La decisión de Estados Unidos en enero de congelar todos los fondos para la asistencia exterior de Estados Unidos, incluido el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR), ha tenido un impacto crítico en varios países de América Latina y el Caribe, exacerbando los desafíos existentes en la respuesta al VIH. Más de 20 países de la región dependen de estos fondos para brindar servicios de tratamiento, prevención y atención del VIH, incluidos servicios dirigidos por la comunidad enfocados en las comunidades más discriminadas y marginadas.

Después de la decisión de congelar todos los fondos estadounidenses para la asistencia exterior, el gobierno de Estados Unidos emitió una exención que permite que algunos fondos se destinen a apoyar servicios que salvan vidas. Sin embargo, la confusión sobre qué servicios pueden recibir apoyo y la falta de apoyo para algunos servicios significa que la situación sigue siendo crítica, lo que plantea un grave riesgo de retrocesos en la respuesta al SIDA en la región. Si bien algunos servicios clave de tratamiento y prevención de la transmisión vertical han estado volviendo a funcionar gradualmente, la mayoría de los países han enfrentado interrupciones en sus programas de tratamiento del VIH. La falta de financiación ha provocado una disminución significativa de las iniciativas comunitarias de prevención del VIH, una reducción de la adherencia al tratamiento, el asesoramiento y las actividades de apoyo y seguimiento social. En consecuencia, hay mayores riesgos de nuevas infecciones por VIH, de tasas de mortalidad más altas y un deterioro de la calidad de la atención para las personas que viven con el VIH, lo que afecta directamente a su capacidad de acceder al tratamiento y lograr la supresión viral, pasos cruciales hacia el objetivo mundial de eliminar el SIDA como problema de salud pública para 2030.

En Colombia y Perú, la congelación ha afectado gravemente a los migrantes y refugiados, que se estima que tienen una prevalencia del VIH dos veces superior a la de la población general. Aproximadamente 4.000 migrantes y refugiados reciben tratamiento antirretroviral (TAR) en Colombia gracias a los esfuerzos del gobierno y a los fondos de cooperación, pero la retirada de dichos recursos está afectando directamente a este grupo vulnerable y a la capacidad del país para incluirlos en el sistema de salud. Una organización comunitaria que apoyaba los servicios de VIH entre las comunidades migrantes y LGBT tuvo que rescindir los contratos de 40 de los 70 miembros del equipo, lo que redujo significativamente su capacidad para proporcionar servicios esenciales para llegar a esas poblaciones. En la República Dominicana, aunque el gobierno garantiza el acceso al tratamiento antirretroviral, la pausa en la financiación de PEPFAR ha dejado a miles de personas sin acceso a servicios esenciales para el VIH. PEPFAR apoya alrededor de un tercio de los servicios de atención del VIH, incluidos los servicios de PrEP, los recursos humanos de salud y las redes de laboratorios. La reducción de la asistencia comunitaria ha dificultado el acceso a los medicamentos para las personas, especialmente para aquellas que viven lejos de los centros de atención. La calidad de los servicios ofrecidos por los Servicios de Atención Integral (conocidos por las siglas SAI) en la República Dominicana se ha visto muy comprometida, ya que muchos miembros del personal y los servicios dependen completamente de los fondos de PEPFAR.

El Salvador también se ha visto afectado, ya que los proyectos de PEPFAR que apoyaban a las clínicas de atención integral del VIH ahora están suspendidos. Esto ha provocado una desaceleración de la atención y es probable que se pierda la oportunidad de nuevos diagnósticos e iniciaciones tempranas del tratamiento antirretroviral.

En Guatemala, la epidemia del VIH se concentra principalmente entre las poblaciones clave, como las personas transgénero, los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y los trabajadores sexuales. La distribución de la PrEP para estos grupos se ha visto gravemente afectada, y muchas organizaciones que dependen de la financiación del gobierno de los Estados Unidos han suspendido su trabajo. La reducción de personal, incluido el personal médico y los trabajadores sociales financiados a través del PEPFAR, ha provocado que las personas no puedan acceder a los servicios de prevención y tratamiento del VIH.

Haití ha visto un impacto significativo en su respuesta al VIH, ya que el PEPFAR cubre alrededor del 60% de la respuesta nacional. La orden de suspensión del trabajo ha desorganizado la respuesta, lo que ha provocado ansiedad entre los 127.000 haitianos que viven con el VIH y están en tratamiento. En el contexto de la crisis humanitaria y la violencia de las pandillas, más de un millón de personas se encuentran ahora desplazadas internamente en Haití, muchas de ellas desplazadas varias veces, entre ellas mujeres, niñas y niños. La escalada de violencia también ha provocado el cierre del 39% de los centros de salud, incluidos dos de los tres principales hospitales de la capital. El acceso a la atención sanitaria nunca ha sido más limitado. La calidad del servicio de prestación de medicamentos también se ha visto afectada, y aproximadamente 5.000 trabajadores de la salud han recibido órdenes de dejar de trabajar.

En Jamaica, el 70% de los recursos para el VIH provienen de fuentes externas, y el PEPFAR cubre alrededor del 50% de los servicios. La pausa en la financiación ha suscitado inquietudes sobre la prestación de servicios de prevención del VIH para poblaciones en riesgo prestados por organizaciones de la sociedad civil. Los grupos de la sociedad civil han informado de que su estabilidad institucional y su supervivencia están en riesgo, ya que muchos no pueden garantizar el empleo continuo de su personal de campo encargado de establecer contacto con las poblaciones más discriminadas y afectadas que necesitan servicios de VIH.

En Panamá, la suspensión de un estudio sobre diagnósticos recientes de VIH y la interrupción del transporte de muestras de laboratorio han limitado aún más los servicios esenciales de diagnóstico y seguimiento. El país ya se enfrentaba a importantes perturbaciones, en particular entre la población indígena Ngäbe-Buglé, que se espera que se enfrente a mayores obstáculos para acceder a los servicios de VIH. En 2023, a pesar de representar solo el 5% de la población de Panamá, el territorio, que alberga a aproximadamente 225.000 residentes, representó el 30% de las muertes relacionadas con el sida del país entre personas de 29 años o menos, según informó el Ministerio de Salud de Panamá.

En Brasil, por otro lado, el Sistema Único de Salud (SUS) garantiza el acceso universal, gratuito e ininterrumpido a los servicios de salud, incluidos el diagnóstico, el tratamiento y la prevención del VIH para todas las personas que viven en Brasil. El proyecto “A hora é agora”, llevado a cabo en cinco capitales con recursos del PEPFAR, trabajó para brindar servicios específicos como médicos, recepción y entrega de medicamentos antirretrovirales y PrEP, además de servicios de salud pública, por lo que la respuesta nacional al VIH no se vio afectada por el recorte de recursos.

América Latina es una de las tres regiones del mundo donde las nuevas infecciones por VIH han aumentado desde 2010, con un aumento del 9%, lo que pone de relieve la urgencia de abordar estas disrupciones. La región del Caribe ha logrado avances significativos en la reducción de las nuevas infecciones por VIH y en el aumento del acceso al tratamiento. Aun así, la congelación de los fondos de PEPFAR amenaza con revertir estos avances y el proceso en curso de creación de hojas de ruta de sostenibilidad para aumentar la financiación nacional para la respuesta al VIH.

ONUSIDA sigue trabajando con diversos socios para ayudar a mitigar el impacto y encontrar las mejores soluciones, y pide la continuidad de todos los servicios esenciales para el VIH en la región.

"El apoyo de los Estados Unidos a través de PEPFAR ha sido una piedra angular de la respuesta al VIH en nuestra región, incluido un factor clave para fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de las respuestas nacionales. La reciente exención humanitaria refleja el compromiso del pueblo estadounidense de salvar vidas y mantener el impulso para poner fin al sida para 2030", afirma Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. "ONUSIDA seguirá convocando a comunidades, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y socios para abogar por el apoyo continuo y los servicios críticos para el VIH respaldados por PEPFAR. También es hora de que los gobiernos de la región asuman un papel de liderazgo para garantizar el derecho a la salud de sus poblaciones más marginadas".

En las dos últimas décadas, las muertes relacionadas con el VIH se han reducido a más de la mitad y millones de personas han obtenido acceso a tratamientos que salvan vidas. Los avances científicos, el firme compromiso político y el liderazgo de la comunidad han transformado la respuesta al VIH. Sin embargo, a pesar de estos notables logros, el camino para acabar con el sida sigue estando lleno de desafíos.

Hoy en día, la respuesta al VIH se encuentra en una encrucijada. Las persistentes desigualdades, las limitaciones financieras y las nuevas amenazas para la salud amenazan con hacer descarrilar los avances. Los logros de las últimas décadas, conseguidos con tanto esfuerzo, no solo deben salvaguardarse, sino también acelerarse. Por eso ONUSIDA está poniendo en marcha el desarrollo de la nueva Estrategia mundial contra el sida 2026-2031, un plan ambicioso, inclusivo y orientado a la acción que guiará la respuesta mundial al VIH durante los próximos cinco años y ayudará a acabar con el sida como amenaza para la salud pública.

«Para acabar con el sida como amenaza para la salud pública para 2030, debemos actuar con urgencia, ambición e innovación», dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. «Esta estrategia es una oportunidad para repensar y fortalecer la respuesta al VIH escuchando a las comunidades, abordando las desigualdades, aplicando la ciencia, garantizando la igualdad de acceso a las nuevas innovaciones y no dejando a nadie atrás».

ONUSIDA ha dedicado 2024 a sentar las bases de esta nueva estrategia. Una revisión intermedia de la actual Estrategia mundial contra el sida ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de acelerar la prevención del VIH, abordar las barreras sociales y mantener los avances en el tratamiento. ONUSIDA convocó un Equipo Mundial de Trabajo, compuesto por expertos de gobiernos, sociedad civil, organizaciones multilaterales y salud pública, para recomendar objetivos audaces, medibles y basados en pruebas para 2030.

La nueva estrategia se desarrollará a través de un proceso abierto y participativo que reúna a todos los actores del VIH, incluidos gobiernos, sociedad civil, personas que viven con el VIH y están afectadas por él, donantes, copatrocinadores de ONUSIDA y el sector privado. Se basará en los éxitos pasados, al tiempo que aborda los mayores desafíos futuros.

ONUSIDA estima que para 2050, entre 29 y 46 millones de personas seguirán viviendo con el VIH, y todas ellas necesitarán acceso a tratamiento y apoyo para llevar una vida sana y evitar la transmisión. Será esencial cerrar las brechas en el tratamiento, superar la complacencia y eliminar las barreras estructurales y sociales que impiden a las personas acceder a los servicios. Los países deben contar con sistemas sólidos y sostenibles para proporcionar una atención adecuada.

Este esfuerzo requiere una respuesta verdaderamente multisectorial que reúna a los sectores de la salud, las finanzas, la justicia, la educación y el bienestar social para crear un enfoque integral. La integración de los servicios relacionados con el VIH en sistemas de salud más amplios debe hacerse con cuidado para garantizar servicios de alta calidad y libres de estigma para todos los que los necesiten.

«Los retos son grandes, pero también lo es nuestra determinación», dijo la Sra. Byanyima. «Tenemos el conocimiento, las herramientas y la experiencia. Ahora, debemos unirnos con voluntad política, recursos adecuados y acción colectiva para acabar con el sida de una vez por todas».

El desarrollo de la Estrategia mundial contra el sida 2026-2031 es un momento crucial para la respuesta al VIH. ONUSIDA invita a todas las partes interesadas a participar en este viaje, compartir sus ideas y ayudar a dar forma a esta nueva estrategia, y garantizar que refleje diversas voces y experiencias.

Poner fin al sida no es solo una posibilidad, es una elección. Los próximos cinco años determinarán si aprovechamos este momento o permitimos que el progreso se estanque. El momento de actuar es ahora».

En una decisión histórica, el Congreso peruano ha aprobado una ley que amplía la cobertura temporal del seguro de salud a las personas migrantes diagnosticadas con VIH y TB. Esta ley, permite a las personas extranjeras no residentes acceder a servicios de salud a través del Seguro Integral de Salud (SIS) mientras completan sus procesos migratorios.

Esta ley, que incorpora propuestas de los Proyectos de Ley 5253, 5554 y 7260, representa un paso significativo en la reducción de barreras para la población migrante, asegurando atención médica oportuna sin necesidad de contar con documentación oficial de residencia. Así, los migrantes afectados por el VIH o TB pueden recibir servicios de salud esenciales, incluyendo consultas médicas y exámenes de diagnóstico, independientemente de su estatus migratorio.

El avance legislativo se produce tras más de dos años de labor de movilización liderada por el "Grupo Impulsor", una coalición que incluye a ONUSIDA, junto con socios como la iniciativa emblemática de USAID, el Proyecto de Sostenibilidad del Sistema de Salud Local (LHSS), la OIM, ACNUR, el Observatorio Peruano de Migración y Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (OPEMS-UPCH), el Colectivo GIVAR, VENEACTIVA, el Observatorio Social Peruano de la TB y Partners in Health.

Así mismo, proporcionar tratamiento oportuno a los migrantes con VIH o TB no sólo mejora su calidad de vida, sino que también reduce el riesgo de transmisión, lo que la convierte en una medida de salud pública crucial que beneficia a todas las personas. También ahorra dinero: la atención oportuna es mucho más rentable, ya que evita casos avanzados que sobrecargan el sistema sanitario.

Un análisis coste-beneficio revela que Perú podría ahorrar alrededor de 5 millones de soles (1,33 millones de dólares) anuales al prevenir nuevas infecciones y otros 54 millones de soles (14,58 millones de dólares) al evitar pérdidas de productividad relacionadas con el sida y las muertes por TB.

Las personas migrantes que viven con el VIH en Perú siguen siendo uno de los grupos más discriminados del país, con un 70,7% de estigmatización, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se enfrentan a una mayor vulnerabilidad debido a la xenofobia, la violencia y la explotación: casi la mitad de ellos han sufrido violencia física o explotación sexual. El acceso a la atención médica es un reto importante, ya que sólo el 2% de los migrantes con VIH están cubiertos por el seguro público de salud (SIS), lo que deja al resto pagando gastos de su propio bolsillo que muchos no pueden costearse.

“Al ampliar el acceso al seguro de salud a las personas migrantes, Perú no solo afronta estas barreras, sino que también se suma a los compromisos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dirigidos a erradicar epidemias como el sida y la TB para 2030”, dice Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. “Esta victoria legislativa no solo marca un punto decisivo en la política de salud, sino que también sienta un precedente para futuras reformas, garantizando un sistema de salud más inclusivo y equitativo para todos”

Proteger los derechos de todas las personas es proteger la salud pública.

El 19 de junio de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió para evaluar los progresos realizados en la respuesta a la epidemia de sida. La sesión anual proporcionó una plataforma para que los Estados miembros reflexionaran sobre los logros, se enfrentaran a los obstáculos persistentes y trazaran el camino a seguir para poner fin al sida en 2030. El informe de progreso del Secretario General de las Naciones Unidas constituyó la base del debate.

Los Estados miembros celebraron los importantes logros alcanzados para poner fin al sida, al tiempo que destacaron los retos actuales que deben superarse para alcanzar la promesa de acabar con el sida como amenaza para la salud pública para 2030.  

El compromiso con los objetivos 95-95-95 y los progresos realizados en la eliminación de la transmisión vertical del VIH, especialmente mediante el uso de servicios comunitarios descentralizados, se destacaron como fundamentales para el éxito de la respuesta al VIH. 

Muchos Estados miembros destacaron el papel crucial que ha tenido en la lucha contra el VIH la promoción de un enfoque centrado en los derechos humanos. Destacaron la importancia de las respuestas multisectoriales integrales, incluida la educación sobre sexualidad y el apoyo firme a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Señalaron los perjuicios de las acciones que socavan la igualdad de género y los derechos LGBTQI+. Hicieron hincapié en el deber común de todos los países de proteger los derechos humanos de todas las personas. 

Se hizo hincapié en la necesidad de mantener la solidaridad mundial y mejorar la cooperación multilateral como elementos clave para afrontar los retos pendientes. Se hicieron eco de los llamamientos para aumentar la financiación nacional e internacional, señalando que la inversión sostenida es crucial para mantener el progreso y ampliar el acceso a opciones innovadoras de prevención y tratamiento. 

El examen anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas sirvió de recordatorio conmovedor de la responsabilidad colectiva de defender los derechos y la dignidad de todas las personas afectadas por el VIH.

Inspirada en las lecciones aprendidas de la respuesta al sida, la próxima Cumbre del Futuro, prevista para septiembre de 2024, explorará cómo pueden superarse los retos comunes.

En un contexto de cambios geopolíticos e incertidumbres económicas, la respuesta al VIH es un ejemplo de cómo la solidaridad multilateral salva y transforma vidas. 

A medida que los países trabajan para alcanzar el objetivo de acabar con el sida como amenaza para la salud pública para 2030, urge planificar el mantenimiento de los logros de la respuesta al VIH más allá de 2030.

Teniendo esto en cuenta, ONUSIDA ha publicado el "Manual de sostenibilidad de la respuesta al VIH", que propone un nuevo enfoque para garantizar la sostenibilidad de la respuesta al VIH. Este enfoque holístico incluye aspectos programáticos, políticos, normativos y financieros de la respuesta al VIH. El nuevo Manual proporciona los fundamentos, las definiciones y una explicación en profundidad de este nuevo enfoque de la sostenibilidad.

"El momento es oportuno, el imperativo es ahora, la comunidad mundial del VIH debe reunirse para dialogar sobre lo que se necesita para sostener la respuesta al VIH antes y después de 2030", dice Jaime Atienza, Director de Financiación Equitativa de ONUSIDA. "Hacemos un llamamiento a los líderes para que inicien conversaciones nacionales sobre el estado futuro de una respuesta sostenida al VIH, y las transformaciones necesarias para lograr y mantener el impacto, antes y después de 2030, incluyendo el examen de los cambios políticos, el compromiso de los donantes y las inversiones necesarias para traducirlos en resultados y cambios concretos a nivel nacional."

El objetivo de la sostenibilidad no es perpetuar la respuesta al VIH en su forma actual. Se trata más bien de garantizar la durabilidad del impacto de la respuesta al VIH. Esto requerirá un cambio de enfoque hacia la sostenibilidad a largo plazo. Será necesaria una acción transformadora, que comience ahora, para que esto sea una realidad antes de 2030 y después de esa fecha.

Por ejemplo, las estrategias y modalidades de prestación necesarias para ampliar los servicios de prevención y tratamiento y garantizar un entorno propicio estable para alcanzar la meta de 2030 diferirán de las que se necesitarán para la sostenibilidad a largo plazo. Aprovechar los habilitadores sociales será especialmente crítico para la sostenibilidad, incluida la minimización de la vulnerabilidad al VIH y la garantía de acceso a los servicios en décadas futuras. En lugar de construir gradualmente sobre lo que ya existe, la sostenibilidad exigirá transformaciones en las políticas, los programas y los sistemas basados en los derechos humanos y centrados en las personas.

La sostenibilidad requerirá diferentes medidas y enfoques en diversos entornos, lo que subraya la importancia de adaptar la planificación y la ejecución a contextos específicos. Por lo tanto, este Manual esboza un nuevo enfoque para planificar y aplicar respuestas nacionales sostenibles al VIH, con el fin de alcanzar los objetivos mundiales sobre el sida y mantener los logros de la respuesta al VIH más allá de 2030.

A través de procesos impulsados y asumidos como propios por los países que aprovechan datos específicos, los países desarrollarán hojas de ruta para la sostenibilidad de la respuesta al VIH que trazarán las vías para que las estrategias y acciones a nivel nacional logren y mantengan el impacto, sin dejar a nadie atrás. Las etapas y formas de desarrollar estas hojas de ruta también figuran en el "Manual de sostenibilidad de la respuesta al VIH".

La Hoja de Ruta para la Sostenibilidad será distinta de los ejercicios de Planificación Estratégica Nacional (PEN), aunque los complementará. La hoja de ruta de cada país debe ser un documento vivo, que permita la continua reevaluación y evolución de las intervenciones, programas y políticas sobre el VIH a medida que cambien los contextos y las circunstancias.

Como transformación clave necesaria para la sostenibilidad a largo plazo, se aconseja a los países que den prioridad a la integración cuidadosa y eficaz de la respuesta al VIH en los sistemas nacionales, prestando la debida atención a las reformas o modificaciones necesarias para las poblaciones clave y vulnerables. Esta transformación aumentará la eficiencia, promoverá la equidad, maximizará la utilización de los recursos y contribuirá al doble objetivo de lograr y mantener el control de la epidemia de VIH y fortalecer los sistemas de salud basados en los derechos humanos y centrados en las personas.

El proceso de elaboración de las Hojas de Ruta para la Sostenibilidad de la Respuesta al VIH está en consonancia con los principios, objetivos y metas establecidos en la Estrategia Mundial sobre el Sida 2021-2026 y en la Declaración Política para Poner Fin al Sida 2021. Los socios internacionales apoyarán los procesos impulsados por los países mediante la prestación de apoyo técnico, incluida una serie de recursos descritos en este Manual.

El nuevo enfoque de la sostenibilidad que se propone en este manual recién publicado exigirá que todos los participantes, incluidos los actores internacionales, estén dispuestos a cambiar su forma de llevar a cabo la respuesta para prepararse mejor para el mundo posterior a 2030.

Para apoyar estas acciones, la sostenibilidad ocupará un lugar prioritario en la agenda de ONUSIDA en 2024. Junto con sus copatrocinadores, socios como el PEPFAR y el Fondo Mundial, y otras partes interesadas de la comunidad mundial del VIH, ONUSIDA está firmemente decidido a ayudar a los países a aprovechar las herramientas y los análisis, las lecciones aprendidas, la ciencia de lo que funciona y dónde, para fomentar un diálogo abierto y honesto sobre el futuro de la respuesta al VIH, las transformaciones necesarias para garantizar que las respuestas en todo el mundo no corren el riesgo de poner en peligro millones de vidas y medios de subsistencia y los compromisos de financiación necesarios para la escala y el impacto.

Hay más personas que nunca que viven con el VIH y necesitan tratamiento de por vida (39 millones en 2022), y esta cifra aumentará en los próximos años. Garantizar los recursos a largo plazo es vital.

Sin embargo, los recursos para el VIH son muy limitados. En 2022, se disponía de 20.800 millones de dólares para programas de VIH en países de ingresos bajos y medios, un 2,6% menos que en 2021 y muy por debajo de los 29.300 millones que se calcula que se necesitarán para 2025. Además, ONUSIDA estima que en 2022 hubo un déficit del 90% en la financiación para la prevención del VIH entre las poblaciones clave más afectadas por el VIH, incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los profesionales del sexo y las personas que se inyectan drogas.

A medida que los países se esfuerzan por alcanzar el objetivo de acabar con el sida como amenaza para la salud pública para 2030, urge planificar para proteger y aprovechar los logros en materia de VIH conseguidos hasta la fecha, aumentar los esfuerzos para llegar a las personas más afectadas por el VIH y mantener la respuesta al VIH en el futuro.

Por este motivo, ONUSIDA ha desarrollado un marco de sostenibilidad del VIH que incluye transformaciones en las políticas, los programas y los sistemas para mantener la respuesta al VIH más allá de 2030. Para garantizar el éxito en la sostenibilidad de la respuesta al VIH, ONUSIDA está apoyando a todas las partes interesadas en la planificación a largo plazo.

"A medida que la comunidad mundial avanza hacia el ambicioso objetivo de poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030, es necesario entablar ahora una conversación crucial sobre cómo mantener los logros de la respuesta al VIH, conseguidos con tanto esfuerzo, mucho más allá de 2030", dijo Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. "Es necesario un cambio de paradigma para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la respuesta al VIH, un viaje que exige una acción transformadora que comience hoy."

Para ayudar a los países y a los asociados a aplicar el Marco de Sostenibilidad, tal y como se describe en el manual de sostenibilidad de la respuesta al VIH de ONUSIDA, ONUSIDA ha publicado una nueva Guía complementaria que incluye paquetes de recursos analíticos específicos para cada país y una herramienta de evaluación de la sostenibilidad. Estos recursos servirán como herramientas para ayudar a los países y socios a desarrollar hojas de ruta y navegar por el camino hacia la sostenibilidad.

La guía complementaria ofrece una metodología flexible por etapas, que permite a cada país adaptar el marco de sostenibilidad a su contexto único. Con herramientas prácticas e ideas, sirve de brújula para iniciar y guiar el proceso de desarrollo de la hoja de ruta.

"El desarrollo de hojas de ruta para la sostenibilidad es clave para el marco de sostenibilidad del VIH y capacitará a los países para navegar por el complejo terreno de la sostenibilidad", afirmó Angeli Achrekar, Directora Ejecutiva Adjunta de Programa de ONUSIDA.

El paquete de recursos analíticos por país incluye tablas de datos granulares, gráficos y métricas fiscales y macroeconómicas esenciales, análisis más amplios del sistema sanitario e información cualitativa adicional. El paquete sirve para facilitar diálogos de sostenibilidad esenciales para una planificación que se ajuste a las características epidémicas de cada país y al panorama económico y del sistema sanitario en general.

También es fundamental la herramienta de evaluación de la sostenibilidad. Esta herramienta permite a las partes interesadas identificar y abordar los riesgos en los ámbitos político, estructural, financiero y programático. También facilita el descubrimiento de nuevas estrategias para mejorar la respuesta al VIH e impulsar la mejora continua hacia 2030 y más allá.

"A través de su intuitiva interfaz, la herramienta de evaluación de la sostenibilidad ayudará a los países a comprender cómo garantizar que su respuesta al VIH sea sostenible: identificar los grandes hitos necesarios y organizar cómo llegar hasta ellos", afirmó Christine Stegling, directora ejecutiva adjunta de la Subdivisión de Políticas, Promoción y Conocimiento de ONUSIDA.

La sostenibilidad hasta 2030 y más allá requerirá un fuerte liderazgo político en múltiples sectores y el compromiso activo de las personas que viven con el VIH y de las poblaciones clave y vulnerables. Habrá que movilizar recursos de fuentes tanto nacionales como internacionales, y se requerirá flexibilidad y resistencia a medida que evolucionen las epidemias y se produzcan cambios en los contextos económicos, políticos y sociales.

ONUSIDA trabajará codo con codo con los países y los asociados para que puedan aplicar con éxito el nuevo marco de sostenibilidad, de modo que todas las personas que viven con el VIH o están afectadas por el virus puedan seguir accediendo a los servicios relacionados con el VIH que necesitan para salvar sus vidas, se protejan sus derechos y puedan prosperar.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, la ciudad más grande de Ecuador y el principal puerto del país, firmó las Declaraciones de París y Sevilla el 28 de febrero, situando a la ciudad entre los casi 500 municipios de todo el mundo que se han comprometido a acelerar la acción a nivel local para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH o están afectadas por él. Con este compromiso, la ciudad se compromete a contribuir al objetivo del país de poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

Guayaquil es la capital de la provincia de Guayas, la más poblada de Ecuador y la más afectada por el VIH, con más de un tercio de todas las notificaciones de nuevas infecciones por VIH del país, según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador. La epidemia se concentra en las poblaciones clave, con una prevalencia del VIH del 7,3% entre los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), por ejemplo.

"Un número importante de casos reportados con VIH en 2023 viven en Guayaquil", dijo Andrés Díaz, Director Técnico de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la Dirección de Salud e Higiene de la ciudad. "Sabemos que la mejor manera de mejorar la prevención del VIH es a través de la educación y sensibilización de los ciudadanos para que se hagan la prueba".

Guayaquil ha realizado importantes esfuerzos para intensificar el cribado del VIH y ha aumentado la detección de casos seropositivos en un 1,6%. Las personas diagnosticadas se vinculan inmediatamente al sistema de salud pública para iniciar el tratamiento antirretrovírico de primera línea, disponible universalmente para nacionales y migrantes en Ecuador.

No obstante, el Departamento de Salud del Municipio de Guayaquil ha desarrollado un plan con acciones clave que se implementarán como resultado del compromiso de la ciudad con la iniciativa Fast-Track. Algunas de las prioridades más estratégicas son la ampliación de los servicios de VIH, incluida la prevención del VIH, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; la sensibilización de los funcionarios públicos sobre cuestiones de estigma, discriminación y violencia de género vinculadas al VIH; y facilitar la participación de las comunidades, especialmente de la población clave y vulnerable, en la definición y ejecución de programas de VIH a nivel comunitario.

Al acto asistieron representantes de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, como la Corporación Kimirina, la Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con el VIH y la Asociación Trans LGBT+ Silueta X. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de la ciudad por responder al VIH. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de la ciudad por responder al VIH. "La participación ciudadana bajo el liderazgo de la autoridad local, con énfasis en los grupos comunitarios más vulnerables y en riesgo, es vital para lograr el objetivo de acabar con el sida para 2030", enfatizaron las delegadas de la Corporación Kimirina María Elena Acosta y Lily Márquez. Asimismo, Joan Morales de la Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con VIH destacó que "Al firmar las Declaraciones de París y Sevilla, Guayaquil se une a muchas otras ciudades que se han comprometido a brindar servicios de salud acelerados y sostenidos que nos permitan erradicar no solo el SIDA sino también la Tuberculosis, la Malaria y otras enfermedades tropicales, con acciones que contribuyan a reducir la discriminación hacia las personas que viven con VIH y otras comunidades afectadas."

Creada en 2014, la Declaración de París sobre la Acción Acelerada de las Ciudades para Poner Fin a la Epidemia del VIH es una declaración política con compromisos y objetivos que incluyen poner fin a las epidemias urbanas de sida y tuberculosis (TB), así como eliminar las hepatitis víricas (VHB y VHC). También articula un mandato para situar a las personas en el centro de la respuesta. Para definir y facilitar ese mandato, en 2022 se creó la Declaración de Sevilla sobre la Centralidad de las Comunidades en las Respuestas Urbanas al VIH, en la que se esbozan los 10 compromisos que se pide a las ciudades y municipios que asuman para aumentar la participación y promover el liderazgo de las comunidades afectadas en la consecución de las metas, objetivos y objetivos de la iniciativa Ciudades por la Vía Rápida.

"Felicitamos a la Alcaldía de Guayaquil por su compromiso de contribuir a los esfuerzos de Ecuador para alcanzar los objetivos de la Estrategia Mundial del Sida 2025, reduciendo el número de nuevas infecciones por el VIH y de muertes relacionadas con el sida y eliminando el estigma y la discriminación en todas sus formas", dijo Andrea Boccardi Vidarte, Directora de la Oficina de ONUSIDA para los Países Andinos. "Este compromiso es también un reconocimiento al liderazgo de las comunidades más afectadas por el VIH y a su apoyo a los objetivos de la ciudad".

En el corazón de la bulliciosa Ciudad de Guatemala, Juan solía enfrentarse al ajetreo diario de la vida con un espíritu inquebrantable. Le habían diagnosticado el VIH hacía varios años y había aprendido a gestionar su salud con eficacia. Como empleado dedicado en una empresa de marketing, vertía su creatividad en cada proyecto que tocaba.

Su vida parecía ir viento en popa hasta que se produjo un giro inesperado en su lugar de trabajo. Un compañero se topó con los registros médicos de Juan y, en una violación de su privacidad, descubrió su estado serológico. Pronto, los susurros se extendieron por la oficina y Juan empezó a sentir las miradas frías y las conversaciones cada vez que pasaba. Al final, fue despedido de su empresa por un “motivo de reorganización".

A medida que la discriminación se hizo más evidente, Juan decidió que era hora de tomar medidas. Pidió consejo a Líderes Profesionales, una red de abogados especializados en casos de discriminación para personas que viven con el VIH. Con el apoyo de ONUSIDA, esta red se ha comprometido a luchar por la justicia y la igualdad de las comunidades marginadas.

Al conocer la historia de Juan, los abogados de Líderes Profesionales quedaron consternados por la flagrante violación de la privacidad y la consiguiente discriminación. Rápidamente formaron un equipo jurídico dedicado a garantizar la justicia para Juan. Los abogados explicaron las protecciones legales existentes para las personas con VIH, haciendo hincapié en que la discriminación en el lugar de trabajo basada en el estado de salud es una clara violación de la ley.

Junto con Juan, el equipo jurídico inició una demanda contra la empresa. Presentaron una denuncia por violación de la privacidad, discriminación e incumplimiento de la obligación de proporcionar un entorno laboral seguro e inclusivo, y solicitaron el pago de prestaciones y una indemnización por despido injustificado.

Líderes Profesionales trabajó incansablemente para denunciar el trato injusto que Juan había sufrido, buscando justicia para él y abogando por un cambio más amplio en las políticas del lugar de trabajo. Organizaron talleres para sensibilizar a las empresas, instándolas a poner en práctica una formación y una política integrales en materia de diversidad e inclusión.

A diciembre de 2023, el caso seguía abierto. El objetivo del equipo jurídico es conseguir una indemnización para Juan y fomentar un entorno en el que no se tolere este tipo de discriminación en el futuro.

"La experiencia de Juan y otros cinco casos relacionados con la discriminación en el lugar de trabajo este año nos inspiran para continuar nuestra labor de defensa", afirma Julio Rodríguez, Director de Líderes Profesionales. "Redoblamos nuestros esfuerzos para apoyar a las personas que sufren discriminación, aprovechando cada caso como una oportunidad para concienciar e impulsar un cambio sistémico."

Se calcula que en Guatemala hay 31.000 personas que viven con el VIH. El estigma y la discriminación relacionados con el VIH siguen siendo omnipresentes. Según el último Índice Nacional de Estigma (2017), el 14% de las personas que viven con el VIH informaron haber perdido su trabajo o fuente de ingresos debido a su estado serológico positivo para el VIH, y el 13% de las personas que viven con el VIH informaron que se les negó el empleo o la oportunidad de trabajar debido al VIH.

"Tener acceso a apoyo jurídico representó realmente un punto de inflexión para Juan. Empoderado por ello, es un defensor más vocal de la sensibilización sobre el VIH y de los esfuerzos contra la discriminación", afirma Marie Engel, Directora de ONUSIDA para Guatemala, Honduras y Nicaragua. "A través de su viaje, Juan contribuye a una sociedad más justa e inclusiva para todos".

En el tranquilo rincón de un centro comunitario de Ciudad de Guatemala, Emma -nombre ficticio-, de 29 años, está sentada entre otras mujeres a las que no conoce. En los rostros y gestos de cada una de ellas, se puede ver que todas llevan sobre sus hombros el peso de la violencia y la injusticia.

Los primeros y sutiles rayos de sol llenan poco a poco la habitación; la calma y el confort invitan a Emma y a las demás a sentir más relajados sus corazones y sus almas. Con ojos cansados, manos pequeñas y un corazón marcado por la violencia, mira a su alrededor, absorbe la energía del lugar y respira hondo mientras espera el comienzo de una sesión de terapia y una charla informativa sobre el VIH.

Al comenzar la sesión de terapia, Emma comparte tímida y cautelosamente sus experiencias con Wendi Polanco, quien desde 2019 se ha convertido en una mano amiga para muchas mujeres golpeadas por la violencia de género. A través de Latiendo Juntas, la organización que lidera en Guatemala, Wendi demuestra claramente que la sororidad funciona y es transformadora.  

Con el apoyo de ONUSIDA, Latiendo Juntas coordina un proyecto para mejorar el acceso de las mujeres supervivientes de la violencia a servicios integrales de salud, incluidas las pruebas y la atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. También contribuyen a su resiliencia y empoderamiento concienciándolas sobre los derechos humanos, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos, mediante terapias de grupo y charlas informativas sobre el VIH, que proporcionan datos y una plataforma para el diálogo abierto, fomentando un entorno sin prejuicios.

"La sala se convierte en un santuario donde se reconoce el dolor de mujeres como Emma y tantas otras", dice Wendi. "El centro comunitario es un refugio para ellas, y con el calor del sol se teje una red de apoyo entre las mujeres. Me siento aliviada cuando veo cómo el peso sobre sus hombros empieza a disminuir".

A lo largo de estas sesiones de terapia, Emma y otras mujeres descubren consuelo y empoderamiento. Los recorridos terapéuticos ofrecidos en Latiendo Juntas se convierten en un catalizador para su resiliencia, liberación y autocuidado.

La relación entre el VIH y la violencia contra las mujeres es un problema generalizado, ya que la violencia de género aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a la infección por el VIH. Las mujeres que sufren violencia pueden tener dificultades para negociar prácticas sexuales seguras, incluido el uso del preservativo, lo que aumenta su riesgo de contraer el VIH. Además, el miedo a la violencia puede disuadir a las mujeres de buscar pruebas, tratamiento y apoyo para el VIH, perpetuando el ciclo de violencia y silencio y limitando su acceso a recursos sanitarios críticos y esenciales.

La violencia contra las mujeres en Guatemala es endémica y puede describirse como una pandemia en la sombra. Cuando se trata de feminicidio, el asesinato intencionado de mujeres por el hecho de serlo, el país tiene una de las tasas más altas del mundo.

"Abordar la intersección del VIH y la violencia contra las mujeres requiere esfuerzos integrales que incluyan la educación, la capacitación y el desmantelamiento de los desequilibrios de poder basados en el género", afirma Irene Izquieta, asesora de ONUSIDA sobre derechos y género para Guatemala, Honduras y Nicaragua.