Durante casi 150 años, declararse gay en St. Kitts y Nevis era sinónimo de ser criminalizado. Y es que aquello que las autoridades coloniales inhumanamente etiquetaron como «el abominable crimen de la sodomía» ha formado parte durante muchos años de la ley, y solo ha logrado castigar, estigmatizar, discriminar y excluir a las personas LGBT por ser ellas mismas.
Esta misma semana, el Tribunal Superior de la nación caribeña dictaminó la inconstitucionalidad de las disposiciones que criminalizan los actos sexuales privados entre las parejas del mismo sexo; desde ese mismo instante, dicha criminalización pasó a ser nula y a quedar sin efecto.
La abogada Nadia Chiesa señaló que en el caso de St. Kitts y Nevis eran varios los derechos constitucionales violados por las disposiciones penales: los derechos a la privacidad, la libertad personal, la libertad de discriminación y la libertad de expresión.
«Se presentaron como pruebas no solo argumentos legales, sino también las infinitas formas en que la existencia continuada de estas leyes afecta a las personas de la comunidad en todos los aspectos de su vida», explicó la Sra. Chiesa.
Las partes demandantes pusieron sobre la mesa los problemas que con mayor frecuencia afectan a los miembros de la comunidad LGBT en St. Kitts y Nevis. En lo más alto de la lista, sobresalía «una tendencia a evitar los servicios de salud sexual, incluyéndose aquí las pruebas del VIH, por miedo a ser víctimas del estigma por parte de los proveedores de atención sanitaria o la sociedad en su conjunto».
«Llevamos un tiempo en una situación en que, aunque los programas para el VIH deberían centrarse en los grupos de población clave, incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, algunos gobiernos han establecido una política que los ha apartado de esos enfoques o que incluso ha impedido actuar a las autoridades estatales responsables de proporcionar servicios a estas comunidades. Precisamente ese dato fue muy importante en el caso para afianzar los argumentos legales en torno a la discriminación», explicó Veronica Cenac, abogada de San Lucía y una de las estrategas líderes de la iniciativa.
Ahora, con el cambio de la ley, llega la oportunidad de mejorar toda una gama de servicios. El cambio legal salvará y cambiará vidas.
Mientras lo celebran, los activistas destacan la importancia de reflexionar y aprender sobre cómo se cosechó el éxito, de ayudar a dar a conocer los esfuerzos de los demás y de proporcionar información sobre los siguientes pasos necesarios para poner fin al estigma y la discriminación.
La estrategia que finalmente lograría derrumbar la ley del siglo XIX nacida hace siete años. A partir de esta iniciativa, el mes pasado también surgió un exitoso desafío a la ley de «sodomía» en Antigua y Barbuda. En Barbados, Granada y Santa Lucía se han vivido casos similares.
El enfoque se inspiró en ejemplos recientes del Caribe respecto al uso de la revisión judicial para poner fin a las leyes que criminalizan a las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) en Belice, Guyana y Trinidad y Tobago. Así, liderados por la Alianza para la Diversidad y la Igualdad del Caribe Oriental (ECADE), un consorcio de abogados, grupos de la sociedad civil y fideicomisos de los derechos humanos ultimaron un plan distinto para lograr su objetivo de acabar con las leyes discriminatorias en el Caribe Oriental.
El proceso ECADE se caracterizó por tres rasgos clave.
En primer lugar, en vez de perseguir la creación de un alto perfil para los casos que aparecen en las noticias, todos los esfuerzos de comunicación se centraron en concienciar y aprovechar la sabiduría dentro de las comunidades. El equipo trabajó para identificar las fortalezas y los aliados, mientras planificaba cómo abordar los posibles escollos.
En segundo lugar, la estrategia se basó fundamentalmente en el fortalecimiento institucional.
«No se trataba solo de dar a conocer más y más casos», detalló la Directora Ejecutiva de ECADE, Kenita Placide. «Nuestro objetivo era el de construir una comunidad».
Uno de los demandantes en el caso fue la organización no gubernamental Alliance for Equality de St. Kitts y Nevis (SKNAFE, por sus siglas en inglés). La presidenta de SKNAFE, Tynetta McKoy, insistió en que la organización está preparada para apoyar la siguiente etapa del trabajo: un mayor compromiso público.
«La mayoría de los miembros de la comunidad... saben que este es un primer paso y aún queda mucho trabajo por hacer en torno a la educación y la concienciación pública. Al venir del nivel de la comunidad, estamos ante un trampolín. Estamos listos para seguir avanzando», destacó.
La tercera punta de la estrategia tenía que ver con la seguridad de los litigantes y de toda la comunidad en general. Para ECADE era fundamental pensar en los demandantes más allá del caso y garantizar que su vida pudiera seguir transcurriendo con absoluta seguridad, aun cuando sus nombres y rostros no dejaran de circular por los medios de comunicación.
ECADE mostró su enorme agradecimiento por las aportaciones de Human Dignity Trust, Kaleidoscope Trust, Canadian HIV/AIDS Legal Network, University of the West Indies Rights Advocacy Project (URAP) y Caribbean Vulnerable Communities (CVC) Coalition, entre otros, por contribuir de varias maneras. Entre ellos se incluía el apoyo a la investigación fundamental y la oferta de orientación estratégica.
La Sra. Cenac señaló que una fase posterior de la estrategia se centraría en animar a los gobiernos a promulgar una legislación protectora De ese modo, se garantizaría que la comunidad LGBT y otros grupos vulnerables quedaran cubiertos por las medidas de seguridad legales implementadas para otros ciudadanos.
El abogado principal, E. Anthony Ross Q.C., instó a los Gobiernos del Caribe a actuar proactivamente para garantizar que sus leyes defiendan siempre los derechos que la propia constitución otorga a los ciudadanos.
«Aquí no se creó absolutamente nada nuevo [en este juicio]. Es la constitución la que específicamente aborda todos estos derechos. Todos los fiscales generales deberían tomar nota. Ha llegado el momento de revisar todas estas leyes y meter en vereda a las discriminatorias».
