Cálidas sonrisas dan la bienvenida a Lily a medida que se aproxima a su primera parada del día: uno de los once burdeles dispersos por el país que Lily, presidenta de la Red de trabajadoras sexuales de Bangladesh, visita cada tres meses para interesarse por las mujeres que allí trabajan y conocer de su propia boca el tipo de ayuda que cada una necesita. Pese a que sus visitas se han visto limitadas en los últimos meses como consecuencia de las restricciones a la movilidad para frenar la expansión de la COVID-19, Lily sabe bien que todas esas sonrisas no son sino la coraza que esconde las dificultades que esas mujeres como ella están viviendo.
«Para mí todas esas trabajadoras sexuales son como mis hermanas. Siento profundamente su felicidad y su dolor, los siento como propios, y trato siempre de hacer todo lo que está en mi mano para solucionar cualquier problema que las pueda estar perturbando», confiesa Lily. Durante la pandemia de la COVID-19, Lily y las 29 organizaciones basadas en la comunidad que atienden a las trabajadoras sexuales en el país han luchado incansablemente para responder a las cada vez mayores solicitudes de ayuda. En marzo, las restricciones a la movilidad que el Gobierno impuso en todo el país hicieron que las trabajadoras sexuales no pudieran tener más clientes, debido a lo cual la mayoría vio desaparecer su fuente de ingresos y, con ello, se extinguió su capacidad de mantenerse a sí mismas y a sus familias.
«Los hijos de las trabajadoras sexuales se enfrentaron a desafíos gigantescos durante la situación de la COVID-19, ya que sus madres no podían proporcionarles nada que llevarse a la boca. En cuanto nosotros [la Red de trabajadoras sexuales de Bangladesh] nos enteramos de ello, nos pusimos en contacto con muchas organizaciones y con el sector privado para buscar apoyo», explica Lily. En respuesta a la llamada a la acción, la red movilizó fondos para apoyar a 2100 trabajadoras sexuales a lo largo y ancho de todo el país. El apoyo liderado por la comunidad en Bangladesh también ha obtenido un gran reconocimiento mundial. Hace muy poco, una extrabajadora sexual, Rina Akter, fue reconocida por la BBC por su gran esfuerzo y el de su equipo de ayudantes, ya que juntos lograron servir 400 comidas a la semana a las trabajadoras sexuales que más lo necesitaban.
«Aunque algunas, muy pocas, trabajadoras sexuales tienen ahorros, la gran mayoría no puede sobrevivir sola» apunta Rahat Ara Nur, responsable técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bangladesh. «A través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, proporcionamos a las trabajadoras sexuales los productos básicos de prevención contra la COVID-19, como mascarillas faciales y materiales para el lavado de manos. Asimismo, elaboramos anuncios para el servicio público que emitimos en la radio de la comunidad para asegurarnos de que lográbamos concienciar sobre las medidas de prevención frente a la COVID-19 entre la comunidad».
Con el cierre de los locales de ocio, categoría en la que se incluyen los burdeles, algunas de las trabajadoras sexuales han vuelto a recurrir al trabajo sexual en la calle, el cual incrementa el riesgo de violencia, implica un menor uso de preservativos y se traduce en que muchos de los clientes se van sin pagar o pagan menos.
Asimismo, las trabajadoras sexuales están experimentado una mayor vulnerabilidad a la violencia de género. Al perderse una fuente de ingresos, surgen los conflictos con relación a las cuestiones económicas, y las redes de trabajadoras sexuales informan de que sus miembros han sido víctimas de abusos por parte de sus cónyuges, parejas y propietarios de los burdeles.
Algunas trabajadoras sexuales se han quedado sin hogar al cerrarse los burdeles y, en algunos casos, los dueños de los inmuebles las echaron a la calle por no poder hacer frente al alquiler de su vivienda. Muchas trabajadoras sexuales señalan el estigma y la discriminación como una barrera que les impide acceder a otras formas de empleo. Los servicios de promoción de la salud que en su día se ocupaban de la salud sexual y reproductiva en los burdeles, entre otras cosas de acercar los servicios relacionados con las pruebas y la prevención del VIH, se han visto también suspendidos por las restricciones de movilidad.
Bangladesh, octubre de 2019. Fotografía: UNFPA Bangladesh/Naymuzzaman Prince
Y todo ello no sucede solo en Bangladesh. A lo largo y ancho de toda la región Asia-Pacífico, las redes nacionales y regionales de trabajadoras sexuales están informando de que el brote de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de las que son objeto las trabajadoras sexuales, y de que, además, muchas de ellas se han visto apartadas o excluidas de los servicios de protección social.
«No hay ni un solo programa de ayuda del Gobierno que vaya especialmente dirigido a las trabajadoras sexuales. Hay prestaciones para la población general, sobre todo para las personas de bajos ingresos, pero las trabajadoras sexuales no pueden optar a dichas medidas de protección social porque desempeñan su trabajo en la economía informal», reivindica Hnin Hnin Yu, presidenta de la red Trabajadoras sexuales en Myanmar (SWiM, por sus siglas en inglés), un grupo activista no gubernamental que lucha por el respeto a los derechos de las trabajadoras sexuales.
Sumado a ello está el hecho de que muchas trabajadoras sexuales son migrantes (internacionales o nacionales) y carecen de los papeles necesarios o no están registradas en las autoridades locales para poder acceder a las ayudas gubernamentales. Los requisitos de elegibilidad para recibir ayuda social, como la documentación que justifique los ingresos, el certificado de residencia, una identificación nacional y la contribución a los esquemas nacionales de protección social y presentación de impuestos, son las razones en que las administraciones se amparan para excluir a las trabajadoras sexuales de las ayudas del Gobierno. De acuerdo con una consulta online llevada a cabo por ONUSIDA y SWiM a las trabajadoras sexuales de todo el país, aparte de los fondos limitados procedentes de los actores humanitarios, ninguna de las trabajadoras sexuales había recibido otra ayuda social.
«Cuando se asignaron las ayudas para la COVID-19 del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, en la cantidad reservada para las personas que vivían con el VIH se incluyó a las trabajadoras sexuales más vulnerables, para que ellas también pudieran recibir provisiones de alimentos», relata el Sr. Myo, asesor de apoyo a la comunidad de ONUSIDA en Myanmar. «Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que se trataba de una solución ad hoc que llegaba solo a un pequeño porcentaje de la población vulnerable. Necesitamos un apoyo más sostenible para las trabajadoras sexuales, algún tipo de protección social».
Se ha hecho evidente que se ha de dar prioridad a las ayudas y los apoyos especialmente dirigidos a las trabajadoras sexuales. Sabedora de que es necesario conocer mucho más sobre las brechas existentes en materia de protección social para las trabajadoras sexuales, ONUSIDA, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos, está explorando la posibilidad de llevar a cabo una evaluación de necesidades y una iniciativa de cartografía para conocer a fondo la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales durante la pandemia de la COVID-19. Los datos obtenidos a partir de la iniciativa de cartografía liderada por la comunidad se utilizarán para elaborar programas de apoyo para la subsistencia y la seguridad alimentaria; facilitar un mejor acceso a las terapias antirretrovirales y a los servicios para la salud sexual y reproductiva; prevenir la violencia de género y conseguir mejores servicios para la respuesta.
Respecto a este horizonte que se atisba en el que las agencias de las Naciones Unidas unen sus fuerzas con el fin de coordinar, codo con codo con las redes de trabajadoras sexuales, un ejercicio de cartografía para conocer la vulnerabilidad, la Sra. Nur deja entrever una gran emoción. Esta herramienta de apoyo no solo ayudará a identificar los desafíos a los que se enfrentaron las trabajadoras sexuales durante el brote de la COVID-19, sino que también catalizará el trabajo posterior para movilizar recursos para los programas y abordar las injusticias ya anteriores a la pandemia de la COVID-19.
Hnin Hnin Yu se refiere a la discriminación y el acoso por parte de la Policía como el gran desafío al que, desde hace años, se enfrentan las trabajadoras sexuales, quienes ven cómo se violan sus derechos. Durante el brote de la COVID-19, las comunidades han informado de una mayor vigilancia policial así como de abusos y hasta violencia física por parte de los agentes. Igualmente, se ha obligado al pago de tasas para llevar a cabo el trabajo sexual. En respuesta a ello, SWiM proporciona asistencia legal liderada por la comunidad y entre iguales para las trabajadoras sexuales que han sido arrestadas. Su objetivo no es otro que el que toda la gente conozca sus derechos.
Para quienes trabajan muy de cerca con las organizaciones lideradas por la comunidad ha sido sumamente inspirador comprobar que, aunque las redes de trabajadoras sexuales y las trabajadoras sexuales a las que representan se han enfrentado a grandes retos, siempre han dado lo mejor de sí para apoyar a sus compañeras. Existe optimismo. Se espera que los datos recabados en un ejercicio de cartografía de la vulnerabilidad constituyan las pruebas que hacen falta para expandir el alcance de la protección social y los servicios para la respuesta humanitaria, de manera que esta llegue también a las trabajadoras sexuales. Y no solo eso, cabe la esperanza de que los resultados de la cartografía sirvan también para incrementar el número de programas liderados por la comunidad.
