Cincuenta años después de los disturbios de Stonewall en Nueva York (EE. UU.), que supusieron un enorme hito en la lucha moderna por lograr el reconocimiento de los derechos humanos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, cada vez más gente se beneficia de aquellos derechos por los que en su día hicieron campaña los manifestantes de Stonewall. El número de personas que viven en países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre individuos del mismo sexo sigue disminuyendo desde 1969.

En junio de 2019 Botsuana fue el último país en descriminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, pero África todavía representa en torno a la mitad de la población mundial que vive en países con leyes antihomosexuales. En 2018, la proporción de población mundial que vive en países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo cayó en picado del 40 al 23 % tras la decisión de la Corte Suprema India de descriminalizar todas las relaciones sexuales consentidas entre adultos. Esta fue la mayor disminución anual desde que en 1997 China descriminalizara las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Las leyes prohibitivas y las políticas contra los grupos de población clave aumentan su vulnerabilidad al VIH. Por ello, es fundamental garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, mediante la derogación de las leyes que prohíben las relaciones sexuales consentidas, privadas y entre adultos, promulgando leyes que las protejan de la violencia y la discriminación, y abordando la homofobia y la transfobia.

Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo todavía permanecen criminalizadas en, al menos, 67 países y territorios del todo el mundo.

Lograr la cobertura sanitaria universal en un país supone un objetivo ambicioso, pero transformador. Las comunidades son fundamentales para la respuesta al sida y lo serán también para la exitosa implementación de la cobertura sanitaria universal. Cuando los Gobiernos nacionales constituyen un comité para coordinar la universalización de la atención sanitaria, se torna fundamental garantizar la participación de todas las comunidades importantes. La sociedad civil, incluidas las personas que viven con el VIH, debe estar involucrada en la toma de decisiones. Si la sociedad civil no se compromete pronto con el desarrollo de iniciativas para la cobertura sanitaria universal, las decisiones respecto de los servicios de salud se tomarán sin tener en cuenta la voz de las personas más afectadas por esas decisiones. El gráfico que vemos a continuación recoge cuatro formas en las que las comunidades contribuyen al diseño y la puesta en marcha de la cobertura sanitaria universal. 

En África Occidental y Central, los datos de una encuesta realizada indican que la prevalencia del VIH entre mujeres de 20 a 29 años es superior a la hallada en hombres del mismo grupo de edad en todos los países. Asimismo, se observa que la prevalencia es entre cinco y nueve veces mayor en algunos países como Gambia, Costa de Marfil y Ghana.

En el grupo de 40 a 49 años, se ve cómo los hombres han alcanzado a las mujeres  y la prevalencia del VIH presenta valores similares. Como excepción a ello nos encontramos con la República Democrática del Congo, Ghana y Gabón, donde la prevalencia entre las mujeres todavía es casi el doble.

La diferencia encontrada en la prevalencia del VIH entre hombres y mujeres de 20 a 29 años es mayor que la observada en las regiones de África Oriental y Meridional. Entre las posibles razones que explican esta diferencia está el elevado porcentaje de circuncisiones médicas masculinas voluntarias que se da en los países del África Occidental y Central. Tres ensayos clínicos llevados a cabo en Sudáfrica, Uganda y Kenia mostraron que la circuncisión masculina reduce la transmisión sexual del virus de mujeres a hombres en un 60 %. Otros posibles motivos podrían tener que ver con el escaso uso de preservativos entre los hombres y el bajo acceso de estos a la terapia antirretrovírica.

El consumo de drogas es más común entre los hombres. Las mujeres representan solo la tercera parte de los consumidores de drogas y la quinta parte del número de personas que se inyectan drogas.  Sin embargo, las mujeres que consumen drogas se enfrentan a mayores riesgos para la salud.

Aunque pocos países proporcionan datos disgregados por sexos a ONUSIDA sobre gente que se inyecta drogas, la mayoría de datos disponibles indican que las mujeres que se inyectan drogas son más vulnerables que los hombres al VIH, la hepatitis C y otras infecciones que se transmiten por la sangre. En 16 de 21 países que han proporcionado datos desde 2013, las mujeres que se inyectan drogas tienen más probabilidades de vivir con el VIH que sus semejantes masculinos. En Alemania, Uganda y Uzbekistán, la prevalencia del VIH entre mujeres que se inyectan drogas ha sido casi el doble que entre sus semejantes masculinos.

La circuncisión médica masculina voluntaria (CMMV) sigue siendo la única intervención que se practica en una sola ocasión que reduce el riesgo de infección por el VIH. El procedimiento proporciona protección parcial de por vida frente a la transmisión del VIH de mujer a hombre, y debe utilizarse como parte de la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva más amplios para los niños y los hombres.

La ampliación de la CMMV en combinación con el fomento del uso del preservativo, la profilaxis previa a la exposición, las pruebas del VIH y el inicio temprano del tratamiento antirretrovírico pueden tener efectos importantísimos en las epidemias de VIH existentes en entornos de alta prevalencia. En 2017, en Malaui se realizaron más de 165 000 circuncisiones; más del doble de las que se llevaron a cabo en 2014 y muy por encima de las escasas 589 de 2008.

En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el objetivo de que 25 millones de hombres en países de incidencia elevada, o lo que es lo mismo, 5 millones de hombres al año, se hubieran realizado la circuncisión voluntaria para 2020.

Aunque la tuberculosis (TB) se puede prevenir y curar, es la enfermedad infecciosa que más muertes genera en todo el mundo cobrándose alrededor de 4400 vidas al año. La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas con VIH suponiendo un tercio de las muertes relacionadas con el sida. Sin embargo, se ha progresado: las muertes relacionadas con la tuberculosis entre las personas con VIH alcanzaron su nivel más alto en 2005, cuando se llegó a los 600 000 casos. Desde entonces, se han reducido a la mitad hasta 300 000 en 2017.

En la Declaración política de las Naciones Unidas para poner fin al sida realizada en 2016, los países se comprometieron a reducir en un 75 % las muertes por tuberculosis de las personas con VIH para 2020. En 2017, cinco países de bajos o medianos ingresos lograron o superaron ese objetivo. Otros 18 países consiguieron que las muertes por tuberculosis entre las personas con VIH descendieran más de un 50 % y siguen en vías de cumplir el objetivo para finales de 2020, siempre que se mantenga la ampliación de los servicios. Por desgracia, los datos también nos dicen que la mayoría de países no van por buen camino y que las muertes están aumentando en algunas regiones y países.

Aunque se han hecho progresos hacia los objetivos 90-90-90, según los cuales los Estados miembros se comprometieron a garantizar que para 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico, que el 90% de las personas que conocen su estado seropositivo reciba tratamiento antirretrovírico y que el 90% de las personas en tratamiento presente supresión de la carga vírica, las personas que se inyectan drogas y otras poblaciones clave quedan excluidas con frecuencia.

De los 13 países que recientemente presentaron informes a ONUSIDA con datos sobre la cobertura entre las personas que viven con el VIH que se inyectan drogas, ocho manifestaron que la cobertura del tratamiento entre las personas que se inyectan drogas era inferior a la de otras poblaciones más amplias de adultos que viven con el VIH.

La continua caída del número de infecciones por el VIH entre niños es un gran triunfo para el sector sanitario público. A nivel mundial, se previnieron 1.6 millones de nuevas infecciones infantiles entre 2008 y 2017, un logro que deriva del considerable aumento en el porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que reciben medicamentos antirretrovíricos como medio para evitar la transmisión maternoinfantil del VIH o como terapia de por vida. El porcentaje aumentó de un 25 % en 2008 hasta un 80 % en 2017.

No obstante, todavía queda mucho por hacer. Los esfuerzos destinados a prevenir la transmisión maternoinfantil se han visto frenados por la inconsistencia del cumplimiento del tratamiento entre mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como por el elevado número de estas mismas sin diagnosticar. Además, se ha subestimado el alto riesgo de infección por el VIH al que se enfrentan las mujeres en África durante el periodo de embarazo y de lactancia.

Las cuotas de usuarios y los gastos corrientes, que se definen como pagos directos realizados por las personas a los proveedores de atención sanitaria en el momento de uso de dicho servicio, constituyen un gran obstáculo, por un lado, para realizarse las pruebas para el VIH y, por el otro, para que las personas que viven con el VIH sean tratadas y se adhieran al tratamiento y atención.

Aunque los medicamentos antirretrovíricos son gratuitos, las tasas por las pruebas de diagnóstico, las consultas y los medicamentos para infecciones oportunistas tienen un gran impacto en las personas con menores ingresos. Se ha demostrado que las tasas de usuario también reducen el acceso a los servicios sanitarios, especialmente entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Los gastos corrientes constituyen una proporción sustancial del total del gasto sanitario en todas las regiones, y, en algunos de los países de renta media y baja, se estima que alcanzan más del 60 % del total del gasto sanitario.

Según el Banco Mundial, para unas 3.4 mil millones de personas a escala mundial que ganan 5.50 dólares estadounidenses al día o menos, una factura médica les supone hundirse en la pobreza.

Aunque el propósito de las leyes sobre la edad de consentimiento en relación con los servicios médicos es proteger a los niños, en la práctica, favorecen lo contrario, ya que alejan a los adolescentes de los servicios que necesitan para mantenerse sanos.

Las leyes sobre la edad de consentimiento para servicios médicos requieren que los menores de 18 años obtengan un permiso de sus padres o de un tutor legal antes de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, a las pruebas y al tratamiento para el VIH, a la profilaxis previa a la exposición y otros servicios sanitarios. Estas leyes afectan especialmente a las adolescentes, cuya sexualidad tiende a estar estigmatizada y que sufren las cargas físicas y sociales de los embarazos no deseados.

En 2017, 78 de los 110 países que presentaron informes manifestaron que requieren el consentimiento paterno para los menores de 18 años a la hora de acceder a las pruebas del VIH, y 61 de 109 países precisan este consentimiento para el tratamiento contra el VIH. Además, en 68 de 108 países es necesario para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.