GINEBRA, 24 de octubre de 2018—El primer ministro Thomas Thabane y la primera dama de Lesotho, Maesaiah Thabane, visitaron la sede de ONUSIDA en Ginebra, Suiza, para abogar por el fin del sida y reducir su impacto en los jóvenes.

Se reunieron con el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, y con miembros del personal de ONUSIDA. 

Aproximadamente una de cada seis personas en Lesotho vive con el VIH, lo que representa una de las tasas más altas del mundo. Y hay más mujeres afectadas que hombres: el 27,7% de las mujeres vive con el VIH, mientras que el porcentaje de hombres es de 19.7%. Se han hecho grandes progresos, las muertes relacionadas con el sida han bajado de 15 000 en 2005 a alrededor de 5000 en 2017. Sin embargo, se necesita hacer más para prevenir las nuevas infecciones por el VIH, especialmente aquellas de madres a hijos. La tasa de transmisión maternoinfantil del VIH se mantiene en un 11,3%.

“Podemos detener y detendremos las nuevas infecciones por el VIH en bebés”, afirmó Thabane.

Entretanto, la primera dama se ha mostrado como un referente para la gente joven. Ha mostrado un gran compromiso con los intentos de reducir el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero, además de mejorar el acceso a servicios de salud reproductiva integrados. 

“Si queremos reducir y erradicar la violencia de género, debemos enviar a nuestras niñas al colegio y mantenerlas allí”, indicó Thabane. “Tenemos que invertir en las niñas”.

El señor Sibidé expresó su apoyo total y elogió a Lesotho por sus progresos significativos en la respuesta al VIH. Dijo: “Acabar con el sida empieza con los jóvenes. Esto significa involucrar a las niñas y los niños y proporcionarles información a través de canales tradicionales y de medios sociales”.

El presidente ha elogiado el compromiso inquebrantable de ONUSIDA

GINEBRA, 25 de octubre de 2018—El presidente de Botswana, Mokgweetsi E.K. Masisi, visitó el 25 de octubre de 2018 la sede central de ONUSIDA en Ginebra, Suiza, para compartir la visión de Botswana en un problema clave de salud pública: el VIH.

El presidente se reunió con el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, y felicitó a ONUSIDA por liderar la lucha contra el sida con humildad y profesionalidad. 

“Seguimos contando con la administración de ONUSIDA”, manifestó Masisi. “Botswana está preparada para dejarse la piel y poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública”.

Hace dos décadas, el sida devastó esta pequeña nación sudafricana de 2 millones de habitantes. Hoy en día, a pesar de tener una de las tasas de VIH más altas del mundo (23% de su población vive con el VIH), Botswana muestra un progreso extraordinario. Las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 63% desde el máximo en 1996 y las muertes relacionadas con el sida han disminuido a 4100 frente a las 15 000 del 2008. Fue el primer país de la región en ofrecer un tratamiento antirretrovírico universal y gratuito a las personas que viven con el VIH, lo que ha servido como ejemplo para otros muchos países de la región.

El Sr. Sidibé describió al presidente como un defensor de la región. “El Sr. Masisi está aportando una nueva energía e ímpetu a la respuesta al sida en Botswana, con un enfoque en la prevención del VIH”, dijo el Sr. Sidibé. El presidente participó en un diálogo moderado junto a una delegación de alto nivel integrada por la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y la ministra de Salud y Bienestar, así como la primera dama de Botswana. Durante los debates, el presidente mencionó detalladamente las inversiones financieras de Botswana en salud, el VIH y sus habitantes.  Destacó que la transmisión maternoinfantil del VIH está a punto de ser eliminada y que más del 80% de las personas que viven con el VIH se encuentran en tratamiento.

Sin embargo, siguen existiendo dificultades. "Cuando se le quita el poder a una niña a través de la violencia o de una experiencia sexual no deseada, se ve afectada de por vida", dijo el Sr. Masisi. Con el fin de reducir las nuevas infecciones por el VIH, el presidente se comprometió a redefinir el papel y el compromiso de los niños y los hombres jóvenes. Además, el Sr. Masisi y el Sr. Sidibé reconocieron los esfuerzos que durante tanto tiempo dedicó el ex presidente Festus Mogae para lograr que el país pasara de la desesperación a la esperanza en lo que se refiere al primer enfrentamiento a la crisis del VIH. 

ONUSIDA ha revisado su política interna de baja por adopción y paternidad y ha introducido nuevas reglas con respecto a la baja por gestación subrogada. Todo ello ha supuesto un paso importante para garantizar un ambiente de trabajo más inclusivo.

La política revisada incluye la extensión de la baja por adopción de ocho a 16-18 semanas, dependiendo del número de niños adoptados, la extensión de la baja por paternidad de cuatro a 16 semanas y, en lo que se refiere a la gestación subrogada, la introducción de un periodo de 16 semanas de baja con un solo nacimiento y de 18 semanas con múltiples nacimientos.

La nueva política es el resultado de los esfuerzos de la Asociación del personal de la Secretaría del ONUSIDA en colaboración con la gestión de ONUSIDA, y es uno de los compromisos descritos en el Plan de Acción de Género 2018-2023, que ha sido puesto en marcha recientemente.

"La política revisada permitirá a los padres pasar más tiempo con sus familias durante una etapa crítica de la vida", afirmó un miembro del personal que pronto será padre. “Los hombres pueden y deben desempeñar un papel importante en el cuidado de los niños y desafiar de forma activa las normas de género que delegan la mayor parte de la responsabilidad del cuidado de los niños a las mujeres", estableció.

Un aspecto que podría ayudar a cambiar la percepción de que las mujeres en edad de procrear son potencialmente demasiado costosas o representan un riesgo de ausentismo en comparación con hombres con calificaciones similares sería adoptar un marco de política más equitativo que apoye la prestación de cuidados tanto por parte de hombres como de mujeres.

"La Asociación del Personal de la Secretaría del ONUSIDA celebra este importante hito en nuestro marco de políticas internas, que no sólo aportará beneficios directos al personal que se convertirá en padres, sino a todo el personal, ya que pone en tela de juicio las normas de género generalizadas", afirmó Pauliina Nykanen-Rettaroli, presidenta de la USSA.

La introducción de un permiso específico de maternidad por subrogación refleja el compromiso de ONUSIDA con la diversidad. “No importa si alguien se convierte en padre o madre por nacimiento natural, adopción o gestación subrogada; simplemente se convierte en padre o madre, y debería poder contar con las mismas ayudas”, dijo un

miembro del personal. “Esta norma refleja el compromiso de la organización para ser lo más inclusiva posible y predicar con el ejemplo acerca de lo que defiende, que es dignidad y respeto para todos”, añadió.

“En nuestro nuevo Plan de Acción de Género, nos hemos comprometido a adoptar una sola política en cuanto a bajas por paternidad y me enorgullece que ONUSIDA haya puesto esto en práctica. Todos los padres y madres deben recibir apoyo para pasar tiempo con sus hijos. Al apoyar esto, ONUSIDA contribuye a repartir la carga del cuidado de los hijos y avanzar hacia la igualdad de género,” manifestó Gunilla Carlsson, directora ejecutiva adjunta de ONUSIDA y responsable de gestión y gobernanza.

La nueva iniciativa busca que militares y otro personal uniformado sean parte activa de la concienciación, la prevención y el tratamiento del VIH, además de trabajar para poner fin a la violencia de género y sexual por parte de las fuerzas de seguridad

BANGUI/GINEBRA, 9 de octubre de 2018—ONUSIDA ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con el Ministerio de Defensa Nacional y Reconstrucción del Ejército, el Ministerio de Sanidad y Población y el Comité Nacional de Lucha contra el SIDA de la República Centroafricana. El objetivo del memorando es reducir nuevos contagios de VIH entre miembros del ejército y otro personal uniformado, reducir la violencia sexual y los malos tratos por parte de las fuerzas del orden e incrementar el uso del tratamiento contra el VIH y los servicios de atención y apoyo.  

El memorando llega en un momento crítico. La República Centroafricana tiene la segunda tasa más alta de VIH de África central, estimada en un 4% en 2017. Sin embargo, entre el personal uniformado, la prevalencia del VIH se estima que es del 7,8%. Los conocimientos sobre el VIH entre el personal uniformado de la República Centroafricana son particularmente bajos. Además, abundan las denuncias de abuso sexual y violencia por parte del colectivo militar.

"Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo de la violencia y del VIH, y en especial a las mujeres y a las niñas, ya que son el grupo más vulnerable. Nos centramos en el personal uniformado con el objetivo de transformar la relación entre el nuevo ejército y la población, como un puente hacia la reconstrucción” manifestó Faustin-Archange Touadéra, presidente de la República Centroafricana.

Gracias al memorando, los partidos involucrados movilizarán a asociados nacionales para responder a la violencia de género y al VIH a través de la defensa y las fuerzas de seguridad. El objetivo es reducir la incidencia y prevalencia del VIH y mejorar las relaciones entre la defensa y las fuerzas de seguridad con el resto de la población general a través de actividades integradas en torno a la prevención del VIH y la violencia de género.

“Este protocolo es el punto de partida”, afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Plasma en hechos la resolución del Consejo de Seguridad de 1983. Sitúa la prevención en el centro de nuestros esfuerzos para terminar con la violencia de género, a la que considera una causa y consecuencia del VIH. Esto es imprescindible y complementario a todos los esfuerzos para endurecer las penas por violencia sexual en la República Centroafricana”.

Se pondrá especial énfasis en formar y concienciar a las fuerzas de seguridad usando métodos que han dado resultados a la hora de reducir la violencia de género y prevenir el VIH. Estos incluyen una mejora en los mecanismos para denunciar la violencia sexual, proporcionar apoyo a las supervivientes y asegurar el acceso a herramientas efectivas de prevención del VIH. También habrá programas de apoyo psicosocial para los miembros de la defensa y las fuerzas de seguridad y sus familias.

Los principales beneficiarios de los programas y actividades serán la defensa y las fuerzas de seguridad de República Centroafricana, que incluyen el ejército, la policía, la gendarmería, funcionarios aduaneros, responsables de la gestión del agua y el sector forestal, y la policía municipal. La implementación del memorando también beneficiará al resto de la población, gracias a varias actividades integrales entre el ejército y los civiles, al impacto de los programas de prevención, tratamiento y atención del VIH y a los esfuerzos para eliminar la violencia relacionada con cuestiones de género y sexualidad, así como los malos tratos.

ONUSIDA proporcionará liderazgo y apoyo técnico a la iniciativa y movilizará a sus asociados y copatrocinadores, en especial a las organizaciones que trabajan en cuestiones de género y salud, con el fin de apoyar la implementación de las actividades desarrolladas en el memorando. ONUSIDA también garantizará una colaboración efectiva entre todos los asociados; aquí se incluye la participación activa de la sociedad civil. También jugará un papel fundamental en la demanda de recursos y en el apoyo de la monitorización, la evaluación y la documentación de la iniciativa.

La Misión Unidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en la República Centroafricana y la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en la República Centroafricana se han comprometido a apoyar la iniciativa.

Los nuevos compromisos jugarán un papel importante en lo que respecta al avance del Plan Nacional de Recuperación y Consolidación de la Paz 2017-2021 en la República Centroafricana. Forman parte del conjunto de esfuerzos que se han puesto en marcha para implementar la resolución del año 1983 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que recalca la importancia de concentrar los esfuerzos para acabar con la violencia relacionada con el género y la orientación sexual, así como para responder al VIH durante y después de los conflictos.  

Datos del VIH en la República Centroafricana en 2017:

• Aproximadamente 160 000 personas (entre 130 000 y 190 000) vivían con el VIH.
• El 53% de las personas que vivían con el VIH conocía su estado serológico.
• El 32% de las personas que viven con el VIH tenían acceso a la terapia antirretrovírica.
• Unas 8 700 personas (entre 7 600 y 11 000) contrajeron nuevas infecciones por el VIH.
• Unas 15 000 personas (entre 12 000 y 17 000) murieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida.

El Día Mundial de la Salud Mental se celebra anualmente el 10 de octubre. Este año, ONUSIDA destaca que los gobiernos deben luchar más por la integración de los servicios para salud mental y VIH.

Las personas que viven con el VIH corren un riesgo sumamente mayor de desarrollar enfermedades de salud mental, y a menudo sufren de depresión y ansiedad a medida que se adaptan a su diagnóstico y a vivir con una enfermedad infecciosa crónica.

Aquellos que viven con problemas de salud mental a su vez corren un mayor riesgo de contraer el VIH. Los riesgos se ven agravados por las dificultades a la hora de acceder a información y conocimientos sobre el VIH, incluida la forma de prevenirlo y los factores de riesgo: el consumo de drogas inyectables, el contacto sexual con personas que se inyectan drogas, el abuso sexual, las relaciones sexuales sin protección entre hombres y el escaso uso de preservativos.

"El VIH afecta a los más vulnerables y marginados de la sociedad, que también se ven afectados desproporcionadamente por los problemas de salud mental", afirmó Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA. “Con la integración de los servicios relacionados con el VIH y los de salud mental conseguiremos ofrecer a más personas la atención especializada y el apoyo vital que necesitan con urgencia”.

Actualmente, muy pocos servicios sanitarios están tratando las necesidades propias del VIH de las personas con enfermedades mentales, ni las enfermedades mentales de las personas que viven con el VIH. Esta situación debe cambiar. Estudios realizados en los cinco continentes calculan que la prevalencia del VIH entre la gente con trastornos mentales graves podría ser de entre un 1,5% en Asia hasta un 19% en África.

Las personas que viven con el VIH pueden padecer enfermedades mentales que afecten a su calidad de vida y pueden provocar que dejen de buscar atención sanitaria, seguir el tratamiento y continuar bajo cuidado. Estudios en más de 38 países muestran que el 15% de los adultos y el 25% de los adolescentes que viven con el VIH dicen sentirse deprimidos y abrumados, lo que podría ser una barrera para el cumplimiento del tratamiento antirretroviral.

Además, el tratamiento en sí puede causar una gran variedad de efectos secundarios en el sistema nervioso central, entre los que se incluyen depresión, nerviosismo, euforia, alucinaciones y psicosis. Estudios en África hallaron una prevalencia de depresión del 24% entre las personas que viven con el VIH.

Es vital identificar problemas de salud mental entre las personas que viven con el VIH; sin embargo, en muchas ocasiones no se diagnostican ni se tratan. Existen muchas razones para esto, y se necesita hablar de todas ellas. Es posible que estas personas no quieran revelar su estado psicológico a los trabajadores sanitarios por miedo al estigma y a la discriminación. También puede suceder que estos trabajadores no posean las habilidades o la formación necesarias para detectar síntomas psicológicos, o que no sean capaces de emprender las acciones necesarias para ofrecer una buena atención cuando se detectan los síntomas.

Los servicios de salud mental deberían garantizar el acceso a pruebas del VIH voluntarias y confidenciales y a servicios de asesoramiento para aquellas personas más vulnerables a padecer VIH. Los profesionales primarios de la salud deben estar entrenados para reconocer y tratar desórdenes comunes de la salud mental y de abuso de sustancias, y también para derivar a los pacientes a una atención especializada.

Los servicios de prevención, pruebas, tratamiento y atención deben cumplir las complejas necesidades médicas, psicológicas y sociales de las personas afectadas por el VIH y por problemas de salud mental. Para supervisar esto, los programas integrales serían un recurso de gran importancia.  Los enfoques integrales deben abarcar varios sectores e involucrar a los servicios sociales, legales, de atención sanitaria y de educación, así como a organizaciones comunitarias.

La integración de programas de salud mental y VIH ayuda a prevenir más infecciones y a mejorar la salud y el bienestar de las personas afectadas por el VIH.

Más de 500 000 mujeres desarrollan cada año cáncer de cuello uterino, una enfermedad que puede evitarse mediante la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) y que puede curarse si se detecta y trata temprano. La mitad de ellas fallecen a causa de dicha enfermedad. Si no se amplían urgentemente los esfuerzos en la prevención, realización de pruebas y tratamiento del cáncer de cuello uterino, se calcula que para 2035 podrían ser el doble.

El cáncer de cuello uterino es una manifestación clínica del sida, ya que las mujeres que viven con el VIH y contraen el virus del papiloma humano tienen más probabilidades de desarrollar lesiones preinvasivas que, si no se tratan, pueden convertirse rápidamente en cáncer invasivo. Las mujeres que viven con el VIH tienen de cuatro a cinco veces más probabilidades de desarrollar cáncer de cuello uterino invasivo. Se ha apreciado que la infección por virus del papiloma humano incrementa significativamente el riesgo de transmisión del VIH tanto en los hombres como en las mujeres.

Gracias al tratamiento, muchas más mujeres que viven con el VIH disfrutan de vidas más largas y saludables, pero es fundamental que no sucumban a otras enfermedades, entre las que se cuenta el cáncer de cuello uterino. En octubre de 2015, George Bush, cuyo Instituto George W. Bush ha estado llevando a cabo iniciativas con el fin de poner fin al sida y al cáncer de cuello uterino mencionaba, “No tiene sentido salvarle la vida a una mujer con sida solo para dejar que muera por un cáncer que puede prevenirse o tratarse”.

Nueve de cada diez mujeres que fallecen a causa del cáncer de cuello uterino viven en países de rentas bajas y medias. Dado que el VIH afecta principalmente a los países de rentas bajas y medias, y especialmente a las mujeres jóvenes y adolescentes, es fundamental responder de forma conjunta al cáncer de cuello uterino y al VIH en dichos países. Por desgracia, la mayoría de los países de rentas bajas y medias con una alta prevalencia del VIH cuentan con programas limitados para la prevención y el control del cáncer de cuello uterino.

Cada vez es más patente la necesidad de maximizar las sinergias entre la respuesta al sida y los esfuerzos en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello uterino mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano, la educación, la realización de pruebas y el tratamiento. Así mismo, los programas para el VIH existentes pueden desempeñar un papel fundamental en la expansión de los servicios de prevención del cáncer de cuello uterino.

Para reducir las muertes causadas por el cáncer de cuello uterino es necesario un enfoque de amplio alcance que incluya los siguientes aspectos:

• Educación sanitaria, incluyendo educación integral sobre sexualidad adecuada a la edad.
• Vacunación contra el virus del papiloma humano a las adolescentes.
• Realización de pruebas a todas las mujeres en riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Los programas de realización de pruebas deben incluir asesoramiento, pruebas y tratamiento para el VIH, así como otros servicios sanitarios sexuales y reproductivos y el tratamiento de lesiones precancerosas en el cuello uterino y del cáncer de cuello uterino invasivo y avanzado.
• Cuando sea necesario, deberá garantizarse el acceso a los cuidados paliativos.

“Todas las mujeres que viven con el VIH tienen que poder acceder a la información sobre el virus del papiloma humano, se les deben proporcionar pruebas de detección del cáncer de cuello uterino y, si es necesario, tratamiento”, explicaba Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA.

En mayo de 2018, el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida, el Instituto George W. Bush y ONUSIDA lanzaron una iniciativa conjunta por medio de una colaboración de 30 millones de dólares para ampliar los esfuerzos en ocho países subsaharianos con el fin de garantizar que las mujeres y las niñas que viven con el VIH sean la prioridad en los programas nacionales de prevención y control del cáncer de cuello uterino.

“Gracias a la generosidad de los estadounidenses, el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida ha salvado las vidas de millones de mujeres seropositivas en todo el mundo”, afirmaba Deborah Birx, coordinadora mundial de los Estados Unidos para el sida y representante especial para la Diplomacia Sanitaria Mundial, durante el lanzamiento de la colaboración, que se anunció en mayo de 2018. “Tenemos que asegurarnos de que esas mismas mujeres (madres, hermanas, tías y abuelas) que están viviendo con el VIH no sucumban al cáncer de cuello uterino”.

De los 1,8 millones de niños de 0 a 14 años que viven con el VIH en todo el mundo, 1,7 millones están en África. En el contexto de los esfuerzos para acabar con la transmisión maternoinfantil del VIH en África, la Unión Africana y la Organización de Primeras Damas Africanas contra el VIH/Sida (OAFLA) lanzaron a principios de 2018 una campaña llamada Free to Shine con el apoyo de ONUSIDA y sus colaboradores.

En la actualidad, la campaña ya está lista para su implementación en 42 países africanos, pero necesita fondos urgentemente. La Unión Africana y la OAFLA celebraron un evento en el marco de la 73ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para ayudar a reunir los recursos necesarios para implementar la campaña.

La implementación de la campaña permitirá a los miembros de la OAFLA llevar a cabo actividades en las comunidades que contribuyan a reducir el estigma y la discriminación, tanto a nivel doméstico como en la comunidad en su conjunto, a sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento del tratamiento y la retención de la atención sanitaria para las mujeres embarazadas y las que están dando el pecho, y a promover la implicación de los hombres.

Como parte de la campaña, las primeras dañas también se valdrán de su valiosa posición para influir en los responsables de las políticas y las agendas con el fin de que aborden mejor las necesidades de las mujeres que viven con el VIH mediante, por ejemplo, el fomento de leyes y políticas contra el estigma y la discriminación basados en el estado serológico y la eliminación de las tasas para las mujeres embarazadas y las que están dando el pecho, así como otros obstáculos que dificultan en acceso a los servicios sanitarios y para el VIH.

La moderadora de la sesión fue la periodista de radio y televisión Zeinab Badawi. 

Quotes

Las leyes injustas pueden obstaculizar el acceso a los servicios de prevención o tratamiento del VIH, y lo que las personas que consumen drogas necesitan es ayuda y asistencia, no castigo: estas son las dos premisas sobre las que se ha construido el nuevo modelo legislativo en materia de drogas para África Occidental. El objetivo del modelo, que se lanzó el 11 de septiembre en Dakar (Senegal), es el de servir como orientación para que los responsables de las políticas de la región formulen leyes más adecuadas.

La tesis de que las leyes en materia de drogas actuales son ineficaces y muy costosas cada vez goza de mayor aceptación. El modelo legislativo muestra a los países cómo pueden modificar sus leyes para proteger la salud y bienestar de las personas permitiendo a un mismo tiempo que las fuerzas del orden se concentren en los delitos más graves relacionados con drogas.

“El riesgo de contraer VIH es 23 veces más alto entre las personas que se inyectan drogas y, además, tienen que enfrentarse a violaciones de los derechos humanos, entornos jurídicos punitivos y la exclusión de los programas sanitarios y de lucha contra el VIH”, apuntaba Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Es fundamental que los países adopten un enfoque basado en los derechos humanos y la evidencia científica que incluya servicios esenciales de reducción del daño para proteger la salud y el bienestar de las personas que se inyectan drogas y sus comunidades”.

El modelo legislativo en materia de drogas, redactado por la Comisión de África Occidental sobre las Drogas, un grupo de expertos de la región seleccionados por Kofi Annan, señala la necesidad de eliminar las barreras que impiden a las personas que consumen drogas acceder a los servicios sanitarios. Las personas que se inyectan drogas son uno de los grupos con un mayor riesgo de exposición al VIH, pero continúan estando marginados y, a menudo, fuera del alcance de los servicios sociales y sanitarios.

El modelo legislativo en materia de drogas sugiere eliminar las sanciones penales para las personas que consumen drogas y facilitar la disponibilidad de las medidas de reducción del daño. La eficacia de la reducción del daño está demostrada: cuando hay servicios de reducción del daño disponibles, el índice de nuevas infecciones por el VIH disminuye drásticamente. El modelo establece alternativas a las medidas punitivas y condenatorias para el consumo de drogas y la posesión para consumo personal.

“Nuestras leyes actuales en materia de drogas estigmatizan y penalizan a las personas que consumen drogas. Sin embargo, aislarlas de la sociedad o encerrar a un número cada vez mayor de ellas no resuelve el problema. Al contrario, agrava los problemas de salud y congestiona unos sistemas de justicia penal que ya están tremendamente saturados”, afirmaba Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y presidente de la Comisión de África Occidental sobre las Drogas.

El modelo legislativo en materia de drogas también pretende mejorar el acceso a medicamentos esenciales, como la morfina u otros opiáceos, para el tratamiento del dolor. Muchas personas de África Occidental no pueden utilizar los analgésicos que necesitan porque los médicos y otros profesionales sanitarios no los prescriben por temor a las consecuencias legales. Para contribuir a eliminar los obstáculos para acceder a dichos analgésicos, el modelo propone que se proteja de forma especial al personal sanitario.

La experiencia atesorada a lo largo de todo el mundo demuestra que es posible cambiar las leyes en materias de drogas para mejor. El nuevo modelo supone un paso adelante para lograr dichos cambios en África Occidental.

GINEBRA, 10 de agosto de 2018—ONUSIDA celebra el nombramiento de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, como jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas.

A principios de año, Bachelet concluyó su segundo mandato de cuatro años como presidenta, cargo que ya había desempeñado entre 2006 y 2010. Fue la primera mujer en ostentar la primera magistratura chilena. Tras el primer mandato, fue la primera persona en asumir el puesto de directora ejecutiva de la oficina de igualdad de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, con sede en Nueva York.

La política, que en el pasado era pediatra, también desempeñó puestos clave en el gobierno como ministra de Defensa y ministra de Salud de Chile.

El alto comisionado es el funcionario superior encargado de velar por los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas, por el fortalecimiento de los mecanismos para defenderlos, por la lucha contra cualquier forma de discriminación, por la mejora de la eficacia y el cumplimiento de las normas, por la ampliación del espacio democrático y por la protección de los más vulnerables ante cualquier vulneración de los derechos humanos. La misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra, es la de promover y proteger el carácter universal y la plena realización de los derechos humanos en todo el mundo, tal y como se establece en la Carta de las Naciones Unidas.

Los procesos penales a personas que viven con el VIH por actos que no entrañan riesgo de exposición al virus o de transmisión del VIH ha llevado a los científicos a emitir un comunicado urgente en el que instan al sistema de justicia penal a que se apoye en las evidencias científicas para valorar los procedimientos relacionados con la ocultación del estado serológico, la exposición al virus o la transmisión del VIH

ÁMSTERDAM (GINEBRA), 25 de julio de 2018—Un grupo de 20 científicos destacados expertos en el VIH y procedentes de todo el mundo ha emitido un comunicado consensuado en el que se insta a los gobiernos y a quienes trabajan en los sistemas legales y judiciales a que presten una mayor atención a los importantes progresos científicos que se han logrado en el campo del VIH en aras de garantizar que la aplicación del derecho penal en los casos relacionados con el VIH se base en las evidencias científicas..

“La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años, y esto ha sido fundamental para que los países pudieran tomar decisiones basadas en las pruebas en lo tocante a sus programas de lucha contra el VIH”, afirmaba Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. “Con todos los nuevos avances científicos de que disponemos a día de hoy, tenemos que seguir basándonos en las evidencias para la administración de justicia. Nadie debería ser criminalizado por culpa de que el sistema judicial ignore o no entienda los riesgos de transmisión del VIH”.

El grupo de científicos expertos convocados por ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al Sida (IAPAC, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Internacional del Sida advierten de que la aplicación indiscriminada e inapropiada del derecho penal contra las personas que viven con el VIH por todo el mundo sigue siendo sumamente preocupante. Alrededor de 73 países cuentan con leyes que penalizan la ocultación del estado serológico, la exposición al virus o la transmisión del VIH, y 39 han aplicado otras disposiciones penales en casos similares.

“Muchas de estas leyes no tienen en cuenta las medidas que reducen las probabilidades de transmisión del VIH, como la utilización de preservativos, y se promulgaron mucho antes de que se comprobara la efectividad de los tratamientos antirretrovíricos o de la profilaxis previa a la exposición”, apuntaba José M. Zuniga, presidente y director general de la IAPAC. “La mayoría de personas que viven con el VIH y conocen su estado toman medidas para evitar transmitir el VIH a otros.

En consecuencia, las leyes que penalizan específicamente la ocultación del estado serológico, la exposición al virus o la transmisión del VIH, agudizan el estigma relacionado con el VIH y reducen la aceptación de los servicios para el VIH”.

La mayoría de procesos penales se originaron atendiendo a consideraciones sobre el riesgo de transmisión del VIH a través de la actividad sexual. Algunos fueron el resultado de acciones como morder, escupir o incluso arañar. El procesamiento y la condena se han visto a menudo influidos por el desconocimiento o la falta de comprensión de las evidencias científicas en cuanto a las probabilidades reales de transmisión del virus. En muchos casos, el estigma y el miedo relacionados con el VIH, y tan profundamente arraigados pese a los magníficos progresos logrados en su tratamiento y prevención, han ejercido una gran influencia.

“Secundamos esta declaración consensuada de expertos, de importancia mundial, que suscribe lo que llevamos defendiendo ya mucho tiempo”, explica Sally Cameron, analista principal de políticas de la Red de Justicia del VIH, en representación del comité ejecutivo de HIV Justice Worldwide, una coalición mundial de la sociedad civil que lucha por poner fin a la criminalización injusta. “La penalización del HIV es un fenómeno global que va en aumento y que acosa injustamente a las personas que viven con el VIH mediante procesos penales y castigos muy duros. Esta declaración tan esperada sostiene que, desde nuestra actual comprensión de la ciencia del VIH, así como desde la perspectiva de los derechos humanos y de los principios legales más fundamentales, esta clase de injusticias resultan inadmisibles”.

La declaración, consensuada, contrastada y suscrita por otros 70 científicos más de todo el mundo, se publicó el día de hoy en Journal of the International AIDS Society, la publicación de la Sociedad Internacional del Sida. En ella se describen de forma que puedan comprenderse perfectamente en el contexto del derecho penal las evidencias científicas en cuanto a las probabilidades de transmisión del VIH en diversas circunstancias, los efectos a largo plazo de la infección por el VIH y los métodos para probar la transmisión del VIH.

La declaración, basada en un análisis detallado de las mejores pruebas científicas disponibles sobre la transmisión del VIH y la eficacia del tratamiento, señala que no es posible transmitir el VIH por medio de la saliva como resultado de morder o escupir, incluso aunque la saliva contenga pequeñas cantidades de sangre. Tampoco hay posibilidad alguna de transmitir el VIH cuando se utiliza adecuadamente un preservativo para mantener relaciones sexuales o si la persona que vive con el VIH tiene una carga viral indetectable.

Además, un tratamiento antirretrovírico eficaz, una carga vírica baja, la utilización de profilaxis previa a la exposición (medicamentos antirretrovíricos que toma la persona seronegativa antes de la posible exposición) o de profilaxis posterior a la exposición (medicamentos antirretrovíricos que se toman tras la posible exposición) son todos ellos factores que reducen significativamente las probabilidades de transmisión del VIH.

Las indicaciones internacionales sobre el VIH en el ámbito de la ley penal recomiendan que “la prueba de causalidad en relación a la transmisión del VIH se debe basar siempre en las pruebas de varias fuentes pertinentes, como registros médicos, métodos científicos rigurosos e historia sexual” (Acabar con la penalización indiscriminada de la ocultación del estado serológico, la exposición al virus y la transmisión del VIH: consideraciones científicas críticas, médicas y legales).

Los expertos recomiendan encarecidamente que se tomen mayores precauciones a la hora de valorar el enjuiciamiento penal, incluyendo una evaluación pormenorizada de las actuales evidencias científicas sobre los riesgos y daños del VIH. Se espera que la declaración consensuada ayude a los legisladores, fiscales y tribunales a guiarse por la mejor información científica disponible y, de este modo, a evitar una aplicación indebida de las leyes penales, tal y como sucede ahora mismo en muchos países de todo el mundo.

Acceda al texto completo de la Declaración consensuada de expertos sobre la ciencia del VIH en el ámbito del derecho penal (en inglés)