La epidemia de VIH en América Latina se concentra principalmente en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y personas transgénero.
Fotografía: ONUSIDA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha creado una unidad técnica especializada para fortalecer su capacidad de proteger los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en las Américas.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se encarga de promover el respeto de los derechos humanos en la región y que ejerce de órgano consultivo para la OEA en asuntos de este tipo.

La unidad especializada, creada en enero de 2012, forma parte de la propuesta integral de la CIDH para promover la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Tiene en cuenta las necesidades específicas de individuos y grupos que han sido históricamente víctimas de la discriminación. Entre sus funciones, la unidad analiza e investiga peticiones individuales en las que los Estados Miembros de la OEA han cometido presuntas violaciones de los derechos humanos de personas LGBTI.

La epidemia de VIH en América Latina se concentra principalmente en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y personas transgénero. El segundo grupo tiene tasas de prevalencia del VIH del 27,6% en Argentina y del 29,6% en Perú, en comparación con las tasas de prevalencia estimadas del VIH entre la población general que rondarían el 0,5% y el 0,4% respectivamente.

Asimismo, la región ha experimentado un aumento alarmante de la violencia e intimidación contra personas transgénero y HSH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información sobre asesinatos, violaciones y amenazas hacia personas LGBTI. La Comisión reconoce que las personas LGBTI se enfrentan a una seria discriminación, tanto a nivel social como legal.

ONUSIDA ha trabajado conjuntamente con la CIDH en los últimos años. "ONUSIDA y la Comisión Interamericana establecieron una alianza estratégica, basada en un conjunto de acciones destinadas a conseguir cero discriminación y violencia, y enfocada en los derechos humanos", comentó Víctor Madrigal-Borloz, Especialista principal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .

El Dr. César Núñez, director regional de ONUSIDA para América Latina, ordenó la creación de esta unidad especializada. Exhortó a todos los países de la región a que respetaran en su totalidad los derechos humanos de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, lesbianas y personas transgénero "imponiendo leyes que los protejan de la violencia, promoviendo campañas que traten con la homofobia y transfobia, y asegurándose de que se cumplan las necesidades sanitarias cruciales".

Reunión de expertos sobre la violencia e impunidad contra personas LGBTI.

A finales de febrero de 2012 y bajo los auspicios de ONUSIDA, la Comisión reunió a más de veinte expertos independientes procedentes del ámbito académico, instituciones de los derechos humanos, la sociedad civil, representantes de las fuerzas de seguridad, las Naciones Unidas y la CIDH para que discutiesen sobre la "violencia e impunidad contra lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales".

Esta reunión de expertos fue la segunda de un total de seis, que contribuirán al primer Informe hemisférico sobre orientación sexual e identidad de género. Marcela Romero de REDLACTRANS participó en la reunión e hizo hincapié en que "los transexuales, tanto hombres como mujeres, de las Américas se enfrentan a la exclusión social, que los aleja de la atención sanitaria, el empleo y la justicia, incrementando su vulnerabilidad al VIH y a las violaciones de los derechos humanos".

En 2013, la Comisión evaluará el trabajo de la unidad y decidirá sobre la creación de una Relatoría sobre los derechos de las personas LGTBI.

De izquierda a derecha: Helen Clark, administradora del PNUD; el Primer Ministro John Key y Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA.

Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, y Helen Clark, administradora del PNUD, elogiaron a Nueva Zelandia por ser un modelo a seguir en la respuesta al sida en una reunión conjunta con John Key, primer ministro del país, el 6 de marzo.

Nueva Zelandia puso en práctica, de forma anticipada, programas basados en pruebas para asegurar que las poblaciones más vulnerables accedieran a la atención prioritaria y al apoyo esenciales para controlar la propagación del VIH. En 1987, Nueva Zelandia se encontraba entre los primeros países que introdujo programas de intercambio de agujas y jeringas para las personas que usan drogas. Asimismo, fue el primer país de la región que legalizó el comercio sexual (2003) y el sexo entre hombres (1986). Se considera que estos programas y reformas han prevenido la propagación del VIH entre las poblaciones con alto riesgo de infección en Nueva Zelandia. En términos nacionales, la prevalencia del VIH sigue siendo baja, con un 0,1% de población que vive con el VIH.

Durante la reunión, el Sr. Sidibé instó al Primer Ministro Key a apoyar la visión de ONUSIDA de Cero nuevas infecciones por el VIH, Cero discriminación y Cero muertes relacionadas con el sida en la región del Pacífico. El director ejecutivo de ONUSIDA señaló que "ya se ha progresado mucho. Siguiendo por el mismo camino, y gracias a la experiencia adquirida, Nueva Zelandia puede convertirse en el primer país de la región del Pacífico que demuestre que llegar a Cero es posible" .

La administradora del PNUD advirtió de la necesidad de mantener la vigilancia en la respuesta al VIH, incluso en los países con prevalencia baja como Nueva Zelandia. La Sra. Clark afirmó: "No podemos relajarnos: se trata de una enfermedad mortal que no tiene cura. Si somos indulgentes, las tasas de prevalencia del VIH pueden aumentar."

Durante esta misión en Nueva Zelandia, de una duración de tres días, el Sr. Sidibé y la Sra. Clark animaron a los altos funcionarios gubernamentales a suprimir las restricciones de viaje para los trabajadores temporeros que visitan Nueva Zelandia. El Sr Sidibé afirmó que: "Las restricciones de viaje relacionadas con el VIH no se fundamentan en razones de salud pública y se contradicen con los notables avances de Nueva Zelandia en materia del VIH y de los derechos humanos."

Inauguración oficial de un centro para mujeres que viven con el VIH

En víspera del Día Internacional de la Mujer, y como parte de la visita oficial a Nueva Zelandia, el Sr. Sidibé y la Sra. Clark inauguraron las nuevas instalaciones y el espacio comunitario de Mujeres Positivas (Positive Women Inc) en Auckland para las mujeres que viven con el VIH. Esta organización tiene como objetivo aumentar la sensibilización sobre el VIH en la comunidad mediante programas educativos, centrándose fundamentalmente en prevenir y eliminar el estigma del VIH.

Las cofundadoras de Positive Women Inc., Judith Ackroyd (izquierda) y Suzy Morrison (derecha) con Helen Clark, administradora del PNUD, Jane Bruning, coordinadora nacional de Positive Women y delegada de las ONG en la JCP de ONUSIDA para Asia-Pacífico y el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé.

El Sr. Sidibé afirmó: "Para mí es un honor participar en la inauguración de este excelente espacio comunitario. Sus esfuerzos en apoyar y capacitar a las mujeres que viven con el VIH es un testimonio real de su compromiso en la respuesta al sida. Las mujeres son agentes decisivos del cambio, y si aprovechamos esta fortaleza podemos poner fin a esta epidemia."

El hogar comunitario se ha definido como un lugar seguro y acogedor para las mujeres que viven con el VIH y sus familias. Ofrece comidas semanales a los miembros, una sala de relajación, un rincón con ordenadores e instalaciones para impresión. Se anima a los miembros a que organicen grupos para hacer punto o de conversación con sus compañeros.  Además, hay un trabajador social que atiende las necesidades sociales y psicosociales de las mujeres y sus familias.

Jane Bruning, coordinadora nacional de Mujeres Positivas, afirmó: "Las mujeres representan el rostro invisible de la epidemia de sida. Son mujeres que se ocupan del hogar, preparan la cena, tienen trabajo y mantienen familias. Son las que se ocupan de todo, así que es sumamente importante ofrecerles un lugar para acudir cuando necesiten consejo o simplemente para charlar y tomar una taza de té."

(De izquierda a derecha): Helen Clark, administradora del PNUD; John Allen, director ejecutivo y secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio; Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA; y Amanda Ellis, secretaria adjunta del Grupo de Desarrollo Internacional.
Fotografía: ONUSIDA

Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y Michel Sidibé, director ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), iniciaron una misión de tres días en Nueva Zelandia: la primera misión conjunta de ambos representantes de la ONU en este país del Pacífico.

La Sra. Clark y el Sr. Sidibé hicieron hincapié en la importancia de la supervisión continua de la respuesta al sida y destacaron el liderazgo demostrado por Nueva Zelandia en la repuesta al VIH. Asimismo, instaron a dicho país a continuar desempeñando ese importante papel para lograr los objetivos de la Declaración Política sobre el VIH/sida de 2011.

"Felicito a Nueva Zelandia por haber dado pasos precoces y decisivos para mantener la respuesta a la epidemia del sida bajo control", declaró el Sr. Sidibé en un discurso dirigido al personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio neozelandés. "Nueva Zelandia puede ser el primer país de la región del Pacífico que alcance el sueño de ONUSIDA de Cero nuevas infecciones por el VIH, Cero discriminación y Cero muertes relacionadas con el sida", añadió.

Mientras hablaba en la sala Beehive Theatrette, en el Parlamento neozelandés, la Sra. Clark destacó el vínculo entre el VIH y otros temas vitales para el desarrollo humano. "El mundo está progresando pero no podremos eliminar esta epidemia si seguimos aislando el sida," afirmó la Sra. Clark. "Debemos ayudar a los países a hacer frente a los factores subyacentes, como la pobreza y la desigualdad de género, que suponen un riesgo de contagio del VIH".

La misión de Nueva Zelandia incluye reuniones en Wellington con el primer ministro John Key y otros responsables de alto nivel, como la ministra de Asuntos de la Mujer y ministra adjunta de Desarrollo Social, Jo Goodhew, la ministra de Asuntos de las Islas del Pacífico y Educación, Hekia Perata, y el director ejecutivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, John Allen.

Helen Clark, administradora del PNUD, y Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, reunidos con Tane Waetford, responsable de la Division Regional de Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio (izquierda) y Martin Wikaira, director de la Unidad Política Maorí del Ministerio de Asuntos Exteriores (derecha) en una ceremonia de recibimiento Powhiri en Wellington (Nueva Zelanda) el 5 de marzo.
Fotografía: ONUSIDA

Mientras tanto, en Auckland, la Sra. Clark y el Sr. Sidibé visitarán la Fundación Neozelandesa de Lucha contra el Sida, donde se reunirán con representantes de la sociedad civil, personas que viven con el VIH y otros colaboradores que participan en la respuesta al sida. La Sra. Clark y el Sr. Sidibé aprovecharon la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, para inaugurar las nuevas oficinas de Positive Women Inc., una organización que brinda apoyo a las mujeres y las familias que viven con el VIH y el sida.

Nueva Zelandia es famosa por haber tomado medidas nacionales preventivas para proteger la salud y los derechos humanos de los grupos de población más vulnerables. En 1987, Nueva Zelandia fue uno de los primeros países en introducir programas de intercambio de agujas y jeringas para los usuarios de drogas, y en 2003 despenalizó el comercio sexual. Dichas iniciativas fueron esenciales para prevenir la propagación del VIH en los grupos clave de población. En términos nacionales, la prevalencia del VIH sigue siendo baja, puesto que el virus afecta al 0,1% de la población.

Nueva Zelandia también asume una posición de liderazgo internacional crítico en la respuesta al VIH y se centra especialmente en el sida en los estados insulares del Pacífico, sobre todo en Papua Nueva Guinea, donde existe la mayor epidemia de Oceanía.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la 18ª cumbre anual de la Unión Africana. Addis Abeba, Etiopía.
Fotografía: ONUSIDA/J.Ose

El Secretario General de las Unidas, Ban Ki-moon destacó la necesidad de promover el desarrollo de África en el respeto de los derechos humanos. “La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una promesa para todas las personas, en cualquier lugar y en cualquier momento,” declaró el Sr. Ban en la décimo octava cumbre de la Unión Africana.

El Sr. Ban también indicó que la discriminación debida a la orientación sexual o a la identidad de género es una de las injusticias que muchos Estados han ignorado o incluso aprobado. "Como resultado, algunos gobiernos tratan a estas personas como ciudadanos de segunda clase o incluso criminales. Plantar cara a esta discriminación es un desafío. Pero debemos cumplir los ideales de la Declaración Universal," afirmó el Sr. Ban.

Actualmente, en unos 76 países en distintas zonas de todo el mundo existen leyes que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos y cinco de ellos imponen la pena de muerte. Según ONUSIDA, la criminalización de las personas debido a su orientación sexual es una negación de los derechos humanos y una amenaza para la salud pública en el contexto de la respuesta al VIH. Dichas leyes discriminatorias obligan a estas personas a esconderse, y suponen un obstáculo para el acceso a los servicios del VIH.

Algunos países como EE.UU y Reino Unido ya han modificado sus ayudas al extranjero para garantizar que se respeten los derechos de las minorías sexuales. Estos países contribuirán a proteger los derechos humanos y a fomentar la no discriminación. Además, trabajarán con las organizaciones internacionales para poner fin a la discriminación de los gays y lesbianas.

En 2009, el Tribunal Superior de Delhi derogó una ley que criminalizaba el comportamiento sexual adulto consentido. El Gobierno indio también apoyó este cambio en una declaración jurada que emitió junto con el Tribunal Supremo. Sin embargo, no todos los países están siguiendo el ejemplo de India.

En Junio de 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó la Comisión global sobre VIH y derecho, con el apoyo de la secretaría de ONUSIDA. La Comisión desea mejorar la comprensión del impacto que tiene el entorno legal sobre las respuestas nacionales al VIH. El objetivo es demostrar que las leyes y su aplicación pueden apoyar, en lugar de bloquear, respuestas eficaces al VIH.

ONUSIDA insta a todos los gobiernos a que garanticen el respecto total de los derechos humanos de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las lesbianas y los transexuales. Esta tarea debería centrarse en derogar las leyes que prohíban los actos sexuales consentidos entre adultos en privado, aplicar aquellas que protejan a estos grupos de la violencia y la discriminación; promover campañas centradas en la lucha contra la homofobia y la transfobia; y satisfacer las necesidades básicas de atención sanitaria.

El Dr. Paul De Lay en la reunión de seguimiento de los ODM. Fotografía: ONUSIDA

El Gobierno de Japón, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial y el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA) fueron los anfitriones de la reunión de seguimiento celebrada en Tokio del 2 al 3 junio de 2011. En ella, todos los participantes se dieron cita con un mismo fin: hacer un balance de los resultados de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) organizada por las Naciones Unidas en septiembre de 2010.

A menos de cinco años de 2015, año en el que se debieran haber alcanzado todos los ODM, la reunión propició el encuentro de las delegaciones de alto nivel de más de cien países y organizaciones internacionales. Durante los dos días, tuvieron la oportunidad de intercambiar sus opiniones y acordar juntos la manera de fortalecer la coordinación de un gran número de partes interesadas.

Su Excelencia el primer ministro Kan, encargado de inaugurar el encuentro, aprovechó la ocasión para agradecer los gestos de solidaridad mostrados por la comunidad internacional tras las mayores catástrofes naturales de la historia en el país: los terremotos y el tsunami que sacudieron Japón el 11 de marzo de 2011. Al tiempo, reafirmó el compromiso del país para la consecución de los ODM.

En dicho compromiso volvió a incidir el Sr. Takeaki Matsumoto, ministro de asuntos exteriores japonés, al resaltar que "Japón continúa plenamente dedicado a cumplir religiosamente su compromiso internacional de alcanzar los ODM".

En la reunión también estuvo presente el Sr. Paul De Lay, director ejecutivo adjunto de Programas de ONUSIDA, quien tomó parte activa en uno de los eventos paralelos organizados, que llevó por título Preparando los sistemas de salud para alcanzar los retos posteriores a los ODM.

Además, señaló que "ONUSIDA trabaja con empeño por sacar al VIH del aislamiento". Asimismo, De Lay adelantó que "por ello, la reunión de alto nivel sobre el sida que tendrá lugar la próxima semana hará hincapié en el concepto de «integración». Nos juntaremos con el fin de desarrollar nuevas sinergias entre los programas de VIH, y lograr la prevención y la atención a las enfermedades no transmisibles".

Entre las sesiones, que estuvieron moderadas por el Dr. Suwit Wibulpolprasert, consejero principal para el control de la enfermedad del ministerio de salud pública de Tailandia, se incluyeron las presentaciones de Michel D. Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria; el Dr. Mickey Chopra, director del departamento de salud de UNICEF; y el Dr. Kenji Shibuya, profesor y director del Departamento de política sanitaria global de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tokio.

Celebrado justo días antes de la reunión de alto nivel sobre sida organizada por las Naciones Unidas en Nueva York, el encuentro brindó a todos los participantes la oportunidad de intercambiar sus buenas prácticas y aprender unos de otros. De ese modo, entre ellos se ayudaron a dar con el mejor modo de llegar a las regiones y grupos de más difícil acceso a través de proyectos y programas. Igualmente trazaron juntos la nueva ruta que deberán tomar tras 2015 y, para ello, tomaron nota de las lecciones aprendidas a largo de esta década con los ODM actuales.

Durante su visita a Japón, el Dr. De Lay se reunió con el Dr. Masato Mugitani, viceministro de salud global del ministerio de sanidad, trabajo y bienestar, y el Sr. Masaya Fujiwara, director general adjunto para asuntos internacionales de la Oficina de Cooperación Internacional del ministerio de asuntos exteriores. Los tres debatieron el importante papel desempeñado por Japón de cara a la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, donde destacará su participación en lo relacionado con la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH. De Lay también hizo un hueco en su agenda para los representantes de la sociedad civil que asistirán al acto de la Asamblea General.

Observatorio de VIH y Cárceles de Latinoamérica y el Caribe

Ofrecer una respuesta eficaz al VIH en los centros penitenciarios es parte esencial de la respuesta al sida a nivel nacional, regional y mundial. Para definir los patrones para la prevención y el tratamiento del VIH y la protección y promoción de los derechos humanos de los prisioneros, es importante concentrar la mayor cantidad posible de datos sobre la epidemia en ese entorno. El recién creado Observatorio de VIH y Cárceles de Latinoamérica y el Caribe será un centro regional clave para recoger esos datos esenciales. 

El Observatorio reúne datos de 23 países, accesibles a través de su web. Su principal objetivo es ayudar a los Gobiernos y a la sociedad civil a definir y poner en marcha políticas nacionales basadas en los estándares internacionales para el VIH en las prisiones. La versión de su web en español funciona desde mediados de febrero, y su versión en inglés será lanzada el próximo 30 de abril.

Encabeza la iniciativa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONUSIDA.

Según José Vila del Castillo, asesor regional de ONUDD, «el Observatorio muestra a las agencias de Naciones Unidas “unidas en la acción”. Abordar el VIH en las cárceles de la región se ha convertido en una prioridad. El observatorio es una herramienta importante para acelerar los procesos de reforma del sistema penitenciario y los programas de VIH en las prisiones». 

Al proporcionar un espacio permanente de reflexión pública informada y de diálogo, el observatorio desarrolla metodologías para la recolección, el procesamiento, el análisis y la validación de los datos científicos recogidos teniendo en cuenta lo que funciona y la mejor forma de proceder en la lucha contra el VIH en las cárceles. Así, pondrá de relieve la información existente y fomentará las investigaciones. También se ofrece capacitación y apoyo técnico a través de manuales de referencia, consultas en línea, foros de discusión y aulas virtuales.

En América Latina y el Caribe, como en todas partes, muchos presos son vulnerables al VIH debido a una serie de factores, como una relativa falta de conocimiento sobre la situación de la epidemia en esta población, el hacinamiento, la falta de acceso a la protección y a servicios de salud de calidad y las condiciones de violencia.

Los datos disponibles indican que varios países de la región tienen una mayor prevalencia del VIH en la población carcelaria que en la población en general. Por ejemplo, según datos recogidos por ONUDD este año, en Perú el porcentaje de personas con VIH en las cárceles es ocho veces superior al porcentaje fuera de ellas (4,03% frente a 0,4%). En Bolivia la situación es aún más grave: la misma fuente indica que, en nueve cárceles del país, el 10 % de los presos tienen el VIH, en comparación con el 0,2 % de prevalencia en la sociedad en general. 

César Antonio Núñez, director del Equipo de Apoyo Regional de ONUSIDA para América Latina, cree que el observatorio proporcionará una valiosa información sobre la vida de esa población desatendida: «El observatorio realmente nos ayudará a conocer la situación real del VIH en el sistema penitenciario, y arrojará luz sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Es probable que el entorno del VIH y las cárceles sea donde más necesario y apropiado sea el compromiso de ONUSIDA de ser “la voz de los sin voz”».

La recesión económica mundial está teniendo un efecto negativo sobre el colectivo de migrantes ya que están excluidos de los conjuntos de medidas de estímulo, mientras que los programas del sida corren peligro. Esta es la conclusión a la que ha llegado un informe de las Naciones Unidas dado a conocer durante el ICAAP 09.Fotografía: ONUSIDA/O.O'Hanlon

La recesión económica mundial está teniendo un efecto negativo sobre el colectivo de migrantes ya que están excluidos de los conjuntos de medidas de estímulo, mientras que los programas del sida corren peligro. Esta es la conclusión a la que ha llegado un informe de las Naciones Unidas dado a conocer durante la celebración del IX Congreso internacional sobre el sida en Asia y el Pacífico (ICAAP). Tal como ocurrió en la crisis asiática de 1997, es previsible que los efectos negativos sobre la salud y la migración sean aún más graves porque los fondos aportados por los donantes y los programas gubernamentales se están viendo recortados. 

El informe, titulado La amenaza planteada por la crisis económica al acceso universal a los servicios relacionados con el VIH para los migrantes, es el resultado de la colaboración entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA). Traza paralelismos entre la actual crisis y la que en 1997 afectó al continente asiático, cuando las economías de Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Singapur y Tailandia fueron arrastradas por la crisis como resultado del colapso del mercado de valores de Tailandia. El informe expone que las tendencias actuales en las políticas de migración y en los programas del sida reproducen las de 1997, lo que es muy preocupante.  

“Es crucial que los responsables de formular las políticas no tomen las mismas decisiones que se tomaron en el 97 respecto de los recortes en los programas básicos sobre el VIH/sida y las políticas desfavorables para los trabajadores migrantes. A diferencia de las importantes medidas de estímulo que los países están poniendo en marcha para potenciar sus economías, el gasto relativo al sida destinado a impulsar una respuesta integral representa tan solo el 0,01% de tales medidas”, ha declarado Caitlin Wiesen, directora del Equipo regional del PNUD de prácticas sobre el VIH para Asia y el Pacífico.

De acuerdo con JVR Prasada Rao, director del Equipo de apoyo regional de ONUSIDA para Asia y el Pacífico, “aún antes de producirse la crisis financiera, los programas del VIH y los servicios para migrantes y poblaciones móviles suelen quedar desatendidos en los programas nacionales. Además, en la última crisis financiera ya vimos cómo los programas de prevención del VIH fueron los primeros en sufrir recortes presupuestarios. Las cuestiones relacionadas con los migrantes son de suma importancia en una región con un crecimiento económico rápido como Asia. Debemos insistir enérgicamente para que los donantes y los gobiernos no reduzcan los recursos asignados a los programas del VIH para migrantes.”

En medio de la crisis, los países suelen introducir políticas restrictivas respecto de la migración, como repatriar a los trabajadores migrantes o dificultándoles la obtención del permiso de trabajo. La recesión de 1997 puso de manifiesto que estas medidas no funcionan. Por el contrario, al negarse la entrada formal de la migración, muchas personas entran ilegalmente en los países, lo que con frecuencia las hace más vulnerables al VIH. 

De acuerdo con el informe, los gobiernos han dejado de expedir permisos de trabajo, están tomando medidas drásticas contra los migrantes indocumentados (Malasia, Taiwán), y muchos trabajadores extranjeros de los sectores industrial y de la construcción están siendo despedidos (Indonesia, China). En diversos países, son cada vez más numerosos los informes sobre el empeoramiento de las condiciones de trabajo (Hong Kong, Taiwán, Malasia y Singapur).

“En momentos de recesión económica, no podemos olvidarnos de las necesidades y los derechos de los trabajadores migrantes pues son una parte integral fundamental de muchas economías, en particular en nuestra región”, ha manifestado Dhanan Sunoto, de la Secretaría de la ASEAN. “Es crucial asegurar que a los potenciales migrantes no se les impida trabajar en el extranjero basándose en su estado positivo del VIH, y que los migrantes que trabajan en el extranjero no sean repatriados por su estado seropositivo”.

Como dice la Dra. Sophia Kisting, directora del Programa de la OIT sobre el VIH/sida y el mundo del trabajo, “en el contexto de Ia actual crisis económica nos llegan informes  que denuncian un incremento en las violaciones de los derechos humanos y una creciente presión sobre los trabajadores migrantes para que se desplacen del empleo formal al informal o regresen a sus países de origen. Estas tendencias probablemente exacerbarán la vulnerabilidad al VIH”.

La Dra. Kisting añade que su organización está avanzando con celeridad en esta área.  “La OIT está preparando un instrumento internacional de derechos humanos sobre el VIH/sida y el mundo del trabajo. En el caso de que se adopte en 2010, esta norma dará un nuevo impulso a las políticas antidiscriminatorias en los ámbitos nacional y del lugar de trabajo”.

El informe esboza resumidamente una serie de recomendaciones fundamentales: 

1. Establecer mecanismos protectores, tales como fondos de carácter social, planes de seguridad social y programas de capacitación para ayudar a los migrantes a regresar a su hogar o a recolocarlos en el propio entorno.
2. Convertir las estrategias regionales y nacionales relativas al VIH que incluyen a los migrantes y las poblaciones móviles en presupuestos y servicios concebidos para llegar a las personas que se desplazan.  
3. Mantener los programas y presupuestos dedicados a la prevención: cada US$1 invertido en prevención puede ahorrar hasta US$8 en costos de tratamiento evitados. 
4. Apoyar las organizaciones de la sociedad civil en la vigilancia del comportamiento de los migrantes relativo a la solicitud de atención, de modo que éstos no tengan que sacrificar el tratamiento en aras de otras necesidades básicas.

El informe ha sido presentado en el simposio El efecto de la crisis económica sobre la migración laboral y el VIH, organizado conjuntamente por el PNUD, la OIT, ONUSIDA y la JUNIMA.    

The Interagency Statement on
Eliminating Female genital
mutilation was signed by
UNAIDS, UNDP, UN Economic
Commission for Africa, UNESCO,
UNFPA, the Office of the High
Commissioner on Human Rights,
 UNHCR, UNICEF, UNIFEM and
WHO.

Reaffirming their commitment to the elimination of female genital mutilation, 10 United Nations bodies including UNAIDS, have expressed their commitment to support governments, communities, and women and girls to abandon the practice within a generation.

There are a growing number of examples in countries around the world where the prevalence of female genital mutilation has declined. The interagency statement “Eliminating female genital mutilation” is a joint initiative to support the scaling up of good examples to become common practice.

Female genital mutilation, also called female genital cutting and female genital mutilation/cutting, violates the rights of women and girls to health, protection and even life as the procedure sometimes results in death. Although decades of work by local communities, government, and national and international organizations have contributed to reducing the prevalence of female genital mutilation in many areas, the practice remains widespread.

Damages public health and human rights

Between 100 and 140 million women and girls in the world are estimated to have undergone female genital mutilation and 3 million girls are estimated to be at risk of undergoing the procedures every year.

The statement points out that female genital mutilation is a manifestation of unequal relations between women and men with roots in deeply entrenched social, economic and political conventions.

The practice is believed to enhance a girl’s chastity and chances of marriage by controlling her sexuality. As such, it not only infringes on women’s sexual and reproductive health; it also perpetuates gender roles detrimental to women.

"We recognize that traditions are often stronger than law, and legal action by itself is not enough,” said all the agencies involved. “Change must also come from within. This is why it is critical for us to join hands and work closely with communities and their leaders so that they can bring about sustainable social change.”

Health complications of female genital mutilation

The statement highlights the damaging effect of female genital mutilation on the health of women, girls and newborn babies. Immediate risks of the practice include severe pain, shock and even death through hemorrhaging. The use of the same surgical instrument without sterilization could increase the risk for transmission of HIV between girls who undergo female genital mutilation together.

Long-term health risks include chronic pain, reproductive tract infections, birth complications and psychological consequences. An increased risk for bleeding during intercourse may increase the risk for HIV transmission. The increased prevalence of herpes in women subjected to female genital mutilation may also increase the risk for HIV infection, as genital herpes is a risk factor in the transmission of HIV.

The UN said, “We are becoming increasingly concerned about the medicalisation of female genital mutilation. This is where the mutilation is performed by health professionals in health facilities. The argument that a mild form performed by medically trained personnel is safer is commonly heard in countries where female genital mutilation is practiced. But this should never be considered as an option."

The statement argues that the treatment and care of the adverse health consequences of female genital mutilation should be an integral part of health services, such as safe motherhood and child survival programmes, sexual health counselling, psycho-social counselling, prevention and treatment of reproductive tract infections and sexually transmitted infections including HIV and AIDS, prevention and management of gender-based violence, youth health programmes and programmes targeting traditional birth attendants (who may also be traditional circumcisers).

New evidence and lessons learned

The interagency statement is based on new evidence and lessons learnt over the past decade. It highlights the wide recognition of the human rights and legal dimensions of the problem and provides current data on the prevalence of female genital mutilation.

It summarizes findings from research on the reasons why the practice continues, highlighting that the practice is a social convention which can only be changed through coordinated collective action by practising communities. It also summarizes recent research on its damaging effects on the health of women, girls and newborn babies.

Drawing on experience from interventions in many countries, the new statement describes the elements needed, for both working towards complete abandonment of female genital mutilation, and caring for those who have suffered, and continue to suffer, from its consequences.

The Interagency Statement on Eliminating Female genital mutilation was signed by the Joint UN Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), the UN Development Programme (UNDP), The UN Economic Commission for Africa (UNECA), the UN Educational, Scientific and Cultural Organizations (UNESCO), the UN Population Fund (UNFPA), the Office of the High Commissioner on Human Rights (UNHCHR), The UN Refugee Agency (UNHCR), UNICEF, the UN Development Fund for Women (UNIFEM) and the World Health Organization (WHO).

Every morning Buddhist Monk Maytryjit gets up at 3:45 am to meditate for one hour. Afterwards, he walks through the streets of Vientiane in the Lao Peoples Democratic Republic to collect his food alms.

However, this October he took time out of his usual routine to catch a flight to Pakse to attend a workshop convened by UNAIDS Cosponsor the United Nations Development Programme (UNDP) entitled Leadership for Results, which brought together more than 100 representatives from several provinces including Buddhist monks, government ministries and people living with HIV.

UNDP’s Leadership for Results training workshops aim to develop the capacity of local leaders to transform the response to AIDS by promoting leadership at all levels. A series of workshops were held, the final one in Pakse where the leaders attending formed seven “break through” groups in charge of developing proposals for a transformed response to AIDS in the country. The “break through” initiatives focused on increasing HIV prevention among women living in rural settings, improving access to condoms within the Army and increasing access to information on HIV through radio.

Ms. Setsuko Yamazaki, UNDP Resident Representative, a.i. said, “The rationale behind the Leadership for Results programme is to encourage the formation of strong leadership on AIDS related issues within all sectors, beyond those traditionally involved in the epidemic’s response.”

“This involves stimulating a deep-rooted shift within individuals, organizations and communities, to enable them to see AIDS from a new perspective, identify new possibilities and take action,” she added.

As a follow up to the workshop, the group committed to carrying out ten HIV prevention pilot projects at bus stations, markets and villages, with the aim of reaching out to thousands of people. Using radio programmes and loudspeakers, Monk Maytryjit and his group will also begin disseminating AIDS information during religious ceremonies, including one of Laos’ most significant religious festivals, the Pha That Luang (The Great Stupa or Sacred Reliquary) that is held in November.

“According to Buddhist philosophy one needs to follow the right path and an important part of our life-skills is to treat every person equally. It is important therefore to reduce stigma against people living with HIV in Laos and to help their families,” said Monk Mayrtyjit.

All photo credit : Yasmin Padamsee/UNDP