobertura de las pruebas virológicas para el diagnóstico infantil precoz varía del 21 % en Jamaica al 99 % en Cuba.

Las partes interesadas de la respuesta al VIH en el Caribe han lanzado una campaña dedicada a las autopruebas del VIH llamada «En tus manos», que aboga por el desarrollo y la aplicación de políticas a favor de las autopruebas en el marco de una estrategia exhaustiva para garantizar que los diagnósticos del VIH no disminuyan durante la pandemia de COVID-19.

Incluso antes de la COVID-19, el Caribe estaba lejos de alcanzar el objetivo de que el 90% de las personas que viven con VIH fuesen diagnosticadas para finales de 2020. En 2019, el 77% de todas las personas que viven con el VIH en el Caribe conocían su estado serológico. Una encuesta realizada por la Alianza pancaribeña contra el VIH y el sida (PANCAP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mostró que durante 2020 los servicios de pruebas del VIH en los centros y en la comunidad se redujeron en el 69% de los países debido a la COVID-19.

"Este descenso significa que las personas a las que no se les ha diagnosticado el VIH no están recibiendo el tratamiento antirretroviral que les salva la vida y, por supuesto, siguen sin conocer su estado serológico, lo cual conlleva el riesgo de exponer a otros", dijo Sandra Jones, asesora técnica de la OPS para el VIH/ITS, la tuberculosis y la hepatitis viral en el Caribe.

"La pandemia de COVID-19 nos ha brindado la oportunidad de explorar enfoques nuevos e innovadores que estén centrados en los resultados", declaró Rosmond Adams, director del PANCAP.

Según James Guwani, director de la Delegación Subregional de ONUSIDA del Caribe, es especialmente importante aumentar el número de pruebas entre los hombres, ya que tienden a ser diagnosticados más tarde. En 2019, el 85% de las mujeres caribeñas que viven con el VIH conocían su estado serológico, en comparación con solo el 72% de los hombres. También es necesario aumentar el alcance de las pruebas entre los miembros de los grupos de población clave, quienes tienen un acceso reducido a los servicios relacionados con el VIH debido al estigma y la discriminación. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que la autoprueba del VIH se ofrezca como método adicional a los centros y a los servicios de base comunitaria. Hay indicios de que las autopruebas son seguras y precisas, además de que aumentan el número de pruebas del VIH entre personas que, de lo contrario, no serían diagnosticadas. 

Mediante esta campaña, los socios abogan por políticas nacionales que incluyan un paquete de comunicación con información para vincular a las personas que se someten a las pruebas con los servicios de prevención y tratamiento del VIH, así como unas normas mínimas en materia de adquisición y distribución del equipo de autopruebas del VIH en los sectores tanto público como privado.

“Creemos firmemente que las autopruebas del VIH pueden ayudar a poner fin a la carencia de los primeros 90.  Puede dirigirse a las personas que no reciben los servicios de pruebas del VIH existentes, especialmente a las poblaciones con baja cobertura de pruebas y con alto riesgo de infección por el VIH. No es un sustituto de todos los servicios de pruebas, pero debería incluirse en el conjunto de herramientas”, afirmó Victoria Nibarger, coordinadora del Programa Regional del Caribe del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR).

En el marco de un proyecto del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria para la región, se está trabajando en la puesta en marcha de una evaluación de verificación y viabilidad para implantar las autopruebas del VIH en todos los países. Guyana ya ha anunciado sus planes de incorporar las autopruebas del VIH este año, mientras que varios países se han comprometido a desarrollar políticas o están en proceso de hacerlo. 

ONUSIDA está ayudando a coordinar la campaña en el Caribe, centrándose en respaldar una estrategia de gestión de conocimientos que garantice que todas las partes interesadas dispongan de la información, los mensajes y las herramientas que necesitan para ejercer presión con éxito a nivel nacional. Una prioridad clave es garantizar la participación de la sociedad civil y abordar las preocupaciones de la comunidad sobre cómo se aplicarán las políticas de las autopruebas.  

Si bien los representantes de las comunidades de personas que viven con el VIH y los grupos de población clave respaldaron el llamamiento a las autopruebas del VIH, han aconsejado que es necesario aumentar las inversiones en el asesoramiento posterior a las pruebas y el asesoramiento sobre el cumplimiento para la respuesta al VIH en general. 

Deneen Moore, representante caribeña de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA, dijo: “Tenemos que mejorar la promoción comunitaria para que cuando las personas se sometan a pruebas positivas tengan a alguien que las ayude. También necesitamos más contratación social para que las organizaciones de la sociedad civil puedan llegar a las personas que dan positivo. Definitivamente, es necesario que nos involucremos en el proceso”.

La iniciativa de promoción está respaldada conjuntamente por ONUSIDA, la OPS, PANCAP, PEPFAR y la Fundación Med Labs del Caribe (Caribbean Med Labs Foundation).