En 2022, el Tribunal Supremo de la India dictaminó que los trabajadores sexuales estaban amparados por el artículo 21 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a la vida. Este reconoció que los trabajadores sexuales tienen derecho a una protección legal igualitaria.
El Tribunal ordenó al Gobierno central y a los Gobiernos estatales que los trabajadores sexuales no fuesen detenidos, sancionados, acosados o victimizados durante los registros en prostíbulos. (Manejar un prostíbulo en la India es ilegal. El trabajo sexual autónomo no lo es.) La posesión de preservativos u otros productos básicos para el mantenimiento de relaciones sexuales más seguras tampoco debería ser considerada como prueba de un delito. Y la policía debería estar sensibilizada con los derechos de la comunidad.
Además, el Tribunal subrayó la necesidad vital de defender la protección básica de la decencia humana de los hijos de los trabajadores sexuales que «al ser los más afectados por el estigma social... son expulsados a los márgenes de la sociedad, privados de su derecho a vivir con dignidad». Esta sentencia ayudará a garantizar que los hijos de los trabajadores sexuales puedan acceder a servicios básicos, entre ellos la asistencia sanitaria y la educación.
Para conmemorar esta sentencia histórica, la Red india de trabajadores sexuales (AINSW por sus siglas en inglés) celebró una conferencia nacional llamada «Sororidad y solidaridad con los trabajadores sexuales: un año desde la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 2022». AINSW ha estado trabajando en cuestiones relativas a los derechos del trabajador sexual en varios estados desde 2011.
«Las leyes marcan la diferencia», dice David Bridger, director nacional de ONUSIDA en la India, en su discurso de apertura. «La sentencia del Tribunal Supremo ha sido histórica porque, con ella, la India se une a un pequeño grupo de países como Canadá y Nueva Zelandia que ha instaurado una acción de tutela que ampara a los trabajadores sexuales explícitamente. Reconocer que toda persona tiene el mismo valor y dignidad no solo es ético, sino que es fundamental para poner fin a la epidemia de sida.»
Además de ofrecer una visión general de la sentencia del Tribunal Supremo, abogado ante el Tribunal, Anand Grover, señaló que los trabajadores sexuales habían tomado medidas que habrían contribuido al descenso de la incidencia del VIH en la India mediante la negociación de la utilización preservativos. Un estudio elaborado en 2021 reveló que el 98% de los trabajadores sexuales los utilizaban, así que la labor de educar y capacitar a esta comunidad para que tengan relaciones sexuales más seguras está dando sus frutos. La prevalencia del VIH entre las trabajadoras sexuales está por debajo del 2%. Proteger la seguridad y los derechos humanos de grupos de población clave amplia su acceso a los servicios para el VIH, lo que acelera el progreso en la respuesta al VIH.
El Sr. Grover instó a una comprensión completa de la legislación y de cómo esta afecta a la vida de los trabajadores sexuales. También recalcó la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo de leyes y políticas, y señaló que el propio Tribunal pedía que se incluyera a los trabajadores sexuales en los procesos de toma de decisiones relacionados con los asuntos que les afectasen.
Shyamala Natraj, Directora Ejecutiva del Programa de Acción contra el Sida en el Sur de la India (SIAAP, por sus siglas en inglés), informó a los asistentes sobre lo que hizo posible la sentencia de 2022. Afirmó que la sentencia era el resultado de una defensa coherente y estratégica centrada en las experiencias vividas por los trabajadores sexuales.
En 2020, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un aviso en el que, por primera vez, se les reconocía a los trabajadores sexuales el derecho a la misma protección social que otros trabajadores informales. Los trabajadores sexuales habían sido unos de los más afectados durante la pandemia de COVID-19. No solo experimentaron una repentina pérdida de ingresos, sino que a algunos se les excluyó de las respuestas de la red de seguridad social estatal. Las consecuencias fueron terribles: hambre, pérdida de la vivienda, deudas, depresión e, incluso, suicidios.
El SIAAP presentó el ejemplo de Usha Ram (nombre ficticio) procedente de la ciudad de Theni: «No tenía con qué pagar el alquiler. El dueño de la casa me obligó a desalojarla y me humilló delante de los vecinos por ejercer el trabajo sexual. Me quedé con mis hijos en la calle y ni siquiera me devolvió la fianza.»
La Señora Natraj animó a la comunidad a reivindicar sus derechos humanos y a conseguir el acceso a servicios que normalmente estarían previstos por la ley, como por ejemplo la emisión de tarjetas (de identificación) Aadhar, las raciones alimentarias, las ayudas apoyo para la reducción de la pobreza y los documentos que demuestren la residencia.
Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Supremo haya declarado que «el trabajo sexual es una profesión» con los mismos derechos humanos que las demás, y que la policía no debería acosar a los trabajadores sexuales, las desigualdades, el estigma y la discriminación persisten. Muchos trabajadores sexuales siguen denunciando acoso policial: a algunos se les sigue acusando por captar clientes.
Para salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores sexuales, los expertos recalcaron la necesidad de aplicar la sentencia del Tribunal Supremo desde los niveles de base. ONUSIDA y sus copatrocinadores se han comprometido a trabajar con las comunidades, los legisladores y las fuerzas del orden para aumentar la concienciación y asegurar el mantenimiento de los derechos humanos de los trabajadores sexuales.
