La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), junto con ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentaron oficialmente un nuevo conjunto de principios jurídicos, elaborados por especialistas en la materia, para orientar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos a la legislación penal. 

Los denominados “principios del 8 de marzo” establecen un enfoque basado en los derechos humanos respecto a la legislación que penaliza conductas relacionadas con los actos sexuales, el uso de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, el desamparo y la pobreza.

Ian Seiderman, Director de Derecho y Política de la CIJ, declaró: “El derecho penal es una de las herramientas más duras de que dispone el Estado para ejercer control sobre las personas... por ello, debería ser una medida de último recurso; sin embargo, a escala mundial, se ha observado una tendencia creciente a la penalización excesiva.” 

“Debemos reconocer que esta legislación no solo viola los derechos humanos, sino los propios principios fundamentales del derecho penal”, afirmó.

Según Edwin Cameron, antiguo juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y actual juez inspector de los servicios penitenciarios sudafricanos, dichos principios son de especial relevancia y utilidad para jueces, legisladores, responsables políticos, sociedad civil y académicos. “Los principios del 8 de marzo proporcionan un marco jurídico claro, accesible y práctico fundamentado en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos”, señaló.

Los principios de los resultados de un taller organizado en 2018 por ONUSIDA y ACNUDH junto con la CIJ para debatir las funciones de los juristas al abordar el impacto nocivo de las leyes penales sobre los derechos humanos. La reunión dio lugar a un llamamiento a que los tribunales, las legislaturas, los abogados y los fiscales se rijan por una serie de principios jurídicos para abordar los efectos negativos de dichas leyes sobre los derechos humanos. 

Estos principios, desarrollados a lo largo de 5 años, se basan en la retroalimentación y las revisiones de un grupo de expertos e interesados. Terminaron de redactarse en 2022. Inicialmente, se centraban en los efectos de las leyes penales que proscriben la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la actividad sexual con consentimiento, la identidad de género, la expresión de género, la ocultación del VIH, la exposición y la transmisión, el consumo de drogas y su posesión para el uso personal. Más tarde, se incluyó también la penalización vinculada al desamparo y la pobreza, basándose en las aportaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.

El uso excesivo y continuado del derecho penal y, en algunos casos, de leyes penales arbitrarias y discriminatorias por parte de los gobiernos ha causado una serie de violaciones de los derechos humanos. También perpetúan el estigma, los estereotipos negativos ligados al género y la discriminación por género u orientación sexual.

En 2023, veinte países penalizan o persiguen a las personas transgénero y 67 países siguen penalizando la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Además, 115 informan de que penalizan el consumo de drogas, más de 130 penalizan la exposición al VIH, la no ocultación y la transmisión del VIH, y más de 150 países penalizan algún aspecto del trabajo sexual.

En el mundo del VIH, el abuso y mal uso de las leyes penales no sólo afecta al derecho a la sanidad, sino a otros muchos, entre los que se encuentran los siguientes: derecho a no ser discriminado, a la vivienda privada, a la seguridad individual, a la circulación, a la familia, a la intimidad y a la autonomía corporal, y en casos extremos al propio derecho a la vida. Por ejemplo, en los países donde el trabajo sexual está penalizado, los trabajadores sexuales tienen siete veces más probabilidades de vivir con el VIH que en aquellos donde está parcialmente legalizado. Ser penalizado también puede significar verse privado de la protección de la ley y de la aplicación de la misma. Y, sin embargo, las comunidades penalizadas, especialmente las mujeres, suelen ser las que más necesitan esa protección que se les niega.

La Directora Ejecutiva de la Subdivisión de Política, Defensa y Conocimiento de ONUSIDA, Christine Stegling, declaró: "Celebro que estos principios se lancen el Día Internacional de la Mujer (DIM), en reconocimiento de los efectos perjudiciales que el derecho penal puede tener, y tiene, con demasiada frecuencia, sobre las mujeres en toda su diversidad".

“No pondremos fin a la epidemia del Sida como amenaza para la salud pública mientras se mantengan estas leyes dañinas”,  añadió.  “Estos principios serán de gran utilidad en nuestros esfuerzos, tanto para nosotros como para nuestros socios”.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también destacó la importancia del Día Internacional de la Mujer: "El día de hoy es una oportunidad para que todos reflexionemos sobre el poder y los sistemas controlados por los hombres".

Su intervención terminó de la siguiente manera: "Me alegro de que hayáis hecho este trabajo, tenemos que utilizarlo y tenemos que hacerlo también en un contexto mucho más político, cuando se trata precisamente de contrarrestar estas dinámicas de poder".

"Francamente, tenemos que plantearnos estas cuestiones y asegurarnos de que serán una parte integral de los derechos humanos en el futuro", afirmó.

Para concluir, Phelister Abdalla, Presidente de la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, con sede en Kenia, señaló: "Cuando se criminaliza el trabajo sexual se lanza el mensaje de que se puede abusar de los trabajadores sexuales... Somos seres humanos y tenemos derecho a todos los derechos humanos".

Nirmala Singh (nombre ficticio) descubrió que era VIH-positiva tras someterse a una prueba durante el embarazo. El diagnóstico fue inesperado, pero inmediatamente supo cómo lo había contraído. La habían violado antes de casarse. Las enfermeras informaron al marido de Nirmala del resultado positivo sin su consentimiento. Inmediatamente la echaron de casa.

Sita Shahi, Coordinadora Regional de la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con el VIH en Asia y el Pacífico (ICWAP, por sus siglas en inglés), ha respondido tanto a este caso como a muchos otros de su Nepal natal.

Shahi afirma que “hay muy poco conocimiento de los derechos de las mujeres que viven con el VIH y de cómo su experiencia se ve afectada por los abusos”. Y, además, apuntó que “se culpa a las mujeres de transmitir el VIH porque suelen ser las primeras de la familia en ser diagnosticadas. Este es el punto de partida para que sufran violaciones de los derechos humanos, como violencia de pareja en el hogar y violencia de género en la sociedad en general”.

En un taller de trabajo de la ICWAP organizado en 2022 con el apoyo de ONUSIDA y con participantes de países de toda la región, las mujeres que viven con el VIH compartieron sus historias personales.

A una participante que fue diagnosticada durante el embarazo, el personal sanitario le negó asistencia durante el parto. Dio a luz en el suelo de su habitación del hospital, sola.

Algunas mujeres que habían sobrevivido a la violencia doméstica afirmaron haber sido rechazadas por su estado serológico en centros de acogida gestionados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Y hubo consenso en que en todos los países la violencia doméstica es habitual, pero rara vez se denuncia.

Las preocupaciones de las mujeres que viven con el VIH en la región de Asia y el Pacífico han permanecido relativamente ocultas e ignoradas. Las tasas de nuevas infecciones y muertes relacionadas con el sida entre los hombres de la región son más del doble que las de las mujeres. Pero para los 2,2 millones de mujeres que se estima que viven con el VIH en Asia y el Pacífico, una cifra menor no significa que los problemas sean menores.

Michela Polesana, Asesora Regional de ONUSIDA para Respuestas Lideradas por la Comunidad, afirma que “las mujeres de Asia y el Pacífico siguen enfrentándose a políticas discriminatorias, barreras sociales y culturales, desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria y amenazas a su seguridad que violan sus derechos”.

«Cuando las mujeres están libres de estigma social y discriminación, violencia de género o abuso de confianza por parte de los profesionales sanitarios, no existe ninguna epidemia acusatoria», reflexionó la Sra. Shahi. «Si una mujer está libre de violencia a nivel político, social y familiar puede ser mentalmente fuerte y su salud podría ser tan buena como la de otras personas. Entonces no hay inconveniente en cuidar de sí misma y de su familia mientras contribuye a la economía».

Como red regional, la ICWAP está trabajando en incrementar la capacidad de las organizaciones por y para las mujeres que viven con el VIH con el propósito de poder abogar por estas cuestiones a nivel nacional. Una de las prioridades clave es proporcionarles a las partes interesadas, incluidos los profesionales sanitarios, la información necesaria para defender los derechos de las mujeres que viven con el VIH.

Un elemento fundamental de esta estrategia ha sido preparar a sus miembros para llevar a cabo un activismo eficaz usando herramientas y espacios digitales. ONUSIDA ha respaldado la formación en activismo en redes sociales para el Equipo de Redes Sociales de Jóvenes Activistas de la ICWAP. Durante las ocho semanas del programa, se introdujo a los participantes en los elementos básicos de las redes sociales, se exploraron cuestiones sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, y se practicaron competencias como entrevistas, blogs y edición.

«Recibimos con los brazos abiertos el papel de la tecnología, no solo por proporcionar un espacio para crear comunidad y por el apoyo psicosocial para las mujeres que viven con el VIH, sino también por los medios que proporciona para alzar la voz sobre problemas que las afectan», aclaró la Sra. Polesana.

Para empoderar a las mujeres que viven con el VIH y que así participen en espacios de toma de decisiones, la ICWAP también organizó una formación sobre creación de movimientos feministas para redes dirigidas por mujeres de seis países. Este ejercicio forjó la capacidad de las mujeres que viven con el VIH de participar en programas que fomentan la igualdad de género y los derechos humanos, y también de liderar iniciativas activistas con el fin de obtener servicios de emergencia de buena calidad para las mujeres y niñas de la región.

En el Día Internacional de la Mujer de 2023, bajo el lema «DigitALL: innovación y tecnología para la igualdad de género», la ICWAP reclamó lo siguiente:

• Plataformas digitales de uso fácil  
• Acceso a internet y a herramientas digitales
• Desarrollo de capacidades en torno al activismo en redes sociales
• Refuerzo de la protección de datos y mecanismos de reparación
• Sistemas de denuncia en línea y respuesta rápida para la violencia ejercida por parejas sentimentales
• Estrategias para aumentar el empoderamiento económico de las mujeres que viven con el VIH

En el Día de la Cero Discriminación de 2023, que se celebra el 1 de marzo, ONUSIDA pone de relieve la necesidad de eliminar las leyes que criminalizan a las personas que viven con el VIH y a los grupos de población clave.* El lema de 2023, «Despenalizar salva vidas», insiste en el impacto positivo en los resultados de salud y vida que se observa cuando se eliminan las leyes discriminatorias y punitivas.

En el año 2021, el mundo estableció ambiciosos objetivos de reforma de las leyes con el fin de eliminar las leyes penales que están socavando la respuesta al VIH y dejando atrás a los grupos de población clave. Al reconocer la despenalización como un elemento fundamental en la respuesta, los países se comprometieron a que, para 2025, menos del 10 % de los países mantuvieran entornos jurídicos y políticos punitivos que afectaran a la respuesta al VIH.

Por su parte, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, destacó:

«La criminalización de las leyes obliga a las personas a huir de los tratamientos que salvan vidas. Por eso urge eliminarlas. La única razón por la que las personas siguen muriendo por el sida son las desigualdades sociales, las normas sociales, la ausencia de oportunidades escolares, etc., y todas ellas se unen para ponerlas aún más en riesgo».

«A nivel nacional, es fundamental derogar las leyes penales que están alejando a las personas de la prevención y el tratamiento del VIH».

Estos objetivos son ambiciosos pero necesarios

La investigación en el África subsahariana ha demostrado que la prevalencia del VIH entre los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es cinco veces superior en los países que penalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo en comparación con aquellos que no lo hacen, y doce veces superior en los casos en los que se produjeron procesos judiciales recientes.

La penalización del trabajo sexual incrementa tanto el riesgo de contagio del VIH de los trabajadores sexuales como su vulnerabilidad a la violencia perpetrada por los consumidores, la Policía y otras personas. La criminalización de los clientes de los trabajadores sexuales también ha demostrado repetidamente que afecta negativamente a la seguridad y la salud de los trabajadores sexuales, incluida la reducción del acceso y el uso de preservativos, y el aumento de las tasas de violencia.

La despenalización del consumo y la posesión de drogas para uso personal se asocia con una disminución significativa de la incidencia del VIH entre las personas que se inyectan drogas, incluso a través de un mayor acceso a los servicios de reducción del daño, la reducción de la violencia y el arresto o el acoso por parte de los organismos de aplicación de la ley.

En ese sentido, la Sra. Byanyima destacó:

«Tenemos la evidencia de que, cuando se derogan las leyes penales sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, disminuye significativamente el riesgo de contraer el VIH entre los gais y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

«Para mí, el VIH es una enfermedad, pero es más una injusticia social. Está impulsada por las desigualdades en la sociedad. No son cosas que puedan ocurrir sin un consenso en la sociedad, por lo que necesitamos que todo el mundo participe».

Por tanto, la reforma de las leyes es fundamental si queremos poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

Los objetivos son ambiciosos, pero no imposibles

De hecho, la experiencia reciente demuestra lo posibles que son.  En 2022, Bélgica y Australia han eliminado las leyes que criminalizan el trabajo sexual; Zimbabwe despenalizó la exposición al VIH, la no revelación y la transmisión, y la República Centroafricana redujo el alcance de sus leyes penales contra el VIH. Por su parte, Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, Singapur y Barbados han derogado las antiguas leyes coloniales que criminalizan la actividad sexual del mismo sexo. Kuwait derogó una ley que criminaliza la imitación del sexo contrario, una ley utilizada para dirigirse a las personas trans, mientras que Nueva Zelanda eliminó las restricciones de viaje relacionadas con el VIH.

Sin embargo, a pesar de estas reformas tan alentadoras, el mundo no va por buen camino para garantizar que solo menos del 10 % de los países tengan entornos jurídicos y políticos punitivos que obstaculicen el acceso a los servicios para el VIH. Según ONUSIDA, en 2021, 134 países que comunican datos criminalizaron o persiguieron de manera explícita la exposición al VIH, la no revelación o la transmisión del virus; 20 países que comunican datos criminalizaron y/o perseguieron a personas trans; 153 países que comunican datos criminalizaron al menos un aspecto del trabajo sexual y 67 países ahora criminalizan la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen restringiendo la entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH, mientras que 53 países exigen la realización obligatoria de pruebas del VIH, por ejemplo, para obtener los certificados de matrimonio o para ejercer ciertas profesiones. Aún 106 países exigen consentimiento paterno a los adolescentes para acceder a las pruebas del VIH.

Dichas leyes y sanciones infringen las normas internacionales de derechos humanos y estigmatizan y discriminan a las poblaciones ya marginadas.

La despenalización salva vidas y ayuda a avanzar hacia el fin de la pandemia de sida.

* Los grupos de población clave son las comunidades con un mayor riesgo de contraer el VIH, incluidos los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los consumidores de drogas, los trabajadores sexuales, las personas trans, las personas en cárceles y otros centros de internamiento.

GINEBRA, 20 de diciembre de 2022—ONUSIDA aplaude la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Kenia con sede en Nairobi que reconoce que la esterilización forzada de las mujeres que viven con el VIH supone una vulneración de sus derechos humanos.

La sentencia pone fin a un caso iniciado en 2014 por una mujer keniana seropositiva que fue forzada por el personal de un centro de salud a someterse a un procedimiento de ligadura de trompas que le impidió tener hijos.  El Tribunal Supremo consideró que realizar esta operación sin su consentimiento constituía una vulneración de su derecho a la no discriminación, a la dignidad, a la salud y a la familia.   

“Esta decisión constituye un paso importante en la protección de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH”, dijo Winnie Byanyima, Directora ejecutiva de ONUSIDA. “ONUSIDA está preparada para colaborar con todos los gobiernos a fin de garantizar la eliminación de estas prácticas y el acceso por parte de las mujeres a los servicios de salud sin estigma ni discriminación”.

ONUSIDA participó en este caso con un escrito de amicus curiae (amigo del tribunal) que informaba al Tribunal Supremo de Kenia sobre las directrices sanitarias y las normas de derechos humanos que cada país debe seguir para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que viven con el VIH. Asimismo, advertía sobre el impacto que pueden tener estas prácticas forzadas en la respuesta al VIH. Las organizaciones Kenyan Legal and Ethical Issues Network on HIV/AIDS (KELIN) y African Gender and Media Initiatives Trust (GEM) también fueron partes demandantes en este proceso.

La discriminación y el estigma relacionado con el VIH tienen un impacto significativo en la salud, la vida y el bienestar de aquellas personas que viven con el VIH o que tienen riesgo de contraerlo.  El estigma y la discriminación obstaculizan la respuesta al VIH al limitar el acceso a servicios más amplios de salud sexual y reproductiva y a otros servicios de salud. ONUSIDA continúa trabajando día tras día para asegurarse de que los gobiernos invierten en prevenir y responder a las violaciones relacionadas con las formas de discriminación interseccional a las que se han visto sometidas las personas que viven con el VIH. 

En este caso, la demandante declaró: “El objetivo nunca fue el dinero. Quería luchar por la justicia para mí y para todas las mujeres que han vivido esta experiencia, y también quería asegurarme de que esto no le ocurre a otras mujeres seropositivas que necesitan acceder a servicios de salud reproductiva”.  

“Este caso ha tenido una trascendencia importante para la justicia reproductiva y para el movimiento feminista.  La esterilización forzada de las mujeres que viven con el VIH supone una violación de los derechos humanos más fundamentales de las mujeres y debilita las respuestas eficaces al VIH”, indicó la Directora nacional de ONUSIDA en Kenia, Medhin Tsehaiu.  “Solo a través de un enfoque basado en los derechos humanos lograremos poner fin a la epidemia de sida como amenaza para la salud pública”.

Este enfoque basado en derechos incluye el derecho a formar una familia y a tener hijos; el derecho a decidir el número de hijos y la frecuencia con que se tienen; el derecho a la autonomía reproductiva; y el derecho a acceder a servicios de calidad que respalden sus decisiones sobre la salud reproductiva, basadas en un consentimiento informado, seguro y voluntario. Estos son derechos humanos fundamentales que pertenecen a todas las mujeres, sin importar su estado serológico, y que se encuentran garantizados en convenios internacionales y regionales.

“Celebramos la decisión del tribunal y, aunque tardó mucho tiempo, nos alegramos de que éste considerara que los derechos de la clienta habían sido violados. En particular, nos alegramos de la declaración de discriminación por razón de sexo y por estado serológico.

La Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Acabar con las desigualdades, Acabar con el sida otorga un papel central a la promoción de los derechos humanos, de la igualdad de género y de la dignidad, libre de estigma y discriminación hacia las personas que viven con el VIH o que están afectadas por él.  Se trata de un compromiso de ONUSIDA a una visión ambiciosa para acabar con las desigualdades de género y hacer realidad los derechos humanos, incluido el derecho a la salud. Su objetivo es hacer un llamamiento a todos los socios y partes interesadas en la respuesta al VIH en todos los países para transformar las normas desiguales de género y acabar con el estigma y la discriminación.

GINEBRA, 13 de diciembre de 2022—ONUSIDA celebra la sentencia del Tribunal Superior de Barbados que revoca las leyes contra la indecencia grave y sodomía, promulgadas en la era colonial del país, que criminalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

“Esta decisión histórica constituye un paso importante para la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGTB en Barbados”, declaró Luisa Cabal, la Directora Regional de ONUSIDA en América Latina y el Caribe. “También fortalecerá la respuesta al VIH del país, ya que ayudará a reducir el estigma y la discriminación que sufren las personas LGTB y mejorará la percepción de las pruebas del VIH, así como de los servicios de prevención y tratamiento”.

En virtud del artículo 9 de la Ley de Delitos Sexuales de Barbados, los hombres que tuvieran relaciones sexuales con otros hombres podrían enfrentarse a cadena perpetua. Conforme al artículo 12, tanto hombres como mujeres se consideraban criminales y estaban sujetos a hasta 10 años de cárcel. Las leyes que castigan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, además de violar los derechos humanos de las personas LGTB, suponen un obstáculo para mejorar los resultados sanitarios, incluida la respuesta al VIH. Estas leyes contribuyen al estigma y la discriminación de las personas LGTB e impiden que busquen y reciban asistencia médica por miedo a ser castigadas o detenidas. La descriminalización del colectivo LGTB salva y cambia vidas y construye sociedades más fuertes.

Barbados se convierte en el tercer país caribeño que anuncia este año la derogación de este tipo de legislación discriminatoria. El proceso judicial fue emprendido por dos abogados LGTB de Barbados junto a la organización local Equals Barbados, que ofrece apoyo a la comunidad, y la organización LGTB regional, Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad.

A principios de este año, los tribunales de Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves también abolieron leyes por su carácter inconstitucional que criminalizaban a los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Actualmente quedan seis países en el Caribe que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. Todos ellos son excolonias británicas: Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

GINEBRA, 10 de diciembre de 2022- En el Día Internacional de los Derechos Humanos, ONUSIDA destaca que solo se pondrá fin a la pandemia de sida si se respetan plenamente los derechos humanos de todas las personas.

ONUSIDA hace hincapié en la necesidad de reformar la legislación y las políticas para garantizar los derechos humanos de todas las personas que viven con el VIH; incluyendo a mujeres, niñas, poblaciones marginadas, homosexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, personas transgénero, consumidores de drogas y trabajadoras sexuales.

"Está claro que cuando los colectivos de personas sufren violaciones de los derechos humanos, la respuesta al VIH se debilita" afirmó Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA.

Las numerosas y transversales desigualdades que impulsan la pandemia del VIH se ven exacerbadas por las violaciones de los derechos humanos y las agravan. El informe de ONUSIDA publicado antes del Día Mundial del Sida, titulado Desigualdades peligrosas, revela cómo las violaciones de los derechos humanos obstaculizan la respuesta al sida.

El estigma social, la discriminación, la criminalización y la marginación fomentan la aparición de nuevas infecciones entre los grupos de población clave porque impiden el acceso a los servicios de prevención, tratamiento y atención del VIH. En 68 países todavía existen leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que impide la prestación de servicios adaptados a los colectivos más afectados por la pandemia y disuade a la población de acudir a los centros de salud pública. En el África subsahariana, algunos estudios han constatado que en los países donde existe este tipo de discriminación, la incidencia del VIH es mucho mayor entre los homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, así como entre las trabajadoras y trabajadores sexuales, que en los países donde no está penalizado. Más de la mitad de las nuevas infecciones por el VIH se dieron entre los grupos de población clave y sus parejas.

En 2021, el 70% de todas los nuevos casos de infección por el VIH en el mundo se produjeron entre grupos de población clave y sus parejas sexuales. Durante su campaña del Día Mundial del Sida de este año, ONUSIDA ha instado a los países a hacer frente a las desigualdades que impulsan la pandemia del sida equiparando el acceso a los servicios relacionados con el VIH.

En 2021, cada dos minutos una joven de entre 15 y 24 años contrajo el VIH. En el África subsahariana, este grupo tiene tres veces más probabilidades de contraer el VIH que los adolescentes y hombres jóvenes de la misma edad. Estas desigualdades no son inevitables. Conseguir que las niñas completen la educación secundaria reduce drásticamente su vulnerabilidad al VIH. Además, si los países adoptan medidas para hacer frente a la violencia de género y garantizar el acceso a servicios fundamentales, su riesgo de infección por el VIH disminuirá aún más.

"El respeto de los derechos humanos de todas las personas es clave para superar la pandemia de sida" afirmó Byanyima.

Durante casi 150 años, declararse gay en St. Kitts y Nevis era sinónimo de ser criminalizado.  Y es que aquello que las autoridades coloniales inhumanamente etiquetaron como «el abominable crimen de la sodomía» ha formado parte durante muchos años de la ley, y solo ha logrado castigar, estigmatizar, discriminar y excluir a las personas LGBT por ser ellas mismas. 

Esta misma semana, el Tribunal Superior de la nación caribeña dictaminó la inconstitucionalidad de las disposiciones que criminalizan los actos sexuales privados entre las parejas del mismo sexo; desde ese mismo instante, dicha criminalización pasó a ser nula y a quedar sin efecto. 

La abogada Nadia Chiesa señaló que en el caso de St. Kitts y Nevis eran varios los derechos constitucionales violados por las disposiciones penales: los derechos a la privacidad, la libertad personal, la libertad de discriminación y la libertad de expresión.  

«Se presentaron como pruebas no solo argumentos legales, sino también las infinitas formas en que la existencia continuada de estas leyes afecta a las personas de la comunidad en todos los aspectos de su vida», explicó la Sra. Chiesa.  

Las partes demandantes pusieron sobre la mesa los problemas que con mayor frecuencia afectan a los miembros de la comunidad LGBT en St. Kitts y Nevis.  En lo más alto de la lista, sobresalía «una tendencia a evitar los servicios de salud sexual, incluyéndose aquí las pruebas del VIH, por miedo a ser víctimas del estigma por parte de los proveedores de atención sanitaria o la sociedad en su conjunto».  

«Llevamos un tiempo en una situación en que, aunque los programas para el VIH deberían centrarse en los grupos de población clave, incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, algunos gobiernos han establecido una política que los ha apartado de esos enfoques o que incluso ha impedido actuar a las autoridades estatales responsables de proporcionar servicios a estas comunidades. Precisamente ese dato fue muy importante en el caso para afianzar los argumentos legales en torno a la discriminación», explicó Veronica Cenac, abogada de San Lucía y una de las estrategas líderes de la iniciativa.   

Ahora, con el cambio de la ley, llega la oportunidad de mejorar toda una gama de servicios. El cambio legal salvará y cambiará vidas.  

Mientras lo celebran, los activistas destacan la importancia de reflexionar y aprender sobre cómo se cosechó el éxito, de ayudar a dar a conocer los esfuerzos de los demás y de proporcionar información sobre los siguientes pasos necesarios para poner fin al estigma y la discriminación.  

La estrategia que finalmente lograría derrumbar la ley del siglo XIX nacida hace siete años. A  partir de esta iniciativa, el mes pasado también surgió un exitoso desafío a la ley de «sodomía» en Antigua y Barbuda. En Barbados, Granada y Santa Lucía se han vivido casos similares.  

El enfoque se inspiró en ejemplos recientes del Caribe respecto al uso de la revisión judicial para poner fin a las leyes que criminalizan a las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) en Belice, Guyana y Trinidad y Tobago. Así, liderados por la Alianza para la Diversidad y la Igualdad del Caribe Oriental (ECADE), un consorcio de abogados, grupos de la sociedad civil y fideicomisos de los derechos humanos ultimaron un plan distinto para lograr su objetivo de acabar con las leyes discriminatorias en el Caribe Oriental. 

El proceso ECADE se caracterizó por tres rasgos clave.  

En primer lugar, en vez de perseguir la creación de un alto perfil para los casos que aparecen en las noticias, todos los esfuerzos de comunicación se centraron en concienciar y aprovechar la sabiduría dentro de las comunidades. El equipo trabajó para identificar las fortalezas y los aliados, mientras planificaba cómo abordar los posibles escollos. 

En segundo lugar, la estrategia se basó fundamentalmente en el fortalecimiento institucional. 

«No se trataba solo de dar a conocer más y más casos», detalló la Directora Ejecutiva de ECADE, Kenita Placide. «Nuestro objetivo era el de construir una comunidad».  

Uno de los demandantes en el caso fue la organización no gubernamental Alliance for Equality de St. Kitts y Nevis (SKNAFE, por sus siglas en inglés). La presidenta de SKNAFE, Tynetta McKoy, insistió en que la organización está preparada para apoyar la siguiente etapa del trabajo: un mayor compromiso público.  

«La mayoría de los miembros de la comunidad... saben que este es un primer paso y aún queda mucho trabajo por hacer en torno a la educación y la concienciación pública. Al venir del nivel de la comunidad, estamos ante un trampolín. Estamos listos para seguir avanzando», destacó. 

La tercera punta de la estrategia tenía que ver con la seguridad de los litigantes y de toda la comunidad en general. Para ECADE era fundamental pensar en los demandantes más allá del caso y garantizar que su vida pudiera seguir transcurriendo con absoluta seguridad, aun cuando sus nombres y rostros no dejaran de circular por los medios de comunicación.  

ECADE mostró su enorme agradecimiento por las aportaciones de Human Dignity Trust, Kaleidoscope Trust, Canadian HIV/AIDS Legal Network, University of the West Indies Rights Advocacy Project (URAP) y Caribbean Vulnerable Communities (CVC) Coalition, entre otros, por contribuir de varias maneras. Entre ellos se incluía el apoyo a la investigación fundamental y la oferta de orientación estratégica. 

La Sra. Cenac señaló que una fase posterior de la estrategia se centraría en animar a los gobiernos a promulgar una legislación protectora De ese modo, se garantizaría que la comunidad LGBT y otros grupos vulnerables quedaran cubiertos por las medidas de seguridad legales implementadas para otros ciudadanos.     

El abogado principal, E. Anthony Ross Q.C., instó a los Gobiernos del Caribe a actuar proactivamente para garantizar que sus leyes defiendan siempre los derechos que la propia constitución otorga a los ciudadanos. 

«Aquí no se creó absolutamente nada nuevo [en este juicio]. Es la constitución la que específicamente aborda todos estos derechos. Todos los fiscales generales deberían tomar nota. Ha llegado el momento de revisar todas estas leyes y meter en vereda a las discriminatorias».

GINEBRA, 30 de agosto de 2022 - ONUSIDA recibe con infinito agrado una sentencia del Tribunal Superior de Saint Kitts y Nevis en la que se dicta que las leyes que criminalizan el sexo entre hombres gais son inconstitucionales, lo que se traduce en su inmediata retirada del código jurídico. El Tribunal ratificó la demanda que insistía en que las secciones 56 y 57 de la Ley de Delitos contra la Persona violaban el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.

«Esta sentencia emblemática supone un paso importante para garantizar la igualdad y la dignidad de la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales y trans de Saint Kitts y Nevis, así como de todo el Caribe», destacó Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. «En el día de hoy Saint Kitts y Nevis se unen a la creciente lista de naciones caribeñas que ya han derogado estas leyes de la era colonial que niegan los derechos humanos de las personas y frenan la respuesta a la pandemia del VIH. Una descriminalización de la que todo el mundo se beneficia».

Las leyes que castigan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, además de contravenir los derechos humanos de las personas LGBT, suponen un obstáculo significativo para mejorar los resultados sanitarios, incluso en la respuesta al VIH. Dichas leyes no hacen sino contribuir a mantener el estigma y la discriminación contra las personas LGBT y suponen barreras para estas personas a la hora de buscar y recibir atención sanitaria por miedo a ser castigadas o detenidas. La descriminalización salva y cambia vidas.

La demanda contra el Gobierno de Saint Kitts y Nevis fue presentada por un ciudadano, Jamal Jeffers, y la Alianza de Saint Kitts y Nevis para la Igualdad, y contó con el respaldo de la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad. La sentencia del Tribunal Superior sigue una decisión similar adoptada por el Tribunal Superior de Antigua y Barbuda el pasado mes de julio. Los tribunales de Belice y Trinidad y Tobago también han derogado aquellas secciones de sus códigos jurídicos que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

En la actualidad aún hay siete países en el Caribe que criminalizan el sexo homosexual consentido entre adultos. Estos países, todos ellos antiguas colonias británicas, son Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

«La sociedad civil caribeña está determinada y los tribunales caribeños son claros al respecto. El tiempo corre para estas leyes coloniales dañinas», afirmó Luisa Cabal. «Los países que aún no han puesto fin a estas leyes deben hacerlo de forma urgente, por la salud y los derechos humanos de todos sus ciudadanos».

La sentencia del Tribunal reduce a 68 el número de países en todo el mundo que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. A principios de este mes, Singapur anunció que está derogando la legislación que castigaba al sexo gay con una pena de prisión de hasta dos años.

GINEBRA, 22 de agosto de 2022 - ONUSIDA aplaude el anuncio de Singapur con relación a su derogación de la sección 377a del código penal del país que criminaliza las relaciones sexuales consensuadas entre hombres. La ley, que se remonta a 1938, cuando Singapur estaba sujeta a la norma colonial británica, castiga el sexo consensuado gay con una sentencia de prisión de hasta dos años.

En su discurso anual sobre políticas, que incluía planes para derogar la legislación, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, insistió en que el sexo consentido entre hombres de ningún modo puede ser criminalizado y en que no existe justificación alguna para procesar a las personas por ello, ni para convertirlo en un delito. Continuó destacando que los gais eran también ciudadanos y vecinos singapurenses cuyo deseo es vivir su propia vida, participar en la comunidad y contribuir plenamente a Singapur.

«El fin de la criminalización de los hombres gais es una gran noticia, tanto para la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans de Singapur como para todo el país en su conjunto», señaló Taoufik Bakkali, director regional de ONUSIDA para Asia y la región del Pacífico. «ONUSIDA celebra este hecho como un paso significativo hacia el respeto de los derechos humanos de las personas LGBT en Singapur y la creación de una sociedad más abierta, tolerante e inclusiva en la que las personas puedan ser quienes son y amar a quienes quieran sin miedo a ser encarceladas. Este cambio vital salvará vidas, beneficiará a todos e inspirará a otros países a seguirlo. Otros países deberían unirse al creciente grupo de naciones que ya han abandonado la criminalización».

Las leyes que castigan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, así como la violación de los derechos humanos de las personas LGBT, representan un importante obstáculo para mejorar los resultados sanitarios, incluso en la respuesta al VIH. La legislación punitiva favorece el estigma y la discriminación contra las personas LGTB, e impide que busquen atención médica por miedo a ser denunciadas a las autoridades y a tener que enfrentarse al castigo y la detención. Además, bloquea el establecimiento de políticas nacionales que respondan adecuadamente a las distintas epidemias que afectan a sus poblaciones.

Así, Singapur se une a una creciente lista de países que recientemente han descriminalizado las relaciones entre personas del mismo sexo, incluidos Antigua y Barbuda, Botsuana, Bután y Angola. El cambio en Singapur conseguirá reducir por fin a menos de 70 en todo el mundo el número de países en los que las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo siguen criminalizadas . La descriminalización no es el punto final para abordar el estigma y la exclusión, pero sí supone un paso vital hacia adelante.