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Muchos países cuentan con leyes o con políticas que impiden que los adolescentes accedan a los servicios sanitarios esenciales sin el consentimiento de su progenitor o de su tutor legal. La intención original pudo haber sido la de proteger a los menores, pero tales restricciones a menudo causan el efecto contrario y aumentan el riesgo de infección por el VIH, así como otros problemas de salud entre los adolescentes.

Un alto porcentaje de países a lo largo del mundo restringe a los adolescentes el acceso a las pruebas y al tratamiento del VIH. Por ejemplo, en 2019 los adolescentes menores de 18 años necesitaron un consentimiento paterno explícito en 105 de los 142 países para realizarse la prueba del VIH. En 86 de los 138 países que presentaron datos, necesitaron dicho consentimiento para acceder al tratamiento contra el VIH y a la atención correspondiente. Este tipo de legislaciones y de políticas pueden complicar u obstaculizar a los adolescentes el acceso a la profilaxis pre-exposición (PPrE), una herramienta de prevención altamente efectiva.

Las investigaciones realizadas en el África subsahariana muestran que en los países donde la edad de consentimiento es de 15 años, o menos, los adolescentes son un 74 % más propensos a haberse realizado las pruebas del VIH en los últimos 12 meses; en comparación con los países en los que la edad de consentimiento es de 16 años o más, en los que las jóvenes se benefician especialmente de un acceso más fácil.

En el sitio web de ONUSIDA Laws and Policies Analytics puede consultar información detallada sobre los países que cuentan con leyes de consentimiento.