Rosma Karlina y Yulistyo Dwi viven con sus dos hijos pequeños en la lluviosa ciudad de Bogor, en el sur de Yakarta.

La Sra. Karlina relató: “A veces vamos a museos para introducir a los niños a la historia o damos de comer a los ciervos del Palacio Presidencial. Es un entretenimiento sencillo, pero puede enseñar a los niños a amar incluso a los animales”.

Si su vida familiar es tradicional, su vida laboral es todo menos eso. La Sra. Karlina es la fundadora y Directora de Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (también denominada en inglés Womxn's Voice), una organización que defiende y atiende a mujeres y a mujeres trans que consumen drogas. Bambang, conocido popularmente como Tedjo, fundó la AKSI Keadilan Indonesia (también conocida como Indonesian Justice Action Foundation). Desde 2018, su equipo ofrece asistencia jurídica y apoyo a personas que consumen drogas y defiende sus derechos.

Sus jornadas de trabajo son una mezcla de organización comunitaria, burocracia paralegal y atención a llamadas de socorro. Una clienta denunció violencia doméstica por parte de su marido. Cuando la policía llegó a la casa, el marido informó a los agentes del consumo de drogas de su mujer y la detuvieron a ella en lugar de a él.

Las organizaciones abogaron con éxito por que un hombre saliera de un centro de rehabilitación obligatoria para que pudiera acceder al tratamiento del VIH. De lo contrario, habría estado tres meses sin tomar sus medicamentos.

Las organizaciones han sido testigos de muchos ejemplos de mujeres que viven con el VIH que se enfrentan a un desprecio extremo. En una ocasión, un agente de policía arrojó un paquete de compresas a la celda de una mujer en lugar de pasárselo y alegó miedo de estar cerca de ella.

La Sra. Karlina afirmó: “Desde 2018 he visto muchas violaciones de derechos perpetradas por agentes de la autoridad: abuso físico, psicológico e incluso económico”. Y, además, puntualizó que “extorsionan a las familias por dinero para que sus seres queridos puedan volver a casa”.

La actual Rosma Karlina, educadora y apasionada activista, evolucionó tras casi dos décadas de abuso de sustancias. Ha estado 17 veces en centros de rehabilitación. Tocó fondo durante un encarcelamiento de 18 meses por posesión de heroína.

“Mi familia pagó mucho dinero a la fiscalía, pero aún así, seguía en prisión. Perdí la custodia de mi hijo mayor. El juez pensó que no merecía ser madre porque consumía drogas”, relató.

Tedjo también evolucionó de la adicción al activismo.

“Consumí drogas entre 1989 y 2015. Ha sido un largo viaje”, reflexionó. “Cuando mi vida era un desastre, hice daño a mucha gente. No fue fácil demostrar que había mejorado”.

Estas personas son dos de las más destacadas por alzar su voz con respecto a cómo la dura legislación penal sobre posesión y consumo de drogas acarrea violaciones de los derechos de las personas que consumen drogas, al tiempo que reduce el acceso a los servicios sanitarios.

Un análisis político y jurídico de 38 países realizado por ONUSIDA y el PNUD reveló que 14 países de la región cuentan con castigo corporal o pena capital por el uso o posesión de drogas. Algunos estados han justificado los asesinatos extrajudiciales por delitos por consumo o posesión de drogas.  Se estima que, en 2021, el 12 % de las nuevas infecciones por el VIH en Asia y el Pacífico se produjeron entre personas que se inyectaban drogas.

 “La guerra contra las drogas ha creado un gran estigma social y una cultura que ve a toda una comunidad como criminales. Cuando accedemos a la asistencia sanitaria, nos tratan como si fuéramos malas personas”, manifestó Tedjo.

Francis Joseph, el Coordinador Regional de la Network of Asian People who Use Drugs (NAPUD, por sus siglas en inglés), explicó que al carecer de entornos legalmente favorables, estas personas no tienen acceso a los servicios adecuados.

“Los profesionales sanitarios y los organismos del orden público los tratan con violencia y abuso”, confesó. “Por ello, no quieren destaparse y reconocer: 'He compartido agujas y jeringas y ahora necesito una prueba del VIH'.  Puesto que las personas que consumen drogas no son bienvenidas en nuestros centros sanitarios, lo que provoca esto es que huyan del sistema y se queden fuera de él”.

Lord Lawrence Latonio, un estudiante de derecho y socio de la Community Access to Redress and Empowerment (CARE, por sus siglas en inglés), ha puntualizado que Filipinas también criminaliza la posesión de lo que se considera parafernalia de drogas. Asimismo, esto implica que los educadores inter pares que distribuyen agujas y jeringas limpias tengan que estar alerta para no ser detenidos.

Afortunadamente, los defensores presionaron con éxito para que se incluyera la protección a los trabajadores sanitarios que proporcionan servicios para el VIH en la Ley de Política sobre el VIH y el Sida de 2018. Parte de la labor de CARE consiste en impartir conocimientos jurídicos básicos para que las comunidades puedan comprender sus derechos. Y también cuenta con una red de funcionarios inter pares trabajando en diferentes regiones para apoyar a los miembros de las comunidades de población clave y a las personas que viven con el VIH a obtener reparación en casos donde se hayan violado sus derechos.

Veintiún países de la región cuentan con centros estatales de detención y rehabilitación obligatoria o centros similares para personas que consumen drogas. Estos consisten en una forma de confinamiento donde aquellos acusados o conocidos por consumo de drogas son ingresados de manera involuntaria para su desintoxicación y supuesto tratamiento. Se ha indicado que las condiciones incluyen trabajo forzoso, falta de nutrición adecuada y acceso limitado a asistencia sanitaria.

En 2012 y 2020, los organismos de las Naciones Unidas exigieron el cierre definitivo de estos centros de internamiento involuntario. Pero según un informe de 2022 se han paralizado, en gran medida, los avances en este asunto en el Este y el Sudeste Asiático.

“ONUSIDA está trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para alentar a estos países a pasar de centros de internamiento involuntario a tratamientos voluntarios de base comunitaria que proporcionen servicios basados en pruebas y en derechos humanos”, anunció el Asesor Jurídico y de los Derechos Humanos de ONUSIDA Asia y el Pacífico, Quentin Lataire.

ONUSIDA Indonesia está colaborando con Womx'n Voice para poner a prueba un programa piloto multisectorial de refugio y educación para mujeres y niños en Bogor. Sus acciones incluyen protección social, respaldo jurídico, apoyo a la salud mental, educación sanitaria y sobre el VIH y acompañamiento a los servicios.

La Sra. Karlina ha pedido mayores inversiones en asistencia a la salud mental, reducción de la pobreza y educación. “Necesitamos evaluaciones adecuadas para poder analizar mejor cada situación y encontrar la solución más eficaz. La cárcel no es la respuesta. Si nos veis como seres humanos, nos cuidaréis como seres humanos”, insistió.

Odesa es un puerto principal del mar Negro, donde el uso de drogas es considerable.  En la década de los 90, Odesa vivió el brote de infección por el VIH en Ucrania. Pero hace poco ha desarrollado con éxito uno de los sistemas de reducción de daños más eficaces del mundo para las personas que consumen drogas. Este sistema se financia a través de los presupuestos estatales y locales, y se ha implementado conjuntamente con organizaciones no gubernamentales y de la comunidad.  Odesa fue una de las primeras ciudades de Europa oriental y Asia central que firmó la Declaración de París.  El año pasado, informó de la reducción de casos de VIH entre las personas que consumen drogas.

Natalia Kitsenko es la directora del departamento de salud pública de la Road to Home Foundation, una de las organizaciones más antiguas de Odesa, que proporciona servicios a las personas que consumen drogas.  ONUSIDA habló con ella sobre cómo su organización sigue intentado ayudar a las personas que lo necesitan, incluso durante esta guerra. 

Pregunta: ¿Han huido muchas personas de Odesa?

Respuesta: Sí, muchas, sobre todo mujeres y niños.  Los miembros de nuestra organización son una excepción. De 60 empleados, 4 se marcharon porque tenían hijos pequeños. El resto se quedaron y continuamos de forma activa nuestro trabajo habitual, además de proporcionar ayuda de emergencia a las mujeres con niños y personas mayores que huyen de otras ciudades, como Mykolaiv, Kherson, Mariupol y Kharkiv. Sobre todo proporcionamos transporte a la frontera con la República de Moldova y los ponemos en contacto con voluntarios que les ayudan a entrar en el país o en otros destinos, según sus necesidades.

También preparamos alimentos como tartaletas y empanadillas para las personas que lo necesitan.  Toda esta situación nos ha unido; he visto mucho apoyo mutuo a mi alrededor.

Pregunta: ¿Cuántas personas de su programa de reducción de daños se han marchado de la ciudad?

Respuesta: En Odesa y la región que la rodea llegamos a 20.000 personas al año.  Que sepamos, solo 7 clientes han huido al extranjero.  Algunos clientes se han unido a los grupos de defensa territorial locales. Otros participan en las estructuras de protección de los edificios, que supone recopilar bolsas de arena y transportarlas para proteger las calles y los monumentos. Otros residen con nosotros para obtener los servicios que necesitan. Hemos tenido un flujo de personas que consumen drogas de otras regiones de Ucrania donde las circunstancias son mucho peores.

Pregunta: ¿Qué servicios ofrece su organización a las personas que consumen drogas?

Respuesta: En primer lugar, el programa básico de reducción de daños que proporcionamos con el presupuesto estatal incluye consultas, prevención del VIH (jeringuillas, preservativos, toallitas, lubricantes, etc.); pruebas del VIH y métodos de detección de la tuberculosis. Entre los clientes que han utilizado estos servicios durante un largo período de tiempo, el nivel de detección es 0,02 %. Entre los clientes nuevos que se acaban de unir al programa, llega al 7 %.  Establecimos un modelo de captación de clientes con la coordinación de la Alianza por la Salud Pública utilizando la ayuda del Fondo Mundial y del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades.  Motivamos a las personas que consumen drogas a que traigan a sus amigos a nuestros centros de la comunidad para que se hagan pruebas.  Esto es importante porque los nuevos clientes, sobre todo los jóvenes, que han comenzado a consumir drogas hace poco, pueden ser un grupo difícil de alcanzar.  Muchos ocultan el consumo e intentan ser invisibles. Este sistema de captación nos permite atraerlos a nuestros servicios de reducción de daños y, en primer lugar, a las pruebas. Las donaciones, en particular del proyecto PEPFAR, ayudan en la gestión de nuevos casos, el apoyo para el diagnóstico y la recepción de tratamiento antirretrovírico, y la detección y el seguimiento de la tuberculosis.

Pregunta: ¿Ha conseguido financiación adicional?

Respuesta: Sí. Acabamos de recibir financiación adicional del Fondo de Emergencia de ONUSIDA para comprar medicamentos, ropa y productos de higiene para nuestros clientes.  Esta ayuda viene en el momento concreto y es esencial porque nuestros clientes no se pueden permitir muchos productos médicos como el Fluconazol (antibiótico) y estos ya no están disponibles en todas partes.

Pregunta: Natalia, ha trabajado en el campo del VIH durante más de 20 años, ¿ha cambiado la actitud pública ante las personas que viven con el VIH y los consumidores de drogas?

Respuesta: Hemos visto una gran reducción en los niveles de estigma y discriminación y ha mejorado la actitud general hacia nuestro clientes en las instalaciones médicas. Sin embargo, todavía sufrimos prejuicios. Muchas personas dicen que no quieren que nuestros puntos de intercambios de jeringuillas y centros de la comunidad estén cerca de sus casas y que no quieren ver a personas que consumen drogas cerca de ellos, pues temen que amenacen su comodidad, bienestar y seguridad.  Comprendemos estos miedos, e intentamos explicar a quienes se preocupan por qué estamos aquí, cómo funcionan estos puntos de intercambio de jeringuillas y centros de la comunidad. Organizamos salidas y sesiones para explicar la realidad a la que se enfrentan las personas que consumen drogas. Trabajamos continuamente para mostrar nuestra contribución y cómo ayudamos a contener las epidemias de VIH, tuberculosis y hepatitis.

Desde que comenzó la guerra, también damos refugio a las personas que viven cerca de nuestros centros. Como nuestros centros de intercambio de jeringuillas están normalmente en sótanos, cuando suenan las sirenas, los vecinos vienen hacia aquí; esto supone que para algunos es la primera vez que entran en contacto directo con personas que viven con el VIH o personas que consumen drogas.

Pregunta: ¿Cuáles son las cuestiones más urgentes ahora?

Respuesta: Actualmente, tenemos dificultades a la hora de proporcionar a nuestros clientes naloxona, que puede prevenir la sobredosis.  Aunque trabajamos constantemente con asesoramiento e informamos a las personas sobre las señales de sobredosis, con la guerra, estas han aumentado.  Y como la naloxona se fabrica en la ciudad de Kharkiv, fuertemente bombardeada, ya no nos queda. La necesitamos de cualquier forma, preferiblemente preparada, intranasal o inyectable, pues salvaría muchas vidas.  Y necesitamos mantener los servicios del VIH para las personas que consumen drogas, además de proporcionarles ayuda humanitaria urgente.

Introducción

Gracias al embajador Ghislain D'hoop y a Bélgica como presidente del sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de estupefacientes, a los distinguidos miembros de la Comisión, a los Estados miembros, a la sociedad civil y a las redes de personas que consumen drogas, a las agencias de la ONU y a todos los colegas.

Agradezco mucho a mi hermana Ghada Waly su firme liderazgo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDD) y su inequívoco apoyo a la posición común de las Naciones Unidas en materia de política de drogas.

Me gustaría comenzar expresando mi solidaridad hacia las personas de Ucrania, que han sufrido tanta violencia e injusticia. Durante los últimos 15 años, Ucrania ha tenido una de las respuestas al VIH más grandes y exitosas de Europa.

Ahora toda la respuesta al VIH se está derrumbando, y la vida de cientos de miles de ucranianos que viven con el VIH y de los grupos clave pende de un hilo.

Hago un llamado a todos los asociados para que trabajen para restaurar los servicios básicos para las personas que viven y son afectadas por el VIH en Ucrania. 

El pasado mes de junio, los Estados miembros adoptaron la Declaración Política sobre el VIH y el sida de 2021.  La resolución contiene compromisos audaces, entre ellos nuevos objetivos para 2025 con el fin de volver a poner en marcha la respuesta para poner fin a la epidemia de sida en 2030.

El año pasado, ONUSIDA trabajó con todos los países y asociados para desarrollar y adoptar la Estrategia mundial contra el sida. El hilo conductor de la estrategia consiste en acabar con las desigualdades en una epidemia donde el 65 % de las nuevas infecciones se producen en determinados grupos – entre los que se encuentran las personas que consumen drogas y los reclusos.

Sabemos que si continuamos como hasta ahora, si no acabamos con las desigualdades en la respuesta al VIH - el mundo podría ver 7,7 millones de muertes relacionadas al sida en los próximos 10 años.

La respuesta mundial al VIH, que ya estaba desencaminada antes de la COVID-19, está ahora bajo una mayor presión a medida que la crisis de la COVID-19 continúa.

¡Y las personas que consumen drogas y los reclusos siguen estando entre los más afectados!

A nivel mundial, los servicios de paliación de daños no están disponibles al nivel y la escala que se requiere para poner fin a la epidemia de sida. Y esto es cierto en la comunidad y en las prisiones. En demasiados países, no están disponibles en absoluto.

Sin el acceso continuo a los servicios de paliación de daños y del VIH, no podremos poner fin a la epidemia de sida entre las personas que consumen drogas y reclusos, y por tanto no acabaremos con la epidemia en absoluto.

Los obstáculos principales para acceder a los servicios de paliación de daños y del VIH para las personas que consumen drogas y reclusos son la criminalización, el estigma, y la discriminación.

No terminaremos con las desigualdades ni pondremos fin a la epidemia de sida si no abordamos estos obstáculos y eliminamos políticas y leyes punitivas.  

En particular, las mujeres que consumen drogas se enfrentan a obstáculos legales, políticos y sociales para acceder a los servicios de paliación de daños y del VIH que salvan vidas; debemos invertir en servicios sin prejuicios adaptados a las necesidades de las mujeres.

Nos encontramos en medio de una crisis de financiación para la paliación de daños en países de ingresos bajos y medios. El gobierno y los donantes solo han invertido el 5 % de los fondos necesarios para una respuesta eficaz. Hay que aumentar la inversión ahora, con un enfoque en la financiación para las respuestas lideradas por la comunidad. Son los más efectivos.

CONCLUSIÓN

Miembros de la Comisión, creo en su liderazgo.

Debemos valorar la salud y los derechos humanos de cada persona que consume drogas y la dignidad de cada recluso.

Debemos cumplir nuestros compromisos de crear entornos jurídico propicios. Tenemos que fomentar y ampliar la paliación de daños como un enfoque seguro y eficaz esencial para poner fin a la epidemia de sida.

Debemos eliminar políticas y leyes punitivas y discriminatorias. Esto incluye las leyes que penalizan el consumo y la posesión de drogas, tal y como se establece en nuestra nueva Estrategia mundial contra el sida.

Nuestro trabajo para acabar con las desigualdades que provocan el sida debe basarse en la ciencia, las pruebas y los derechos humanos.

Les insisto a los Comisionados a mantener estos principios para volver a poner en marcha la respuesta para poner fin a la epidemia de sida en 2030.

Gracias por su atención.

Winnie Byanyima
Directora ejecutiva de ONUSIDA
Viena, 14 de marzo de 2022

"Without continued access to HIV & harm reduction services, we will not end AIDS among people who use drugs & prison inmates, and we will therefore not end AIDS at ALL."

Watch @Winnie_Byanyima's opening remarks at #CND65 @UNODC @CND_tweetshttps://t.co/c7McJbOv1A pic.twitter.com/LZWDdf6gWJ

— UNAIDS (@UNAIDS) March 14, 2022

El Atlas de Grupos de Población Clave de ONUSIDA es una herramienta online que ofrece una serie de datos sobre las personas seropositivas y sobre los miembros de los grupos de población clave de todo el mundo: trabajadores sexuales, hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que se inyectan drogas y reclusos.

Gracias a la integración de 11 nuevos indicadores de los proyectos EMIS y LAMIS, se ha ampliado la información sobre hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Bajo la financiación de la Comisión Europea, EMIS-2017 recopiló datos sobre este grupo entre octubre de 2017 y enero de 2018. LAMIS es la versión latinoamericana del proyecto EMIS y finalizó en mayo de 2018 la recogida de datos en 18 países más.

Los 11 nuevos indicadores que aparecen en el Atlas fueron seleccionados por su gran relevancia para las comunidades y son los siguientes: sífilis, sífilis sintomática, gonorrea, gonorrea sintomática, clamidia, clamidia sintomática, pruebas de infecciones de transmisión sexual, compartir con la pareja sexual la infección por sífilis, compartir la infección de gonorrea y la vacunación de la hepatitis A y B.

Los recursos de base comunitaria y liderados por ella misma son esenciales para hacer frente a las desigualdades que emergen de las pandemias del sida y de la COVID.19, así como para asegurar la continuidad de los servicios de salud y para proteger los derechos y los medios de subsistencias de los más vulnerables. Los descubrimientos de ambos proyectos tendrán gran importancia para informar a los organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la salud sexual, en la prevención del VIH y los derechos de las minorías sexuales. Asimismo, los responsables políticos, los planificadores de la prevención no comunitaria, los epidemiólogos y los creadores de modelos también se beneficiarán de estos datos.

“Para no dejar a nadie atrás, necesitamos una recogida de datos centrada en las personas que ponga de manifiesto las dificultades que impiden el acceso a los servicios. Es fundamental saber quiénes son los más afectados y los que no pueden acudir a los sistemas de atención médica. Esto permitirá a la Comisión Europea, a los Estados miembros de la Unión Europea, a la sociedad civil y a las organizaciones de la comunidad abordar las necesidades específicas de los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres”, manifestó Jantine Jacobi, la representante de ONUSIDA ante la Unión Europea.

La sociedad civil y las organizaciones basadas en la comunidad, especialmente las lideradas por grupos de población clave, pueden complementar las respuestas tradicionales de los sistemas de salud ante la pandemia. Sin embargo deben ser tratadas como socios de pleno derecho con el apoyo técnico y financiero necesario para hacerlo con eficacia: ser involucrados en el gobierno, el diseño, la planificación y el presupuesto de las respuestas ante la pandemia.

Los hallazgos de los nuevos indicadores ayudarán a potenciar el papel desempeñado por las asociaciones y las comunidades en cada país y serán la base para la toma de decisiones y la planificación de las políticas. Por ejemplo, en Irlanda, el Informe Nacional EMIS-2017 señala que “el número de pruebas del VIH y de infecciones de transmisión sexual ha aumentado en comparación con las encuestas anteriores. Esto se debe en cierta medida a las buenas actuaciones de las partes interesadas y la comunidad de HSH, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, en respuesta a los resultados previamente obtenidos. Algunas de estas intervenciones positivas relacionadas con las pruebas del VIH también pueden atribuirse a la mayor disponibilidad de las pruebas comunitarias”.

Los colindantes estados bálticos de Estonia y Letonia ofrecen claros ejemplos de cómo diferentes propuestas sanitarias afectan a las epidemias de VIH entre las personas que se inyectan drogas. A principios de los 2000, ambas naciones contaban con dos de los índices más elevados de diagnóstico de VIH en Europa.  Al igual que en muchos otros países europeos, el uso compartido de equipos de inyección no esterilizados por parte de los usuarios de drogas estaba desencadenando las epidemias de VIH.

Las dos epidemias comenzaron a tomar direcciones distintas a mediados de los 2000. Según el estudio HERMETIC, las nuevas infecciones por el VIH en Estonia disminuyeron en un 61 % a nivel nacional, y un 97 % entre los hombres que se inyectaban drogas entre 2007 y 2016.

La epidemia de VIH de Letonia siguió una trayectoria diferente.  El estudio HERMETIC señala que, entre 2007 y 2016, las nuevas infecciones por el VIH aumentaron en un 72 % globalmente. En 2016, la incidencia general del VIH en Letonia era casi el doble que la de Estonia (35 casos frente a 19 de cada 100 000 personas)

Ambas epidemias giraban en torno al uso compartido de equipos de inyección por parte de personas que se inyectan drogas, y también en torno a las relaciones sexuales sin protección entre estas personas y sus parejas sexuales. El estudio concluyó que la principal diferencia entre ambas epidemias residía en la disponibilidad de los servicios de paliación de daños.

Los programas de intercambio de agujas y jeringuillas estaban operativos en Letonia desde 1997, pero a una escala muy limitada. Todavía en 2016, Letonia distribuía 93 agujas y jeringuillas por usuario al año. En el mismo tiempo, Estonia distribuía 230. Ambos países fomentaron el acceso a terapias de sustitución de opiáceos, las cuales están probadas como método de reducción de la inyección de drogas y la transmisión del VIH. Además, se mejoraron los servicios de pruebas del VIH y terapia antirretroviral para las personas que se inyectan drogas. Si bien el acceso a las terapias de sustitución de opiáceos permaneció limitado en ambos países, fue mayor en Estonia que en Letonia.

Los resultados del estudio HERMETIC indican que, para 2016, cerca de la mitad de las personas que se inyectan drogas en Estonia se hacían la prueba del VIH cada 12 meses. De las personas que habían obtenido un resultado positivo, tres cuartos se encontraban en terapia antirretroviral. Mientras tanto, en Letonia, un 10 % de las personas que se inyectaban drogas se hicieron una prueba del VIH en algún momento entre los años 2007 y 2016, y de todas las personas que vivían con el VIH, sólo el 27 % seguía una terapia antirretroviral. Una adopción lenta de las directrices internacionales para el tratamiento contra el VIH contribuyó a la menor cobertura de tratamientos en Letonia. 

GINEBRA, 1 de noviembre de 2021—En el Día Internacional del Consumidor de Drogas, ONUSIDA hace un llamamiento urgente en contra de la penalización de las personas que consumen drogas, para que se corrijan los efectos negativos que tiene sobre el VIH, la hepatitis viral y otros problemas de salud; para que se respeten los derechos humanos y para que se destinen más fondos a los programas de reducción del daño dirigidos por la comunidad.

“ONUSIDA se compromete a apoyar a los países en el proceso de despenalización de la posesión de drogas y en la implementación de programas de reducción del daño a gran escala,” menciona la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima. “ONUSIDA hace un llamamiento para que las comunidades de personas que consumen drogas se impliquen plenamente en alcanzar la reforma legal, que conducirá a la despenalización y a la organización de dichos programas a nivel nacional. Esto nos ayudará a acabar con las desigualdades y a poner fin al sida”.  

Las personas que consumen y se inyectan drogas se encuentran entre los grupos con mayor riesgo de contraer el VIH y, aun así, siguen estando marginadas y a menudo se les impide acceder a los servicios sanitarios y sociales. Un 9% de las nuevas infecciones por el VIH que se produjeron en 2020 fueron personas que se inyectan drogas. Fuera del África subsahariana esta cifra se eleva al 20%. Si bien las mujeres representan menos del 30% de las personas que consumen drogas, aquellas que sí las emplean son más propensas a vivir con el VIH que sus homólogos masculinos.

La implementación oportuna, accesible y a gran escala de programas de reducción del daño pueden prevenir las infecciones por el VIH, así como muchos de los casos de hepatitis B y C, tuberculosis y sobredosis. El sistema de las Naciones Unidas se ha unido en la promoción de estos programas y en la despenalización de la posesión de drogas, basándose en los datos que demuestran que otorgan beneficios sustanciales para la salud pública y personal y no aumentan el número de personas con drogodependencia. A pesar de esta postura, que se refleja en la posición común del sistema de las Naciones Unidas en apoyo a la implementación de la política internacional de fiscalización de drogas mediante una colaboración interinstitucional eficaz, la realidad muestra que menos del 1% de las personas que se inyectan drogas vive en países donde la disponibilidad de agujas, jeringuillas y terapias de sustitución de opiáceos se sitúa por debajo de los niveles recomendados por las Naciones Unidas; el déficit de financiación destinada a la reducción del daño en países de renta media y baja se encuentra en un 95%.

Incluso allí donde están disponibles los servicios para la reducción del daño, no siempre son accesibles. Se ha demostrado que las leyes y las políticas punitivas para la fiscalización de drogas, así como las prácticas para el cumplimiento de la ley, se encuentran entre los principales obstáculos para la obtención de atención sanitaria en muchos países. La penalización del consumo de drogas y los castigos severos (como el encarcelamiento, las multas elevadas o la separación de los hijos de sus padres) desalientan el uso de los servicios relacionados con el VIH, animando a estas personas a la clandestinidad con prácticas de inyección poco seguras, que aumentan el riesgo de sobredosis. Las mujeres que consumen drogas son más propensas a condenas de cárcel más largas que los hombres, lo que conlleva un aumento en los niveles de estigmatización y discriminación a los que se enfrentan en los centros de atención sanitaria. En efecto, la penalización por el uso y la posesión de drogas de uso personal tiene un gran impacto negativo en el derecho a la sanidad.

A principios de año, los Estados Miembros de las Naciones Unidas establecieron unos objetivos mundiales muy ambiciosos sobre la despenalización de la posesión de drogas de uso personal y sobre la desestigmatización y discriminación de personas que consumen drogas y otros grupos de población clave. Desde este preciso momento, se deberían empezar a aplicar acciones estratégicas a nivel nacional si se desea alcanzar los objetivos propuestos en el 2025.

OBJETIVOS EN MATERIA DE FACILITADORES SOCIALES CONTRA EL SIDA PARA EL 2025

• Menos del 10% de los países penaliza el uso y la posesión de cantidades pequeñas de drogas.
• Menos del 10% de las personas que consumen drogas sufre estigmatización y discriminación.
• Menos del 10% de las personas que consumen drogas carece de mecanismos para que las personas que viven con el VIH y grupos de población clave puedan denunciar los abusos y la discriminación, y obtener ayuda.
• Menos del 10% de las personas que consumen drogas no dispone de acceso a servicios legales.
• Menos del 10% del personal sanitario y de las autoridades policiales informa de actitudes negativas acerca de las personas que consumen drogas.
• Menos del 10% de las personas que consumen drogas sufre agresiones físicas o sexuales.

OBJETIVOS GLOBALES DE PREVENCIÓN PARA EL 2025

• El 90% de las personas que se inyectan drogas tiene acceso a servicios completos de reducción del daño, que integren o estén vinculados a la hepatitis C, al VIH y a servicios de salud mental
• El 80% de la prestación de servicios en materia de programas de prevención del VIH para personas que consumen drogas se impartan a manos de organizaciones dirigidas por personas que usan drogas

Día Internacional del Consumidor de Drogas

El 1 de noviembre es el Día Internacional del Consumidor de Drogas, momento en el que las personas que consumen drogas se reúnen para celebrar su historia y seguir luchando por sus derechos. La Red Internacional de Personas que usan drogas (INPUD) celebra los logros de las diversas comunidades, al tiempo que reconoce que su trabajo es más importante que nunca.

La infección por hepatitis viral es un grave problema de la salud pública mundial: causa alrededor de 1,4 millones de muertes al año, una cifra superior al número anual de muertes relacionadas con el sida. El 96 % de estas muertes son a causa de la cirrosis y del hepatocarcinoma provocados por los virus de la hepatitis B y C, los cuales se transmiten por la sangre y los fluidos corporales.

La evolución a cirrosis es más rápida entre las personas que viven con coinfección por VIH y hepatitis B o C. Las enfermedades hepáticas se han convertido en una causa de muerte importante entre las personas que viven con el VIH coinfectadas por la hepatitis B o C.

La coinfección por hepatitis C y VIH se registra en todos los grupos de población clave con mayor riesgo de infección por el VIH, especialmente entre las personas que se inyectan drogas. Esto se debe a la facilidad con la que ambos virus se transmiten al compartir equipo de preparación e inyección no esterilizado.

Mientras la COVID-19 sigue obstaculizando los avances en la respuesta al sida y ha hecho que no se estén pudiendo alcanzar los objetivos para 2020, ONUSIDA insta con más fuerza que nunca a todos los dirigentes políticos, para que aprendan de las lecciones del pasado y tengan presente lo que sucede cuando no se invierte lo suficiente en salud. Asimismo, hace un llamamiento generalizado para que cada país dé un paso al frente en su acción mundial, pues solo así se logrará erradicar el sida y vencer otras pandemias.

GINEBRA, 26 de noviembre de 2020 - En su nuevo informe, Vencer a las pandemias priorizando a las personas, ONUSIDA pide a los países que inviertan mucho más en las respuestas mundiales a las pandemias y que adopten un nuevo conjunto de objetivos para el VIH audaces y ambiciosos, pero alcanzables. Si logramos hacer realidad dichos objetivos, el mundo volverá de nuevo a la senda de lo programado para poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

La respuesta mundial al sida ya se había ralentizado antes del brote de la COVID-19. Sin embargo, la rapidísima expansión de la enfermedad del nuevo coronavirus ha supuesto aún más reveses. El modelaje del impacto a largo plazo que la pandemia tendrá en la respuesta al VIH nos muestra que las nuevas infecciones por el VIH se calcula que podrían pasar de 123 000 a 293 000 de 2020 a 2022. Asimismo, para este mismo periodo, las estimaciones apuntan a que las muertes relacionadas con el sida podrían crecer de 69 000 a 148 000.

«Estamos pagando ahora un precio altísimo por el error colectivo que hemos cometido de no invertir lo suficiente en respuestas para el VIH integrales, basadas en los derechos humanos y centradas en las personas», advierte Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «El implementar únicamente aquellos programas que resultan más agradables desde el punto de vista político no nos ayudará, ni de lejos, a acabar con la COVID-19 ni a erradicar el sida. Para que la respuesta mundial vuelva a funcionar, es absolutamente imprescindible que pongamos a las personas en el centro y que abordemos las desigualdades que alimentan las epidemias».

Nuevos objetivos para reactivar la respuesta

Aunque algunos países del África subsahariana, como Botswana y Eswatini, lo han hecho considerablemente bien y han alcanzado, e incluso superado, los objetivos fijados para 2020, son muchos más los países que están quedando atrás. Aquellos que mejor lo han hecho han abierto el camino para todos los demás. ONUSIDA lleva un tiempo trabajando con sus socios para extraer todas las lecciones aprendidas y convertirlas en una serie de objetivos de cara a 2025 en los que las personas ocupen siempre un papel central.

Los objetivos pretenden lograr una gran cobertura tanto de los servicios de salud sexual y reproductiva, como de todos aquellos relacionados con el VIH. Además, se persigue acabar con las leyes y las políticas punitivas, y reducir el estigma y la discriminación. En todos los nuevos objetivos las personas están en el centro, sobre todo aquellas más en riesgo y marginadas, como las mujeres jóvenes y las niñas, las adolescentes, los trabajadores sexuales, las personas transgénero, los consumidores de drogas inyectables, y los gais y otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres.

Los nuevos objetivos respecto a la distribución de los servicios relacionados con el VIH aspiran a lograr una cobertura del 95 % para cada subpoblación de personas que viven con el VIH y que tienen mayor riesgo de infectarse del VIH. Al adoptar un enfoque centrado en las personas y ocuparse especialmente de las zonas clave, los países lograrán estar más preparados para controlar las epidemias que los azotan.

Los objetivos para 2025 también exigen asegurar un entorno propicio para una respuesta al VIH eficaz, así como incluir otros objetivos ambiciosos y antidiscriminatorios para conseguir que menos de un 10 % de los países tenga leyes y políticas punitivas, menos de un 10 % de las personas que viven con el VIH o están afectadas por el virus sufra el estigma y la discriminación, y menos de un 10 % sea víctima de la desigualdad de género y la violencia.

Venciendo pandemias

La inversión y la acción insuficiente tanto en el VIH como en otras pandemias han dejado el mundo expuesto a la COVID-19. Si los sistemas sanitarios y las redes de la seguridad social hubieran sido más fuertes, el mundo habría estado en una mejor posición para frenar la propagación de la COVID-19 y soportar su impacto. La COVID-19 nos ha demostrado que la inversión en salud no solo salva vidas, sino que también sienta las bases de economías mucho más fuertes. La salud y los programas para el VIH deben estar plenamente financiados, tanto en tiempos de holgura económica como en momentos de crisis.

«Ningún país es capaz de derrotar solo las dos epidemias», insiste la Sra. Byanyima. «Un desafío de esta magnitud solo se puede lograr potenciando al máximo la solidaridad mundial, cultivando la responsabilidad compartida y aunando esfuerzos para movilizar una respuesta que no deje a nadie atrás. Podemos hacerlo compartiendo la carga y trabajando juntos».

Hay algunos puntos sobresalientes: se está dando más importancia que nunca al liderazgo, las infraestructuras y las lecciones aprendidas de la respuesta al VIH, para derrotar a la COVID-19. La respuesta al VIH ha ayudado a garantizar la continuidad de los servicios ante esos desafíos extraordinarios. La respuesta por parte de las comunidades contra la COVID-19 ha hecho más que evidente todo lo que podemos lograr si trabajamos juntos.

Además, el mundo debe aprender de los errores cometidos en los primeros momentos de la respuesta al VIH, cuando millones de personas de países en vías de desarrollo murieron esperando su tratamiento antirretroviral. Aun hoy, más de 12 millones de personas todavía no tienen acceso al tratamiento para el VIH, y 1,7 millones contrajeron el VIH en 2019 por no tener acceso a los servicios esenciales para el VIH.

Todo el mundo tiene derecho a la salud. Precisamente por eso ONUSIDA está liderando la defensa de una vacuna universal contra la COVID-19. Ahora que están apareciendo vacunas prometedoras contra la COVID-19, hemos de garantizar que no se conciban solo como un privilegio de los ricos. Por eso, ONUSIDA y sus socios están rogando a los laboratorios farmacéuticos que compartan su tecnología y sus conocimientos, y que renuncien a sus derechos de propiedad intelectual para que el mundo pueda fabricar vacunas exitosas a gran escala y al ritmo necesario para proteger a toda la población.